La falta de residencias en Chile evidencia las limitaciones del sistema de cuidados para personas con discapacidad. La insuficiencia de cupos hospitalarios y los criterios de admisión restrictivos dejan a muchas personas sin alternativas, trasladando la responsabilidad a sus familias y perpetuando su aislamiento y dependencia.
Por: Jane Vignancour, practicante de La Neta
En un documental producido y emitido por el canal chileno 24 Horas, titulado Residencias: Discapacidad en lista de espera, Juan Ayala, de 50 años y con parálisis cerebral, relata su día a día y el aislamiento en el que vive. Desde la muerte de su padre, debe recurrir a sus tíos en caso de emergencia, aunque ellos también son mayores y trabajan. La única ayuda que recibe es la de una enfermera que lo visita tres horas los lunes. El resto del tiempo, Juan permanece encerrado en su habitación, sin poder salir ni mantener una vida social. Su situación muestra lo que ocurre cuando una persona necesita apoyo cotidiano para vivir de forma autónoma, pero no dispone de una red de cuidados capaz de responder a sus necesidades.
¿Por qué no pueden acceder a un cupo?
Según el reportaje, conseguir una plaza en una residencia puede depender de que se libere una cama ocupada por otro residente, incluso tras su fallecimiento. Esto convierte el acceso a un lugar donde vivir en una espera cuya duración no depende únicamente de las necesidades de la persona, sino también de la disponibilidad de camas. En 2024, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) tenía previsto habilitar 300 cupos adicionales, pero el llamado para ponerlas en funcionamiento no recibió ninguna oferta. Para el período 2025-2027, las bases del programa residencial contemplan mantener las plazas que ya cuentan con financiamiento. La dificultad, por tanto, no consiste solamente en gestionar las listas de espera, sino también en ampliar una oferta que no logra responder a todas las necesidades existentes.
El SENADIS, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, administra el programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad, dirigido a personas de entre 18 y 59 años en situación de dependencia moderada o severa y vulnerabilidad social. Las residencias proporcionan alojamiento, apoyo en las actividades cotidianas y acompañamiento terapéutico y psicosocial. Sin embargo, el programa cuenta con 40 residencias conveniadas en 11 regiones del país. Estos cupos están destinados a una población con necesidades específicas, lo que significa que no basta con necesitar cuidados para obtener automáticamente un lugar. La disponibilidad de una residencia y las condiciones de admisión determinan quién puede acceder a este tipo de apoyo.
La magnitud de las necesidades de cuidados en Chile permite dimensionar el desafío. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE) de 2022, cerca de 1,5 millones de personas adultas, equivalentes al 9,8 % de la población adulta, viven en situación de dependencia funcional. Alrededor de 420.000 presentan dependencia severa. Estas cifras no corresponden exclusivamente a personas que necesitan una residencia, pero muestran que las necesidades de apoyo van mucho más allá de quienes actualmente esperan una plaza. Para las personas que no pueden desenvolverse sin ayuda, la falta de alternativas residenciales puede traducirse en una dependencia casi total de sus familiares, siempre que estos puedan asumir los cuidados.
Quedar fuera incluso de la lista de espera
La falta de cupos no es la única barrera. Los criterios de admisión del programa también pueden excluir a personas que necesitan apoyo, especialmente a algunas personas con discapacidad intelectual que presentan conductas consideradas difíciles. La resolución exenta n.º 890 de 2024 del SENADIS establece restricciones que afectan a este grupo. Mientras Juan está inscrito y espera una plaza, otras personas pueden quedar fuera antes siquiera de entrar en la lista de espera. La diferencia es importante: en un caso, la persona espera que haya un lugar disponible; en el otro, no puede acceder al programa por las condiciones que regulan su ingreso.
Cuando no existe una alternativa residencial, la responsabilidad de los cuidados recae en las familias, que no siempre cuentan con los recursos, la formación o el apoyo necesarios para asumirlos. Esta situación plantea una dificultad adicional para las personas con discapacidad intelectual, que además se enfrentan a una estigmatización persistente. La cuestión no es únicamente cuántas plazas existen, sino también qué personas pueden acceder a ellas y qué alternativas tienen quienes quedan excluidas.
