Boletín diario: ¿Qué pasó este martes 29 de marzo en la Convención Constitucional?

Durante esta tarde y noche, se incorporaron nuevos artículos a la propuesta de nueva Constitución. Esto, tras la votación del segundo informe de la Comisión Forma de Estado, que abarca temas como las autonomías territoriales indígenas, territorios especiales y comuna autónoma, entre otros. Además, esta mañana la Comisión de Derechos Fundamentales comenzó a votar normas sobre derechos sociales como vivienda, pensiones y labores de cuidado. Todos los detalles aquí. 

 

Para conocer los detalles de lo trabajado ayer por la Convención, te invitamos a revisar el boletín del pasado lunes 28 de marzo: https://laneta.cl/boletin-diario-que-paso-este-lunes-28-de-marzo-en-la-convencion-constitucional/ 

 

¿Qué estaba presupuestado para hoy?

 

09:30 hrs:

 

  • Subcomisión 1 Principios Constitucionales
  • Subcomisión 2 Principios Constitucionales
  • Comisión Derechos Fundamentales
  • Comisión Sistemas de Justicia
  • Comisión Sistemas de Conocimientos

 

15:00 hrs:

 

  • Sesión plenaria
  1. Proposición de reforma del Reglamento General con el objeto de reducir la exigencia de mayoría en la votación particular para que una norma sea devuelta a la comisión
  2. Discusión y votación general del segundo informe de la Comisión sobre Forma de Estado

 

¿Qué pasó realmente?

 

Subcomisión 1 Principios Constitucionales

 

En la comisión se deliberaron y presentaron las normas del bloque 4, sobre derecho a la participación política, acceso a transportes públicos gratuitos y de movilidad y el derecho humano a la libertad de desplazamiento. Las normativas presentadas fueron las siguientes:

 

Iniciativa N°844, sobre derecho a las mujeres. La normativa fue presentada por Francisca Linconao, la cual apunta a lo siguiente: “El Estado plurinacional y los pueblos tienen el deber de prevenir, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer indígena, especialmente, la violencia sexual, económica y aquello que sea producto de la desigualdad estructural u violencia estatal. El estado y los pueblos, promueven, reconocen, respetan, garantizan y protegen los derechos políticos de mujeres de naciones preexistentes”. “Tenemos que revalorar el rol de la mujer indígena y asegurar la igualdad de oportunidad en los distintos ámbitos de la vida” expresó la Machi Linconao.

 

Iniciativa N° 899 sobre derecho a la participación política, presentada por el convencional,  César Uribe. La norma busca garantizar el acceso a los mecanismos de participación en la forma que establezca esta constitución y la ley.

 

Iniciativa N°661 sobre acceso a transportes públicos gratuitos y de movilidad fue expuesta por Lissette Vergara. Se explica de la siguiente forma: “Será deber del Estado y sus organismos, garantizar el gratuito acceso de todo tipo de transporte público en periodo de participación popular, sean estos de carácter nacional, regional, comunal o cualquiera que fije esta constitución o la legislación”.

 

Dentro de la deliberación de la iniciativa, la coordinadora de la comisión agregó si la normativa tendrá acceso universal para todos los ciudadanos. La expositora respondió: «Sí, se tendrá acceso universal, sin distinción alguna. Es un deber que se debe fomentar, justamente, para que la población tenga la iniciativa de ir a votar».

 

Una iniciativa popular presentada por Alex Becerra fue la N°56-2, sobre rescate y protección de las tradiciones de Chile: Es deber del Estado rescatar, proteger y difundir las tradiciones de los pueblos en Chile. Se debe preservar las tradiciones es una manera de proteger el patrimonio cultural de un pueblo.

 

La Iniciativa N°1000, fue presentada por Jorge Baradit, sobre derechos humanos a la libertad de desplazamiento, Es imperativo que el Estado, asuma un rol activo y con mandato popular, incorpore en la constitución, la obligación de priorizar, proteger, fomentar y promocionar la movilidad saludable, activa y sustentable.

 

Iniciativa 463, Amaya Álvez. Reconocer el derecho de toda persona a participar en los asuntos públicos, de manera directa o por medio de sus representantes elegidos. Toda persona con independencia de su condición particular puede participar en los asuntos públicos, debido a la falta de información de la población sobre el deber cívico.

 

Iniciativa 377, por Alvin Saldaña. Asegurar a todas las personas el derecho a la participación y declaraciones públicas, tanto a través de los mecanismos de representación como a través de los mecanismos de democracia directa como la constitución lo establece. Se debe reconocer el derecho al acceso en condiciones de igualdad en los asuntos públicos.

 

Debido a la ausencia de algunos convencionales, no se produjo un mayor espacio de deliberación, por lo que se cumplió rápidamente la orden del día. El próximo jueves 31 de marzo será la votación de este bloque.

 

Subcomisión 2 Principios Constitucionales

 

En su segunda sesión, la subcomisión de Principios Constitucionales continuó con la presentación de las normas del bloque cuatro de Derechos Fundamentales, relativas a derechos de la participación política y accesos a transportes públicos gratuitos y movilización. Para ello, se presentaron las siguientes iniciativas:

  • Iniciativa 267 que consagra los derechos políticos (no se presenta)
  • Iniciativa 408 sobre Derecho a sufragio (no se presenta)
  • Iniciativa 556-4 sobre Derecho de representar
  • Iniciativa 375 que reconoce y regula diversos derechos fundamentales, en particular los civiles, políticos (no se presenta)
  • Iniciativa 827 sobre Libre circulación por los caminos nacionales de uso público (no se presenta)
  • Iniciativa 781-4 que reconoce el derecho de las personas al desplazamiento seguro, ecológico e inclusivo dentro del territorio nacional. (no se presenta)
  • Iniciativa 624-4 sobre carreras funcionarias municipalidades y servicios públicos
  • Iniciativa 354-4 sobre protección del embarazo y maternidad
  • Iniciativa 344-3 sobre administración pública

 

Te destacamos las intervenciones más destacadas:

 

Iniciativa 526-4, presentada por Álvaro Jofré. Sobre el “Derecho fundamental a la representación local y regional” que busca asegurar a todas las personas el derecho de representación política. “En las regiones hay candidatos que llegan de la capital o de cualquier otro rincón que no tienen nada que lo asemeje al territorio, ni tampoco, incluso, familiarmente que los una a las regiones y llegan como iluminado a estos territorios”, sentenció el convencional.

 

Iniciativa 624-4, presentada por el convencional Miguel Angel Botto. Sobre “Carreras funcionarias, municipalidad y servicios públicos” que busca reconocer su calidad de trabajadores del Estado. “En los municipios tenemos los honorarios, los contrata, los planta (…). La verdad es que hay una mixtura que ha terminado bajando la calidad, efectivamente, del trabajo y la estabilidad. ¿Cómo es posible que tengamos trabajadores que todos los años en diciembre, a contrata, tengan la incertidumbre si se van a mantener?” cuestionó Miguel.

 

Iniciativa 324-4, presentada por el convencional Miguel Angel Botto. Sobre “Protección del embarazo y maternidad” que pretende establecer el deber del Estado de proteger a la mujer embarazada. “Consideramos indispensable que el cuidado de la mujer, la maternidad y la corresponsabilidad con perspectiva de género tenga reconocimiento constitucional, toda vez que es un tema que atañe no sólo a las mujeres, sino que a toda la sociedad en su conjunto” dijo el convencional.

 

Iniciativa 324-3 presentada por Raul Celis. Sobre “Derecho de las personas frente a la administración” con el objetivo de contar con una administración pública profesional y eficiente con independencia de los gobiernos de turno. “Proponemos la incorporación de una serie de normas que busca modernizar nuestra organización administrativa, a fin de avanzar hacia un Estado más eficaz, eficiente, transparente, pro y meritocrático” indicó Celis.

 

Por haberse cumplido con el objeto de la sesión esta se levanta.

 

Comisión Derechos Fundamentales

 

 

Esta sesión tuvo como objetivo someter a votación en general las iniciativas de los bloques temáticos 3 y 4, que corresponden a los derechos sociales como educación, vivienda, salud y pensiones.

 

La votación inició con las iniciativas de norma sobre Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos. Y fueron aprobados los artículos 4, 5 y 6 de la iniciativa convencional constituyente 451-6 titulada sobre “tortura y desaparición forzosa, no más impunidad” (el resto de los artículados de la iniciativa fueron revisados en el bloque temático N°2 en Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, en la iniciativa 519), estos establecen lo siguiente:

 

“Artículo N4. Derecho a la reparación integral por violaciones a los Derechos Humanos. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral de conformidad con el Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Artículo N5. Derecho a la verdad Las víctimas y la comunidad . tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

Artículo N6. El derecho a la memoria. Las víctimas y comunidades tienen derecho a recordar el pasado y relacionarlo con el presente, a través de la construcción, expresión y transmisión de memorias respecto de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ge nocidio, y/o acciones de defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos y valores democráticos, a fin de permitir a la sociedad conocer, comprender, difundir y educar sobre su pasado en forma íntegra, democrática, pluralista y en pleno respeto por humanos. los derechos.

El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la memoria desde un abordaje integral que considere también su relación con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición, así como la participación de las víctimas y la sociedad civil, en armonía con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile.

El Estado tiene el deber de recuperar, preservar y garantizar el acceso público a las pruebas documentales, espacios de memoria y de otro tipo, construidos, recuperados o significativos para una comunidad, que dan testimonio y/o constituyen vestigios de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio”.

 

Esta propuesta de articulado fue aprobada con 24 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

 

Tras terminar esta votación, la comisión continúo con las iniciativas sobre Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio aprobando las siguientes:

 

– Iniciativa Popular Constituyente 16-4 sobre el Derecho a la Vivienda, que contó con el apoyo ciudadano de 17.765 en la plataforma de la Convención. Entre los tres artículos propuestos se encuentra el de Derecho a la vivienda que establece que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”. Y será el Estado el responsable de asegurar este derecho y “se obliga a desarrollar todas las acciones necesarias para satisfacer en forma urgente la necesidad de vivienda digna a las personas y familias agrupadas en comités de vivienda, en cooperativas, en tomas de terreno y campamentos. Estas viviendas están exentas del pago de cualquier tipo de contribuciones y son inembargables en conformidad a la ley”.

Esta propuesta fue aprobada con 24 votos a favor, 7 en contra y dos abstenciones.

-Iniciativa Convencional Constituyente 688-4 que busca consagrar el derecho a la Ciudad fue patrocinada por las y los siguientes convencionales Matías Orellana, Benito Baranda, Mariela Serey, Damaris Abarca, Patricio Fernández, Javier Fuschlocher, Tatiana Urrutia, Adriana Cancino, Gaspar Dominguez, Aurora Delgado, César Valenzuela, Jorge Abarca, Constanza Schonhaut, Maximiliano Hurtado y Juan José Martín.

Esta iniciativa aprobada con 25 a favor y 8 en contra, propone el siguiente artículo:

 

“Artículo X. Derecho a la ciudad.
Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar, transformar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común, y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, la gestión democrática, la función social y ecológica del suelo y de la propiedad.
Es deber del Estado tomar las medidas intersectoriales para ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades y asentamientos humanos, bajo los principios de igualdad, justicia espacial e intergeneracional, equidad territorial, equidad de género, accesibilidad universal, seguridad humana, sostenibilidad, participación, y respeto a la diversidad y a la naturaleza.
Para ello, el Estado garantizará, a lo menos, la protección y acceso equitativo y efectivo a servicios básicos, bienes y espacios públicos; la conectividad y movilidad; la integración socio espacial; la colectivización de los cuidados; y la participación social en las plusvalías”.

Las y los convencionales aprobaron dos iniciativas sobre el Derecho al trabajo y su protección, las cuales son:

 

– Iniciativa Popular Constituyente Nº 28-4 fue propuesta por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), según información de la plataforma de iniciativas esta contó con el apoyo ciudadano de 17.495 personas. En su articulado se propone lo siguiente:
“El Estado de Chile reconoce y promueve el Trabajo Decente, que persigue cuatro objetivos estratégicos: el reconocimiento, respeto y garantía plena de los derechos fundamentales en el trabajo, la generación de oportunidades de empleo, el aseguramiento de la protección social y el reconocimiento y fortalecimiento del diálogo social.
Los sindicatos del sector público y privado y las asociaciones empresariales contribuyen al fortalecimiento de la democracia y a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Esta iniciativa contó con la aprobación de 24 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones.

-Iniciativa Convencional Constituyente N°682-4 patrocinada por las y los siguientes convencionales: Javier Fuchslocher, Aurora Delgado, Julio Álvarez, Daniel Stingo, Gaspar Domínguez, Patricio Fernández, Mariela Serey, Benito Baranda, Adriana Cancino, Tatiana Urrutia, César Valenzuela, Fernando Atria, Matías Cuellar, Guillermo Namor y Jorge Abarca. Propone un artículo para la protección del trabajo y derecho al trabajo decente donde el Estado “deberá asegurar la protección eficaz de los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, mediante un órgano autónomo a cargo de su fiscalización”.

El segundo artículo propuesto es sobre la participación de los trabajadores y trabajadoras, para que la Constitución asegure su participación “en las decisiones de la empresa” mediante una ley que regule el ejercicio de este derecho.

Ambos artículos mencionados fueron aprobados con 17 votos a favor, 13 en contra y 3 votos. El tercer artículo fue votado en la sección de iniciativas sobre el Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical.

 

En la votación de iniciativas sobre Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, se dio luz verde a las siguientes iniciativas que proponen artículos relacionados a labores de cuidado y trabajo doméstico:

-Iniciativa Popular Constituyente 32-4 titulada “Los primeros mil días: por el derecho a la protección de la primera infancia, la maternidad y la co-parentalidad”, la cual alcanzó 19.108 apoyos ciudadanos en la plataforma virtual de iniciativas. Esta iniciativa propone cinco artículados, de los cuales destaca la co-parentalidad que deberá ser “impulsada, fomentada y apoyada por el Estado, mediante el reconocimiento de algunos derechos y beneficios”.

– Iniciativa Popular Constituyente 75-4 titulada “Derecho a los cuidados” ingresada por ComunidadMujer y Núcleo Constitucional Universidad Alberto Hurtado, la cual contó con 16.128 apoyos ciudadanos. En su articulado se reconoce que “toda persona tiene el derecho a cuidar, ser cuidado y cuidarse” y que “la ley establecerá nacional de cuidados de carácter integral, universal, accesible, suficiente, interseccional y con pertinencia cultural”.

– Iniciativa Convencional Constituyente N°355 que busca consagrar el Derecho al cuidado y otorgar reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados. Esta fue patrocinada por las convencionales Mariela Serey, Constanza Schounhaut, Aurora Delgado, Tatiana Urrutia, Alondra Carrillo, Janis Meneses, Bárbara Sepúlveda, Adriana Ampuero, Tammy Pustilnick, Ingrid Villena, Malucha Pinto, Ramona Reyes, Patricia Politzer, Manuela Royo, Giovanna Grandon, Bessy Gallardo. Además adhirieron 100 organizaciones, entre las que se encuentra la Asociación Yo Cuido y el Observatorio de Género y Equidad.

 

Sobre las iniciativas propuestas para el Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical, sólo fue aprobado el articulado de la iniciativa convencional constituyente N°682-4 que propone el Derecho a la libertad sindical para asegurar que “trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga”.

Al final de la sesión, la comisión entró a votar las iniciativas en torno a la Seguridad social y Sistema de pensiones. En esta votación fue rechazada la iniciativa popular constituyente N°02-4 titulada “Con mi plata no: Defiende tus ahorros previsionales” de la organización Con Mi Plata NO. Esta iniciativa que tuvo 60.852 apoyos ciudadanos en la plataforma de iniciativas populares, fue rechazada con 8 votos a favor, 18 votos en contra y 7 abstenciones. Quienes votaron a favor de la iniciativa están Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Katerine Montealegre, Teresa Marinovic, Bárbara Rebolledo, Manuel Ossandon, Alfredo Moreno y Gaspar Domínguez.

 

Aunque en votación no se puede hacer uso de la palabra, la convencional Cantuarias activo su micrófono para manifestar su voto a favor de iniciativa diciendo que “porque la norma protege la propiedad de los fondos de pensiones de los chilenos”.

 

La convencional Marinovic activó su micrófono para decir “respecto a la propiedad se están pasando las normas ciudadanas por el arco del triunfo(…) les importa nada la ciudadanía”. Su palabra fue interrumpida por el coordinador César Valenzuela recordando “que este no es espacio de deliberación, ayer se produjo una larga jornada donde cada uno pudo exponer lo que quiso respecto a estos temas” y solicitó que las palabras pedidas solo fuera para puntos en reglamento o manifestar su voto a viva voz.

 

Terminada esta votación se procedió a votar la iniciativa popular constituyente N°17 propuesta por la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP, la cual alcanzó 17.265 apoyos ciudadanos. Esta iniciativa propone lo siguiente:

“Artículo XX: El Derecho a la Seguridad Social
El Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento. La definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias. La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores. La seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas.

Artículo Transitorio.
Dentro del plazo de un año, una vez aprobada la nueva Constitución Política, deberá adecuarse la actual legislación sobre seguridad social a las normas que establece el Artículo XX de la Constitución. Expirado dicho plazo, asumirá de pleno derecho la recaudación, pago y gestión de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones, el Instituto de Previsión Social, que se regirá hasta tanto se dicten las leyes que desarrollen la garantía constitucional del Artículo XX. Las administradoras de fondos de pensiones deberán hacer traspaso de los fondos o documentos que los respalden y los registros individuales de cada afiliado activo o pensionado al referido Instituto dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta norma constitucional. Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones supervigilar al Instituto de Previsión Social en todo este proceso”.
En la sesión se solicitó realizar la votación separada del artículo transitorio, el cual fue rechazado con 4 votos a favor, 28 en contra y una abstención. Y, luego, se procedió a votar el artículo propuesto en la iniciativa, aprobado con 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Con esto se terminó se levantó la sesión y mañana se continuará con la votación de las iniciativas restantes respecto a los bloques temáticos 3 y 4.

 

En punto de prensa César Valenzuela, coordinador de la comisión, fue consultado por el rechazo de la iniciativa “Con mi plata no”, señaló que al ser una votación en general “los elementos esta iniciativa no han sido discutidos en particular, no se ha discutido la propiedad de los fondos de pensiones, no se ha discutido cuál va hacer el órgano encargado de administrar el Sistema de Pensiones”. Consultado por la propiedad de los fondos, Valenzuela señaló que esta discusión no se ha dado en la comisión. “Yo no he visto ninguna iniciativa constituyente que plantee la nacionalización o expropiación de los fondos de pensiones que hoy día están acumulados en las cuentas de los chilenos”, dijo el convencional.

 

Además realizó el llamado a la ciudadanía a “no creer en los fantasmas” ya que “no se ha tomado ninguna decisión en particular respecto a las materias que están haciendo polémica. No se ha discutido ni se ha votado la propiedad de los fondos de pensiones. No se ha discutido ni ha votado quién va hacer el administrador del sistema de pensiones. Entonces a no creer lo que se dice”.

 

Comisión Sistemas de Justicia

 

 

La comisión continuó votando en particular artículos del segundo y tercer bloque temático; específicamente lo relativo a instituciones autónomas.

 

De la Defensoría de la Naturaleza se aprobó el art. 41, art. 42, art. 43, art. 44 y art. 45. Entre estos, se define a la defensoría como “un organismo técnico, autónomo, de derecho público, paritario, plurinacional, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

 

El fin de sus funciones tendrá por objeto, principalmente “la difusión, prevención, promoción, defensa y protección de los Derechos de la Naturaleza, de los animales y los derechos humanos ambientales”.

 

Estará compuesto por “oficinas regionales a cargo de una defensora o defensor de la Naturaleza”, que “durará 5 años en su cargo y será nombrada/o en conformidad a la unidad legislativa intrarregional que esta Constitución establezca”. Además, la defensoría contará con “una unidad de producción de conocimiento e investigación”, así como con “un Consejo Consultivo que se encargará de orientar la estrategia de la Defensoría de la Naturaleza”.

 

Del Consejo Autónomo del Medio Ambiente se aprobó la indicación 202 que reemplaza al art. 49, estableciendo que “el Consejo del Medio Ambiente es un órgano colegiado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

 

De acuerdo a sus funciones, tendrá que “llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental de proyectos, dictar la autorización final del proceso de evaluación ambiental, fiscalizar y sancionar toda clase de infracciones a las normas e instrumentos de protección ambiental, y demás facultades que establezca ley”.

 

Estará conformado “por siete miembros, con comprobada competencia en materia ambiental”, y funcionará bajo criterios de “plurinacionalidad, paridad y equidad territorial”, mediante los consejos regionales.

 

Por su parte, un Consejo Nacional, “coordinará  interna y externamente el funcionamiento” de la Defensoría de la Naturaleza, y dirigirá el Consejo Autónomo del Medio Ambiente.

 

Sobre la Agencia Nacional del Agua, se sustituye el art. 56 A y se aprueba el art. 57, consagrando esta agencia como “un órgano autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados”.

 

De acuerdo a sus funciones, el órgano estará encargado de “proponer e implementar una Política Hídrica Nacional”, también de “otorgar, revisar, modificar, caducar y revocar autorizaciones de uso de agua”, “recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica”, “fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones administrativas que correspondan”, principalmente.

 

Estará conformado por “una o un director nacional”, nombrado por quien se encuentre en la presidencia, en acuerdo de la mayoría absoluta del Congreso Nacional y con “previo llamado a audiencias públicas”. El periodo en ejercicio será de 5 años, sin derecho a reelección, y “deberá contar con, al menos, diez años de trayectoria en el ámbito de la gestión de recursos hídricos y reunir los demás requisitos que establezca la ley”.

 

Del Consejo Nacional para la Transición Productiva Socio-Ecológica, se aprobó la indicación 217 que sustituye el artículo 59, estableciendo que este consejo “es un organismo autónomo encargado de definir la Estrategia Nacional de Transformación Productiva Socio-Ecológica, en coordinación con la institucionalidad pública, sea ésta a nivel estatal, regional o local”.

 

De acuerdo a sus funciones, “deberá disponer los procedimientos de elaboración de las estrategias así como los mecanismos de rendición de cuentas para la evaluación de su implementación”, así como también, se encargará “de la incidencia en las definiciones presupuestarias y el procedimiento de seguimiento de las responsabilidades institucionales definidas en las estrategias nacionales o regionales”.

 

Bajo los principios de paridad y plurinacionalidad, estará conformado por “representantes del poder ejecutivo y de los gobiernos regionales”, quienes tendrán que tener trayectoria “en el ámbito del fomento productivo, innovativo, educacional, científico, social y ecológico”.

 

Del Banco Central, en el marco de esta sesión, se aprobó la indicación 227 y 232, que determinan a este órgano como “autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria”, será la ley la que “determinará su organización, atribuciones y sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno”.

 

De acuerdo a sus funciones tendrá que “velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el Gobierno”. Y para esto, tendrá que “considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, la diversificación productiva, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley”.

 

Durante la sesión N° 58 de mañana 30 de marzo, se seguirá votando en particular sobre el Banco Central, Contraloría General de la República, Tribunales Electorales y Servicio Electoral, entre otras materias.

 

Comisión Sistemas de Conocimientos

 

En la comisión se comenzó con las audiencias públicas sobre las normas aprobadas contenidas en el tercer texto sistematizado. Después, se siguió con la audiencia de la Relatoría de Participación Popular. Posteriormente se continuó con la exposición de la Directora del Archivo Nacional y por último, se sometió a votación las indicaciones destinadas a elaborar la segunda propuesta de norma constitucional.

 

La primera auditoría fue de Carlos Huckstadt Figueroa, sobre el arte, espectáculo y  sus derechos culturales. Se explicó que la cultura es un pilar del desarrollo, conteniendo planos emocionales, espirituales, materiales e intelectuales en los pueblos. Principalmente, se exige que el Estado debe velar, garantizar, fomentar, difundir y promover el acceso a la cultura en todas sus manifestaciones. Se buscan políticas modernas, integradoras que velen por los trabajadores del sector. Finalmente se agregó que  al incluir derechos culturales en la nueva constitución, se podrá abrir un espacio donde se le otorguen mayores obligaciones al Estado, respecto a las prácticas culturales.

 

“Solo con el reconocimiento de los derechos culturales en la constitución, podemos abordar de mejor manera las leyes que definan y den forma a las necesidades de las personas que hacen de la cultura, espectáculos y eventos, y dejar de entender la lógica de la cultura, en la que unos son creadores y otros son espectadores. El mundo de la cultura es mucho más complejo y diverso” agregó el auditor.

 

La segunda auditoría fue presentada por Marcelo Lepe, sobre el instituto antártico chileno. Primero se explicaron los objetivos de este organismos, el cual busca fortalecer la ciencia antártica, incentivar la participación chilena en foros y reuniones subsidiarias del tratado antártico, con el fin de buscar más influencia en ellos. También se apunta a incentivar el desarrollo de polos económicos, culturales y sociales en Punta Arenas, así como fomentar el conocimiento y apropiación del continente antártico en la comunidad nacional, en el contexto de un territorio entendido como propio.

 

“Necesitamos proteger la Antártica, no sólo porque seamos un país soberano. Lo más importante hoy, es que tenemos que ser los custodios de la Antártica para Chile, porque regula procesos demasiados importantes para nosotros” Añadió el expositor, Marcelo Lepe.

 

Después se continuó con la relatoría, que tiene por objetivo, poner a disposición todo lo relativo a la participación popular. Se agregó que fueron 3 iniciativas populares que alcanzaron más de quince mil firmas, sin embargo, 3 de ellas fueron rechazadas.

 

La iniciativa popular N°47.446 sobre la garantización al derecho a la educación musical,  se aprobó, esta iniciativa incidió en un 2,9% en un cabildo llamado: “tenemos que hablar de Chile”. Al mismo tiempo, otro cabildo llamado “La mesa de unidad social” contó con un porcentaje de 0,9%, dónde incide la discusión sobre hacer manifestaciones artísticas y culturales en espacios públicos, ya que, esto impacta en la calidad de vida de las personas. Por último, se hizo una relación de las iniciativas populares sobre música y arte. La primera es la garantía constitucional para las artes y la cultura, la segunda es sobre la práctica y goce de las artes como garantía constitucional, la última fue sobre el arte, la cultura y el deporte sean un derecho y no un privilegio. 

 

Posteriormente, se continuó con la exposición de Ema de Ramón, directora del Archivo Nacional. Esta Institución se concentra en resguardar todos los archivos del Estado chileno, desde su creación en 1541 hasta la actualidad. Principalmente, se explicó que se necesitará el resguardo de todos los documentos de la convención, y que también, se debe ser más cuidadosos con los documentos registrados, debido al gran desorden que existe. Por lo que se exigieron documentos oficiales y no múltiples versiones, para que se pueda establecer un orden. También, se pidió ocupar las firmas digitales para registrar el apoyo de los convencionales en las normas, ya que, el método de stickers que se ocupa como acreditación, recae en la fácil usurpación. Finalmente, se recomendó ocupar un mejor método para el resguardo de los archivos de la convención constitucional, ya que, es un trabajo muy importante para las sociedades futuras y su estudio para una nueva reconstrucción a largo plazo.

 

Después del término de la exposición sobre los archivos nacionales, se continuó con la votación de indicaciones destinadas a elaborar la segunda propuesta de norma constitucional. Entre los artículos aprobados, se destacan los siguientes:

 

Se aprobó un nuevo artículo 17, sobre Arte Callejero. La norma se traduce: “El Estado reconoce el arte callejero, en tanto expresiones artísticas que se practican en las calles y otros espacios públicos en cualquier parte del territorio y valora su contribución a la democratización de la vida cultural. A la vez, garantiza su pleno desarrollo mediante mecanismos determinados por la ley”.

 

Se agregó un nuevo artículo 10 , sobre el pueblo afrodescendiente chileno. La norma se explica así: “El pueblo tribal afrodescendiente chileno tiene derecho a desarrollar su cultura, su identidad y formas de organización propias, garantizando el Estado el ejercicio pleno de este derecho según lo consagrado en esta constitución, las leyes y los instrumentos internacionales aplicables”.

 

Se sustituyó el actual artículo 7, por uno nuevo, sobre protección a la labor de comunicar. Se reemplazó con el siguiente tenor: “El Estado garantiza la protección y seguridad de periodistas y trabajadores de la comunicación social, y de quienes ejercen la labor de comunicar e informar en cualquier formato y plataforma de comunicación. Una ley establecerá los mecanismos adecuados para el libre ejercicio de esta labor y la protección de las fuentes de información”.

 

También se sustituyó el artículo 10 por uno nuevo, sobre identidad e integridad cultural indígena. por lo siguiente: “Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus integrantes tienen derecho a la identidad e integridad cultural, a que se reconozcan y respeten sus formas de vida, sus cosmovisiones, el vínculo con la tierra, mar y el territorio, sus usos y costumbres, instituciones propias y su lengua”.

 

Se sustituyó el artículo 6 por uno nuevo, sobre educación mediática, por el siguiente tenor: “El Estado desarrollará mecanismos para acceder a una educación mediática diversa, plural, con enfoque de género y derechos humanos, que colabore a que la ciudadanía, progresivamente, desarrolle un pensamiento crítico, reflexivo e informado”.

 

Mañana desde las 09:30 comienzan las exposiciones de las iniciativas que han sido redistribuidas desde la comisión de derechos fundamentales, y que serán parte del informe Nº3. Finalmente, se cumplió con la finalidad del día por lo que se dio

 

Sesión plenaria Nº 76

 

 

Al inicio de la sesión, se dio lectura a los documentos del día. Entre ellos, destacamos una comunicación de las organizaciones Ahora nos Toca Participar; La Neta; y Momento Constituyente, en la que remitimos un set de materiales audiovisuales destinados a colaborar en la realización de encuentros autoconvocados y cabildos constituyentes. 

 

Este oficio tiene el objeto de contribuir en el trabajo de difusión del estado de avance del proceso constitucional e informar sobre las instancias de participación ciudadana. Pueden revisar el documento aquí: Oficio set de materiales

 

​​En el momento de observaciones a la cuenta, el convencional Nicolás Núñez se refirió a esta comunicación para agradecer la entrega de estos insumos. «Remiten un material audiovisual invaluable para la historia de nuestro país y para la participación ciudadana. Una de las razones por la cual, muchos de los más jóvenes no vamos a repetir lo que pasó en el pasado por la existencia de dicha información y dicho material que nos hace razonar y no repetir en el futuro esos errores», expresó. 

 

Durante la tarde se llevó a cabo la sesión plenaria n°79, la cual tenía dos puntos en tabla centrales:

 

  • Votación de la propuesta de reforma al reglamento con el objeto de reducir la exigencia de mayoría en la votación particular para que una norma sea devuelta a la comisión.
  • Votación en general y particular del segundo informe emanado de la comisión Forma de Estado



Tras la cuenta dinámica, se pasó al punto sobre la propuesta de reforma del artículo 97, inciso primero, del Reglamento General, para reducir la exigencia de mayoría en la votación particular para que una norma sea devuelta a la comisión.



Pero, ¿qué dice el inciso primero del artículo 97? Este establece que en el caso que “una propuesta no haya alcanzado el quórum para su aprobación, pero fuere votada favorablemente por la mayoría de los convencionales presentes, la Presidencia de la Convención devolverá la propuesta a la comisión respectiva y establecerá un plazo perentorio para la formulación de indicaciones”. Por lo que si una norma no alcanza la aprobación de ⅔ en la votación en particular, es eliminada definitivamente de la discusión, sin posibilidad de ser devuelta a la comisión para la elaboración de un informe de reemplazo.



La propuesta de reforma a este inciso propone que para la votación en particular de las normas se contemple el voto favorable de “una cuarta parte de las y convencionales” para que sea devuelta a su Comisión. Con esta reforma se exigiría 78 votos favorables, en el caso de que todas y todos los convencionales estén presentes. 

 

 


Presentado el punto en tabla, la Mesa abrió palabras para las y los convencionales. Sin palabras pedidas, se procedió a la votación de esta reforma la cual fue rechazada con 102 votos, 24 votos en contra y 18 abstenciones. Entre los votos en contra se encuentra el de algunos convencionales de conglomerados de derecha hasta el Frente Amplio, como el de Jennifer Mella y Daniel Stingo. Con su rechazo el inciso primero del artículo 97 continúa sin modificaciones. 

 

Tras la votación de la reforma se dio paso al principal objetivo de esta sesión: la votación del segundo informe de Forma de Estado. «Nos presentamos ante este Pleno con la fuerza renovada de seguir construyendo un nuevo pacto territorial para concretar el largo anhelo de una mejor distribución territorial», señaló en la presentación del informe el convencional Claudio Gómez, coordinador de la comisión.

 

Este segundo informe contiene 32 artículos que abordan materias en relación a las Autonomías Territoriales Indígenas, territorios especiales y la comuna autónoma. «La comuna debe entenderse como un espacio físico, un territorio con límites determinados, considerada como una entidad territorial en virtud de las normas que ya están aprobadas(…) y el municipio como órgano encargado de administrar dicho espacio comunal», expresó Gómez sobre este último tema.

 

En la deliberación, la convencional Damaris Abarca también se refirió a las comunas autónomas. En la instancia, la representante del distrito 15 señaló que estas «son las que otorgan capacidad de autogobierno y cuya ausencia podría afectar su naturaleza, dejando sin efecto o menguando los alcances de su autonomía».

 

Uno de los puntos más polémicos refiere a las autonomías territoriales indígenas, las cuales  son entidades territoriales donde los pueblos y naciones indígenas ejercen su derecho al autogobierno, con autonomía política, administrativa, jurídica, lingüística y financiera, según lo descrito en su articulado. 

 

Al respecto, el convencional Evópoli, Hernán Larraín, manifestó que «el punto más complejo que votaremos hoy es el referido a las autonomías territoriales indígenas (…). Se trata de disposiciones que sólo suman a lo que ya hemos advertido en intervenciones anteriores: la fragmentación de nuestro Estado». 

 

En la misma línea, Harry Jurgensen (RN) manifestó su preocupación sobre estas normas las que, según dijo, «dividen a los chilenos”. En la instancia, el convencional argumentó que su preocupación nace “porque estas constituirían prácticamente un poder paralelo, con autonomía política». 

 

A favor de esta normativa se manifestó la ex Presidenta y representante del pueblo mapuche, Elisa Loncon. En su intervención, la convencional afirmó que “la autonomía, territorio y libre determinación son parte de la luchas históricas de nuestros pueblos y son parte del sueño y esperanza que abrigan las distintas generaciones».

 

En este sentido, la convencional del pueblo mapuche Rosa Catrileo también se manifestó a favor de las autonomías territoriales indígenas y explicó las implicancias de su reconocimiento. «Las autonomías son siempre dentro de un Estado y el autogobierno es la posibilidad de definir cómo queremos vivir los pueblos, ¿acaso no tenemos ese derecho? Entonces, reconocer las autonomías territoriales indígenas no es dar pie a la conformación de múltiples Estados», señaló.

 

 

En materia de municipales, se manifestaron muchas opiniones favorables a los articulados que las mencionan. Una de las normas refiere a la potestad de que las municipales fijen sus propias plantas de funcionarios. La propuesta fue celebrada por el convencional del Colectivo del Apruebo, Eduardo Castillo, quien dijo que “este informe representa un gran avance en la descentralización del país a nivel de gobiernos locales».

 

Por otra parte, el artículo 2 habla sobre igualdad en la prestación de los servicios públicos municipales y desarrollo equitativo. En ese sentido, el convencional socialista, Julio Álvarez, manifestó que «la norma busca es facilitar a las municipalidades la atención de las necesidades ciudadanas, cumpliendo su rol como la primera cara del Estado ante la gente y mejorando directamente los niveles de desarrollo y calidad de vida». 

 

Uno de los temas innovadores que contiene el informe refiere a los Territorios Espaciales. En el articulado se señala que cualquier parte del territorio podrá adquirir la calidad de Territorio Especial, en consideración a sus particularidades geográficas, económicas, culturales, socioambientales, sus condiciones extremas, aisladas o de difícil acceso. 

 

Estos territorios contarán con un régimen diferenciado de orden económico y administrativo, a fin de asegurar la protección de los derechos de sus habitantes, de las comunidades o de la naturaleza. En ese sentido, se establecen tres tipos de territorios: Bioterritorio, refugio climático y reserva de la biósfera. 

 

El bioterritorio se establece cuando el objeto del territorio especial sea permitir la conservación, recuperación, resiliencia, regeneración y manejo integral del agua. Por ejemplo, podría aplicar a Petorca.

 

El refugio climático se establece cuando el objeto del territorio especial sea habilitar o facilitar soluciones al cambio climático, tanto en términos de mitigación como de adaptación, se denominará refugio climático. 

 

La reserva de la biósfera se establece cuando el objeto del territorio sea conciliar la protección de la naturaleza con un desarrollo socioeconómico sustentable, propendiendo el desarrollo regenerativo del territorio.

 

«Sobre reserva de la biósfera, pido devolver este articulado a la comisión para una mejor propuesta, ya que permitir un desarrollo sustentable no garantiza real protección de ecosistema», anticipó el convencional Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo). 

 

Votación

 

Al ser un segundo informe, se aplicó el protocolo de votación modificado. Por esta razón, primero se sometió a votación el informe completo, es decir, sin posibilidad de votación separada de cada uno de sus artículos. Para su aprobación se necesitan ⅔ de los votos favorables (103) y lo logró. Con 114 votos a favor, 25 en contra y 14 abstenciones se aprobó en general el informe con sus 32 artículos contenidos. 

 

Producto de dicha votación, se pasó inmediatamente a la votación en particular. En esta instancia, las normas o indicaciones que lograron los ⅔ pasaron a borrador de nueva Constitución. Las que no lograron ese quórum, pero sí la mayoría, volvieron a comisión. Las que no cumplieron ninguno de estos requisitos, quedaron definitivamente descartadas del debate constitucional.

 

¿Qué pasó?

 

14 artículos pasaron a borrador de nueva Constitución. De estos, 7 ingresaron totalmente y 7 de manera parcial. Entre lo que fue aprobado, se encuentran dos párrafos de una norma referente a la comuna autónoma. En ellos se establece que esta “es la entidad territorial base del Estado regional, dotada de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que gozan de autonomía para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias”.

 

Además, se aprobó una norma sobre Gobierno Comunal. Esta expresa que el gobierno de la Comuna Autónoma reside en la Municipalidad, la que estará constituida por el Alcalde o Alcaldesa y el Concejo Municipal, con la participación de la comunidad que habita en su territorio.

 

Por otro lado, 13 artículos completos volvieron a comisión. Entre ellos, el artículo que regulaba el estatuto comunal, reglamento que, según la norma, establece la organización administrativa y funcionamiento de órganos comunales, las mecanismos de democracia vecinal y las normas de elaboración de ordenanzas comunales. También regresó el artículo sobre Empresas Públicas Municipales. Esta expresa, entre otros, que la comuna autónoma podrá constituir empresas públicas municipales en áreas de su competencia y que el Concejo Municipal deberá pronunciarse sobre la creación de estas empresas o su participación en ellas.

 

Otro artículo que volvió a la comisión fue el 26 referido a territorios especiales. Este establecía que cualquier parte del territorio de la República puede adquirir la calidad de Territorio Especial, considerando sus particularidades geográficas, económicas, culturales, socioambientales, sus condiciones extremas, aisladas o de difícil acceso, y que dicha condición será otorgada por ley.

 

Un párrafo, el segundo del artículo 18 sobre las provincias, quedó descartado del debate constitucional. Este establecía que “cada región está compuesta por, a lo menos, dos provincias, las cuales estarán integradas por dos o más comunas, según lo determine la ley”. Este también fue el caso de los numerales 11 y 17 del artículo 14 sobre competencias de la comuna autónoma. El primero establecía que una de ellas era «garantizar y proteger los derechos individuales y colectivos de todos y todas sus habitantes y de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que cohabitan dentro de su jurisdicción». En cuanto al segundo, se refería a «iniciar el trámite legislativo ante el Congreso en materias de interés comunal».

 

También quedó descartado del debate el artículo 15 sobre subdivisión comunal, que proponía que el Concejo Municipal «podrá establecer, en el ámbito de cada comuna, la subdivisión de sus territorios, de conformidad al estatuto comunal, con el objeto de mejorar la prestación de los servicios públicos y asegurar la participación popular en el manejo de los asuntos públicos del gobierno local».

 

Puedes revisar todas las normas emanadas de la comisión Forma de Estado que ya forman parte de la propuesta de nueva Constitución aquí (incluye las aprobadas en el primer y segundo informe): Normas en borrador de nueva Constitución

 

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¿Qué pasa mañana?

 

09:30 hrs:

  • Comisión Sistema Político (inicio de votación de indicaciones presentadas a su informe de reemplazo)
  • Comisión Forma de Estado
  • Comisión Derechos Fundamentales
  • Comisión Sistemas de Justicia

 

15:00 hrs:

  • Sesión plenaria (Discutir y votar informe de reemplazo de la Comisión Derechos Fundamentales)

 

 

IMPORTANTE:

 

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