La persistente impunidad

A más de un año de la revuelta social que derivó en un acuerdo para plebiscitar una nueva Constitución, miles de denuncias por violaciones a los derechos humanos están estancadas. Un 60% de ellas ha sido cerrada, mayoritariamente sin culpables. Los pocos agentes del Estado formalizados están con arresto domiciliario o esperan condena en libertad. Solo uno ha sido condenado a una pena que podrá cumplir fuera de la cárcel si se somete a un tratamiento de “control de impulsos”.

Hace 45 años que el Departamento de Estado de Estados Unidos realiza informes sobre la situación en materia de Derechos Humanos de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 30 de marzo dio a conocer el informe de Derechos Humanos 2020 en Chile, donde establece que “miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos”.

En este, el primer informe emitido durante el gobierno de Joe Biden se asegura que “los significativos problemas en materia de Derechos Humanos incluyen reportes de asesinatos arbitrarios o ilegales, tortura por parte de agentes del orden, violencia hacia personas indígenas, violencia hacia personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros e intersex”. En el reporte, que se cuenta entre los más conservadores de los de su tipo, se sostiene que “el Gobierno (de Chile) tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.

Sin embargo, el 1 de abril el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer el segundo informe de recomendaciones sobre las medidas adoptadas en relación a las recomendaciones que han hecho tanto organismos nacionales como internacionales para detener las violaciones a los derechos humanos ocurridos desde octubre del 2019 y reparar el daño a las víctimas. 

El documento del propio gobierno contabiliza 8.600 causas ingresadas por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 19 de octubre de 2019 y el 28 de enero de 2021. Citando como fuente al Ministerio Público, el Ministerio de Justicia informa que de éstas solo 3.480 siguen vigentes. Es decir, un 60% de las causas cerraron (5.120), que se refieren a 6.325 “relaciones”. 

 

De las causas terminadas, hasta el momento, solo una quedó con sentencia condenatoria. Es el caso de Esteban Carter, quien recibió un disparo de bomba lacrimógena directamente en la cabeza y a corta distancia, por parte de Juan Gabriel Maulén Báez, en ese momento sargento de Carabineros, durante una jornada de protestas el 13 de diciembre del 2019. La sentencia fue confirmada el 29 de julio del 2020 por el Juzgado de Garantía de Rancagua. Maulén Báez fue declarado culpable de homicidio frustrado y se le impuso la pena de 5 años de libertad vigilada y la obligación de someterse a tratamiento “de control de impulsos”.

 

CEGADOS Y SIN JUSTICIA

Los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica se conocieron en todo el mundo, porque la policía los dejó ciegos. Gatica, estudiante de Psicología, recibió dos disparos percutados por carabineros en una manifestación, el 8 de noviembre de 2019. Como consecuencia, perdió completamente la visión. La fiscalía imputó al ex carabinero Claudio Crespo, quien hoy se mantiene en prisión preventiva. Dieciocho días después, la historia se repitió cuando rumbo a su trabajo Fabiola Campillay recibió el impacto de una bomba lacrimógena en pleno rostro y a corta distancia. Perdió la visión, el olfato y el gusto. Tres de los cinco sentidos. Patricio Maturana, quien según las declaraciones de Campillay sigue en Carabineros, fue declarado por fiscalía como el perpetrador del disparo y se encuentra con arresto domiciliario. Han pasado más de 16 meses desde los hechos, pero ninguno ha comenzado juicio

Los casos de Gatica y Campillay forman parte de las 460 personas que sufrieron lesiones oculares, según el último informe del Instituto de Derechos Humanos (INDH), producto del uso de armas de fuego y otros proyectiles por parte de la policía uniformada. Según el informe, 425 corresponden a lesiones o trauma ocular y 35 a estallido o pérdida de la visión. 

Así mismo, se establece que las lesiones en cualquier parte del cuerpo más frecuentes corresponden al uso de proyectiles de armas de fuego, las que suman 2.133 casos (55% del total).

Un informe revelado por CIPER dio cuenta que desde el año 2012 Carabineros tiene conocimiento de la peligrosidad del uso de balines en las escopetas antidisturbios. En el peritaje se señala que un disparo de estas armas a 5 metros podría provocar fracturas, heridas permanentes en el rostro, estallidos oculares, lesiones y hemorragias en el abdomen. A una distancia de 10 metros el impacto en el cuello de estos balines podría incluso causar la muerte. También demuestra que, pese a que existe una menor precisión, a 30 metros la posibilidad de estallido ocular persiste. Debido a esto, en las conclusiones se recomienda su uso a más de 30 metros de distancia y “apuntando siempre al tercio medio inferior del cuerpo, ya que corresponde a zonas menos vulnerables y expuestas”. 

Pese al informe, lo único que logró mayor control de las escopetas antidisturbios por parte de las fuerzas policiales fue la advertencia de toxicidad que producen los perdigones. El 19 de noviembre del 2019 el entonces director de Carabineros, Mario Rozas, anunció que el uso de estas armas quedaba restringido “como una medida extrema exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte”. Sin embargo, para entonces, más de 220 personas ya padecían lesiones oculares producto de su uso indiscriminado y nuevas víctimas se siguieron sumando después.

 

IMPUNIDAD, LO MÁS FRECUENTE

En enero del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó la visita a Chile que tenía como objetivo observar en terreno la situación de derechos humanos a partir de los hechos de las protestas sociales, evaluando sus causas y consecuencias”.

El CIDH presentó luego un reporte final con observaciones y recomendaciones que debería haber implementado el gobierno chileno. Sin embargo, Fundación La Casa Común, Corporación Humanas, Corporación Opción, la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) y la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) enviaron una carta al CIDH solicitando una audiencia debido a que “observan con gran preocupación la falta de avance en las recomendaciones que realizó el CIDH al Estado de Chile (…) las que lamentablemente no han tenido los avances necesarios para impedir la violación de los derechos humanos”. 

En esa carta estas organizaciones citan el Informe de Seguimiento de las Recomendaciones formuladas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que se basaron en las recomendaciones de la CIDH y las realizadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). El informe del INDH señala que un 13,5% de los casos totales denunciados por las víctimas ocurrieron durante el 2020. Es decir, después de la visita de la CIDH. Fueron 458 casos en total, de los cuales el 91% se concentra en los tres primeros meses del año (367 personas adultas y 110 niñas, niños y adolescentes).

La carta añade que de las 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos hasta el 31 de marzo del 2021, solo un 1,5% ha sido formalizada. Además, se acusa lentitud en la investigación de las causas, que en un 50% demora más de 362 días. 

El informe del INDH concluye afirmado que “el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Al día de hoy, estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y de la justicia”.

 

CHILE, A JUICIO

Las denuncias por las violaciones a los derechos humanos ligadas a la revuelta de 2019 siguen repercutiendo hoy, según reflejan los siguientes hechos registrados por la prensa:

5 de abril. Un reportaje de La Tercera revela la respuesta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la demanda interpuesta por 22 víctimas de trauma ocular, en contra del Estado de Chile. El organismo que defiende los intereses del fisco asegura que el actuar de Carabineros corresponde a legítima defensa, niega la solicitud de las víctimas de que la institución les pida disculpas como una medida de reparación y sostiene que la indemnización reclamada por ellas es “desproporcionada”. La demanda colectiva fue presentada en agosto de 2020, en 143 páginas en que se relatan los hechos ocurridos y se solicita una indemnización de perjuicios por unos 7 mil millones de pesos, en favor de los afectados. 

29 de abril. Debido al cierre de las 3.050 causas por violación a los derechos humanos por parte del Ministerio Público, el ex juez Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas, el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia y la Comisión Chilena de Derechos Humanos enviaron un documento a la Corte Penal Internacional para que se investigue, inicie juicio y acuse al presidente Sebastián Piñera y otros agentes del Estado por “crímenes de lesa humanidad”. En este documento, se argumenta la necesidad de que la Corte de Apelaciones Internacional intervenga dado que, según lo señalado, los casos son calificados como delitos comunes y las investigaciones tienen una demora injustificada. 

Según el escrito, la Corte Internacional podría acoger la solicitud de demostrarse que el Estado “no tenga la voluntad o no esté en condiciones de ejercer su jurisdicción”. Según los expertos, el proceso podría demorar años. 

30 de abril. Una integrante de la Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular difundió por redes sociales su malestar ante las negligencias y precarización del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), anunciado por el gobierno en noviembre de 2019, para las víctimas de este tipo de lesiones. PIRO incluiría, según se afirmó, atención médica, estética y funcional, además de atención psicológica. En la presentación del plan, el ex subsecretario de redes asistenciales, Rodrigo Zúñiga, señaló que hasta esa fecha “tenemos en el país 190 (lesiones oculares), que podrían llegar a las 200”, cifra subestimada según los datos del INDH. Ante esto, la diputada Claudia Mix envió un oficio al Ministerio de Salud en busca de explicaciones, pero aún no ha recibido respuesta. A esta queja, se sumó el caso de Gloria Moraga, víctima de trauma ocular durante las manifestaciones de octubre del 2019. En noviembre del 2020 fue contactada para recibir una prótesis de cristal como parte del PIRO. A los pocos días, Gloria pudo cambiar su prótesis de acrílico por una de cristal. Sin embargo, la empresa de prótesis oculares le está exigiendo que la devuelva, porque el Gobierno no la ha pagado

*Al cierre de esta crónica Jorge Abbot, fiscal nacional, ordenó a la Unidad Especializada en Derechos Humanos examinar los criterios de actuación en la persecución de los ilícitos por violaciones a los derechos humanos, aplicados en causas archivadas, y ver la opción de reabrir los casos de haber razón para hacerlo. Abott profundizó en la creación de un equipo especializado para ver la reapertura de los casos y la creación de un documento para actualizar los criterios de actuación frente a estos ilícitos, el cual se daría a conocer en los próximos días. 

2 comentarios de “La persistente impunidad

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