Una de las preocupaciones del informe de Amnistía Internacional Chile es la generalizada impunidad respecto a las violaciones a los DDHH cometidas en el estallido social.
Esta mañana Amnistía Internacional lanzó el informe 2023 sobre el estado de los derechos humanos en Chile y el mundo. En el evento participaron distintas autoridades, incluyendo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, además de contar con un panel en el que participaron la periodista Alejandra Matus y el académico Claudio Nash.
En sus palabras de bienvenida, la presidenta de la Junta Directiva del organismo en Chile, Bernardita Boock, dijo que se estaría retrocediendo hasta antes de 1948, ya que se está cuestionando y pasando por alto lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En la misma línea, el director ejecutivo de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, señaló que en distintos conflictos armados, como lo que está ocurriendo en Gaza, “se han tratado a los derechos humanos como opcionales”.
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Estallido social en Chile
Respecto a cómo está Chile en materia de Derechos Humanos, uno de los puntos que más se enfatizó fue el de la impunidad en los crímenes perpetrados por agentes del Estado durante el estallido social.
Rodrigo Bustos señaló que estos hechos son un legado sombrío del gobierno anterior para el actual. “Fueron las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el fin de la dictadura (…) Y solo en un 0,42% de los casos se terminó la investigación y se castigó a los perpetradores”, señaló el director ejecutivo en la presentación del informe.
Además de la ausencia de justicia para las víctimas, Bustos señaló que es insostenible que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se mantenga en su cargo aun cuando será formalizado por su responsabilidad respecto a estos hechos.
Para Alejandra Matus, periodista que participó del panel, el problema va más allá del general Yáñez y más bien “pareciera que hay una molestia con seguir las causas contra Carabineros, como si eso fuese incompatible con las demandas de seguridad que tiene la ciudadanía”.
También desde Amnistía lamentaron la aprobación de la ley Naín-Retamal, la cual ha permitido la impunidad de agentes del Estado respecto a hechos ocurridos durante el estallido social.
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Populismo electoral y pena de muerte
Uno de los temas que surgió en el panel de presentación del informe fue cómo en periodo de elecciones se proponen medidas que van en contra de los Derechos Humanos para así ganar votos. Esto, a partir de lo declarado por el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien señaló que la discusión respecto a la pena de muerte “estaba pendiente”.
Lo que he señalado es un debate de fondo en torno a seguridad y enfrentar a la delincuencia, y lo hice sin insultos y descalificaciones, hay de quienes señalan sacar a las FFAA a la calle, y ya sabemos que los fusiles no disparan chaya, y su capacidad de discernimiento es dudosa
— rodrigo mundaca (@rmunda) April 23, 2024
El académico Claudio Nash señaló que “no puede haber un defensor de derechos humanos abogando por la pena de muerte”. En esa misma línea, al conversar con La Neta, Rodrigo Bustos señaló que no solo el gobernador había planteado este tema, sino que también hace unos meses la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lo había hecho.
Bustos agregó que “no deberíamos seguir hablando de la pena de muerte en un momento en que la humanidad ha ido avanzando cada vez más hacia erradicarla en todos los Estados (…) Simplemente no es posible de acuerdo a los tratados de derechos humanos”.
