Contabilidad incompleta

A pocos días de elegir la primera Convención Constitucional, abogados, organizaciones y familiares de presos y presas de la revuelta claman  por su libertad y juicio justo,  bajo el peso de instituciones estatales obcecadas en mantenerlos en la cárcel.

“Hay un ensañamiento contra mi hijo”, repite Hugo Andrade al otro lado del teléfono, desde Ovalle. Es el padre de Matías, una de las más de 4 mil personas que fueron puestas en prisión preventiva por desórdenes públicos tras las movilizaciones sociales que se registraron en Chile entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, según cifras del Ministerio Público.

Matías Andrade ha entrado y salido de la cárcel varias veces, para someterse a prisión preventiva por la persistencia del Ministerio Público y de la Intendencia de la Cuarta Región, que se niegan a aceptar el veredicto de la justicia local y se oponen incluso a la sentencia definitiva, porque les parece poco. Cada vez que se le concedió arresto domiciliario en vez de carcelario, el Ministerio Público apeló y consiguió la revocación del beneficio. Así, el joven de 22 años, sin antecedentes penales, cumplió 431 días de prisión preventiva. 

Los hechos ocurrieron  el 17 de diciembre de 2019 cuando Matías participó en una marcha por el alza en el precio del peaje en la ruta a Ovalle. “Él ha reconocido su asistencia a la movilización. Participó en la protesta y lanzó un neumático que ya estaba prendido, pero que se apagó antes de llegar a la caseta número 1, por lo que se le inculpa. Cuatro veces le revocaron su libertad condicional por ser considerado un peligro para la sociedad, sin ningún antecedente previo”, cuenta su padre.

El Ministerio Público pidió una condena de 20 años de presidio para el joven, único acusado por lo ocurrido en el peaje de Ovalle: 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por incendio e infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado; y 10 más por los delitos por destrucción de bienes públicos y corte de camino de uso público. Cuando el caso por fin llegó a juicio, después de un año, los jueces lo condenaron sólo por desórdenes públicos e incendio frustrado, pues son los delitos que corresponden a las pruebas que exhibió la fiscalía. La justicia desestimó la acusación por Ley de Seguridad del Estado, pues consideró que no se daban las condiciones invocadas por el Ministerio del Interior.

Zoila Terán, jueza de Ovalle, expresó en la lectura del fallo que “debe resaltarse que la prueba rendida (por fiscalía) acredita el incendio y destrucción total de dos casetas de peaje, singularizadas como 4 y 5. O sea, dos casetas distintas a las del número 1 que es la que se le atribuye al acusado (…) Ninguna prueba de cargo se aportó que permita concluir que ha tenido el acusado participación en su ataque, de manera que en aquella parte no cabe condena”.

Sobre esto, el abogado Jaime Fuentes, de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos, asegura que en este caso no existían más pruebas que la propia declaración de carabineros. “No había videos, no había fotografías, no había grabaciones y los peritajes químicos salieron negativos. Nunca hubo químicos en sus manos. En la mayoría de los casos, y eso ocurre transversalmente de norte a sur, vemos que existen discrepancias entre las declaraciones de los carabineros y funcionarios policiales y los hechos ocurridos”.

La familia Andrade reunió dinero para pagar los daños de la caseta 1, que la empresa concesionaria avaluó en 10 millones de pesos. Se depositaron 5 millones en la cuenta del del tribunal, que se reunieron con el esfuerzo de varios integrantes de la familia, confiando en que si se reparaba el daño, el joven podría quedar libre, pero la empresa rechazó el dinero, argumentando que el perjuicio había sido cubierto por los seguros que tenía contratados.

El pasado 12 de abril, Matías Andrade fue condenado a 300 días por desórdenes públicos y 818 días por incendio frustrado, de los cuales se restarán los 431 días que ya estuvo privado de libertad y podría cumplir el tiempo faltante en libertad. Perdió el trabajo que tenía en una playa estacionamiento en Tongoy y ahora recoge limones para subsistir. Ni él ni su padre pueden descansar aún, porque el Ministerio Publico y la Intendencia pidieron la nulidad del juicio, para que se inicie otro en el cual el joven sea condenado a las penas que el Estado pide.

Jacqueline Parada, es miembro del colectivo internacional que apadrina a presos políticos de la revuelta en Chile y que se ha encargado de apoyar, observar y guiar a familiares y presos. Desde Alemania, dice que uno de los aspectos que más le llama la atención es la fuerza con que el Estado actúa contra los jóvenes. “Los presos de la revuelta son amenazados con una cantidad fuerte de años de cárcel. No importa lo que hayan hecho, da lo mismo si hicieron una barricada o botaron un semáforo. No hay proporcionalidad. Pienso que hay una estrategia muy clara y muy política detrás de esto, que se observa claramente en los procesos. No es solamente el fiscal quien pide la condena, también está metido el Ministerio del Interior, la Intendencia, el Consejo de Defensa del Estado, todo un aparato estatal involucrado en el juicio penal”.

En el trabajo que lleva haciendo el colectivo por más de un año, han podido ver que muchos de los defensores se ven enfrentados a una gran maquinaria, que usa la estrategia de dividir los cargos y que se traducen en penas que se suman, por un mismo hecho, y que resultan en condenas de 10, 15 o 20 años de presidio. “Otro factor que influye, es que son muy pocos los abogados con preparación en derechos humanos. Lo que hemos visto es que la estrategia del Estado es dejar encerrados a los chicos un año, cansarlos, negarles el cambio de medida cautelar y extenderles la prisión preventiva. Cuando están agotados en las cárceles, aparece el fiscal ofreciéndoles un juicio abreviado, por lo que muchos los chicos se autoinculpan de delitos y son condenados para salir libres, siendo inocentes”, plantea Luis Salas desde la agrupación internacional en Francia.

LAS ESQUIVAS CIFRAS

El pasado 5 de enero la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio a conocer que un total de 37 personas a esa fecha se encontraban en prisión preventiva por delitos asociados al 18-0. Del total, 26 correspondían a civiles y los 11 restantes a agentes del Estado. Cifras que desde las agrupaciones de familiares y apadrinamiento miran con recelo.

Jaime Fuentes junto a la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, que han impulsado el Proyecto de Ley de Indulto General para los presos políticos del estallido, explica que se le pidió al Ministerio del Interior las cifras oficiales al presentar la iniciativa. “Son las instituciones públicas las que están llamadas a hacer un catastro y hasta la fecha, no tienen claras las cifras. Hay un montón de cifras dando vueltas: las de fiscalía, Carabineros, Corte Suprema y el INDH. además de las que las agrupaciones de Familiares y Amigos de Presos Políticos hemos podido  levantar. Ninguna concuerda”.

 

Fuentes cree que no será posible completar la contabilidad “porque  ninguna agrupación se ha dado el tiempo de poder trabajar esta temática. Entonces, cuando se les pregunta en las comisiones del Senado o de la cámara de Diputados respecto a la cifra, no saben”. De todos modos, desde la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, estiman que actualmente existen entre 150 y 200 jóvenes, principalmente hombres, aún en prisión preventiva desde el inicio del estallido.

Parada plantea que la movilización pilló al país de sorpresa, razón por la que no existe una instancia de verdad consolidada. “Se le exigió a fiscalía que entregara cifras, con nombre y apellido, con rut y no fueron capaces.  Al comienzo se decía que habían 25 mil imputados desde el estallido, después 26 y ahora hablan de 400. Hay cifras para todos los gustos y son cifras que además, tienen distintos contenidos. Por ejemplo, las cifras confirmadas de 25 mil personas que fueron detenidas al principio, en muchos casos ni siquiera fueron registradas y las dejaron irse. Además, al principio no había mucha claridad respecto a qué tipo de detenido se trataba, después empezó el análisis. Es un desorden”, plantea. 

Contabilizar a las  personas que debieron enfrentar la cárcel durante la revuelta social es relevante, pues da cuenta del costo de la crisis social y los desafíos del eventual proceso constituyente. Así lo plantea el Colectivo Internacional de Apadrinamiento a Presos Políticos de la Revuelta Social en Chile. Como observadores de los procesos judiciales y en contacto directo con  agrupaciones como la Coordinadora 18 de Octubre, con familiares y jóvenes que han debido enfrentar juicios, sostienen que la Convención Constitucional no habría sido posible sin la revuelta, cuyos costos pagan hoy jóvenes presos o condenados en juicios que no han respetado las garantías de un debido proceso. “Fue justamente la movilización de estos jóvenes en la calle lo que propició el famoso acuerdo por la paz que da inicio al proceso constituyente. Pese a todo, hay gente en Chile que hasta el día de hoy no sabe que existen”, comenta Luis Salas, en representación del colectivo desde Francia. 

Entre el 25 y el 31 de enero del año 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una misión de Observación a Chile cuando se cumplían 100 días desde el inicio de la revuelta social. En el resumen de recomendaciones a Chile que elaboró después destacó la necesidad de elaborar “un informe sobre los hechos acaecidos a partir del 18 de octubre de 2019 y su contexto, por parte de un mecanismo independiente y que contemple la participación social”. Es decir, una comisión de Verdad, que aún no existe.

Desde esas primeras indicaciones, el Ministerio de Justicia ha presentado dos informes con una compilación de acciones que, según distintas organizaciones de DDHH, se quedan en lo procedimental. “Uno no podría decir que no se están haciendo nada, hay reportes, pero las cuestiones más sustantivas siguen en pausa (…) Si vemos todo lo que tiene que ver con verdad, con establecer un listado de víctimas calificadas, avanzar en esto como se hizo al inicio de la restauración de la democracia, de tener un consenso, un informe de víctimas, eso no está«, plantea la abogada experta en DDHH de la Corporación Humanas, Mariela Infante.

LAS PRESAS, INVISIBLES

El 16 de diciembre de 2020, el programa Libertad sin condiciones del canal de Youtube Muros y Resistencias, entrevistó a Camila Vera (32), una de las imputadas por los delitos de desórdenes públicos y daños a monumentos nacionales en Punta Arenas, en el contexto del estallido social. Estuvo un año bajo arresto domiciliario y es uno de los pocos casos de mujeres que ha tenido connotación pública desde la revuelta.

—Sigue siendo fuerte enfrentarse a las imágenes y saber de compañeros que arriesgan varios años de cárcel que a los ojos de todos están enfrentados a montajes o medidas desproporcionadas— dijo Vera en ese programa— Es difícil ser fuerte luego de llevar un año dos meses con arresto domiciliario nocturno. El otro día mi hija tuvo un accidente y la llevamos al hospital, ahí me encontré con todos los carabineros que día a día vienen a molestar a mi casa. Este hostigamiento que vivo acá, me lo llevo a todas partes.

Días después de ese registro, el defensor de la joven pidió un alzamiento de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Finalmente el juez la dejó con firma mensual y arraigo regional. El juicio oral estaba presupuestado para el 31 de marzo, pero debió postergarse por la pandemia y la solicitud de la fiscalía de incorporar nuevas pruebas.

Durante este periodo el Colectivo Internacional sólo ha apadrinado a dos mujeres de un total de 65 jóvenes. Según Jacqueline Parada, esto responde a varios factores. “Ha sido muy difícil el contacto con ellas. En general, nos ha costado mucho tiempo que los chicos se entiendan a sí mismos como presos políticos. Ellos ni sus familias sabían qué significaba eso. Además, había un pánico muy grande que les hacía pensar que si se entendían a sí mismos de esa forma y se visibilizaban sus casos, su situación iba a ser peor. Muchos quisieron pasar piola y eso ocurrió mayoritariamente en el caso de las mujeres”, dice.

El abogado Jaime Fuentes explica que fueron bastantes casos de mujeres detenidas durante los primeros seis meses del estallido social, pero que la dificultad es llegar a un número consolidado. “Había varios casos de reclusas en la cárcel de San Miguel, también Concepción, Temuco, Antofagasta y Punta Arenas. El problema es que no hay cifras exactas, nunca se desagregaron por género. Lo que sí se puede ver en la experiencia es que los presos de la revuelta mayoritariamente son hombres, diría que la proporción es 70% – 30%. Además, en muchos casos, a las mujeres les dieron arresto domiciliario como forma de prisión preventiva”.

Sólo en el caso de la violencia sexual, las mujeres aumentan su proporción como víctimas . “Es decir, se ocupa la violencia política-sexual como una forma de disciplinamiento hacia las mujeres. La vemos como un castigo específico por no estar cumpliendo el mandato de la ‘buena mujer’ sino que que sale, protesta y exige sus derechos. Las fuerzas policiales y militares reproducen este patrón patriarcal”, explica Infante.

De acuerdo a la abogada experta en DDHH, los tocamientos, desnudamientos, sentadillas y hostigamiento son prácticas de violencia sexual que proporcionalmente sufren más las mujeres, y que por vergüenza o culpa, callan. “Si uno hace el zoom en las cifras arrojadas por el INDH y ve qué es lo que pasa con la violencia sexual, efectivamente se ve que las mujeres son más afectadas proporcionalmente que los hombres”.

Y agrega: “Además, existe la cultura de la violación, que nos han inculcado que la culpa y la responsabilidad por lo que ocurrió son de la víctima. Por eso, muchas veces, ellas tienden a callar esas experiencias y no las denuncian. Por otro lado, ocurre otra situación compleja: en el contexto actual no están dadas las condiciones para que declaren, mucho menos contención psicológica periódica, además de la revictimización que implica volver a relatar una historia dolorosa. Después de un trauma de ese tipo lo único que quieren las víctimas es no saber más sobre ese asunto”.

Un comentario de “Contabilidad incompleta

  1. Pingback: Frente a La Moneda: Detienen a manifestantes que exigen la libertad de los presos de la revuelta – La Neta

Deja un comentario