El Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso una resolución que incorpora explícitamente el concepto de violencia reproductiva en un documento negociado por Naciones Unidas. Organizaciones internacionales destacan que se trata de un avance histórico para la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, especialmente en contextos humanitarios.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso la resolución «Promoción, protección y respeto del pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias» (A/HRC/62/L.21/Rev.1), convirtiéndose en el primer documento final negociado del sistema de Naciones Unidas que reconoce explícitamente la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género.
La resolución expresa su profunda preocupación por las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en contextos humanitarios y, por primera vez, incorpora la violencia reproductiva entre las violaciones que requieren prevención, protección y respuesta por parte de los Estados y de la comunidad internacional. Entre ellas menciona la anticoncepción forzada o la negación del acceso a anticonceptivos, el embarazo forzado, el aborto forzado y la esterilización forzada, incluso cuando estas prácticas son utilizadas con la intención de destruir a un grupo.
Asimismo, el texto llama a fortalecer mecanismos accesibles, seguros y confidenciales de denuncia, derivación y atención para las sobrevivientes, con un enfoque centrado en las víctimas, sensible al género, la edad y la discapacidad.
Para la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), este reconocimiento representa un hito en la evolución de los estándares internacionales de derechos humanos. La organización sostiene que nombrar la violencia reproductiva permite visibilizar una forma de violencia que durante años permaneció insuficientemente reconocida, fortaleciendo las herramientas para su prevención, la protección de las sobrevivientes y la rendición de cuentas.
Un avance para los estándares internacionales
Que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconozca explícitamente la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género constituye un avance significativo en la consolidación de los estándares internacionales de derechos humanos.
«Nombrar estas violencias permite visibilizar prácticas que durante mucho tiempo han permanecido insuficientemente reconocidas y refuerza la obligación de los Estados de prevenirlas, investigarlas, sancionarlas y reparar a las víctimas. Este tipo de avances también fortalece el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para exigir que la autonomía reproductiva sea garantizada como un derecho humano y no como un privilegio sujeto a barreras o discriminación», sostiene Jennifer Alfaro, Coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico de Corporación Humanas.
Un reconocimiento que también interpela a los Estados
Para Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, «este reconocimiento fortalece una convicción que el movimiento feminista ha sostenido por años: la autonomía reproductiva no es posible si existe violencia, coerción o imposiciones. Que se nombren estas violencias es importante porque involucra reconocer la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos».
Un estándar que sigue evolucionando
El reconocimiento se suma a otros avances recientes impulsados por el Consejo de Derechos Humanos. En los últimos años, los órganos internacionales de derechos humanos han fortalecido progresivamente los estándares vinculados a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, reafirmando que forman parte integral de los derechos humanos.
Aunque las resoluciones del Consejo no modifican por sí solas las legislaciones nacionales, sí contribuyen a consolidar estándares internacionales que orientan la actuación de los Estados y fortalecen las herramientas de incidencia, monitoreo y exigibilidad de la sociedad civil.
Para organizaciones feministas y de derechos humanos, este nuevo reconocimiento constituye una herramienta adicional para visibilizar prácticas que afectan la autonomía de mujeres y niñas, y avanzar hacia políticas públicas centradas en la prevención, la reparación y la garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos.
