Corporación Miles, en conjunto con organizaciones y expertas internacionales, presentaron un escrito que se suma al apoyo a las modificaciones al reglamento de objeción de conciencia
Esta mañana, Corporación Miles ha presentado un «Téngase presente» ante la Contraloría, reafirmando la legalidad y constitucionalidad de las modificaciones al reglamento de objeción de conciencia.
Agrupaciones de profesionales de la salud, organizaciones y expertas respaldaron el documento. Señalan que se deben garantizar todas las prestaciones de salud de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, algo que actualmente es obstaculizado por la objeción de conciencia.

Frente a esa situación, el Ministerio de Salud presentó a finales de mayo modificaciones al reglamento de objeción de conciencia, cuyas principales propuestas puedes leer en esta nota.
El nuevo reglamento ingresó a Contraloría para el proceso de «toma de razón», en el cual se determina si son legales antes de que se implementen. Durante este proceso, distintas organizaciones han presentado documentos a favor y en contra.
La Iglesia Católica Chilena, por ejemplo, presentó un documento en contra de estas modificaciones, siguiendo su línea ideológica en contra del aborto. Por la otra postura, Corporación Humanas y la Fundación por el Derecho a Decidir, presentaron un documento donde argumentaban que la objeción de conciencia «no puede ser un obstáculo para que las mujeres sean atendidas y accedan a la interrupción del embarazo».
Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles, se plantea en la misma línea. «Aún hay hospitales públicos sin médicos dispuestos a realizar interrupciones por violación, lo que constituye una violación de derechos y un mal uso de recursos públicos«, señala.
Los argumentos de Miles
El escrito de Miles argumenta que este reglamento es una herramienta legal y constitucional necesaria para garantizar la disponibilidad de la IVE en todo el territorio nacional. Además, señalan que está amparado en el derecho internacional de los derechos humanos.
«Esta vinculación con el derecho internacional refuerza la legitimidad del reglamento propuesto, posicionándolo no solo como un instrumento legal dentro del marco nacional, sino también como una obligación de cumplimiento de los estándares globales en derechos humanos«, señalan desde la institución.
La Asociación de Ginecólogas Chile, que apoyaron el escrito, subrayaron lo necesario que es garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país. «Es sorprendente cómo se normaliza la falta de medicamentos para un aborto médico seguro y el exceso de objetores de conciencia, que debería ser una excepción. Estos obstáculos solo aumentan el sufrimiento de niñas, adolescentes y mujeres«, indicó Claudia Santiago, presidenta del directorio de la asociación.
Lee el documento aquí