Las organizaciones argumentan que estas modificaciones permiten acceder a los derechos de mujeres y niñas asegurados por ley
El pasado viernes, Corporación Humanas, representada por Camila Maturana, y Fundación Derecho a Decidir, representada por las abogadas Claudia Sarmiento y Elisa Walker, presentaron dos escritos a Contraloría en apoyo de las modificaciones al reglamento de objeción de conciencia.
A la instancia también acudieron la senadora Claudia Pascual y la diputada Claudia Mix, además de representantes de organizaciones de mujeres, de la salud y el Colegio Médico.
En esta nota te contábamos sobre las modificaciones propuestas por el Ministerio de Salud para el reglamento de objeción de conciencia. Estas se ingresaron para asegurar el acceso a las prestaciones de salud de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Esas modificaciones, que incluyen garantizar el acceso a la información y también a que siempre exista un equipo médico no objetor en los servicios de salud, no fueron apoyadas transversalmente. Desde la derecha se señaló que se discriminaba al personal objetor de conciencia, algo que también argumentó la Iglesia Católica chilena en un escrito.
Al entregar los escritos, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, recordó las altas cifras de objeción de conciencia en Chile, lo cual constituye una barrera en el acceso a la salud. “En 2023, 45,8% de los obstetras se declararon objetores de conciencia para no atender a mujeres y niñas embarazadas producto de violación”, señaló.
Por su parte, Danitza Pérez, representante de la Fundación Derecho a Decidir, enfatizó “la necesidad de realizar adecuaciones que nos permitan asegurar el efectivo ejercicio del derecho a decidir de las mujeres”.
Una de las abogadas autoras del escrito de Fundación Derecho a Decidir, Elisa Walker, señaló que si bien la objeción de conciencia se permite por la ley, «esta no puede ser un obstáculo para que las mujeres sean atendidas y accedan a la interrupción del embarazo».
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Argumentos de los escritos
El escrito presentado por las abogadas Elisa Walker y Claudia Sarmiento argumenta que la ley de Bases Generales de Administración del Estado, se debe asegurar que las prestaciones de salud se entreguen de forma eficaz, eficiente y coordinada.
Así, señalan que los derechos asegurados en la ley 21.030, y que actualmente se ven obstaculizados por la falta de información y los niveles de objeción de conciencia, requieren de estas modificaciones al reglamento para que se implementen de la mejor forma.
En la misma línea argumenta el escrito de Corporación Humanas. Camila Maturana Kesten, abogada y directora de la institución señaló la necesidad de que “se definan las medidas de información, adecuación de turnos y garantías para que en todos los establecimientos públicos existan profesionales no objetores que puedan atender a las mujeres y niñas”.
El escrito de la organización señala que la objeción de conciencia «no corresponde a un derecho reconocido expresamente en los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país (…) la manifestación de estas creencias puede ser limitada si ello es necesario para proteger los derechos de otras personas«.
LEE EL ESCRITO DE CORPORACIÓN HUMANAS AQUÍ
