El viernes 30 de octubre, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) presentó su quinto informe anual en el Teatro de Carabineros, en Providencia. El documento alerta sobre los riesgos que el hacinamiento carcelario representa para el ejercicio de derechos, particularmente para el acceso a la salud mental.
Por: Charlotte Duplantier, practicante de La Neta
En celdas de apenas 2 x 4 metros conviven varias personas, muchas veces en condiciones de escaso espacio. Esta situación responde, entre otros factores, al aumento del 61,4 % de la población penal chilena entre 2020 y 2025, que pasó de 38.950 a 62.877 personas privadas de libertad. Frente a una capacidad de 42.437 cupos, el sistema registra una sobreocupación del 46,9 %: actualmente, hay cerca de 147 personas por cada 100 cupos disponibles.
Monserrat Díaz, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, calificó esta situación de hacinamiento como “crítica” en una entrevista con Radio UChile. Según explicó, en algunos establecimientos, como el Centro de Cumplimiento de Copiapó, “donde debería existir espacio para una persona, conviven casi tres”.
Un encierro que deteriora la salud mental
En su quinto informe anual, el CPT advierte que el hacinamiento no constituye únicamente un problema de infraestructura, sino que “afecta concretamente la vida y los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Una de sus principales consecuencias es el aumento de la violencia al interior de los recintos penitenciarios. Así lo explica Monserrat Díaz: “cuando un gran número de personas conviven en un espacio saturado y bajo condiciones de alta presión, es evidente la tendencia a que aumenten los conflictos”. Esta situación también puede obstaculizar uno de los objetivos centrales del sistema penitenciario: la reinserción social.
A esto se suma que la sobrepoblación dificulta el acceso a actividades educativas y laborales, medidas de protección y servicios básicos, como la atención de salud y el apoyo psicosocial. Asimismo, limita las posibilidades de separar adecuadamente a las personas privadas de libertad, lo que puede derivar en períodos prolongados de aislamiento y generar consecuencias negativas para su salud mental.
En este contexto, el CPT denunció “la vulneración del deber reforzado de protección del Estado” debido a la permanencia de personas con discapacidad psicosocial “bajo un régimen prolongado e indeterminado de reclusión, frecuentemente sin acceso a patio ni actividades”.
Las condiciones de aislamiento y encierro también incrementan la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y el riesgo de suicidio. Entre 2020 y 2025, 153 personas murieron por esta causa en recintos penitenciarios, lo que equivale a una tasa de 51,2 por cada 100.000 personas privadas de libertad, frente a 11,9 por cada 100.000 habitantes de la población general.
El informe también advierte que el 71 % de estos suicidios ocurrió durante las primeras etapas de la privación de libertad, específicamente en el momento de la formalización. Según el Comité, este período concentra una mayor vulnerabilidad debido a la incertidumbre frente al proceso judicial, la adaptación al encierro y la falta de evaluaciones oportunas de las necesidades de salud mental.
Más de cien recomendaciones
En sus conclusiones, el Comité presenta más de cien recomendaciones dirigidas a distintos actores e instituciones del sistema penitenciario. Entre ellas, propone reforzar la coordinación interinstitucional con los organismos competentes en salud, justicia y seguridad, e impulsar una política nacional de salud mental que cuente con financiamiento suficiente y una delimitación clara de responsabilidades.
Asimismo, recomienda a la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile revisar los mecanismos de comunicación con el exterior para evitar restricciones desproporcionadas y situaciones de aislamiento. También plantea fortalecer la formación del personal penitenciario para reconocer señales de alerta y prevenir suicidios.
