El 17 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó su informe 2026 sobre el estado de los derechos humanos en Chile. El documento, compuesto por ocho capítulos temáticos, busca “volver a las bases” evaluando el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
Por: Charlotte Duplantier y Jane Vignancour, practicantes de La Neta.
En una sala repleta de académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, se realizó el lanzamiento del informe anual sobre derechos humanos en Chile 2026. Desde hace 24 años, el Centro de Derechos Humanos publica este documento con el propósito de examinar la situación del país en materia de garantía y acceso a los derechos de la población.
Esta edición está marcada por un objetivo que da título a su introducción y que atravesó todo el encuentro: “volver a las bases”. La editora general del informe, Marcela Zúñiga Reyes, explicó este propósito a partir de una pregunta: “si las obligaciones que el Estado asumió siguen en pie y si esas obligaciones además cambian o no cuando cambian las prioridades políticas”. En otras palabras, el documento busca evaluar al Estado como una institución permanente, cuyos deberes de protección de los derechos humanos no deberían estar sujetos a los cambios de gobierno.
En el contexto de un nuevo ciclo político, las autoras y autores precisan que las conclusiones del documento no se originan directamente en la administración recién elegida. Sin embargo, advierten que el escenario actual podría hacer que las problemáticas identificadas sean “más difíciles de corregir y más fáciles de agravar”. Una de las principales constataciones que atraviesa los ocho capítulos temáticos es que “el Estado no dispone de la información necesaria para saber si cumple con sus obligaciones”.
“Un Estado que no sabe cuántas personas están en una determinada situación tampoco puede ser interpelado por lo que hace o deja de hacer respecto de ellas. La opacidad protege a quien decide, no a quien es afectado por la decisión”, advierte el documento.
Niños y niñas menores de 14 años: entre la desprotección y el debate penal
El primer capítulo aborda la situación de niños y niñas menores de 14 años a quienes se les atribuyen conductas que constituirían delitos si fueran cometidas por adolescentes. Según el informe, Chile optó por no someterlos a sanciones penales, pero tampoco ha garantizado la protección que establece la ley: el programa especializado previsto para atenderlos aún no existe.
La discusión ha adquirido mayor visibilidad en los últimos meses. En junio de 2026, la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo reactivó el debate y, pocos días después, la Cámara de Diputados solicitó acelerar la tramitación de un proyecto de ley que llevaba ocho años sin avanzar. La iniciativa propone reducir la edad de responsabilidad penal de 14 a 13 años.
Sin embargo, existe un problema previo: el Estado desconoce la magnitud de esta situación. No cuenta con una cifra oficial sobre cuántos niños y niñas menores de 14 años están involucrados en hechos que podrían constituir delitos, mientras que los distintos registros utilizan criterios dispares e incluso contradictorios. Como señala una jueza citada en el capítulo: «si no se cuenta, no cuenta».
A esta falta de información se suma que muchos de ellos ya habían requerido protección estatal antes de verse involucrados en estos hechos. De acuerdo con el estudio oficial sobre sus trayectorias, el motivo más frecuente de ingreso a los programas del Estado fue la vulneración de sus derechos, situación que representó el 38,2 % de los casos. Asimismo, en los procesos judiciales, la mayoría no cuenta siquiera con representación jurídica.
Frente a este escenario, el informe recomienda mantener la edad de responsabilidad penal en 14 años, pues las cifras utilizadas en el debate parlamentario correspondían a adolescentes de entre 14 y 17 años. En su lugar, propone establecer un estatuto jurídico propio para los menores de esa edad, que contemple procedimientos especiales ante los tribunales de familia y acceso a un abogado desde la primera actuación. También plantea revisar las expulsiones escolares y garantizar el acceso a atención de salud mental.
Periodismo investigativo: las amenazas a su ejercicio en Chile
Otro de los capítulos examina las amenazas que enfrenta el periodismo investigativo, una labor que, según el documento, “cumple un rol central en una democracia”. Entre los principales obstáculos identificados se encuentra la violencia digital contra periodistas, especialmente contra las mujeres. Esta se manifiesta mediante amenazas de abuso sexual, uso no consentido de imágenes, exposición de datos personales y la necesidad de modificar sus identidades digitales para protegerse.
De acuerdo con el análisis, la falta de una legislación que proteja específicamente a quienes ejercen el periodismo, sumada al desconocimiento del protocolo de protección para personas defensoras de derechos humanos, constituye “un incumplimiento del deber de garantía y prevención del Estado”.
A estas formas de hostigamiento se suma el uso del derecho penal como mecanismo de presión o sanción contra periodistas. El informe cuestiona, entre otras iniciativas, el proyecto de ley contra las filtraciones, que “construirá una infracción a la libertad de expresión”, así como las solicitudes de revelación de fuentes, particularmente por parte de la Fiscalía, que “contraviene directamente la garantía del secreto de fuentes”.
Para enfrentar estas amenazas, el documento recomienda establecer leyes específicas que permitan prevenir e investigar la violencia digital, con especial atención a la ejercida contra las mujeres. También propone retirar el proyecto de ley que fortalece la protección de antecedentes y despenalizar la injuria cuando se trate de expresiones sobre funcionarios públicos o asuntos de interés público.
Salud trans: derechos reconocidos, pero con barreras de acceso
La salud de las personas trans, incluida la atención de salud mental, también ocupa un lugar en el informe. El capítulo reconoce los avances alcanzados por Chile durante la última década, entre ellos la aprobación de la Ley de Identidad de Género y la implementación de un programa de acompañamiento dirigido a niños, niñas y adolescentes. No obstante, advierte que desde 2024 la continuidad de esta iniciativa se encuentra en incertidumbre.
En ese período, una comisión de la Cámara de Diputados solicitó suspender el programa y la Contraloría exigió a los hospitales entregar información sobre el nombre y RUT de las personas atendidas, incluidos niños y niñas. Aunque los tribunales han sostenido posiciones distintas frente a esta exigencia, la Corte Suprema validó la solicitud. Para las autoras del capítulo, esta situación pone en cuestión la confidencialidad de la información médica.
El análisis también pone el foco en la salud mental. Los estudios citados muestran que las personas trans presentan mayores problemas de salud mental y una tasa de suicidio superior a la del resto de la población. Pese a ello, el Ministerio de Salud recomienda postergar el inicio de nuevos tratamientos hormonales en adolescentes hasta contar con normas nacionales que aún no han sido elaboradas. Si bien plantea reforzar el acompañamiento psicosocial, las autoras advierten que esta postergación también puede perjudicar a quienes requieren dichos tratamientos.
A lo anterior se suman las experiencias de maltrato en los servicios de salud. Según una encuesta nacional citada en el documento, más del 83 % de las personas trans consultadas declaró haber recibido un trato inadecuado durante la atención. Entre quienes vivieron estas situaciones, el 30 % decidió no continuar con sus tratamientos.
En este contexto, el principal riesgo identificado no es necesariamente una eliminación inmediata de los derechos reconocidos, sino su debilitamiento progresivo a través de decisiones administrativas y presupuestarias. Aunque se han anunciado recortes para 2027, el Gobierno ha señalado que busca reformar los programas y no cerrarlos. Frente a este escenario, las autoras del capítulo insisten en la necesidad de establecer reglas claras que impidan retrocesos en los derechos ya adquiridos.
El 17 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó su informe 2026 sobre el estado de los derechos humanos en Chile. El documento, compuesto por ocho capítulos temáticos, busca “volver a las bases” evaluando el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.

