Sesionaron las comisiones de Sistemas de Conocimientos, Derechos Fundamentales y Medio Ambiente. En esta última, se aprobaron en general normas relacionadas a la nacionalización de la minería y nueva gestión social y ambiental de la minería del cobre, litio y otros minerales. Todos los detalles en el boletín de hoy.
Para enterarte de los detalles de lo trabajado ayer por la Convención, te invitamos a revisar el boletín del pasado lunes 31 de enero: https://laneta.cl/boletin-diario-que-paso-este-lunes-31-de-enero-en-la-convencion-constitucional/
¿Qué estaba presupuestado para hoy?
09:30 – 13:30 hrs:
- Comisión Sistemas de Conocimientos
- Comisión Medio Ambiente
- Comisión Derechos Fundamentales
¿Qué se llevó a cabo realmente?
Comisión Medio Ambiente
En la comisión, expusieron las y los autores de dos iniciativas convencionales constituyentes: la primera en ser presentada fue la que “establece el estatuto constitucional de los bienes estratégicos” y la segunda una que “resguarda la soberanía, en materia de tratados de libre comercio y otras materias”. Posteriormente, ambas se sometieron a votación en general.
La norma sobre el estatuto constitucional de los bienes estratégicos fue presentada por la convencional Ivanna Olivares. A grandes rasgos, esta norma establece una serie de disposiciones sobre los bienes naturales considerados estratégicos como el cobre, el litio, el oro, la plata, entre otros minerales. Asimismo, la iniciativa propone la nacionalización y una nueva gestión social y ambiental de la minería.
Durante la deliberación de esta norma, se apreciaron diferencias en lo establecido en algunos de sus artículos, por lo que se solicitó su votación separada. Finalmente, la distribución de la votación y sus resultados quedaron de la siguiente manera:
- Primero se votaron los artículos 1, 5 y 8 (con exclusión del 3, 4, 6, 7 y 9 más los transitorios). Estos fueron aprobados en general con 13 a favor y 6 en contra.
- Luego se votó el artículo 2, que establece que la explotación de los bienes estratégicos del país se orientará al desarrollo de un modelo económico sustentable para el buen vivir. Este fue rechazado en general con 7 votos a favor y 12 en contra.
- El artículo 3 expresa que toda planificación y explotación de bienes estratégicos se desarrollará considerando su impacto sobre las fuentes hídricas, territorios, comunidades, entre otros. Fue aprobado en general con 10 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
- El artículo 4 señala que El Estado, en representación de los pueblos de Chile, tienen el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos. Fue aprobado en general con 11 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
- El artículo 6 indica que los beneficios económicos de la minería tienen entre sus destinos el solventar las principales necesidades de los pueblos y naciones que habitan el país. Fue rechazado en general con 9 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.
- El artículo 7 señala que una parte de los beneficios económicos de la minería se destinarán a un Fondo Nacional de Ahorro e Inversión que financie un proceso de industrialización basado en tecnologías limpias. Fue aprobado en general con 10 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.
- El artículo 9 expresa que la dirección de las empresas estatales encargadas de los bienes estratégicos deberá realizarse a través de instancias colegiadas compuestas por representantes designados por el presidente. Fue rechazado con 7 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención
- Finalmente, se desarrolló la votación de los últimos 2 artículos transitorios. El primero de ellos establece, entre otras cosas, que el Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el presidente de Chile. Fue aprobado con 11 votos a favor y 8 en contra.
- En último lugar, se votó el 2º artículo transitorio, que establece derogar la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, entre otros. Este fue aprobado en general con 11 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.
Puedes leer esta norma completa aquí
La segunda y última norma que se discutió hoy fue una iniciativa popular de norma que “resguarda la soberanía, en materia de tratados de libre comercio y otras materias”, presentada por una de sus autoras, la vocera del Movimiento Chile mejor sin TLC Lucía Sepúlveda.
La iniciativa pretende, entre otras cosas, establecer mecanismos que resguarden la soberanía y el buen vivir de los pueblos y la realización de una auditoría integral de impactos de todos los tratados de libre comercio vigentes.
En la discusión de esta norma, también se presentaron diferencias sobre algunos puntos establecidos en la propuesta. Por solicitud de las y los convencionales, también se votó de forma separada y la distribución de la votación y sus resultados quedaron de la siguiente manera:
Los tratados internacionales que no se refieran a temas de Derechos Humanos no podrán bajo ninguna circunstancia limitar la soberanía del Estado chileno.
- Principio A artículo C inciso segundo, que señala que los tratados internacionales que no se refieran a temas de Derechos Humanos no podrán bajo ninguna circunstancia limitar la soberanía del Estado chileno. Fue aprobado con 10 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
- Principio C en general de la iniciativa sobre inversión y solución de controversias. Fue aprobado con 11 votos a favor y 8 en contra.
- Artículo segundo transitorio, que señala que en el plazo de tres años desde la fecha de promulgación de la Constitución, el Estado propondrá enmendar, o denunciará, o se retirará de los tratados internacionales anteriores a la Constitución que contradigan los artículos de la normativa. Fue aprobado con 10 a favor, 8 en contra y 1 abstención.
Puedes leer esta norma completa aquí:
También puedes revisar el detalle de los resultados de las votaciones realizadas durante esta jornada haciendo click aquí.
Las dos normas que quedaron pendientes serán retomadas en sesión extraordinaria el viernes 4 de febrero a las 15:30 horas. Estas son: “Establece los derechos de la naturaleza, el medio ambiente y los animales, establece los deberes patrios y culturales y determina el idioma oficial” Boletín N° 352 – 5, en lo tocante al artículo 1° de dicha iniciativa; y “Sobre resguardo del cielo nocturno oscuro, sin contaminación lumínica” Boletín N° 356 – 5.
Comisión Sistemas de Conocimientos
La sesión de hoy tuvo por objeto concluir las audiencias públicas consagradas en el artículo 42 del Reglamento de Participación Popular, la presentación de nuevas iniciativas de normas constituyentes ingresadas a la Convención y una rápida revisión de plazos y fechas.
Las dos audiencias públicas fueron expuestas por expertos que presentan un panorama general sobre las iniciativas de norma constituyente aprobadas en general en la comisión.
Primero expuso Jose Aylwin, abogado de la Universidad de Chile y experto en derechos indígenas. Su tema central fueron los principios establecidos en las propuestas que se aprobaron. Destacando dos principios transversales: la Interculturalidad, que “reconoce en condiciones de igualdad las distintas culturas que existen en el país”, y la Libre Determinación, que permite la autonomía y el autogobierno de los pueblos originarios respecto a sus asuntos internos. El expositor comenta que los derechos contemplados en las normativas tienen estrecha relación con los tratados internacionales ratificados por Chile, referidos a los derechos de los pueblos originarios, que aún no tienen efectos prácticos.
La siguiente exposición fue de Alfredo Del Valle, doctor en Ciencia de sistemas sociales y presidente de la Fundación para la Innovación Participa. “Cultura, complejidad y transformación sistémica en Chile” fue el título de su presentación que centró en una propuesta, cómo abordar el proceso constituyente desde una mirada transformadora en base a un paradigma sistémico. Para esto, de forma específica propuso formular mecanismos que agilicen las transformaciones e innovaciones contempladas para no entorpecer el proceso y, así mismo, gestionar con eficacia debido a su complejidad. La transdisciplinariedad, la cultura de confianza, definir un tronco mínimo de principios constitucionales, y proyectar las miles de iniciativas surgidas en la revuelta social, fueron algunos de los ejemplos que dio.
Tras finalizar con las audiencias públicas de expertos, se continuó con la exposición de nuevas iniciativas de normas constituyentes ingresadas.
Comenzando por la N° 416-7 sobre “El derecho a la protección de los datos de carácter personal”. El convencional Francisco Caamaño, quien presenta la norma, comenta que “la vulneración de este derecho fundamental es sistemática, por lo que se propone un modelo global de protección de datos para afrontar los desafíos futuros al respecto”. Por su parte, Jessica Mauco, fundadora de Fundación Datos Protegidos, presenta el articulado de la norma que dice relación con que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal, a saber qué información se conserva respecto a ella, decidir y controlar su uso y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado”. Para esto se establece la propuesta de “una autoridad independiente, especializada y autónoma que vele por el resguardo de este derecho y garantice la eficacia y la fiabilidad de la supervisión, fiscalización y sanciones”.
Luego, se expuso la norma constituyente N° 420-7 sobre “El reconocimiento de derecho de autor para los sistemas de conocimiento y la sociedad en la era digital”. Presentada también por Francisco Caamaño, esta norma establece el conocimiento como un patrimonio colectivo, proponiendo una serie de derechos al autor y deberes del Estado para garantizar “la igualdad de acceso a los conocimientos, promover herramientas de libre acceso y distribución, garantizar la preservación digital de la memoria, y proteger las creaciones de dominio público”.
La tercera presentación es de la iniciativa N° 435-7 del convencional Carlos Calvo que “Exige al Estado la implementación de políticas que propicien ambientes favorecedores del conocimiento”, es decir, el requerimiento de espacios que favorezcan el desarrollo de conocimientos y expresiones en el proceso de aprendizaje, y que sea inclusivo con la diversidad de identidades. Esta propuesta, además, está en contra del lucro en instituciones educativas porque divide la población en sectores socioeconómicos desconectados entre sí, argumenta Calvo.
La siguiente norma a presentarse fue la N° 429-7 que consagra “El derecho de la vida, de la integridad y libertad contra los usos indebidos de la ciencia” por Loreto Vidal. Los Neuro Derechos y la protección de la actividad mental. La expositora menciona que en la actualidad tiene que haber “protección integral a todo lo relacionado con lo mental y a los pensamientos”, debido a la estrecha relación que hoy mantenemos con los dispositivos tecnológicos inteligentes. El articulado propone que “el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida, la integridad física, psíquica y mental”.
Esta iniciativa, que tiene precedente en la Carta europea de Derechos Humanos que protege la integridad mental, llama la atención porque tiene como objetivo prever diversas situaciones, como por ejemplo la adaptación de neurodispositivos en espacios laborales y educativos. Quienes exponen ponen como ejemplo otros países, donde hay empresas que colocan dispositivos a sus trabajadores para medir digitalmente sus capacidades fisiológicas. La preocupación es que esto puede impactar a la sociedad de tal forma que comience a generar un estándar de convivencia muy parecido a lo que hoy vivimos con un smartphone, pero con neurodispositivos.
Finalmente, la última y breve exposición también fue presentada por Loreto Vidal. La norma N° 428-7 del “Derecho a las ciencias”, que propone que “el conocimiento científico debería ser categorizado como un bien público”, y “el Estado debe garantizar el derecho a las ciencias promoviendo la función pública de las universidades, la libertad de producción y creación artística, la promoción de investigaciones científicas, entre otras.
Antes de finalizar la sesión se informó desde la coordinación que el viernes se votarán en general todas las normas que falten, para así iniciar el proceso de indicaciones. A la vez que, durante esta semana comienza el segundo ciclo de exposiciones de normas relativas al nuevo ciclo temático.
Comisión Derechos Fundamentales
La comisión inició con la definición de cada norma por parte del secretario, para luego comenzar a deliberar las iniciativas presentadas. La primera norma pertenece al Ámbito Titularidad de derechos fundamentales, correspondiente a la iniciativa Nº 103 presentada por Alfredo Moreno. Esta expresa lo siguiente: “La titularidad de los derechos, libertades y garantías que se reconocen en esta constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, les corresponde a las personas”.
La segunda iniciativa en exponerse fue la Nº160, que fue presentada por la convencional Valentina Miranda. La iniciativa declara lo siguiente: “La constitución reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos de todas las personas por el solo hecho de serio, sin distinción de la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socio económica, el idioma, la ideología u opinión policía, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexo-afectiva, la identidad y expresión de género, características sexuales, el estado civil, la edad, la condición de salud y la capacidad u otra forma de discriminación”.
La tercera iniciativa relacionada al tema fue la Nº287, presentada Benito Baranda. La norma consigna lo siguiente: “Titularidad de derecho de grupo históricamente excluidos. Las personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos son titulares a derechos que esta constitución les reconoce y los contemplados en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes”.
Durante la deliberación de esta norma, la convencional Rocío Cantuarias argumentó que el concepto de “grupos históricamente excluidos” era muy amplio, preguntando a quiénes se refiere con estos grupos. Benito Baranda responde el uso de este concepto argumentando que lo que se busca es una igualdad frente a la ley.
La última iniciativa del ámbito fue la Nº406 presentada por Juan José Martin. La normativa plantea que “las personas naturales y la Naturaleza son titulares de derechos fundamentales. Estos derechos podrán ser ejercidos de forma individual o colectivamente”.
La convencional, Janis Meneses, le pidió profundizar en la interpretación de titular a la naturaleza. El convencional Juan José Martin respondió que los derechos de la naturaleza cuentan con un organismo asociados, esto es, una defensoría que se encargará de la representación jurídica y el asesoramiento para poder ejercer los derechos de esta. También agregó que cualquier persona individual o colectivamente puede representar los intereses de esta y exigir que sean consagrados sus derechos.
Posteriormente, se pasó al tema sobre finalidad de los derechos fundamentales. La primera iniciativa presentada en este sentido fue la Nº102, de la convencional Rocío Cantuarias. La normativa establece que “las libertades, derechos y garantías de que esta constitución reconoce tienen por finalidad la consecución de la mayor realización material y espiritual posible de la persona o grupo sin distinción alguna”.
La segunda iniciativa del ámbito fue la Nº256, presentada por la convencional Elsa Labraña. Esta indica que “la dignidad humana y de los pueblos es el principio y sustento de los derechos fundamentales reconocidos y establecidos en esta constitución. La protección, defensa, y promoción de los derechos fundamentales es un objetivo primordial del Estado y de esta constitución, y toda actividad estatal y publica debe estar guiada por su respeto y garantía”.
Después se pasó al tema referido a los límites y restricciones de los Derechos Fundamentales. La primera iniciativa que se presentó fue la Nº140 presentada por la convencional Katherine Montealegre. “La constitución reconoce y asegura a todas las personas. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la comisión. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen, complementen, o limiten las garantías o derechos que esta establece, no podrán afectar los derechos en su esencio o núcleo fundamental, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre”, establece la propuesta.
La segunda iniciativa fue la Nº256, presentada por la convencional Elsa Labraña. La iniciativa se trata sobre la “restricción de derechos fundamentales» y establece que «en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial, y su limitación legislativa, administrativa, o judicial, será siempre fundada en la existencia”.
La tercera iniciativa fue la Nº166 presentada por el convencional Felipe Harboe. La normativa señala que “el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución solo podrán ser limitados o restringidos en razón de la protección de otros derechos, libertades, principios o valores constitucionales, en conformidad a leyes de carácter general, y siempre que esas limitaciones o restricciones puedan ser justificadas en una sociedad democrática y ser necesarias y razonables para dichos fines”.
Posteriormente se pasó al ámbito de cláusula de obligaciones generales de los derechos fundamentales. La primera iniciativa fue la Nº104 presentada por Claudia Castro. La normativa regula que «el Estado tiene la obligación de respetar las libertades, derechos y garantías reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y de garantizar su libre y pleno ejercicio”.
El siguiente ámbito que se presentó fue de financiamiento a los derechos fundamentales. La única iniciativa que contenía fue la nº160 presentada por la convencional Valentina Miranda. La iniciativa se redacta de la siguiente forma: “El Estado y sus órganos tienen el deber de reconocer, garantizar y dar efectividad a los derechos que esta constitución y los tratados internacionales ratificados y suscritos por Chile establecen”.
Después se pasó al último ámbito, llamado mecanismos de garantías de los derechos fundamentales. La primera iniciativa fue la nº160 presentada por la convencional Valentina Miranda. La normativa señala que «el financiamiento de los derechos fundamentales, en especial de los derechos sociales y culturales que reconoce esta constitución, propenderá a la progresividad y a su disponibilidad. Es deber del Gobierno y del Congreso durante la discusión de la ley de presupuesto anualmente dar cumplimiento a estas directrices”.
La convencional Rocío Cantuarias, preguntó si hay alguna norma que se asimile a esta y si es que ha tenido alguna repercusión. El convencional Benito Baranda respondió a esta pregunta diciendo que sí existe, en el artículo 115 de la Constitución de Alemania.
La segunda iniciativa fue la Nº11 fue presentada por Janis Meneses y establece que «el Estado se compromete a adoptar todas las providencias necesarias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos consagrados en esta constitución y en los tratados de derechos humanos vigentes en nuestro país”.
La tercera iniciativa fue la nº101 fue presentada por la convencional Teresa Marinovic. La normativa se redacta de la siguiente forma: “Los derechos que han sido reconocidos por la constitución, así como por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes conforman un sistema de derechos mínimos e irreversible, no pudiendo ser desconocidos o afectados en sus elementos esenciales”.
La siguiente iniciativa en ser presentada fue la Nº 160, que fue expuesta por la convencional Valentina Miranda. “La enumeración que realiza este capítulo no se entenderá como negación de otros nuevos derechos que se fueran reconociendo ni de aquellos que se reconozcan actual o sucesivamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya sea que fueren reconocidos en tratados internacionales o por la jurisprudencia contenciosa o consultiva de las Cortes Internacionales y comités de derechos humanos que correspondan, los cuales también se entenderán incorporados y protegidos por la Constitución”, señala la norma.
Por último, se abordó la iniciativa Nº 251, presentada por el convencional Patricio Fernández. Esta expresa que “ninguna disposición de esta constitución puede ser interpretada en el sentido de: Permitir alguna autoridad, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella”.
Las iniciativas Nº 265, Nº 12, Nº 15 y Nº 256 no fueron presentadas por sus autores. Finalmente, la comisión fue terminada a tiempo, finalizando la discusión de su primer bloque de iniciativas.
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¿Qué pasa mañana?
09:30 – 13:30 hrs:
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