Boletín diario: ¿Qué pasó este lunes 28 de marzo en la Convención Constitucional?

¡Una productiva jornada! Hoy sesionaron tres de las siete comisiones. Una de ellas fue Derechos Fundamentales, que recibió ?exposiciones sobre iniciativas indígenas y comenzó el debate de iniciativas de sus bloques 2 y 3, sobre derechos sociales, las que empezará a votar mañana. La Comisión sobre Sistemas de Justicia aprobó normas en particular, una de ellas busca poner fin a la figura del fiscal nacional. Todos los detalles en el boletín de hoy.

 

¿Qué pasó el pasado viernes?

 

El viernes 25 de marzo se llevó a cabo la discusión y votación general de los informes de reemplazo y segunda propuesta de la Comisión de Medio Ambiente. Para conocer los detalles de lo trabajado por la Convención ese día, te invitamos a revisar la siguiente nota: https://laneta.cl/ingresan-a-borrador-de-nueva-constitucion-normas-en-materia-medioambiental/ 

 

¿Qué estaba presupuestado para hoy?

 

09:30 hrs:

 

• Subcomisión 1 Principios Constitucionales
• Subcomisión 2 Principios Constitucionales
• Comisión Sistemas de Justicia

 

15:00 hrs:

 

• Subcomisión 1 Principios Constitucionales
• Subcomisión 2 Principios Constitucionales
• Comisión Derechos de Pueblos Indígenas
• Comisión Participación Popular

 

16:30 hrs:

 

• Comisión Derechos Fundamentales

 

¿Qué pasó realmente?

 

Subcomisión 1 Principios Constitucionales

 

??En esta primera sesión de la subcomisión n? 1 de Principios Constitucionales, se expusieron una serie de iniciativas relativas a funciones y empleos públicos, derechos de las personas mayores, disidencias y diversidades sexuales, derecho a la familia y grupos intermedios, derechos de las personas en situación de discapacidad, migrantes, niñez y juventud.  

 

Sobre funciones y empleos públicos:

La iniciativa N° 138-4 que consagra el derecho de admisión a las funciones y empleos públicos, pretende “asegurar la igualdad de oportunidades de ingreso a la carrera funcionaria sobre un sistema de concursos públicos abiertos, competitivos y transparentes”, con el fin de terminar con “la pitutocracia y acuerdos políticos en los servicios públicos”, tal como dijo el convencional Eduardo Cretton. Así mismo, la siguiente iniciativa N° 249-4 sobre derecho a la participación en cargos públicos, también consagra que toda persona con nacionalidad chilena “podrá ser candidata y ser electa a los cargos públicos”, permitiendo la participación de toda la sociedad “en los asuntos públicos del país”.

 

Sobre migrantes:

Iniciativa N° 48-4 sobre acceso del sufragio activo de los extranjeros en Chile y la posibilidad de optar a cargos públicos, propone que las personas extranjeras “avecindadas en Chile por más de cinco años (…) podrán ejercer el derecho de sufragio”. 

 

Iniciativa N° 171-4 consagra el derecho al asilo, refugio y aplicación del principio de no devolución, es decir, propone que la persona que reciba el asilo no será deportada o expulsada a su país de residencia si su vida se encuentra en peligro.

 

Del mismo modo, la iniciativa N° 248-4 sobre que el Estado promoverá políticas activas para la integración e inclusión de las personas refugiadas en la sociedad chilena, consagra “el principio de no expulsión y no devolución, estableciendo que ninguna persona podrá ser trasladada a otro país si esto significa exponerla a graves violaciones a derechos humanos”, en palabras de Benito Baranda.

 

Sobre personas mayores:

Iniciativa N° 468-4 sobre reconocimiento constitucional de derechos y garantías para personas mayores, tiene como fin “proteger la salud funcional, mejorar la integración en la sociedad e incrementar el bienestar subjetivo” de estas personas, reconociendo las capacidades de adultos/as mayores a “ejercer su libertad de elección y control sobre las decisiones de sus vidas, aun cuando se necesite asistencia”, indicó Bessy Gallardo.  

 

Iniciativa N° 475-4, consagra el derecho de las personas mayores “a un envejecimiento digno”, con el deber del Estado a “diseñar políticas públicas con enfoque de derechos, no edadista e interseccional”.

 

Iniciativa N° 301-4, garantiza el reconocimiento y el resguardo de la vejez, teniendo “por objeto asegurar el bienestar del futuro de las generaciones, porque no puede ser visto solo para un grupo en particular de personas” sino que como asunto de sociedad, dijo Pollyana Rivera.

 

Sobre disidencias y diversidades sexuales:

Iniciativa N° 02-4, que consagra el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas, mediante el deber del Estado de reconocer este derecho y garantizar “una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado”.

 

Sobre derechos de las personas en situación de discapacidad:

Iniciativa N° 366-4, presentada por Bessy Gallardo, sobre derechos de las personas en situación de discapacidad, especialmente referida al reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas en Chile, propone una serie de artículos en materias de lenguaje, educación, arte y cultura, salud, trabajo, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia y participación política hacia la comunidad de personas sordas en Chile.

 

Iniciativa N° 948-4, presentada por Barbara Rebolledo, sobre la protección de garantías fundamentales de las personas con distintos tipos de discapacidad, asegura mediante el Estado “las condiciones básicas para su bienestar, su desarrollo integral y los medios necesarios para su tratamiento, incluyendo prestaciones de salud física, mental y de rehabilitación”.

 

Iniciativa N° 718, presentada por Alvin Saldaña, sobre derechos de las personas en situación de discapacidad, propone reconocer constitucionalmente a estas personas “como titulares de derecho”, garantizando el goce y “ejercicio de sus libertades fundamentales (…) libre de toda forma de discriminación y en igualdad de condiciones”.

 

Sobre derecho a la familia y grupos intermedios:

Iniciativa N° 351-4 sobre que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos y la libertad de enseñanza no tendrá otros límites más que la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la Nación, para esto se propone principalmente que “el Estado debe reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos” para el efectivo ejercicio del derecho a la educación.

 

Sobre Niñez y Juventud:

Iniciativa N° 337-4 del derecho a la participación plena y efectiva de la primera infancia, especialmente “personas menores de seis años (…) en el diseño e implementación de políticas públicas que afectan sus vidas”, reconociendoles como ciudadanos y ciudadanas, acorde a su edad, en tanto son informados/as y escuchados/as, explica Bessy Gallardo.

 

Respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, fueron cinco las iniciativas de normas que se refirieron a aquello, la N° 935-4, N° 848-4, N° 622-4, N° 419-4, N° 840-4. Principalmente proponen reconocerles como “sujetos de derecho”, mediante “los derechos estipulados en esta Constitución y en los estándares e instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos”, como indica la norma n° 848-4. “Respetar, promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes respecto de su integridad y desarrollo moral, físico, psíquico y sexual”, es el principal objetivo de las normas, que según la n° 622-4 “es deber de la familia y los órganos del Estado y de la sociedad.

 

Subcomisión 2 Principios Constitucionales

 

La subcomisión 2 de principios constitucionales comenzó la sesión con la presentación y debate de las normas contenidas en el bloque 4 de la comisión Derechos Fundamentales. Para ello, se recibieron los boletines correspondientes a: admisión a las funciones y empleos públicos, derechos de las mujeres, derechos de las personas mayores, disidencias y diversidades sexuales, derecho a la familia y grupos intermedios, derechos de las personas en situación de discapacidad, migrantes, niñez y juventud.

 

Las iniciativas presentadas fueron las siguientes:

 

• Iniciativa 344-3 sobre Administración Pública (*)
• Iniciativa 624-4 sobre carrera funcionaria, municipalidades y servicios públicos (*)
• Iniciativa 962-4 sobre Acceso cargos públicos
• Iniciativa 774-4 sobre Derechos de las Mujeres
• Iniciativa 354-4 sobre Protección del embarazo y maternidad(*)
• Iniciativa 342-4 sobre Personas Mayores
• Iniciativa 441-4 sobre Derecho a la vejez digna
• Iniciativa 598-4 sobre Personas mayores, trato no discriminatorio y garantías derechos
• Iniciativa 610-4 sobre Derecho a la igualdad (*)
• Iniciativa 775-4 sobre Matrimonio igualitario
• Iniciativa 27-4 sobre derecho a terapia de personas autistas
• Iniciativa 944-4 sobre Personas en situación de discapacidad
• Iniciativa 1026-4 sobre Derecho de personas con discapacidad
• Iniciativa 367-2 de Nacionalidad, ciudadanía y migración
• Iniciativa 375-4 sobre Derechos Fundamentales
• Iniciativa 515-4 sobre Derecho a migrar
• Iniciativa 725-4 sobre asilo y no devolución
• Iniciativa 391-4 sobre Derechos niños, niñas y adolescentes
• Iniciativa 413-4 sobre Derecho preferente de la familia
• Iniciativa 689-4 sobre Titularidad de derechos de niñas, niñas y adolescentes
• Iniciativa 881-4 sobre Garantías procesales para niños, niñas y adolescentes
• Iniciativa 843-4 sobre Derechos de Niños, niñas y adolescentes indígenas

 

Te destacamos las presentaciones más destacadas:

 

Iniciativa N° 342-4, presentada por Benito Baranda y Giovanna Roa. Sobre “los derechos de las personas mayores”, que busca reconocerlos como plenos sujetos de derecho. Según el convencional Baranda, esta norma va en la línea de reconocer derechos específicos de las personas mayores: “la capacidad jurídica, también la accesibilidad universal , considerando el entorno físico, social y cultural. El derecho a la vida independiente autónoma (…). Y finalmente, también, a una vejez libre de violencia y con una pensión suficiente para vivir una vejez digna”. 

 

Iniciativa N° 441-4, presentada por Luciano Silva. Sobre el “Derecho a la vejez digna”que busca consagrar este derecho, establecer el mandato al legislador y fijar una sanción por no cumplimiento . “En esta norma está asegurado el derecho, pero también se establece que el Estado suplirá, o sea de manera supletoria, tendrá que actuar en aquellos caso donde las personas no puedan cobrar o pedir su derecho porque no están en condiciones de hacerlo”, explicó el convencional.

 

Iniciativa 27-4, presentada por Soledad Mella. Sobre el “Derecho a terapia de personas autistas” que busca reconocer constitucionalmente a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. En palabras de la convencional, esta norma “Dispone la creación de un sistema nacional que permita abordar de manera integral las necesidades de personas con discapacidad, y que hoy son atendidas por múltiples organismos tanto público como privado en un escenario disperso y caótico”.

 

Iniciativa N° 1026-4, presentada por la convencional Mariela Serey. Sobre “el derecho de personas con discapacidad” que busca que el Estado sea promotor y garante de estos derechos, asegurando el respeto a la diversidad humana.“Las personas con discapacidad, aún en el año 2020, están invisibilizadas y no participan en la vida social y política en igualdad de condiciones que el resto, porque aun existen infinitas barreras y obstáculos para ello” mencionó Serey.

 

Iniciativa N° 725-4 presentada por Giovanna Roa. Sobre “asilo y no devolución” la que pretende proteger el derecho a solicitar y recibir asilo, así como respetar los derechos básicos de las personas refugiadas. “Cualquier persona que lo necesite podrá pedir asilo en Chile y el estado no podrá enviarle de vuelta a su país. (…) la ley establecerá los procedimientos y los mecanismos de protección para las personas refugiadas y solicitantes de refugio”, señaló la convencional.  

 

Iniciativa N° 881-4 presentada por Ingrid Villena. Sobre “Garantías procesales para niños, niñas y adolescentes” que busca hacer una prevención de la delincuencia juvenil y garantías estatales para la resolución de estos conflictos. “En la actualidad es imperioso avanzar en un cuerpo legal que integre y consagre constitucionalmente una protección para los niños, niñas y adolescentes al momento de la comisión de un ilícito” dijo Villena.

 

Iniciativa N°413-4, presentada por Cecilia Ubilla . Sobre el “derecho preferente de la familia” que busca proteger a la infancia y a la adolescencia. “Históricamente y a lo largo del mundo, el Estado a perturbado la conciencia del niño a través de ejercer competencias que no les son propias y a través de una despreocupación y abandono de los niños ” señaló la convencional.

 

Iniciativa 775-4, presentada por Loreto Vallejos. Sobre “Matrimonio igualitario” que busca consagrar el derecho a todas las personas de contraer matrimonio o una sociedad civil. “Todas las personas mayores de edad son libres de contraer matrimonio o convivencia civil, vínculos que se basarán únicamente en el consentimiento mutuo de ambas personas y se mantendrán mediante la cooperación mutua con igualdad de derecho entre cónyuges o convivientes, según corresponda” señalo la convencional.

 

Comisión Sistemas de Justicia

 

En la comisión se vivió una larga e importante jornada, donde se tuvo por objetivo 490 indicaciones para la votación en particular del segundo y tercer bloque temático. Donde se aprobaron artículos sobre, tribunales ambientales, Ministerio Público y la creación de un consejo superior. Dentro de las indicaciones aprobadas, se encuentran los siguientes artículos destacados:

 

Se aprobó la sustitución del actual artículo 1 sobre tribunales ambientales,  por el siguiente tenor: “Los Tribunales Ambientales conocen y resuelven las acciones de impugnación de la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental, de la acción de Reparación por Daño Ambiental y de la Acción de Tutela Ambiental y de los Derechos de la Naturaleza.Habrá al menos un Tribunal Ambiental en cada Región del país y se constituirán de forma unipersonal. Para decidir los conflictos de su competencia, deberán tener en consideración los principios ambientales presentes en esta Constitución y los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en materia ambiental”.

 

Se aprobó la sustitución del actual artículo 8, por el Artículo 4, sobre organización y atribuciones del Ministerio Público, el cual dice lo siguiente: “Una ley determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir las y los fiscales para su nombramiento y las causales de su remoción. Los fiscales cesarán en su cargo al cumplir los 70 años. Las autoridades superiores de la institución deberán siempre fundar aquellas órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal”.

 

Se sustituyó el actual artículo 9 sobre Fiscalía Regional, por el siguiente tenor: “Existirá una Fiscalía Regional en cada región del país, sin perjuicio que la ley podrá establecer más de una por región.Las y los fiscales regionales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos durante cinco o más años, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado cursos de formación especializada y poseer las demás calidades que establezca la ley.

Durarán cuatro años y una vez concluida su labor, podrán retornar a la función que ejercían en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni postular nuevamente a fiscal regional”.

 

Se aprobó el nuevo artículo 6, sobre la creación de un nuevo Consejo Superior del Ministerio Público, lo que significa una entidad reemplazante al Fiscal Nacional. El tenor se lee de la siguiente forma : “El Consejo estará compuesto por siete miembros, designados de la siguiente manera:

1. a) Tres integrantes elegidos democráticamente por las y los fiscales entre sus pares.
2. b) Un integrante elegido democráticamente por funcionarios y funcionarias del Ministerio Público entre sus pares.
3. c) Tres integrantes elegidos por el Congreso plurinacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

La ley establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán reunir los consejeros del Ministerio Público. Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades en conformidad a lo que señale la ley.

La calidad de consejero es incompatible con todo otro cargo o función sea o no remunerada, con excepción de la docencia universitaria con los límites que señale la ley.

Las y los consejeros indicados en las letras a) y b) se entenderán suspendidos del ejercicio de su función mientras dure su cometido, pudiendo retornar al ejercicio de sus funciones una vez cumplido este desempeño.”.

 

El coordinador de la comisión, Cristián Viera explicó el Consejo Superior del Ministerio Público y el porqué se aprobó esta normativa: “Está encargado de la administración y gestión, relativo a designación de integrantes y calificación de los mismos. En los procesos colectivos, hay más voces, por lo que el discernimiento es más hondo y permite otros puntos de vista, hemos visto que precisamente el problema desde la perspectiva de la política criminal y la gestión han estado asociado a la unipersonalidad.”

 

También se aprobó el “Artículo 7, que define las atribuciones del Consejo Superior del Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público tendrá las siguientes atribuciones:

1. a) Dirigir el organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos;
2. b) Determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios del Ministerio Público.
3. c) Supervigilar la política de persecución penal adoptada por el Comité del Ministerio Público.
4. d) Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de las y los funcionarios.
5. e) Designar a su presidente, a los fiscales regionales, fiscales adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público en conformidad a la ley.
6. f) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios, en conformidad a la ley.
7. g) Definir las necesidades presupuestarias, gestionando los recursos para su adecuado funcionamiento.
8. h) Las demás atribuciones que establezca la ley.”

 

Se reemplazó el artículo 21 del texto sistematizado, por un nuevo artículo, sobre derecho a la asesoría jurídica, la cual dice lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la asesoría jurídica gratuita. El Estado asegura la asesoría jurídica gratuita e íntegra por parte de abogadas y abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma. La ley establecerá los medios para concretar este derecho.”

 

Se reemplazó el artículo 24, por un nuevo artículo  sobre Defensoría Penal Pública, que se define así “La Defensoría Penal Pública es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por función proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen configurar un delito que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada”.

 

Hasta el cierre de esta edición, la comisión había votado 156 indicaciones. Mañana, desde las 09:30 se continuará con la votación en particular del bloque II y III.

 

Comisión Derechos de Pueblos Indígenas

 

Esta sesión tuvo por objetivo deliberar y votar las propuestas de normas constitucionales que conformarán el catálogo de derechos de pueblos indígenas que se someterán al Pleno de la Convención. La comisión decidió que en primera instancia se expusieran las propuestas y, posteriormente, fueran votadas todas en general. 

 

En base a esta decisión, fueron expuestas las siete propuestas entregadas a la comisión para ser parte del Catálogo de Derechos de Pueblos Indígenas:  

 

1. Isabella Mamani, convencional representante del pueblo aymara, expuso los siguientes tres artículos: Derechos de los pueblos en zonas transfronterizas; Derecho de los pueblos y  naciones indígenas al agua; y Derecho de los pueblos y naciones indígenas a la conservación cultural. 

 

2. Tiare Aguilera Hey, convencional representante pueblo rapa nui, presentó la propuesta patrocinada por Victorino Antilef Ñanco, Marcos Barraza Gómez, Alejandra Flores, Félix Galleguillos Aymani, Lidia González Calderón, Luis Jiménez Cáceres, Machi Francisca Linconao Huircapán, Elisa Loncon Antileo, Natividad LLanquileo Pilquimán, Adolfo MIllabur Ñacuil, Ivanna Olivares Miranda, Ramona Reyes y Margarita Vargas. Entre lo que se se encuentra el artículo 27 y 27 C sobre Restitución de Territorial Indígena. 

 

3. Wilfredo Bacian, convencional representante pueblo quechua, expuso las propuestas de normas realizadas por el pueblo quechua desde el proceso de consulta indígena. Una de estas es sobre Administración de Justicia y Sistemas Normativos, que dice “los Pueblos Naciones Preexistentes tienen derecho a mantener sus propios sistemas de justicia para resolución de problemas internos y locales. Los sistemas de justicia nacional deben aplicar un criterio intercultural cuando acudan integrantes de los Pueblos Naciones Preexistentes”. 

 

4. Eric Chinga, convencional representante pueblo diaguita, propuso 18 artículos con dos normas transitorias. En torno a las primeras, se encuentra un artículo dedicado a Medios de Comunicación, el cual dice “Los pueblos y naciones originarias tienen derecho a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas. El Estado garantizará las condiciones para establecer medios de comunicación, creación y difusión de contenidos propios, proveyendo los medios y recursos para el ejercicio de este derecho”. 

 

5. Convencional Marcos Barraza, propuso cinco artículos. Entre estos se encuentra el artículo 4 sobre relaciones transfronterizas entre pueblos y naciones preexistentes, que establece que “el Estado reconoce los contactos, relaciones y cooperación entre pueblos y naciones preexistentes, incluidos aquellos separados por fronteras internacionales. Serán especialmente reconocidas las actividades económicas, sociales, políticas, culturales, espirituales y de relación con la naturaleza que se lleven a cabo por los pueblos y naciones preexistentes”. 

 

6. Rosa Catrileo, convencional representante pueblo mapuche, propuso seis artículos para el reconocimiento cuatro derechos: Derecho al desarrollo; Derecho a una vida libre de violencia y prohibición de genocidio; Derecho a las tierras, territorios y recursos; y Derecho a la reparación y restitución. 

 

7. Fernando Tirado, convencional pueblo chango, propuso tres artículos para la libertad de trashumancia y desplazamiento; Derecho a la alimentación adecuada y soberanía alimentaria de los pueblos; y el territorio marítimo, maritorio y especies hidrobiológicas. Respecto a este último, se establece que “el Mar es el espacio marino con sus ecosistemas costeros, continentales, islas oceánicas y antárticos, compuesto por el borde costero, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y la alta mar   de acuerdo a nuestros usos y costumbres. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determina la ley el derecho internacional.  El Estado reconoce las diferentes formas de relación entre los pueblos originarios y comunidades costeras, respetando y promoviendo sus usos consuetudinarios y locales, considerándolo un espacio integral de convivencia entre lo tangible y lo intangible, garantizando el acceso, uso y aprovechamiento de los bienes que lo componen según el enfoque ecosistémico, y la salvaguarda de los ecosistema marinos.  Los bienes y servicios ecosistémicos provenientes de la naturaleza del mar oceánico le pertenecen al Estado de Chile”. 

 

Puedes revisar las siete propuestas aquí 

 

Luego de la ronda de presentación, la Secretaría realizó la votación de las siete propuestas, las cuales fueron aprobadas con 21 votos a favor, una abstención, por parte de la convencional María Angélica Tepper, y ningún voto en contra. El convencional Eduardo Cretton manifestó su intención de no voto, antes y durante la votación, ya que considera que “los resultados de la consulta indígena no cumplieron con ningún estándar nacional e internacional. Y por lo tanto, no puedo validar a través de mí votación ningún tipo de propuesta”.

 

Terminada la votación, la Secretaría trabajará un sistematizado de las normas aprobadas y se abre el proceso de indicaciones por parte de convencionales de la comisión Con las indicaciones recepcionadas, la Secretaría enviará a la comisión un comparado de las indicaciones para que estas sean votadas el próximo lunes 4 de abril en sesión ordinaria.

 

Comisión Participación Popular

 

Al inicio de la sesión, en palabras emergentes se informó que se han realizado cabildos penitenciarios en población adulta en cada las siguientes regiones del país: 13 en Arica, 10 en Tarapacá, 1 en Antofagasta, 5 en Atacama, 15 en Coquimbo, 11 en Valparaíso, 78 en la región Metropolitana, 6 en O’higgins, 9 en Ñuble, 41 en Biobío, 7 en Araucanía, 8 en Los Ríos, 6 en Los Lagos, 1 en Magallanes y uno en Aysén. 

 

Terminado los asuntos emergentes, la comisión se abocó a la elección de una nueva directora de la Secretaría de Participación Popular, tras la renuncia de Valentina López. Esta elección se realizó a partir de una terna de personas interesadas en asumir el cargo de codirección a la Secretaría, estas son: Inés Carvacho, Maritza Andrade y Nora Donoso. 

 

Inés Carvacho fue electa como Directora de la Secretaría con un total de 11 preferencias de parte de la comisión.

 

Tras terminar esta elección, la Secretaría expuso el primer Informe de implementación del proceso de Participación Popular. Este informe está dedicado al momento previo de disponer de normas constitucionales, entre los meses de octubre 2021 hasta enero 2021, y su objetivo fue fijar “posiciones para el debate en cada uno de los temas abordados por las comisiones temáticas”. 

 

En la exposición de la Secretaría se entregaron los siguientes datos:

 

 

Comisión Derechos Fundamentales

 

 

Al comienzo de la sesión, se recibió la presentación sobre la iniciativa indígena Nº 46 que consagra los derechos al territorio de las Naciones o Pueblos Originarios. Quien presentó fue Pedro Núñez, en representación del alcalde de Alto Biobío Nivaldo Piñaleo. “Entendemos que esta norma, de carácter general, es el piso mínimo de lo que debiera tener nuestro ordenamiento jurídico (…). Creemos que la restitución territorial y los derechos al territorio son la base para un buen entendimiento entre las distintas naciones del país (…) Es necesario avanzar en plurinacionalidad, interculturalidad y un buen entendimiento entre las distintas naciones”, señaló. 

 

Luego, se realizó la relatoría de resultados del proceso de sistematización realizado por la Secretaría de Participación Popular. La exposición estuvo a cargo de Benjamín Núñez y Camilo Aguilera. Esta relatoría tuvo como objetivo poner a disposición de la comisión los resultados extraídos de los distintos instrumentos de participación popular, donde la ciudadanía ha dado su opinión sobre temática constitucional, así como dar cuenta de incidencia de participación popular en el proceso constituyente.

 

Durante alrededor de una hora, los representantes de la Secretaría señalaron las principales conclusiones derivadas de los diversos mecanismos de participación en materia de derechos económicos, sociales y culturales a discutirse en la comisión, principalmente lo referente a educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y derecho al agua. El contenido de la exposición fue elaborado a partir de iniciativas populares de norma que obtuvieron menos de 15 mil apoyo pero más de mil, cabildos realizados con anterioridad y durante el funcionamiento de la Convención y encuentros locales autoconvocados realizados en 2016 en marco de proceso constituyente en gobierno de Bachelet. 

 

Luego de la relatoría, la expositora Luz González presentó las iniciativas indígenas Nº 266 (derecho a la Educación Mapuche Huilliche), 267 (derecho a la salud intercultural) y 270 (derechos lingüísticos de las primeras naciones y reconocimiento estatal de la variante huilliche Tse Süngun). 

 

Sobre la iniciativa Nº 266, que reconoce el derecho a la Educación Mapuche Huilliche, González indicó: “Habla sobre derecho a la salud intercultural, donde indicamos que el Estado debe reconocer el derecho a la salud intercultural. Esto quiere decir que debe incorporar la salud intercultural en los programas de salud, siempre con una mirada de complementariedad (…). Necesitamos protección, acceso, conservación y reparación de los espacios naturales”. 

 

La última parte de la sesión estuvo destinada a realizar la deliberación general de todas las iniciativas correspondientes a los Bloques Temáticos N°3, 4 y otros derechos fundamentales radicadas en la Comisión. Para ello, se realizaron hasta tres rondas por convencional por un tiempo de hasta 3 minutos cada uno. Mañana comienza la votación general de las normas pertenecientes a ambos bloques temáticos. 

 

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Manifestación “Siempre por la vida” en las afueras del ex Congreso

Hasta las afueras del ex Congreso, sede de trabajo de la Convención Constitucional, llegaron representantes de la agrupación “Siempre por la vida”, con el propósito de mostrarse a favor de una Constitución que defienda la vida. 

 

Actualización de la Comisión Sistema Político

Hoy se cumple el 6to día de reuniones y el plazo para presentar indicaciones al informe que establece el tipo de gobierno, sistema electoral, composición del Congreso y partidos políticos en la Constitución.

 

¿Qué pasa mañana?

 

09:30 hrs:

 

• Comisión Derechos Fundamentales
• Comisión Sistemas de Justicia
• Comisión Sistemas de Conocimientos

 

15:00 hrs:

 

• Sesión plenaria

1. Proposición de reforma del Reglamento General con el objeto de reducir la exigencia de mayoría en la votación particular para que una norma sea devuelta a la comisión
2. Discusión y votación general del segundo informe de la Comisión sobre Forma de Estado

 

IMPORTANTE

 

¿Qué se viene esta semana en la Convención Constitucional?

 

Las mañanas marcadas por el trabajo en comisión y las tardes por extensas sesiones plenarias. Aquí te adelantamos parte de lo que sucederá esta semana en la Convención.

 

Sesiones plenarias 15:00 hrs

 

?Martes 29 

 

– Votación de una propuesta de reforma al reglamento para reducir la exigencia de mayoría en la votación particular para que una norma sea devuelta a comisión.

– Deliberación y votación del segundo informe de la comisión Forma de Estado.

 

?Miércoles 30

– Deliberación y votación del informe de reemplazo emanado de la comisión Derechos Fundamentales, donde se abordan temas en materia de restitución de tierras, derecho a la propiedad, derecho a la identidad, libertad de expresión, entre otros.

 

?Jueves 31 

– Deliberación y votación del segundo informe de la comisión Sistemas de Conocimientos, que incluye temas como, por ejemplo, derechos de autor

 

?Viernes 1 de abril (9:30)

– Deliberación y votación (en general y particular) del segundo informe emanado de la comisión Principios Constitucionales, donde se abordan temas en materia de soberanía, democracia, antirracismo, responsabilidad ambiental, entre otros.

 

¿Y las comisiones? 

 

Este martes la comisión de Derechos Fundamentales inicia la votación general en materia de derechos sociales, los cuales se reconocen como las demandadas latentes de la ciudadanía. Derecho a la educación, salud, vivienda y trabajo se abordarán durante la semana.

 

La Comisión de Sistemas de Justicia comienza la votación en particular de su último informe, el cual contiene los órganos autónomos como Contraloría, Banco Central, Tribunal Constitucional, ministerio público y reformas constitucional

 

La comisión de Sistemas de Conocimientos va a empezar a trabajar en la articulación para el tercer sistematizado, donde se abordan los órganos (CNTV, agencia de dato, espectro radioeléctrico, etc)

 

Por su parte, la comisión de Sistema Político tiene hasta las 23:59 de hoy para que los y las convencionales despachen las indicaciones al informe. Luego, se realizará el comparado y comenzará a deliberar en la comisión de cara al informe de reemplazo.

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