Esta mañana el Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, junto con dos de los ministros del órgano expusieron ante el Pleno de la Comisión Experta sus sugerencias sobre el Poder Judicial a considerar en la redacción del anteproyecto constitucional. La orgánica del poder judicial y jurisdicción y derechos fundamentales, fueron los temas centrales que trataron sus exposiciones. Y aquí, en tu boletín favorito, encuentras el resumen de la jornada.
*Por Equipo La Neta y los pasantes Joanne Acevedo y Javiera Castro.
¿Qué se tenía presupuestado para hoy?
10:30 a 13:00 hrs:
- Sesión plenaria N°7 Comisión Experta
¿Qué pasó realmente?
La séptima sesión plenaria de la Comisión Experta tuvo como principal punto en tabla recibir la audiencia del Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para conocer su opinión sobre los aspectos del Poder Judicial que deberían plasmarse en la nueva Constitución.
El Presidente de la Corte Suprema es el quinto invitado de la Comisión Experta, y su nombre se suma a las audiencias del Contralor de la República, la ministra Segpres, la presidenta del Banco Central y la realizada el día de ayer por el Fiscal Nacional.
Al inicio de la presentación Fuentes explicó que el Tribunal Pleno de la Corte Suprema acordó la creación de una comisión constitucional encabezada por él e integrada por los ministros y ministras de las cuatro salas de la Corte, quienes desde enero de este año han trabajado en una propuesta sobre temas que podrían abordarse constitucionalmente.
Además, el Presidente de la Corte Suprema explicó que cualquier propuesta relacionada al poder judicial debe ser a partir de los principios esenciales de la jurisdicción, independencia, inamovilidad, imparcialidad, inexcusabilidad, autonomía y legalidad.
Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, exponiendo ante el pleno de la Comisión Experta.
Finalizada su breve exposición, los ministros de la Corte Suprema, Leopoldo Llanos y Angela Vivanco, presentaron los acuerdos alcanzados en los encuentros de la comisión constitucional centrándose en la orgánica del poder judicial y jurisdicción y derechos fundamentales.
Orgánica y gobierno judicial
El primer tema abordado por el ministro Leopoldo Llanos fue la consagración de la denominación del Poder Judicial. “Ello es concordante con la idea de la denominación Poder Judicial que se usa en la actualidad. Es un título que ha permitido su rápida individualización, tanto en la Constitución como operar como mecanismo de resguardo a la independencia de la función jurisdiccional en relación a los demás poderes”, expuso.
La siguiente propuesta se relaciona con la separación de funciones de gobierno del poder judicial de aquellas funciones jurisdiccionales. En este sentido, se planteó la creación de un órgano autónomo que asuma el gobierno del poder judicial de forma descentralizada y desconcentrada, a nivel funcional y territorial. Sus funciones se relacionarían con la carrera funcionaria y la evaluación del desempeño, el control disciplinario, la administración de presupuesto y formación y la capacitación de los jueces.
“Este tiene por objeto fundamental garantizar la independencia de los jueces. Es decir, no es solamente una cuestión de operatividad y permitir que los jueces se aboquen a la función jurisdiccional, sino que también al extraer estos temas de los tribunales y entregarlos a este órgano autónomo constitucional se está permitiendo a la vez garantizar la independencia frente a otros poderes públicos”, sostuvo.
Según lo expuesto por el ministro, este órgano sería un Consejo de carácter nacional que ejerza estas funciones y que esté integrado mayoritariamente por miembros de la judicatura, pero también por representantes de otros órganos y poderes del Estado, como el Ejecutivo, el Congreso, Colegios de Abogados y Facultades de Derecho. “Esto, con el ánimo de desconcentrar y descentralizar la función de este órgano”, explicó.
Además, se propuso la creación de unidades o consejos regionales que repliquen la figura del consejo nacional, con un criterio de proporcionalidad en el número de sus integrantes, según el tamaño de la corte respectiva. Estas también se encargarían de los nombramientos a nivel regional.
Otro planteamiento fue la designación de un Consejo Técnico similar al actual Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que de cuenta de su gestión. “Este modelo se replica al nivel de los consejos regionales, que corresponderían en esta materia a lo que son los actuales consejos de coordinación zonal de la corporación administrativa del poder judicial”, comentó.
En cuanto al rol del Poder Judicial en el proceso de formación de la ley, señaló que “se estima pertinente mantener el deber de consulta del Congreso a la Corte Suprema cuando se pretenda modificar las leyes de organización y atribuciones de tribunales de justicia, pero ampliando su espectro para cuando se pretenda modificar disposiciones constitucionales referidas a la materia”.
Sobre el rol de la Corte Suprema, Llanos comentó que “se ha llegado a la convicción de que el rol fundamental de la Corte Suprema es velar por la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución y las leyes, así como de la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales”.
Respecto la integración de este órgano dijo que como institución creían adecuada la actual manera de conformar la Corte Suprema en cuanto a que “se mantenga un número mayoritario de jueces de carrera, que actualmente son 16, pero al mismo tiempo se mantenga el cupo de ministros externos toda vez que la experiencia ha sido valiosa (…) a la formación de la jurisprudencia de la Corte Suprema”.
En relación al nombramiento, detalló que “quedaría encargado, de aprobarse esta propuesta que estamos haciendo nosotros, al órgano de gobierno del poder judicial, un Consejo de la Judicatura que asumiría ese rol”.
Además, destacó la importancia de que se asegurara la autonomía financiera del Poder Judicial, con el fin de “lograr la independencia plena del poder judicial, destinando anualmente en la ley de sus presupuestos los fondos necesarios para un adecuado funcionamiento de los tribunales, así como del Consejo de la Judicatura, si es que esta figura en definitiva se llega a consagrar”.
También, se pidió que “se asegure la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y juezas”. “Esta es una cuestión que no es invento de la Corte Suprema, es una recomendación que se ha dado en el estatuto universal de los jueces, por los órganos de las naciones unidas, en la relatoría especial sobre el poder judicial y los órganos de la UE en cuanto a asegurar a los jueces que mantengan sus remuneraciones y que estas no sean disminuidas ni pierdan poder adquisitivo a fin de asegurar la independencia de los jueces y juezas al resolver las cuestiones sometidas a su decisión”, indicó Llanos.
El ministro finalizó mencionando la necesidad de la existencia de una norma que resuelva las contiendas de competencia que pudieran suscitarse entre el tribunal constitucional y los tribunales superiores de justicia, un tema que aún no ha sido resuelto a nivel constitucional.
Jurisdicción y derechos fundamentales
La ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, fue la encargada de exponer sobre estos puntos, iniciando con una precisión respecto a lo que se entiende por “jurisdicción”: “Facultad de conocer y resolver los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo juzgado potestad que radica exclusivamente en los tribunales establecidos por la ley”.
Hecha la precisión Vivanco señaló que los principios específicos de la jurisdicción que se deben considerar son la exclusividad, unidad de jurisdicción, inexcusabilidad, independencia interna y externa, inamovilidad, responsabilidad e inviolabilidad. Con esto presentó un listado de elementos para incorporar a los principios generales de la jurisdicción, como el respeto y vigencia efectivo de los derechos fundamentales considerados como “el gran eje de toda la actividad jurisdiccional del Estado”.
Junto con esto, Vivanco propuso que, para la relación jerárquica en normas de derechos humanos y constitucionales, se consagre “una jerarquía supraconstitucional de las normas de derechos humanos en atención al desarrollo progresivo del derecho internacional y el impacto que genera en la protección y realización de los Derechos Humanos”. Según la Ministra esto implicaría reforzar “el deber de cada juez en orden de dar aplicación al Derecho Internacional de Derechos Humanos como normas que están sobre la Constitución”.
A eso le sumó la garantía de un procedimiento simple, expedito y único con un solo sistema recursivo, el cumplimiento de sentencias tribunales de derechos humanos y el acceso a justicia y debido proceso.
Sobre los estados de excepción constitucional, Vivanco sugirió mantener la garantía expresada en la actual Constitución para que las personas puedan recurrir “ante las autoridades judiciales a través de los recursos correspondientes aún en estado de excepción”.
“Recalcar la importancia de esta disposición para que sea mantenida en un nuevo proyecto, respecto a las medidas dictadas en estado de excepción que siempre tiene que ser objeto de cautela judicial”, señaló la ministra de la Corte Suprema.
¿Y el balance?
Concluida la sesión plenaria, el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto, destacó en el punto de prensa los principales aspectos que podrían ser incorporados al texto constitucional, como la modernización del Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, imparcialidad de esta, acceso a la justicia y resolución controversias en aras de la paz social.
Vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto, en el punto de prensa.
Por su parte el Ministro de la Corte Suprema, Leopoldo Llanos, resumió su presentación en lo siguiente: Relevar el rol de los tribunales y de la función jurisdiccional. Según Llanos esto será posible “salvaguardando por un lado la independencia de esta, pero no como un privilegio de los jueces o tribunales, sino como una garantía para las personas para que puedan ejercer sus derechos”.
Ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Leopoldo Llanos en punto de prensa.
Finalmente, complementó “hemos planteado la posibilidad de cambiar estructuralmente la orgánica actual del poder judicial en cuanto a su gobierno para separar las funciones jurisdiccionales de aquellas que no lo son, de tal modo que estas queden encargadas a un órgano autónomo de composición mixta integrados por miembros del poder judicial, en lo posible en forma mayoritaria o al menos similar a integrantes de otros órganos del Estado”.
¿Cuál es el itinerario para mañana?
09:00 hrs:
- Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos
- Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
15:00 hrs:
- Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
- Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado
