¡Hasta con temblor incluido! Durante la mañana la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos definió su metodología de trabajo, así como al análisis de los órganos que serán su objeto de trabajo. Y en la tarde, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, llevó al Pleno de la Comisión Experta sus sugerencias para incorporar en el texto constitucional, que se concentran principalmente en materias de seguridad.
*Por Equipo La Neta y los pasantes Raimundo Gallardo e Ignacia Gutiérrez.
¿Qué se tenía presupuestado para hoy?
09:00 a 12:00 hrs:
- Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos
15:30 a 18:00 hrs:
- Sesión plenaria N°6 Comisión Experta
¿Qué pasó realmente?
Comienza el debate en la subcomisión N°2
Poder Judicial, Banco Central, Ministerio Público, Justicia Electoral, Servicio Electoral, Corte Constitucional y Contraloría, fueron los temas debatidos durante casi tres horas por las y los comisionados de la subcomisión Función Jurisdiccional.
Estos temas fueron tratados por tres duplas conformadas con integrantes de la subcomisión, de diferentes fuerzas políticas. Según la presidenta de la subcomisión, Catalina Salem (RN), con esta metodología se puede “enriquecer con los distintos puntos de vista la discusión acerca de los órganos que son materias de la subcomisión”. ¿Y cómo están conformadas estas duplas?:
- Poder Judicial y Banco Central: Leslie Sánchez (PPD-PL) y Hernán Larraín (UDI).
- Ministerio Público, Justicia Electoral y Servel: Katherine Martorell (RN) y Paz Anastasiadis (DC).
- Corte Constitucional y Contraloría General de la República: Domingo Lovera (RD) y Catalina Salem (RN).
Banco Central y Poder Judicial
Sobre este tema sólo intervino el comisionado de la UDI, Hernán Larraín, quien no manifestó muchas diferencias con respecto a la actual situación constitucional del Banco Central en la Carta Magna, sin embargo, dijo que era necesario “fortalecer en el texto constitucional los aspectos centrales que están recogidos en la Ley Orgánica”, específicamente, en sus artículos 108 y 109. También hizo énfasis en “precisar el objeto del Banco Central y constitucionalizarlo”.
Con respeto al Poder Judicial, basó su presentación en dos ejes: instalar los principios y bases orientadores de la acción de los Tribunales de Justicia; y en la función jurisdiccional y no jurisdiccional.
Larraín destacó la importancia de “diferenciar las funciones no jurisdiccionales de las jurisdiccionales”, pensando estas a través de algún “órgano autónomo que pueda hacerse cargo de los nombramientos del Poder Judicial”, pero que no sea “la Corte Suprema ni las Cortes de Apelaciones las que estructuren este tema”, calificándolo de “mal sistema”.
Además, analizaron la posibilidad de buscar “una red de órganos autónomos (como la administración) que se hagan cargo de las tareas jurisdiccionales con fuerte presencia judicial en cada uno de ellos“.
Justicia Electoral y Servicio Electoral
En la exposición, las comisionadas Martorell y Anastasiadis señalaron que en la discusión que han mantenido han encontrado “más coincidencias, que diferencias”, siendo una de estas el incluir dentro de los órganos autónomos al Servicio Electoral de Chile (Servel), el cual no fue parte de las bases institucionales.
La comisionada DC, Paz Anastasiadis, señaló que se debe “garantizar el ejercicio demócratico” del Servel y la Justicia Electoral, con el objetivo de hacer compatible “lo que ya hay con lo realizado por la subcomisión”.
Respecto a la Justicia Electoral, hay acuerdo en la dupla de revisar la composición de los integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y los tribunales electorales regionales, específicamente el quinto miembro de la primera instancia.
Actualmente, el Tricel se compone de cinco miembros designados por la Corte Suprema. De estos, cuatro son ministros este órgano jurisdiccional, más un integrante, designado a sorteo, que haya sido expresidente o exvicepresidente de alguna de las Cámaras del Congreso.
Para la comisionada de RN, Katherine Martorell, la presencia del quinto miembro tiene un “efecto político”. Anastasiadis concedió con este punto: “Debiésemos evitar el carácter político de este quinto miembro, para asegurar la autonomía e independencia del Tribunal”.
Corte Constitucional y Contraloría General de la República
Al inicio de la presentación el comisionado de RD, Domingo Lovera, que conforma la dupla que revisa estos temas, manifestó el acuerdo de “mantener el carácter autónomo de la Contraloría y su integración unipersonal”.
Respecto al patrimonio propio y personalidad jurídica de la Contraloría, dos aspectos que sugirió previamente tener el Contralor, Lovera señaló que aún no tienen una propuesta en la dupla. Pero sugirió preliminarmente que el presupuesto de la Contraloría no pueda ser inferior al aprobado por la ley general de presupuesto del año inmediatamente anterior.
Sobre los requisitos para optar al cargo de Contralor, el comisionado de RD señaló que la dupla acordó mantener “la exigencia del título de abogado” y “aumentar a 15 los años ejerciendo la profesión”.
Otro acuerdo alcanzado en la dupla fue el de mantener la cesación del cargo al cumplirse los 75 años de edad del Contralor. Sin embargo, aún no hay acuerdo en torno a la duración del cargo. Sobre este punto, Lovera propuso que la duración sea de nueve años, en lugar de los ocho que se tiene actualmente, con el objetivo de “quebrar la vinculación de la Contraloría con los ciclos electorales”.
Fiscal Nacional expone ante la Comisión Experta
La sexta sesión del Pleno de la Comisión Experta tuvo como principal punto en tabla recibir la audiencia del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, con el objetivo de conocer su opinión sobre los aspectos del Ministerio Público que deberían plasmarse en la nueva Constitución.
Valencia es el cuarto invitado de la Comisión Experta, que también ha recibido la audiencia del Contralor de la República, la ministra Segpres y la presidenta del Banco Central.
Presentación del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en la sesión plenaria de la Comisión Experta.
Al inicio de su exposición, el Fiscal Nacional hizo hincapié en los pocos meses que lleva en el Ministerio Público, con esto se desmarcó de lo sostenido por la institución en el proceso constitucional pasado.
“Sería desleal conmigo mismo, entonces, si hoy dijera ante ustedes que comparto y hago mío todo lo que institucionalmente se dijo y se afirmó en su momento. Como es obvio, hay cosas que propusieron, que desde luego comparto y valoro, otras en las que tengo matices y diferencias y otras en cambio que seguramente hubiera propuesto algo distinto”, señaló Valencia.
Desafíos en autonomía constitucional
Entrando de lleno en las sugerencias, Valencia resaltó la importancia de mantener la autonomía del órgano, calificándola como “fundamental” para su adecuado funcionamiento en la persecución penal.
Y añadió que “el principio de Autonomía Constitucional ha resultado esencial y una condición indispensable para que pudiera cumplir con los objetivos centrales de la institución: La dirección de la investigación penal, el ejercicio de acción penal pública y la protección de víctimas y testigos”.
A su vez, la autoridad señaló que como institución mantienen tres desafíos principales: protección y resguardo de la autonomía, autonomía constitucional y alcance y ámbito de la autonomía. En esta última profundizó respecto a un avance en la autonomía financiera, para que se mandate a la ley de presupuestos a que a??signe el presupuesto de la institución de forma distinta a como se hace hoy.
Lo anterior va en pos de que se de una independencia en la planificación y ejecución de los programas de desarrollo y de crecimiento institucional, lo que implica que podría abarcar períodos que superen el año presupuestario.
Respecto a la organización actual del Ministerio Público, el fiscal apuntó a que “deben hacerse mejoras”. Primero atendió al panorama que se vive con la delincuencia, que a su juicio “es radicalmente distinta a la que se tuvo en consideración cuando se pensaron las normas constitucionales y orgánicas del Ministerio Público”.
¿Y las propuestas?
Narrando desde lo que vivió en su experiencia al momento de su nombramiento como Fiscal Nacional, Valencia, la calificó como “dolorosa e ingrata”. Por ello, considera necesario hacer una revisión del procedimiento actual para nombramiento de fiscal nacional y regionales.
Para lo anterior, la autoridad propone un mecanismo donde destaque “aptitud profesional y trayectoria de servicio público de los postulantes y que exhiba participación ciudadana tanto a nivel nacional como regional”.
En línea con la realidad que enfrenta el país en cuanto a crisis de seguridad, propone una planta de fiscales y funcionarios menos “rígida” y “que permita crecer en relación con las demandas de seguridad”.
También en concordancia con materias de seguridad, sugiere la creación de una Fiscalía Supraterritorial para delitos de alta complejidad, como persecución del crimen organizado, fenómenos de corrupción o narcotráfico.
Finalmente, apuntó a estrechar la relación entre el Ministerio Público y las policías, con el fin de buscar indicadores y metas comunes. También espera que la institución profundice en un rol de protección a las víctimas.
Rol de protección a las víctimas
Al final de su exposición, Valencia ahondó en lo que considera la función más relevante del Ministerio Público: entregar derechos, garantías y protección a las víctimas y testigos. Sobre este punto, el Fiscal se hizo cargo de la “mirada de insatisfacción” en torno a la “falta de protagonismo en el proceso penal” de las personas víctimas de delitos. Opinión ciudadana que, según Valencia, no ha podido ser disipada a pesar de las iniciativas que buscan favorecer a este grupo, como la ley 20.516 que obliga al Estado a entregar defensa penal y asesoría jurídica a las víctimas.
Sobre esto, indicó que hay “una variedad de caminos” para hacerse cargo de la “falta de protagonismo”. Uno de estos es ampliar las posibilidades de las víctimas para ejercer acción penal y fortalecer el rol del querellante, a lo que Valencia señaló que el problema de este radica en los bajos niveles de cumplimiento del reconocimiento de los derechos de las víctimas.
Otro camino es consagrar constitucionalmente una defensoría de las víctimas “para asegurar de manera específica a la víctima el derecho de contar con asesoría legal y representación de un abogado”. Sobre este punto, y citando estudios, Valencia indicó que “una política pública a favor de las víctimas, que ponga acento en la prestación de servicios jurídicos de representación gratuitos, tiene pocas posibilidades reales de resolver algunos problemas genuinos” de las víctimas.
“En este sentido, estudios a nivel internacional señalan que en su relación con el sistema de justicia penal, las víctimas requieren y aprecian aspectos como sentirse escuchadas, respetadas y comprendidas en su pérdida (…). Piden entender el lenguaje jurídico y la lógica penal. Desean sentirse protegidas y recobrar la sensación de control sobre sus vidas que el delito”, expuso el Fiscal.
Agregando más datos a su exposición, Valencia aseguró que “lo gravitante no es el resultado del procedimiento, sino más bien el trato otorgado a las víctimas, lo que resulta decisivo en términos de su satisfacción”.
Con las razones esgrimidas para los dos caminos señalados, Valencia aseguró tener un camino “más adecuado” que busca “fortalecer el rol de protección que le cabe al Ministerio público y fortalecer la red intersectorial”.
Para Valencia, tomar este camino tendría repercusiones positivas como la de generar “más y mejor acceso a la justicia a las víctimas, especialmente a lo relativo en el rol de proveer información”; “dispositivos más robustos para su protección y acompañamiento en el proceso penal”; y, por último, generar “más instancias de reparación de las víctimas”.
¿Cuál es el itinerario para mañana?
10:30 a 13:00 hrs:
Sesión Nº7 Comisión Experta para recibir en audiencia al Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes.
