Trece de las catorce modificaciones propuestas por el Ejecutivo fueron aprobadas por la cámara alta del Congreso. Solo quedó fuera la eliminación de pena efectiva en caso de toma no violenta.
*Por Renata Paredes, pasante de La Neta
Este miércoles, la sala del Senado aprobó el veto ingresado por el gobierno a la ley de usurpaciones, que busca sancionar las ocupaciones ilegales de inmuebles a través de penas efectivas para quienes incurran en esta práctica.
La mayoría de las modificaciones ingresadas por el Ejecutivo se aprobaron como la eliminación de la legítima defensa privilegiada y la nueva modalidad de “restitución anticipada”, que permite a los propietarios solicitar la devolución de sus bienes durante un proceso judicial en curso. Y solo se rechazó una: Eliminar de pena efectiva en caso de toma no violenta.
Debate dividido
Desde el oficialismo, la senadora Paulina Vodanovic (PS) valoró la propuesta del Ejecutivo por levantar alertas acerca de aspectos que pueden resultar en un riesgo para la vida pública.
“Hay aspectos en los que disentimos y no podemos ocultarlo, tal como salió este proyecto del Congreso, se va a extremos que dañan en el mediano plazo el Estado de derecho y con ello a los mismos ciudadanos que intentamos proteger”, señaló Vodanic.
En el mismo tono, el senador Pedro Araya (PPD) manifestó su apoyo al veto del Presidente ya que, a su juicio, el proyecto despachado por el Congreso es “irracional y absurdo”. “La derecha logró instalar una serie de conceptos que no son reales (…) voy a votar a favor del veto presidencial porque el presidente Boric ha hecho lo correcto y lo que corresponde”, manifestó.
La disconformidad con el proyecto de ley también se hizo sentir desde la DC. El senador Francisco Huenchumilla criticó la uniformidad de esta ley, planteando que la figura de la usurpación no tiene las mismas características a lo largo del país y que se debe responder a ella atendiendo a sus particularidades.
“Los problemas que derivan del déficit habitacional en las grandes ciudades del país, los problemas que se derivan de la situación migratoria, con la situación que se vive en la región de la Araucanía, no son lo mismo”, puntualizó.
En tanto, desde la oposición, el senador Francisco Chahuán (RN) defendió la polémica “legítima defensa privilegiada”, considerando que esta “es perfectamente factible”. Y, en su intervención, adelantó que de aprobarse el veto su sector presentará un proyecto para que la usurpación no violenta pueda ser castigada con penas de privación de libertad.
Desde el Partido Republicano, la senadora Carmen Gloria Aravena manifestó que el gobierno ha hecho un esfuerzo y que si bien no ha sido fácil llegar a acuerdos, hay materias del veto que mejoran la ley . “No es ser positiva, es ser objetiva, estamos mucho mejor de lo que estábamos al inicio de este proyecto”, afirmó.
Al contrario, la senadora Luz Ebensperger (UDI) calificó este veto como “mañoso y rebuscado” ante una ley que, a su parecer, responde a las necesidades de la ciudadanía y que ataca directamente el problema.
“El gobierno confunde la grave crisis de seguridad con la grave crisis habitacional, y el gobierno no puede pretender resolver la crisis habitacional permitiendo las usurpaciones”, expresó.
El senador Juan Antonio Coloma, compañero de bancada de Ebensperger, se sumó a las críticas al veto con un llamado al Ejecutivo a confiar en el Congreso: “Lo vimos con la ley Naín Retamal (…) o la ley del robo de madera, que ahora se valora como un gran avance en la Araucanía, pero que fue por años desvirtuada por el gobierno”.
Detalle de votación
Con 18 votos a favor y 16 en contra, se aprobó el veto para suprimir la legítima defensa privilegiada. Además, el veto para incorporar que «si la usurpación se realiza sin violencia o intimidación en las personas, pero causando daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado medio si causa daño cuyo importe sea de 40 UTM; presidio menor en su grado mínimo a medio si excede de 4 UTM y no pasa de 40; y presidio menor en su grado mínimo si causa daños menores a 4 UTM ni baje de 1 UTM».
Tras esta votación, el veto fue remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados para pronunciarse respecto a las observaciones, a la vuelta de la semana distrital. Su trámite comenzará en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, en donde será tratado con prioridad, a partir del lunes 6 de noviembre.
