Se admiten querellas por presunta malversación de recursos públicos en impresión de ejemplares de la propuesta constitucional 

La campaña “Chile vota informado” es puesta bajo la lupa del Ministerio Público tras acogerse dos causas por un supuesto mal uso de recursos públicos para imprimir ejemplares del texto constitucional, una presentada por el diputado Juan Irarrázaval (PR) y otra por el abogado Marcelo Brunet (RN). El ministro Giorgio Jackson se refirió a las querellas como un “show triste” con fines electorales.

 

*Por Constanza Valle

Martes 16 de agosto de 2022

 

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió dos querellas por la impresión de ejemplares de la propuesta constitucional. La primera fue presentada por el diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval, que fue acogida la semana pasada por el tribunal, y la segunda corresponde a la ingresada por el abogado RN Marcelo Brunet, la que fue admitida este martes. 

 

Desde las inmediaciones del Congreso Nacional en Valparaíso, el diputado Irarrázaval comentó que se enteró mediante redes sociales de las eventuales irregularidades en las que habría incurrido el Gobierno en lo relativo a las compras de ejemplares de la nueva propuesta. “Investigando, nos hemos dado cuenta de que esta se hizo de manera irregular y, a nuestro juicio, aquí se configuran los elementos para el delito de malversación de fondos públicos, porque se gastó un dinero en la impresión de estos libros, que por ley estaba prohibida”, señaló. 

 

De acuerdo con la acción presentada por el parlamentario, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, encabezado por el ministro Giorgio Jackson, dio la orden de imprimir más de 700 mil ejemplares de la propuesta constitucional por montos que superan los $400 millones de pesos el pasado 21 de julio, fecha en que la Convención ya había sido disuelta.

 

Entre los antecedentes recopilados, Irarrázaval especifica que “se hizo en una cuenta o en un ítem contable de la Convención que ya había caducado”. En esta misma línea, aseguró que “se hizo, además, con una urgencia que no era tal, porque el plazo de la Convención  todo el mundo lo sabía, era de público conocimiento y además se hizo también a un proveedor de manera directa, sin ninguna licitación de por medio”.

 

Diputado Juan Irarrázaval. Crédito fotografía: Partido Republicano

 

Sumada a la querella presentada por el diputado Irarrázaval, este martes también se admitió la presentada por el abogado Marcelo Brunet (RN) por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que está sustentada en los mismos antecedentes presentados por el parlamentario republicano.

 

Esta jornada, el Ministro de la Secretaría General de la República, Giorgio Jackson, se refirió a las acusaciones: “No sólo nos parece que es un show triste en términos políticos, sino que constituye evidentemente una instrumentalización tanto de tribunales de justicia, como también del Ministerio Público con evidentes fines electorales”. 

 

Asimismo, el Ministro Segpres añadió que “quiero recalcar en la irresponsabilidad que esto significa en momentos donde tanto tribunales como la Fiscalía se ven todos los días sobrepasados, haciendo mucho trabajo para poder perseguir al delito y en este contexto que un parlamentario acuda a estas circunstancias a sabiendas de que aquí no hay ningún hecho que haya faltado a la legalidad”.   

 

Como titular de la Segpres, el ministro Jackson sostiene que “vamos a presentar toda la colaboración a la causa con el fin de que se esclarezca lo antes posible y quede de manifiesto que esto sea un show triste con fines electorales evidentes”

 

Para concluir su opinión respecto a las eventuales investigaciones que recaerán sobre la cartera, Jackson declaró que “creo que en este caso, además de ignorancia, puede haber mala fe al momento de leer lo que significa no sólo la ley de presupuesto, sino el que nosotros tengamos que ejecutar un gasto, que en este caso es el que mandató la Convención Constitucional”. 

 

“Esto es algo que nosotros también le hemos indicado y respondido a la Contraloría con todos y cada uno de los aspectos que significaron esta compra, que insistimos, se solicitó por parte de la mesa de la Convención los últimos días de junio, que se mandó a imprimir durante julio, que se tuvo tres alternativas de las cuales se escogió la de menor costo y que se ha estado distribuyendo a toda la población sin ningún tipo de discriminación”, cerró el jefe de cartera de la Segpres.

 

Para hacer frente a la denuncia inicialmente presentada por Brunet, desde la Segpres emitieron el pasado 28 de julio un comunicado de prensa donde se explica punto por punto y al detalle el procedimiento para gestionar la impresión y distribución de la propuesta de Nueva Constitución mandatado por la mesa directiva de la Convención. A su vez, en el documento, se transparentan los detalles y condiciones con la empresa que se adjudicó la licitación.

 

 

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