Por: Ana Paula Viñales Mulet- Fundación Templanza
La sensibilización social ante las violencias de género propicia una comprensión conceptual que favorece la identificación de sus distintas manifestaciones, destapándose con mayor nitidez crueldades históricamente normalizadas como la violencia económica o silenciadas, como la violencia vicaria y el abuso sexual. De esta forma, los movimientos feministas y organizaciones de la sociedad civil que abogan por los derechos humanos, continúan una larga batalla por desprivatizar el sufrimiento acallado en el espacio doméstico y las violencias adquieren hoy mayor potencia en su ineludible dimensión política.
Alentadas por la percepción de un creciente respaldo social, muchas mujeres y madres alzan la voz en busca de justicia y protección. En este escenario, operadores del aparato jurídico advierten un aumento en la judicialización de conflictos y violencias en el ámbito familiar, impresionando el incremento de denuncias por abuso sexual infantil, interpuestas por madres contra el padre de sus hijos.
La visibilización de las violencias permite ampliar progresivamente el marco legal. En 2025 se promulgó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que, entre otros avances, conceptualiza la violencia vicaria. Por su parte, en 2019, la Ley de Imprescriptibilidad reconoció la complejidad del trauma al considerar que el tiempo que puede tomar romper el silencio tras sufrir abuso sexual durante la infancia no responde necesariamente a una lógica cronológica o procesal. Estos avances también favorecen los ejercicios de memoria biográfica, que permiten revisar y nombrar vivencias abusivas, fortaleciendo la capacidad de las familias para responder ante señales de alerta o relatos de abuso sexual en la infancia.
Resulta evidente, por tanto, que, ante estos avances, aquello que permanecía bajo el secreto y el tabú comienza a emerger lentamente de la penumbra. Tanto niños como adultos perciben mayores garantías de legitimidad para expresar sus experiencias, mientras que la denuncia gana terreno en el imaginario social.
Ahora bien, las voces de las mujeres en espacios de poder, han sido históricamente oídas como ruido molesto, queja y reclamo de origen afectivo e irracional. Son voces inaudibles que desestabilizan un entramado de códigos masculinos (Segato, 2009).
La sospecha inicial se agudiza en el proceso cuando se trata de una doble transgresión, los mandatos de lo femenino y lo materno. La firme convicción del deseo de proteger, se traduce muchas veces en un despliegue activo dentro del sistema, subvirtiendo la noción de una madre dócil, devastada por el dolor de lo que acusa, quebrantada y carente de autonomía, dispuesta solo a obedecer. Comienza así un peregrinaje tortuoso dentro de un dispositivo compuesto por el sistema jurídico y proteccional. En este último, suele cobrar relevancia como sesgo inconsciente, el trípode ontológico de la representación materna, virgen, tierna y feliz (Bardelli, 2022), operando una métrica implícita de los imperativos de una buena madre, que rigen la vigilancia institucional.
No cabe ninguna duda de que una falsa denuncia merecería sanción, el problema radica en que, como es sabido, los delitos de abuso sexual suelen carecer de la carga probatoria estandar en violencia sexual, mientras suben las denuncias por situaciones abusivas que desafían las nociones preestablecidas sobre determinado tipo de víctima y testigo pero por sobre todo, determinado contexto y acusado.
De esta forma, si bien el proyecto de ley en cuestión enfatiza que no pretende penalizar la acusación de un delito no acreditado, sostiene que persigue la mentira maliciosa de cuidadoras/es que harían uso táctico de la jurisdicción, vale decir, utilizarían esta denuncia como estrategia de ataque dentro de conflicto entre ambos padres.
En efecto, el proyecto plantea como objetivo evitar la instrumentalización de la infancia en medio de litigios familiares y por tanto, busca castigar la mentira calculada. El enorme problema es que la falsedad deliberada guardaría directa relación con el contexto judicial, promoviendo que hoy el grueso de las denuncias por abuso sexual de un padre contra un hijo/o u otras crueldades hacia la infancia en el ámbito privado, corran alto peligro de encajar cómodamente en la categoría de la mala fe.
Las denuncias por violencia infantil que se suscitan en este marco, estarían ingresando al sistema como un asunto de disputa parental.
Se trataría de una institucionalización gradual de la sospecha que sería consolidada con un cambio de paradigma procesal, desplazando la gravedad de la experiencia abusiva que habría padecido un niño/a, a un asunto de conflicto conyugal y desde ahí, una inversión siniestra de lugares que mientras construye la figura de la madre maliciosa, erige como víctima un eventual perpetrador.
El alza de denuncias conlleva un problema no solo para el curso del sistema judicial que se ve forzado a dar el ancho frente a las demandas sociales, sino que también tensiona un orden social que relegaba el abuso incestuoso a las clases populares como parte de una supuesta inherente decadencia ética propia de la pobreza (Montecino, 1991). Con esto, el sesgo histórico sobre el perfil de quien puede incurrir en estas aberraciones, disiente del perfil sociodemográfico de los “nuevos” implicados. Existe entonces un cambio cultural que nos acorrala a la realidad de un fenómeno político vigente y presente en cualquier estrato social, haciendo tambalear una inmunidad corporativa que funciona de blindaje para quienes gozan de impunidad.
Como señala Segato (2013) el poder soberano se afirma sembrando el terror. Con una ley como está, el miedo al denunciado y a la revictimización, se extiende al terror hacia el Estado, consagrando un desamparo estructural.
La importancia de revisar el origen de iniciativas de ley sobre denuncias falsas en esta materia, es crucial para comprender los efectos devastadores que podría conllevar en el marco de un escenario social en el que se hace prioritario proteger a denunciantes, víctimas y testigos. El aumento de denuncias de madres contra el padre de sus hijos obliga al Estado a no quedar atrás y hacerse cargo de comprender el fenómeno, acoger, investigar y estar a la altura de la transformación social que apunta a disminuir la cifra negra de violencias históricamente silenciadas.
Lo paradójico es que al correrse los cercos de lo impensable, el horror nos empuja a buscar refugio en discursos negacionistas que funcionan como salvavidas, en tanto autorizan a seguir velando realidades monstruosas. Ya sabe Chile de eso.
