Hacia una Constitución de Derechos

*Por convencional Damaris Abarca

 

La riqueza de este proceso constitucional reside en la diversidad de quienes componen el órgano redactor. Estas experiencias han derivado en un proyecto de país que se contrapone a lo que hemos vivido hasta el momento. Para el Plebiscito de septiembre, Chile elegirá entre una carta magna que deje todo igual y una Nueva Constitución que garantice nuestros derechos.

 

Cuando era niña desarrollé una afición que determinaría gran parte de mi vida: el ajedrez. Comencé simplemente jugándolo, revisando revistas sobre el tema junto a mi hermano, aprendiendo de manera autónoma distintas estrategias y jugadas que fueron perfeccionando mi técnica y que me acercaron a competencias. Primero comunales, luego regionales, nacionales e internacionales. A medida que el desafío se hacía más grande, también lo hacían las barreras.

 

Tuve la fortuna de que, junto a mi familia, siempre encontrábamos una solución. Con rifas y bingos fuimos creando formas de financiar los pasajes y viajes que implicaban representar al país a nivel internacional. Aún así, hubo momentos donde nos quedamos abajo del avión. Poco a poco, saliendo de mi mirada de niña, me fui dando cuenta de que muchas veces mi familia, como la gran mayoría de las familias, debía elegir. Las opciones, tan simples como complejas, dan cuenta de lo que es el día a día para miles de chilenas y chilenos.

 

La naturaleza de este sistema fue impactando de a poco en mi forma de entender el mundo. Era costear la salud o viajar a un campeonato. Era estudiar y endeudarse con la universidad o verse sometida a la precarización laboral. Era migrar a una ciudad más grande en busca de oportunidades o quedarse en la comuna donde crecí. Era elegir permanentemente qué sacrificar. 

 

Entre todas esas oposiciones más de una vez nos movilizamos en búsqueda de una solución. Lo hicimos el 2006 en el liceo y el 2011 en las universidades en busca de algo claro: educación de calidad y que estudiar no fuese ponerse la soga al cuello con una deuda que nos acompañaría toda la vida. Los portazos de las autoridades fueron varios y siempre iban acompañados de una palabra que jamás olvidaré: inconstitucional. Lo que buscábamos era inconstitucional. 

 

Llegó el 18 de octubre del 2019 y confirmé que no estaba sola en estas dicotomías. Que no era la única cansada. Que las demandas por la educación de calidad, por el acceso a la salud o por una vejez digna eran transversales. Del mismo modo, nos dimos cuenta de que la piedra de tope era esa misma que golpeó a mi generación cuando planteamos hacer las cosas distinto. En este país hacer las cosas de una manera distinta era inconstitucional. 

 

Vino el acuerdo del 15 de noviembre y posteriormente el Plebiscito, donde un 78% de la población aprobó dejar atrás la Constitución de Pinochet. Esa misma que le puso techo a los sueños de la gente. La misma gente eligió que quienes escribiéramos esta nueva Carta Magna fuéramos ciudadanos comunes y corrientes. Se conformó esta Convención Constitucional, diversa en su composición y que ha expresado diferentes experiencias de vida. Sin embargo, hay un elemento que me parece común y es que identificamos la necesidad de generar una Constitución que garantice los derechos a la gente.

 

Abrimos este proceso constitucional con un mandato claro, que se ha expresado en las calles y en los cabildos. Hemos buscado fórmulas para aportar al desarrollo de nuestra sociedad de manera equitativa, con principios claros y garantizando que nadie se enriquezca a costa de los sueños ni de las necesidades de otros. Buscamos establecer derechos que se hagan cargo de la crisis social y política que se asentó en el país, como consecuencia de la contumacia de autoridades que creían que las comunidades seguirán aguantando el abandono. 

 

Estamos enfrentando las instancias finales de la Convención Constitucional y lo hacemos a través de la discusión de derechos sociales. Hemos establecido un catálogo que garantice la vivienda, la educación, la salud y la seguridad social, pero también el derecho al trabajo decente, al deporte y al cuidado. Hago hincapié en estos últimos, porque si bien su ejercicio no ha sido prohibido, están en la nebulosa de la falta de garantías para su pleno cumplimiento, lo que ha dificultado que se desarrollen en la población. 

 

De cara al Plebiscito de Salida, donde las personas definirán qué Constitución regirá nuestra política pública durante los próximos años, cabe hacer la diferenciación entre lo que existe y lo que proponemos. La dicotomía entre una Constitución escrita en dictadura y una democracia queda corta para explicar por qué es importante este proceso. El clivaje aquí es un poco más complejo: la ciudadanía tiene la opción elegir la Constitución actual, que nos deja dónde estamos. Esa misma que ha obligado a las familias a elegir entre pagar para tener una atención expedita en salud o pagar la educación de sus hijos. Una Constitución que dejará todo igual. 

 

La ciudadanía también tiene la opción de elegir este proyecto que hemos encauzado durante estos meses: una Constitución de derechos, que comprende los elementos necesarios para el pleno desarrollo de las personas. Una Carta Fundamental que se hace cargo de la crisis social que levantó la que ya existe. El llamado que quiero hacer es más potente que abanderarse por una causa o la otra, sino que a superar el cerco informativo, conocer el trabajo que hemos realizado. Mi convicción, y estoy segura que la de muchos otros y otras convencionales, es la de garantizar que ninguna necesidad de las personas sea declarada inconstitucional.

 

*Damaris Abarca es convencional del distrito 15, Región de O’Higgins .También es ajedrecista, tetracampeona nacional y presidenta de la Federación de Ajedrez de Chile.

 

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