Su caso expone cómo la desigualdad económica, la condición migratoria y la violencia de género se entrecruzan y profundizan la vulnerabilidad de las mujeres en Chile.
Por: Camila Ferreira Ormeño.
Oshin Santos Santos tenía 30 años, era boliviana y madre de dos hijos de 10 y 13 años. Había llegado a Chile en busca de oportunidades laborales que le permitieran mejorar las condiciones de vida de su familia. Pero esta se vio truncada para siempre el jueves 22 de octubre, mientras buscaba trabajo en la comuna de Melipilla.
Según informó la Fiscalía Metropolitana Oriente, un hombre chileno de iniciales N.D.H.A., se acercó a ella y le ofreció empleo. Esa promesa fue el engaño con el que logró que subiera a su furgoneta.
La violencia no comenzó en el auto
Este dato importa pues Oshin estaba ejerciendo su derecho a buscar sustento en un contexto donde el empleo temporero, informal y mal regulado expone de manera particular a las mujeres migrantes. De esta manera, la oferta de trabajo se convirtió en una trampa porque la necesidad económica reduce márgenes de elección y aumenta la confianza que una persona debe depositar en desconocidos para acceder a un ingreso.
Una vez en movimiento, comenzó a realizar actos de connotación sexual contra ella. Ante la situación de violencia, Oshin intentó ponerse a salvo arrojándose del automóvil en movimiento. La caída le provocó un traumatismo craneal grave. Permaneció hospitalizada hasta el sábado 24 de octubre, cuando se confirmó su fallecimiento en el Hospital de Melipilla.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el conductor huyó del lugar sin prestarle auxilio. Fue detenido y formalizado por abuso sexual y omisión de socorro, quedando en prisión preventiva. Tras la muerte de Oshin, la Fiscalía anunció que solicitaría una nueva audiencia para reformalizarlo por su eventual responsabilidad en el fallecimiento.
No es un hecho aislado
La Pastoral Migrante de Melipilla ha advertido que existen situaciones reiteradas de precariedad e informalidad que afectan a mujeres migrantes en la zona, y que la respuesta no puede limitarse a la conmoción por una muerte: debe incluir información sobre derechos laborales, contratación, canales de denuncia y apoyo institucional.
El caso también interpela al Estado chileno. Exigir justicia por Oshin significa esclarecer completamente los hechos y sancionar al responsable; pero significa además preguntarse qué protecciones efectivas existen para mujeres migrantes que buscan trabajo en la agricultura, qué mecanismos de denuncia accesibles hay y cómo se previene que la oferta laboral siga siendo una puerta de entrada a la violencia
Repatriar también es justicia
Familiares, comunidad boliviana y autoridades diplomáticas han gestionado el traslado de los restos de Oshin al municipio de Chulumani, Bolivia, donde espera su familia y sus dos hijos. El Consulado de Bolivia en Santiago ha pedido esclarecer su muerte y ha activado gestiones para apoyar a la familia.
Que su cuerpo pueda volver a casa no cierra el caso. Es una reparación mínima frente a una muerte que ocurrió mientras Oshin intentaba construir un futuro para los suyos. Su nombre debe quedar asociado no a una “desgracia”, sino a una exigencia concreta: justicia por Oshin Santos y protección real para las mujeres migrantes, temporeras y trabajadoras que, como ella, solo buscaban trabajar.
