Si cada denuncia de violencia sexual se explica como la conducta de unos pocos, ¿cuándo vamos a discutir las estructuras de poder que permiten que estas situaciones ocurran y las condiciones que pueden favorecer su impunidad?
La denuncia de una violación grupal contra una joven rapanui, que involucra a cuatro exfuncionarios de la Armada y hechos que habrían ocurrido en un recinto naval, nos obliga a plantear esa pregunta. La justicia deberá establecer las responsabilidades penales. Pero como sociedad no podemos limitarnos a esperar una sentencia para examinar cómo se ejerce el poder dentro de una institución del Estado.
La Armada dio de baja a los cuatro imputados e inició una investigación administrativa. Son medidas relevantes, pero no suficientes para cerrar la discusión. Separar a los acusados no responde qué mecanismos de prevención existían, cómo funcionaban los controles ni qué responsabilidades podrían alcanzar a quienes tenían el deber de supervisar.
Hay antecedentes que hacen estas preguntas todavía más urgentes. El abogado de la denunciante, Ciro Colombara, ha señalado que otros funcionarios habrían conocido lo ocurrido, se habrían negado a prestar ayuda y habrían demorado la comunicación de los hechos a la justicia. Son afirmaciones que deberán investigarse, pero que nos obligan a examinar si existieron omisiones o conductas de encubrimiento más allá de los cuatro imputados.
A ello se suma otra controversia: pese a haber sido dados de baja, los acusados cumplen prisión preventiva en un recinto de la Armada. Esta situación ha abierto una discusión jurídica sobre las normas que permiten ese régimen diferenciado. Debemos preguntarnos por qué una persona imputada por un delito común puede acceder a condiciones de reclusión distintas por su vínculo con una institución militar. Si defendemos la igualdad ante la ley, también debemos estar dispuestos a revisar los privilegios que nuestro propio ordenamiento jurídico mantiene.
Aquí aparece el problema de fondo. La responsabilidad penal es individual, pero las relaciones de poder nunca operan en el vacío. En instituciones organizadas alrededor de la jerarquía, la disciplina y la lealtad, necesitamos preguntarnos qué ocurre cuando esas relaciones pueden transformarse en obstáculos para denunciar, pedir ayuda o exigir responsabilidades.
Tampoco podemos ignorar la dimensión territorial. La comunidad rapanui ha salido a manifestarse y exigir respuestas. No hablamos solamente de la distancia geográfica respecto del continente, sino de una relación histórica compleja entre el Estado chileno, la Armada y el pueblo rapanui. Debemos reconocer que esa historia importa para comprender por qué una denuncia de esta gravedad puede profundizar desconfianzas que no comenzaron hoy.
Nos preocupa que estemos retrocediendo en algo que las luchas feministas consiguieron instalar con enorme esfuerzo: reconocer que la violencia sexual también tiene una dimensión política. Importa quién ejerce autoridad, quién controla la información, quién tiene acceso a protección y quién debe enfrentarse a una estructura de poder para conseguir justicia.
La normalización de la violencia no requiere que alguien la justifique abiertamente. También ocurre cuando aceptamos explicaciones individuales para problemas que exigen respuestas institucionales, cuando dejamos de preguntar después de las primeras sanciones o cuando tratamos el feminismo como una discusión secundaria.
No basta con que condenemos la violencia sexual. Necesitamos instituciones capaces de prevenirla, mecanismos de denuncia independientes de la cadena de mando, protección efectiva frente a represalias y rendición de cuentas sobre las eventuales fallas de supervisión. No podemos permitir que el prestigio institucional se anteponga a los derechos de las personas.
Debemos desarrollar esta discusión respetando la privacidad y dignidad de la joven, sin convertirla en símbolo ni atribuirle la responsabilidad de transformar una institución. Esa tarea nos corresponde colectivamente, como sociedad y especialmente a quienes ejercemos responsabilidades públicas.
Porque cuando aceptamos que la respuesta termine en dar de baja a unos cuantos, pero dejamos intactas las preguntas sobre las jerarquías, los controles y los privilegios, permitimos que el sistema evite rendir cuentas. Y mientras sigamos tolerando que las instituciones cierren la discusión sin examinar su propio poder, serán las mujeres quienes continúen enfrentando las consecuencias.
