Más de mil personas integraron grupos de Telegram donde se difunden, sin su consentimiento, imágenes privadas de mujeres de Temuco y Padre Las Casas. Las afectadas denunciaron que, en algunos casos, la Policía de Investigaciones (PDI) no les tomó la denuncia y que, finalmente, tuvieron que hacer público el caso para ser escuchadas.
Por: Camila Ferreira Ormeño
Todo comenzó con mensajes de hombres desconocidos. Desde julio, una joven de Temuco-que prefiere mantener su identidad anónima- recibía mensajes anónimos que le preguntaban si hacía “encuentros” o si ofrecía servicios sexuales. No sabía por qué. Se lo contó a una amiga un martes y comenzaron a responder a algunos de esos perfiles para dar con mayor información sobre la razón de estas solicitudes. Uno contestó y les habló de los grupos.
“Lo que hacían era enviar el perfil (Tinder, Facebook, Instagram, etc.) de alguna de las chicas y preguntar información sobre ellas: si alguno tenía contenido explícito o había estado sexualmente con alguna de ellas”, relata una de las denunciantes, que pidió mantener su identidad en reserva. “Había muchísimos videos y fotos, pero no todas tenían el nombre”, añadió. Por esa razón, no pudieron contactar a todas las posibles afectadas.
El grupo se llamaba Temuco-Padre Las Casas. Aquello ya marcaba el territorio: eran mujeres de dos comunas vecinas cuyos perfiles personales circulaban entre los integrantes. Según la entrevistada, una de las afectadas decidió hacer pública la situación en redes sociales. A partir de esa denuncia, otras mujeres se sumaron y comenzaron a reunir antecedentes para acudir a las autoridades. “Me impresionó bastante que los miembros del grupo se sentían muy seguros. De hecho, cuando la funa empezó a difundirse, ellos siguieron enviando material a través de uno de los grupos. Les dio lo mismo, porque era por Telegram”, afirmó.
“Nos dijeron que simplemente no se podía hacer nada”
La entrevistada aseguró que, cuando acudieron por primera vez a la Policía de Investigaciones de Temuco, el miércoles 21 de octubre a las 10:30, no recibieron la orientación que esperaban. “La mujer que nos atendió nos dijo que simplemente no se podía hacer nada. Que si no había denuncias anteriores, no se podía hacer nada”, recordó.
Según señaló la abogada de ABOFEM y representante de las víctimas, Claudia Valdés, una vez que el casó tomó notoriedad gracias a las redes sociales, las denunciantes recién fueron bien recibidas en la PDI. “Se acercaron a una institución que las debe proteger y orientar. Tanto la PDI y los Carabineros de Chile están obligados a tomar denuncias, ese es su rol”, explicó Valdés, añadiendo que la dirección exclusiva de la investigación de hechos constitutivos de delito corresponde al Ministerio Público.
La situación descrita por las afectadas plantea interrogantes sobre el cumplimiento de estos procedimientos y las barreras que pueden enfrentar las mujeres al denunciar violencia digital. Así, la profesional advirtió que una atención inadecuada puede tener consecuencias más amplias, especialmente para quienes desconocen sus derechos o no cuentan con acompañamiento jurídico. “La gente que no sabe esto, se va y no denuncia”, afirmó.
La profesional confirmó, además, que el 27 de octubre ingresó una querella ante la justicia como defensora de las jóvenes afectadas.
La respuesta de las instituciones
El 25 de octubre, la Fiscalía Regional de La Araucanía informó, a través de un comunicado público, que inició una investigación de oficio por la difusión no consentida de imágenes íntimas de mujeres a través de grupos de Telegram. Sin embargo, la abogada de las víctimas cuestionó esa versión y afirmó que existían denuncias anteriores presentadas por las afectadas los días 20 y 22 de octubre, con las que se habría iniciado realmente la investigación. También cuestionó del documento que las denuncias posteriores fueran presentadas como antecedentes acumulados a una investigación iniciada por iniciativa del Ministerio Público.
Los cuestionamientos sobre la respuesta institucional también llegaron a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados. Durante su intervención, el diputado por La Araucanía José Montalva (PPD) abordó los datos relativos a la atención que habrían recibido las denunciantes. “Hay un antecedente especialmente grave, que dice relación con que, según se informó en la prensa, las propias víctimas habrían denunciado los hechos y acusaron que no hubo respuesta institucional inicial”, señaló.
Por lo mismo, solicitó oficiar al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al Ministerio Público, a la PDI y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad. La solicitud busca obtener antecedentes sobre la actuación institucional y los mecanismos disponibles para abordar hechos de violencia digital como los denunciados.
Johanna Ramos Quintreleo, directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de La Araucanía, declaró a La Neta que esperan que “la investigación se desarrolle con perspectiva de género y la debida diligencia, para que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades correspondientes y las víctimas puedan acceder a la justicia”.
Por lo mismo, reiteraron el llamado a denunciar situaciones de violencia de género a través del 133 de Carabineros y el 134 de la Policía de Investigaciones. Además, si eres víctima o testigo, puedes recibir orientación gratuita y confidencial a través del fono SernamEG Te Orienta 1455, o al WhatsApp +569 97007000 de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 08:00 a 00:00 horas.
El delito y sus consecuencias
La difusión no consentida de imágenes íntimas de connotación sexual está sancionada por el artículo 161-D del Código Penal, incorporado mediante la Ley 21.675, conocida como Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. La disposición castiga la exhibición no autorizada de registros íntimos de carácter sexual, independientemente de cómo hayan sido obtenidos, y establece penas diferentes cuando existe envío, difusión o publicación de ese contenido. Esto significa que haber recibido una fotografía de manera voluntaria, o haber tenido acceso previo a ella, no autoriza a compartirla con otras personas.
La legislación también reconoce la violencia de género ejercida a través de medios tecnológicos y contempla medidas para fortalecer la prevención, protección y acceso a la justicia de las mujeres. Valdés también planteó la necesidad de investigar si existió coordinación entre los involucrados y si participaron en delitos relacionados con material sexual que afecta a niñas o adolescentes, pues, de confirmarse, constituyen agravantes.
Aunque los primeros antecedentes se concentraron en Temuco y Padre Las Casas, la abogada de Abofem sostuvo que ha recibido información de mujeres de otras ciudades que denuncian situaciones similares, específicamente de Talca y Osorno. En esta última, la investigación se inició en julio de 2026. Por lo tanto, la problemática tendría un mayor alcance territorial.
La circulación de imágenes íntimas sin consentimiento no solo vulnera la privacidad de las mujeres. También puede exponerlas a situaciones de acoso, hostigamiento, amenazas y nuevas formas de violencia. Por eso, el problema no termina necesariamente cuando una fotografía es eliminada o un grupo deja de estar disponible: la posibilidad de que el contenido haya sido descargado y redistribuido plantea desafíos adicionales para las investigaciones y la protección de las afectadas.
Para Ligia Gallardo, psicóloga y terapeuta de de Casa Mundanas, existen notorias repercusiones psicosociales para una comunidad entera. Esto pues “se amplifica el daño por la audiencia a la cual llega este contenido, la circulación y difusión y, por sobre todo, el anonimato de quien ejerce la violencia. Por lo tanto, no hay sólo un agresor, sino toda una amplificación del mismo en quienes ejercen, guardan complicidad o no actúan frente a este tipo de hechos”, aseguró, añadiendo además que en la víctimas de casos de difusión de imágenes, “es posible ver un impacto en el estrés sostenido, ansiedad, aislamiento, vergüenza y autoculpabilización, inseguridad, abandono de sus espacios educativos o laborales, sintomatología postraumática, daño en sus vínculos, desconfianza, daño en la relación con su propio cuerpo e incluso conductas suicidas, las cuales pueden ser agravadas si el entorno no problematiza ni valida este dolor psíquico en las mujeres”.
Según afirmaron las jóvenes que comenzaron a investigar la existencia de estos grupos, el objetivo no se limita a exponer públicamente lo que estaba ocurriendo. Buscan advertir a otras afectadas, evitar nuevas difusiones y conseguir que los hechos sean investigados.
¿Dónde denunciar si eres víctima en este caso?
Para aportar antecedentes sobre los grupos de Telegram de Temuco y Padre Las Casas, puedes solicitar orientación jurídica a la abogada vinculada a las afectadas, Claudia Valdés, mediante el correo advocati.temuco@gmail.com
