Una estudiante universitaria estadounidense acusa a siete estudiantes de haberla drogado y agredido sexualmente en 2024. Dos años después, una demanda civil vuelve a poner el caso en el centro de la atención y lleva al fiscal del condado a reabrir la investigación. El caso ha generado un fuerte revuelo en redes sociales, reabriendo el debate sobre las respuestas institucionales ante situaciones de violencia hacia la mujer y la revictimización hacia quienes denuncian.
Por: Jane Vignancour
En octubre de 2024, una joven estudiante de la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, acusa a siete estudiantes de haberla drogado y agredido sexualmente durante varias horas en una casa de fraternidad. Identificada como Jane Doe, para preservar su anonimato, afirma haber sido víctima de los siete hombres después de una fiesta en la que había consumido alcohol.
En una demanda civil de 101 páginas presentada el 16 de septiembre de 2026, Jane relata lo ocurrido esa noche. Cuenta que se reunió con un amigo en la residencia de la fraternidad Chi Phi después de una noche de mucho alcohol. Varios miembros la habrían obligado después a consumir ketamina, ron y cannabis antes de agredirla sexualmente. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando ella se encontraba inconsciente, según la demanda, uno de los miembros habría enviado un mensaje al grupo de chat de la fraternidad, que entonces contaba con 57 miembros, incitando a otros miembros a acudir a agredirla. Ninguno de los jóvenes que recibieron el mensaje alertó la situación
El 8 de noviembre de 2024, Doe denuncia los hechos ante la policía de la universidad. Cornell suspende entonces a la fraternidad Chi Phi y a los estudiantes implicados. En enero de 2025, la universidad abre un procedimiento bajo el Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en las instituciones que reciben financiación federal. Se realizan doce audiencias, pero el procedimiento no termina con las sanciones que esperaba la denunciante.
Cornell afirma haber tomado medidas disciplinarias, incluidas expulsiones y suspensiones. Sin embargo, la demanda civil sostiene que varios de los estudiantes acusados solo habrían recibido sanciones limitadas, entre ellas la redacción de un ensayo.
En el ámbito penal, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, había concluido en 2024 que las pruebas eran insuficientes para procesar a los estudiantes. Desde la presentación de la demanda civil, sin embargo, afirma que no tuvo acceso a algunos elementos del expediente, entre ellos una parte de la declaración de Jane Doe obtenida y difundida por CBS News, en la que decía estar «100% segura» de haber sido atacada sexualmente
El 28 de septiembre, finalmente decide reabrir la investigación. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, nombra entonces a la fiscal general Letitia James como fiscal especial para supervisar la investigación. La decisión llega después de que, según Hochul, “nueva información planteara serias dudas sobre cómo se había manejado el caso”
La reacción y el apoyo hacia Jane Doe
Si el caso provoca tanta indignación es también porque pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las víctimas de violencia sexual cuando denuncian una agresión.
En Estados Unidos, el periodo entre septiembre y octubre suele conocerse como «red zone«, una época en la que las agresiones sexuales son especialmente frecuentes en los campus universitarios. Según algunas estimaciones, casi una de cada cuatro estudiantes sufre violencia sexual durante sus estudios superiores. En Cornell, una encuesta había revelado que el 35 % de las encuestadas había sufrido «contactos sexuales no consentidos con violencia física, amenazas o tras haber sido dejada fuera de combate».
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la forma en que las universidades gestionan las agresiones sexuales, especialmente ante la diferencia entre las sanciones anunciadas por Cornell y las descritas en la demanda.
En las redes sociales, los siete estudiantes acusados, conocidos como los «los siete de Cornell», se han convertido en los rostros del caso. Sus nombres y fotografías circulan en internet. En TikTok, los 57 nombres de los miembros del grupo de chat aparecen repetidamente en los comentarios.
Además, después de que el influencer Michael Tracey amenazara con revelar su identidad, el hashtag #IAmJaneDoe se difundió para mostrarle apoyo y recordar la importancia de preservar su anonimato.
Entrevistada por The Guardian, Lisa Wade, profesora de la Universidad de Tulane, considera que el caso revela, entre otras cosas, un fracaso del movimiento #MeToo, ya que las víctimas de agresiones sexuales se enfrentan rápidamente a la culpabilización.
