En el cierre de temporada de La Informante presentamos este balance feminista de 2025, analizando junto a Corporación Humanas los hitos legislativos y las estrategias ante el escenario político que proyecta el 2026.
¡Llegamos al último! En este episodio de La Informante realizamos una profunda reflexión sobre el estado de la democracia y los derechos de las mujeres en Chile. En una conversación guiada por la periodista Luna Grado, Paula Salvo y Jennifer Alfaro de Corporación Humanas analizaron un ciclo de contrastes donde, si bien no abundaron nuevos hitos normativos, se logró asentar la implementación de leyes fundamentales como la Ley Integral contra la Violencia.
La consolidación de estos avances permite que las leyes no se queden en el papel, sino que se traduzcan en cambios tangibles en la vida cotidiana y en el acceso a la justicia de las mujeres y niñas.
El derecho al cuidado y el aborto legal en el balance feminista 2025
Durante este balance feminista, las invitadas destacaron que el 2025 permitió abrir formalmente el debate sobre el aborto legal hasta las 14 semanas en el Congreso. Ante este escenario, las organizaciones de derechos humanos han trabajado por instalar una narrativa que desplace la discusión de «debate valórico o moral» para situarla en el terreno de la salud pública, la autonomía y la profundización democrática, marcando una distancia clara frente a los sectores que se oponen a estos derechos.
Al mismo tiempo, se subrayó la relevancia de la discusión del Sistema Nacional de Cuidados y su reconocimiento como un derecho humano autónomo. Esta demanda busca visibilizar cómo el trabajo de cuidados sostiene la economía del país, exigiendo que el Estado asuma una responsabilidad activa para evitar que esta carga siga recayendo de forma solitaria e invisibilizada sobre las mujeres.
El desafío de la paridad y la representación política
Uno de los puntos críticos abordados fue el estancamiento de la participación política de las mujeres en los órganos de representación popular.
A pesar de hitos simbólicos, como la llegada de la primera mujer a la presidencia de la Corte Suprema, las cifras muestran que la presencia femenina en el Congreso y otros órganos sigue estancada en torno al 32%, evidenciando que el camino hacia la igualdad de poder aún enfrenta brechas persistentes.
Para las especialistas, la paridad enfrenta una fuerte barrera cultural porque implica una redistribución real del poder. La falta de prioridad para avanzar en leyes de representación igualitaria demuestra que todavía existen resistencias para integrar de manera plena la visión de la mitad de la población en las decisiones estratégicas que definen el rumbo de la sociedad.
Evidencia contra la violencia de género
Respecto a la violencia de género, el análisis se centró en la necesidad urgente de contar con evidencia sólida y sistemas de información transparentes. Corporación Humanas enfatizó que la nueva legislación debe traducirse en un sistema de datos integrado para 2026, lo que permitiría pasar de una respuesta estatal reactiva a una estrategia de prevención efectiva y territorial.
Las cifras compartidas en el episodio resultan preocupantes, con más de 134.000 denuncias de violencia intrafamiliar registradas en 2024. Además, el reporte de femicidios consumados y frustrados subraya la urgencia de no naturalizar estas agresiones y mantener la seguridad de las mujeres como una prioridad absoluta en la agenda pública nacional.
Proyecciones y estrategias para el horizonte abierto de 2026
Hacia el futuro, el panorama para 2026 se vislumbra complejo ante la configuración de un nuevo escenario político con la instalación de la ultraderecha en el gobierno. Sin embargo, Paula Salvo fue enfática en señalar que, aunque el contexto sea adverso y cambie el ritmo de los avances, el horizonte de igualdad sustantiva para las mujeres permanece intacto como un objetivo irrenunciable.
La estrategia para los próximos meses se enfocará en una vigilancia institucional estricta y el fortalecimiento de alianzas con otros movimientos sociales. El objetivo final es defender un piso mínimo democrático donde la autonomía, la seguridad y el derecho a decidir de las mujeres sean considerados elementos centrales para la construcción de una sociedad más justa y participativa.
