Explotación sexual de adolescentes en residencias en Chile: un sistema de protección que falla

Pese a las medidas anunciadas por el Gobierno, la explotación sexual sigue afectando a adolescentes que viven en residencias de protección en Chile. Las listas de espera, la falta de dispositivos especializados y las dificultades para garantizar una respuesta oportuna evidencian las falencias de un sistema que debería resguardar sus derechos y protegerlas.

Por: Jane Vignancour

La explotación sexual también ocurre dentro de las residencias de protección

En Chile, las residencias de protección reciben a adolescentes que, en muchos casos, ya han vivido situaciones de violencia o abuso. Sin embargo, estos establecimientos no siempre consiguen mantenerlas a salvo de las redes de explotación sexual. Una investigación de BioBioChile, publicada el 5 de septiembre de 2026, expone cómo algunas de estas redes captan directamente a adolescentes dentro de las residencias o recurren a jóvenes que ya son víctimas de explotación para atraer a otras.

Entre 2021 y abril de 2026, se registraron 1.656 posibles víctimas de explotación sexual en proyectos residenciales. La magnitud del problema también queda reflejada en una nota de la Defensoría de la Niñez, publicada en 2024: entre 2022 y 2023, se identificó a 2.184 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. De ese total, el 86 % eran niñas y adolescentes, mientras que el 64 % tenía entre 14 y 17 años.

Para Claudine Litvak, psicóloga y experta del Comité para la Prevención de la Tortura en Chile, las condiciones de vida en estos establecimientos también dificultan la intervención con las víctimas: «Las niñas no están recibiendo lo que necesitan». La especialista advierte sobre la falta de personal capacitado, las extensas listas de espera y las barreras para acceder a la educación.

Las medidas anunciadas por el Gobierno

Frente a este escenario, el Gobierno anunció el pasado 23 de octubre una serie de iniciativas para reforzar la protección de las víctimas. Entre ellas se encuentra la implementación de circuitos de protección en las regiones del Maule y Magallanes. La propuesta busca fortalecer la coordinación entre los servicios sociales, los centros de salud, los establecimientos educacionales, las policías y el sistema de justicia, con el fin de detectar oportunamente los casos de explotación y garantizar el acompañamiento de las víctimas.

Asimismo, se anunciaron 12 proyectos en 10 regiones, que consideran una inversión anual de 3.591 millones de pesos. En conjunto, contemplan 762 cupos y 273 atenciones especializadas adicionales para responder a las listas de espera. No obstante, esta ampliación de la capacidad de respuesta aún depende de la adjudicación y posterior puesta en marcha de las iniciativas.

Los anuncios se enmarcan en el Marco de Acción contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes para el período 2024-2032, que contempla 20 acciones articuladas entre distintas instituciones del Estado.

Anuncios que todavía no responden a todas las falencias

La urgencia de fortalecer la atención especializada queda de manifiesto en una investigación de CIPER, publicada el 10 de noviembre de 2026. Según el reportaje, los nuevos ingresos a las listas de espera de los Programas Especializados en Explotación Sexual pasaron de 201 en 2022 a 455 en 2025, lo que representa un aumento del 126 %. A fines de ese año, 79 niños, niñas y adolescentes aún esperaban ingresar a uno de estos dispositivos. Entre los casos documentados se encuentra el de una adolescente que debió esperar más de un año para recibir atención especializada. Durante ese período, intentó quitarse la vida.

El reportaje también evidencia que las dificultades no se limitan a los tiempos de espera. Regiones como Ñuble, Atacama y Aysén no cuentan con programas especializados en explotación sexual. Ante esta falta de cobertura, las víctimas pueden ser derivadas a otros dispositivos de atención que no están diseñados específicamente para abordar estas situaciones.

Los circuitos de protección anunciados por el Gobierno buscan precisamente fortalecer la coordinación entre las instituciones que intervienen en estos casos. Sin embargo, hasta ahora su implementación se limita a una experiencia piloto en las regiones del Maule y Magallanes. Los antecedentes documentados por CIPER muestran que, junto con ampliar la capacidad de respuesta, el Estado debe garantizar que las adolescentes accedan oportunamente a programas adecuados y reciban un acompañamiento acorde con sus necesidades. Aunque las iniciativas anunciadas apuntan a enfrentar estas dificultades, aún está pendiente evaluar si serán suficientes para superar las falencias que hoy afectan a las víctimas.