El nuevo dossier de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres advierte que la violencia contra mujeres en Chile sigue siendo una problemática estructural y profundamente impune.
Este martes, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó su Dossier informativo anual, donde se da cuenta de las cifras y el diagnóstico sobre la violencia de género en el país.
El informe, que aborda las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, concluye que aunque se han aprobado leyes relevantes, como la Ley Integral y la Ley Karin, los datos del último año muestran que las agresiones no han disminuido.
Además, desde la Red, señalan que las instituciones del Estado siguen fallando en prevenir, sancionar y reparar estas violencias.
Avances legales no frenan la violencia contra mujeres en Chile
El nuevo dossier 2025 de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ofrece un diagnóstico urgente: la violencia contra mujeres en Chile sigue siendo una realidad cotidiana, extendida y profundamente impune.
El informe registra 50 femicidios durante el año pasado, aunque el Estado solo reconoció 44. Esto sucede porque desde el Ministerio Público han calificado algunos femicidios íntimos familiares como homicidio o parricidio. Desde la Red refuerzan la necesidad de investigar con perspectiva de género los homicidios o suicidios de mujeres.
También se reportaron más de 132 mil casos policiales por violencia intrafamiliar, y al menos 58 agresiones sexuales diarias. Sobre este último punto, la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres (86,3%), y el 95% de los agresores, hombres.
La justicia, en tanto, no llega: apenas un 8,3% de las denuncias por delitos sexuales resultó en una condena.
Violencia económica y precariedad: la otra cara de la desigualdad
Otro de los ejes centrales del dossier es la precarización de la vida de las mujeres. El acceso desigual al empleo, la sobrecarga del trabajo doméstico y el incumplimiento de obligaciones parentales conforman un escenario de violencia económica persistente.
Aunque la participación laboral femenina alcanzó su mayor nivel histórico en Chile, las mujeres siguen principalmente en empleos informales, mal pagados y sin protección social. En la presentación del dossier, la investigadora de Fundación Sol, Catalina Dettoni, señaló que en el tema económico las mujeres “tienen un escenario de profunda desigualdad”.
La desigualdad se refleja también en cifras como estas: el 96% de quienes adeudan pensión de alimentos son hombres. En paralelo, el 51% de las mujeres vive en “pobreza de tiempo”, es decir, jornadas extendidas que combinan empleo remunerado y trabajo doméstico no pago, sin espacio para el descanso ni el autocuidado.
La violencia contra mujeres en Chile también es institucional
El informe muestra cómo las instituciones del Estado siguen reproduciendo la violencia contra mujeres en Chile. Ya sea por omisión o por acción, muchas veces son las propias estructuras judiciales, laborales o educativas las que revictimizan, invisibilizan o excluyen a las mujeres.
Un ejemplo claro es la Ley Karin: de las más de 3.800 denuncias por acoso laboral o sexual registradas en 2024, casi un 70% fueron presentadas por mujeres.
Las mujeres privadas de libertad también enfrentan abandono: muchas denuncian no recibir insumos básicos tras el parto ni acceso garantizado a productos de higiene menstrual.
La educación superior tampoco escapa: aunque las mujeres representan más del 50% de la matrícula, su presencia se reduce en carreras STEM y en los cargos de mayor jerarquía académica.
No son casos aislados: es violencia estructural contra mujeres en Chile
El dossier afirma que las leyes recientes son un paso necesario, pero insuficiente si no vienen acompañadas de transformación cultural, voluntad política y presupuesto real. Mónica Maureira, experta del MESECVI, señaló en el lanzamiento del Dossier que la Ley Integral “nos permite tener una definición robusta de qué es la violencia contra las mujeres” y fija responsabilidades y obligaciones al Estado respecto a la violencia.
Sin embargo, presenta desafíos en la definición de violencia, particularmente en la violencia política y en la simbólica, porque “pasan desapercibidas porque van instalando en la institucionalidad formas eternas de reproducción de violencia”. Esta se instala en plataformas digitales, discursos políticos y públicos, “y eso hace que se banalice y pase como algo inocuo”.
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