Esta semana las y los parlamentarios se abocaron a avanzar en proyectos de ley asociados a seguridad, como respuesta al asesinato de tres Carabineros en Cañete el sábado pasado.
Si bien la semana pasada ya se anunciaba el objetivo de tramitar los proyectos que faltaban del “fast-track” de seguridad en el Congreso, luego del triple homicidio de funcionarios de Carabineros este sábado en Cañete, este proceso se ha acelerado en estos días.
Como respuesta al lamentable hecho, las y los congresistas suspendieron su semana distrital para reunirse a discutir y aprobar los proyectos en materia de seguridad. En particular, se ha continuado la discusión sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en las comisiones unidas de Seguridad y Constitución en la Cámara de Diputados/as.
Se espera que luego de estas largas jornadas de discusión -el día martes los diputados y las diputadas se reunieron hasta cerca de la medianoche- hoy se tramite hasta total despacho para luego ser votado en Sala este viernes.
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Puntos problemáticos
El debate sobre RUF no ha estado exenta de polémicas, partiendo porque la diputada Maite Orsini (RD) se negó a dar unanimidad para discutir el proyecto hasta total despacho. En redes sociales, la diputada planteó que “nuestro llamado es a legislar con celeridad pero también con responsabilidad para entregarle a Chile una buena ley”.
Hay puntos problemáticos del proyecto de ley que preocupan al oficialismo. El primero de ellos es que diputados/as de oposición buscan permitir que la justicia militar juzgue a los militares en vez de los tribunales ordinarios, aun cuando se involucren en delitos contra civiles. Como ya explicamos en esta nota, esta indicación va en contra de la ley y de las recomendaciones de organismos internacionales en derechos humanos.
Hay dos indicaciones que van en esa línea, una fue presentada entre Chile Vamos, Amarillos y Demócratas hace dos semanas, mientras que otra fue presentada por Republicanos tras el asesinato de tres carabineros en Cañete. Según el diputado Luis Sánchez (REP), esta indicación «tiene que ver con que le pongamos fin a la persecución judicial contra nuestros uniformados».
- Principio de proporcionalidad y prohibición de tortura
Otro de los puntos cuestionados fue el principio de proporcionalidad que fue rechazado en la Comisión. Este hacía referencia a que el nivel de fuerza empleada por funcionarios de la policía o fuerzas armadas debe determinarse en atención al grado de resistencia o agresión, para evitar que sea excesiva en relación al objetivo legítimo que se busca alcanzar.
La ministra Camila Vallejo señaló este jueves que “es un principio que debe estar en cualquier ordenamiento jurídico, esto es parte de los estándares que se deberían resguardar”, por lo que desde el gobierno intentarán reponerlo.
Además, la oposición rechazó la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el proyecto de ley. Si bien la tortura ya está prohibida en el Código Penal y en tratados internacionales de derechos humanos, para algunas autoridades del oficialismo y de organizaciones de la sociedad civil, el que no se incluya implica un retroceso.
REGLAS DE USO DE LA FUERZA.
La oposición vota rechazar:
1.Prohibir a uniformados actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
2.Prohibición de usar la fuerza contra personas detenidas.
3.Evitar disparar armas no letales al rostro.¿Nostalgia de la dictadura? pic.twitter.com/Q0enKqKBv8
— Leo Soto diputado (@LeoSotoChile) May 2, 2024
Este proyecto, además del que crea el Ministerio de Seguridad Pública, será votado en sala este viernes desde las 16:00 hasta las 19:00 horas.
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Llamado a la precaución
La Diputada Maite Orsini señaló que su rechazo a discutir hasta total despacho tenía que ver con no repetir errores del pasado, donde hechos lamentables hicieron que se legislara sin el tiempo adecuado y se aprobara la ley Naín-Retamal.
En esa misma línea, distintas organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a legislar con responsabilidad las temáticas de seguridad. En una carta al director, Amnistía Chile, Ciudadanía Inteligente y Corporación Humanas señalaron que esperan que “la premura por responder rápidamente a esta contingencia no impida legislar en base a evidencia y con pleno respeto a los compromisos internacionales”.
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