Por Camila Ferreira Ormeño
En agosto Chile fue examinado por Naciones Unidas respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Junto con la información presentada por el Estado, una articulación de organizaciones de la sociedad civil -entre ellas Corporación Humanas- llevó hasta Ginebra, Suiza, un informe alternativo que permitió contrastar la versión oficial con las brechas y experiencias documentadas por organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad en el país.
El proceso se desarrolló en el marco del 35° período de sesiones del Comité de la ONU, realizado entre el 12 y el 27 de agosto de 2026, instancia en la que fueron revisados los informes periódicos segundo a cuarto combinados presentados por Chile.
¿Quiénes firman el informe?
Lo suscriben Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS), Corporación Opción, Corporación Humanas, el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR), Movimiento Acción Migrante (MAM Chile), el Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC), Organizando Trans Diversidades (OTD) y Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR).
La información fue aportada principalmente por CIMUNIDIS, Corporación Humanas y Corporación Opción, y está organizada según los artículos de la Convención, tomando como referencia las observaciones que el Comité formuló a Chile en 2016 y los avances y pendientes desde entonces.
¿Por qué importa este proceso?
Porque el examen no se construye únicamente a partir de la información presentada por el Estado. La participación de la sociedad civil permite que el Comité incorpore otras miradas y antecedentes sobre las brechas que enfrentan las personas con discapacidad, y formule recomendaciones más ajustadas a la realidad del país.
El informe no se queda en el diagnóstico: propone recomendaciones concretas para las próximas Observaciones Finales del Comité a Chile, entre ellas fortalecer las normas antidiscriminación, incorporar transversalmente a las mujeres con discapacidad en las políticas públicas, avanzar en la reforma de la capacidad jurídica y ampliar los apoyos para un acceso efectivo a la justicia.
Mujeres y discapacidad: una brecha que se cruza con el género
Uno de los focos centrales del informe es cómo las desigualdades de género profundizan las brechas que enfrentan las personas con discapacidad. En Chile, el 17,6% de la población adulta tiene algún grado de discapacidad, pero la cifra sube a 21,9% entre las mujeres, frente a 13,1% en los hombres.
Ya en 2016 el Comité había advertido que las políticas de género y discapacidad del Estado no consideraban suficientemente las necesidades específicas de las mujeres. El informe reconoce como avance la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero señala que sigue pendiente una política que incorpore transversalmente género y discapacidad, con mecanismos permanentes de participación de las organizaciones de mujeres y personas con discapacidad.
La desigualdad también se refleja en el trabajo: un 60,3% de las mujeres con discapacidad está laboralmente inactiva, frente a un 48,9% de los hombres. También se expresa en los cuidados, donde el 73,9% de quienes cuidan a personas con discapacidad son mujeres, lo que evidencia la carga desigual del trabajo de cuidado.
“Cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, necesitamos mirar específicamente qué está pasando con las mujeres y las niñas. Las barreras que enfrentan no se explican sólo por la discapacidad: se cruzan con desigualdades de género que impactan su autonomía, el acceso a la justicia, la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y las violencias que viven. Esa fue una de las preocupaciones que quisimos poner con fuerza ante el Comité”, señala Fabiola Gutiérrez, coordinadora de Comunicación y Narrativas de Corporación Humanas, quien participó en Ginebra en el proceso de revisión de Chile.
Violencia, justicia y el derecho a decidir
La violencia de género hacia mujeres y niñas con discapacidad es otra de las alertas del documento. Si bien existen antecedentes que dan cuenta de esta realidad, todavía no existe información suficiente para dimensionar el problema ni analizarlo de forma desagregada.
En el acceso a la justicia, el Ministerio Público cuenta con intérpretes de Lengua de Señas Chilena y el Poder Judicial con traducción en línea, pero el informe cuestiona si estos apoyos son suficientes para garantizar un acceso real y efectivo.
La autonomía personal atraviesa buena parte del informe, que llama a eliminar las normas que aún permiten sustituir la voluntad de personas con discapacidad y avanzar hacia sistemas de apoyo que respeten su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
Esto se extiende a los derechos sexuales y reproductivos: entre 2003 y 2015 se aprobaron 44 esterilizaciones a mujeres con discapacidad mental, y solo ocho de ellas tenían capacidad reconocida para consentir el procedimiento. El informe también abordael acceso de mujeres y nuiñas con discapacidad al aborto en las tres causales y destaca como avance la aplicación, desde abril de 2026, de la primera Encuesta Nacional sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica hacia Mujeres con Discapacidad (GENDISC).
Niñez, educación y salud
Aunque la ley chilena reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la igualdad y la inclusión, el documento advierte que esas garantías no siempre se traducen en la práctica.
En educación, persisten déficits de accesibilidad y de apoyos especializados, además de un sistema donde coexisten escuelas especiales y establecimientos regulares. En salud, un 42,1% de niños, niñas y adolescentes con discapacidad ha tenido dificultades para acceder a atención, y un 35,1% reporta problemas con la prestación recibida.
El documento aborda además otros ámbitos, como la institucionalización infantil, la rehabilitación, la accesibilidad al transporte y la información, la inclusión laboral, el derecho al voto, la participación deportiva y la necesidad de fortalecer los mecanismos que vigilan el cumplimiento de la Convención en Chile.
La pregunta de fondo
Detrás de cada cifra hay una misma pregunta: hasta qué punto los derechos que reconoce la ley chilena pueden ejercerse efectivamente y en igualdad de condiciones. La participación de Corporación Humanas y de las demás organizaciones de la sociedad civil en Ginebra buscó poner ante el Comité las desigualdades que se profundizan cuando la discapacidad se cruza con el género, la edad y otras formas de discriminación.
Tras el examen de Chile ante Naciones Unidas, el desafío vuelve ahora al país: avanzar desde el reconocimiento formal de estos derechos hacia garantías que permitan ejercerlos efectivamente y en igualdad de condiciones.
