¡Volvimos! En esta nueva entrega, te contamos que ya se despachó el Convenio 190 de la OIT que aborda la violencia y acoso laboral. Además, hay otras iniciativas que han ido avanzando, como la que asegura medidas de reparación y protección para víctimas de femicidio y sus familias y otra que sanciona la violencia gineco-obstétrica.
*Jueves 16 de marzo de 2022
Terminaron las vacaciones ? y un nuevo año legislativo comenzó ?. Así que volvimos con todo en esta cuarta edición de #LaNetaLegislativa, nuestro boletín dedicado al trabajo legislativo en el que encontrarás el seguimiento de la agenda de género, como las novedades de iniciativas sobre derechos humanos de las mujeres y las niñas.
En esta edición encontrarás lo que está listo para ser ley, es decir, aquellas iniciativas que ya pasaron por casi toda o la totalidad de su tramitación legislativa. Y, también podrás conocer los avances de algunas iniciativas clave que se han discutido en estas últimas semanas.
¿Tienes dudas sobre el proceso de formación de las leyes? ¡No te preocupes! Puedes revisar el recorrido que siguen las iniciativas hasta convertirse en leyes en nuestro boletín introductorio de proceso legislativo haciendo click aquí.
¿Qué está listo para ser ley?
Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral
El pasado miércoles 8 de marzo, en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Senado aprobó con un respaldo transversal el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el ámbito laboral, finalizando así su tramitación legislativa. Este proyecto fue ingresado en agosto del 2022 bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Recordemos que el Convenio 190 fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2019. Esta adopción significó constituir un marco común para prevenir y abordar estos hechos, basado en un enfoque inclusivo, integrado y que tiene en cuenta las consideraciones de género.
Este tratado protege el derecho de toda persona a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, incluyendo los hechos por razón de género que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.
Por lo tanto, los Estados que ratifiquen este Convenio deberán implementar la legislación y las medidas políticas necesarias para prevenir y abordar la violencia y el acoso “durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo”, tales como una estrategia integral de prevención, mecanismos de control, campañas de educación y sensibilización, investigación y sanción, acceso a recursos, reparación y medidas de apoyo, entre otras.
Con la decisión final del Senado, el país está ad portas de unirse a otros países que han ratificado el Convenio como Reino Unido, España, Argentina, entre otros. Esto es visto positivamente por organizaciones y asociaciones de trabajadores y trabajadoras tanto del sector público como privado, que estuvieron en las gradas del Senado siguiendo la votación.
En conversación con La Neta, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, Karen Palma, señaló que desde la multisindical llevaban cuatro años esperando su ratificación y, que haya sido aprobado un 8M, le agrega un valor especial.
“Este hito marca el inicio de un nuevo proceso que será modificar toda la normativa de nuestro país para erradicar la violencia y el acoso del mundo del trabajo, lo que es un tremendo avance para los trabajadores, en particular para las mujeres”, afirmó Palma.
Respecto a los caminos que vienen para materializar el Convenio, Palma afirmó que los primeros cambios dentro de la legislación laboral comenzarán a verse en un año: “Cambiando elementos fundamentales como la obligación generar prevención de la violencia, considerar VIF como un problema laboral, teniendo obligaciones el empleador, establecer la carga inversa de la prueba”.
“Esto, sencillamente, es que hoy las víctimas no tendrán que probar el acoso o maltrato laboral, sino que el victimario tiene que comprobar su inocencia. Esto es un cambio de paradigma para entender el acoso y maltrato”, agregó.
¿Qué pasó en la Cámara de Diputadas y Diputados?
Marzo inició con importantes novedades legislativas. Durante esta primera quincena de marzo, se despachó al Senado el proyecto sobre reparación a víctimas de femicidio y avanzó la tramitación de la moción que permite realizar mamografías sin orden médica.
¿Y qué significa que estén en Sala? Que el proyecto de ley será debatido y votado por las y los 155 diputados. En cambio, cuando un proyecto se encuentra en comisión, tanto en su trámite legislativo general o particular, solo es estudiado y votado por las y los diputados que conforman la comisión (13 integrantes). Con esto claro, ¡continuemos!
En Sala: Se aprueba proyecto que permite realizar mamografías sin orden médica
El 13 de marzo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por la unanimidad de 137 votos a favor el proyecto de ley que busca eximir de orden médica a quienes soliciten la realización del examen preventivo de mamografía, sea realizado en establecimientos de salud públicos como privados, en cobertura Fonasa o de Isapres.
Con esto, el proyecto vuelve al Senado para su tercer trámite legislativo. Su objetivo es contribuir a la Política Nacional del Cáncer, impulsada por el Ministerio de Salud, y eliminar la burocracia para la realización de este examen, ya que, actualmente, se requiere del requisito de prescripción de un especialista para solicitar la mamografía.
Además, la iniciativa establece la obligación del prestador que tome el examen de informar al paciente en caso de resultado alterado o que deba complementar con estudios adicionales.
Entre los fundamentos de la iniciativa, se señala que, de acuerdo a la Política Nacional del Cáncer, es necesario que las mujeres se realicen una mamografía cada tres años. “Lo anterior, porque está demostrado que la única estrategia que ha sido útil en el diagnóstico precoz de este cáncer es la realización anual de la mamografía, a partir de los 40 años e incluso, hoy por hoy, desde los 30 años”, se expone en el texto del proyecto.
¿Qué pasó en el Senado?
La actividad legislativa ligada a la agenda de género también estuvo avanzando en el Senado. La Comisión de Mujer y Equidad de Género aprobó la Ley Adriana e inició el debate del proyecto de ley que establece medidas de protección y reparación integral en favor a víctimas de femicidio y sus familias. ¡Acá te contamos los detalles!
En comisión: Aprobación de la Ley Adriana
El martes 14 de marzo, la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado terminó de votar las indicaciones de la Ley Adriana y, con ello, terminó su votación particular en esta comisión y pasará a la Comisión de Salud.
Recordemos que este proyecto que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica.
Pero antes de continuar ¿Qué es la violencia gineco-obstétrica? ¿A quiénes protege esta iniciativa? Las respuestas a estas preguntas y más las encuentras en nuestra primera edición, que puedes consultar AQUÍ.
Desde enero y durante los primeros días de marzo han continuado la presentación de indicaciones ante la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, donde se recogieron observaciones del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y del Ministerio de Salud.
En nuestra nota puedes encontrar algunas de las observaciones presentadas por los ministerios invitados.
Desde la Coordinadora Nacional por los Derechos del Nacimiento (CNDN), se prevé que uno de los principales nudos es sobre la discusión en cuanto al establecimiento de responsabilidades cuando haya violencia gineco-obstétrica.
Pero antes de seguir, ¿qué es la violencia gineco-obstétrica? Según lo establecido en el texto del proyecto de ley, se define como “todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, negación injustificada o abuso que sucede en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto y/o urgencia ginecológica”.
Fabiola Yáñez, presidenta de la coordinadora, explicó que este tipo de violencia es la que debe quedar incorporada en la ley, pues tiene otras dimensiones, como el componente emocional, del trato, del ambiente, de la disponibilidad de la persona a ser escuchada y a recibir ayuda.
“Entonces cuando hay violencia gineco-obstétrica no tiene que ver que con haya habido un mal resultado perinatal”, explica Fabiola Yáñez, presidenta la coordinadora. Y añade: “El miedo con la penalización, es que se considere la violencia gineco-obstétrica como una negligencia”.
Dentro de las más de 30 indicaciones presentadas, una de las más valoradas por la coordinadora es la que sin importar la vía del aborto, todas las personas tienen derecho a recibir una atención de salud respetada, independiente de las tres causales.
¿Y ahora qué? Una vez que el texto sea despachado en particular por la Comisión de la Mujer, el proyecto deberá pasar a la Comisión de Salud para su revisión.
En comisión: Se aprueba idea de legislar sobre reparación integral para víctimas de femicidio y sus familias
Este martes 14 de marzo, la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre el proyecto que establece un régimen de protección, y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. La Comisión de Mujer y Equidad de Género recibirá indicaciones hasta el viernes 17.
Las y los senadores comentaron que la iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, debería modificar algunos aspectos, por ejemplo, ver la posibilidad de compensar a los hijos e hijas de víctimas desde el 2010, pero que hoy sean mayores de edad.
Cuando el proyecto sea despachado por la Comisión de Mujer, pasará a la Comisión de Hacienda, para que analice aquellas normas que son de su competencia.
Hace una semana, el 6 de marzo, la Cámara de Diputadas y Diputados había dado luz verde a la iniciativa, que recibió un paquete de indicaciones por parte del Ejecutivo, entre las que se encuentra la calificación de los casos de femicidio, la definición del concepto de víctimas que serían sujetas a las medidas de reparación, así como la obligación de todos los órganos del Estado para articular medidas de protección y el establecimiento de una pensión para las víctimas.
El monto de la pensión mensual será de 160 mil pesos y estará sujeta al reajuste automático de cada año, extendiéndose el beneficio a los hijos e hijas menores de 18 años de las víctimas de femicidio.
Desde la Coordinadora 19 de Diciembre celebraron el avance de este proyecto. En este sentido, la integrante de la Coordinadora, Claudia Neira Oportus, indicó: “Nosotras celebramos todos los avances que signifiquen derechos para las víctimas de femicidio y sus familias. Lo celebramos porque el femicidio es una violación a un derecho humano muy poco reconocido como tal”.
Además, agregaron que es una tragedia de la que nadie se hace responsable, puntualizando al Estado. A pesar de lo anterior señalan estar satisfechas, pues declaran que “esta ley se logró gracias a la porfía de las compañeras de Ni Una Menos Chile. Ellas pusieron todo su esfuerzo y convicción para lograrlo”.
Sobre el espacio de acción de la ley, consideran que “se quedó corta”. ¿Por qué? Debido “la tipificación del femicidio está muy restringido, entonces hay muchos femicidios que no se consideraron como tal, por no contemplarlos la ley”, explican.
Y por último, agregaron que este proyecto “sólo considera a las hijas e hijos y no mira a las madres sobrevivientes, ni a las propias sobrevivientes de femicidio, quienes han debido enfrentar la justicia con sus propios medios y con su vida destruida”.
¡Y estas son las novedades hasta ahora! Te invitamos a quedarte atenta/o a nuestras redes sociales para conocer otras noticias relacionadas a las iniciativas legislativas en materia de género.
