Este lunes sesionaron distintas comisiones, algunas para recibir presentaciones de iniciativas de norma y otras para votarlas en particular. En la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, se expuso el informe final del proceso de consulta indígena. Según sus datos, durante los 19 días que duró el proceso de consulta participó un total de 7.549 personas. Todos los detalles en el boletín de hoy.
¿Qué pasó el viernes 18 de marzo?
El pasado viernes, se discutió y votó en general el primer informe de la Comisión sobre Sistema Político. La jornada estuvo marcada por el rechazo de la mayor parte del documento, ya que sólo tres de 95 artículos pasaron a votación en particular. En esta instancia, que se realizará este miércoles, los artículos necesitan 103 votos para pasar al borrador de nueva Constitución.
Para conocer más detalles, te invitamos a revisar la siguiente nota: https://laneta.cl/pleno-de-la-convencion-rechaza-mayoria-del-primer-informe-sobre-sistema-politico/
¿Qué estaba presupuestado para hoy?
09:30 hrs.
- Comisión Sistema Político
- Comisión Principios Constitucionales
- Comisión Forma de Estado
- Subcomisión 3 Derechos Fundamentales
- Subcomisión 4 Derechos Fundamentales
14:30 hrs.
- Comisión Derechos Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad
15:00 hrs.
- Comisión Participación Popular
16:30 hrs.
- Comisión Derechos Fundamentales
16:45 hrs.
- Comisión Forma de Estado
¿Qué se llevó a cabo realmente?
Comisión Sistema Político
Al inicio de la sesión, la coordinación explicó que durante los próximos días la comisión estará trabajando en preparar dos informes en paralelo, considerando que tiene un plazo de 15 días para presentar una nueva propuesta de su primer informe, que fue mayoritariamente rechazado el viernes pasado, y a su vez estarán preparando su segundo informe que contendrá normas vinculadas a defensa, seguridad, probidad, transparencia y relaciones internacionales.
La coordinación también propuso ampliar el plazo para presentar nuevas indicaciones a la segunda propuesta de su primer informe al sábado 26 de marzo, moción que fue acogida por las y los integrantes de la comisión.
Posteriormente, la comisión recibió las presentaciones de las siguientes iniciativas convencionales constituyentes:
- Nº 42-1 Sobre Fuerzas Armadas, orden y Seguridad
- Nº 111-1 Rol de FFAA y Fuerzas de Seguridad
- Nº 174-1 Deberes del estado y atribuciones de la presidencia sobre las fuerzas de orden
- Nº 522-1 Establece restricciones a la tenencia y porte de armas .
- Nº 532-1 Deber Estatal en materia de Seguridad Pública o Ciudadana
- Nº 750-1 Estados de Excepción Constitucional
- Nº 751-1 Estatuto de las FFAA organización y dependencia
- Nº 752-1 Estatuto de las FFAA organización y dependencia
- Nº 757-1 Prohíbe acceso a armas de fuego a particulares
- Nº 841-1 La Seguridad Pública y sus Instituciones Garantes
- Nº 863-1 Regula las FFAA para una sociedad democrática
- Nº 865-1 Establece lo relativo a la seguridad pública
- Nº 877-1 Regula fuerzas de Orden y Seguridad
- Nº 885-1 Regula estados de excepción constitucional
- Nº 904-1 Consagra el derecho a la defensa del estado (amenazas externas)
- Nº 905- 1 Reconoce el derecho a la paz (prohibición de la guerra)
- Nº 933-1 Regula Fuerzas de Seguridad y Orden
- Nº 951-5 Acciones Estatales en relación a la crisis climática
- Nº 959-1 Regulación de la Fuerza de Defensa para el Estado Plurinacional
- Nº 980-1 Seguridad Pública del Estado
- Nº 754-1 Establece los criterios y prioridades de la política exterior chilena, la integración regional y la cooperación transfronteriza
- Nº 870 , que regula las relaciones internacionales, cooperación transfronteriza, integración regional, tratados e instrumentos internacionales
Aquí te contamos de qué se tratan algunas normas y extractos de sus presentaciones:
Nº 42-1 Sobre Fuerzas Armadas, orden y Seguridad
Esta norma establece que las FFAA dependen del ministerio de Defensa y las de Orden y Seguridad de Interior. Agrega que son obedientes al poder político y no deliberantes.
“Resulta indispensable incorporar las materias necesarias de regular en el ámbito de defensa de las FFAA, no obstante la amplitud y profundidad en las regularizaciones que se establezcan en la Constitución deberán responder a nuestra propia identidad del país. En todas las constituciones de la República de Chile han estado reconocidas las FFAA, no siempre como título, pero sí reconocidas en sus artículos”, señaló Pollyana Rivera.
Nº 174-1 Deberes del estado y atribuciones de la presidencia sobre las fuerzas de orden
La iniciativa plantea que el rol de las FFAA debe estar delimitado en la constitución para evitar abusos y que no deben ser deliberantes. Que tiene la atribución exclusiva para el uso de armamento. Además hace alusión a los actos terroristas y sus sanciones.
“Consideramos que es importante (…) que en la Constitución se preserven temas que tengan que ver con las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública y también (…) hacemos referencia a algunos elementos que si bien son evidentemente claros y doctrinarios, por ejemplo, que el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, lo explicitamos dentro de la propuesta de articulado y también establecemos ciertas misiones que las fuerzas armadas hacen necesariamente como parte de sus roles. En ese sentido, innovamos desde la perspectiva de decir que las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública pueden contribuir al mantenimiento y promoción de la paz, seguridad internacional, que cooperan con situaciones de catástrofe nacional”, indicó Constanza Hube.
Nº 522-1 Establece restricciones a la tenencia y porte de armas .
La norma expresa que “ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley, sin autorización otorgada en conformidad a ésta”.
“A nuestro entender, es relevante que la Constitución consagre una norma que establezca restricciones a la tenencia y porte de armas, como una de las aristas de la prevención del delito, entregando la regulación sobre su uso a las modalidades que fije la ley. Creemos que esta tiene que ser una excepción a la libertad, por lo tanto, creemos que es muy importante que se consagre a nivel constitucional una norma como la que se propone”, expuso Fuad Chahin.
Nº 750-1 Estados de Excepción Constitucional
La iniciativa propone aumentar los contrapesos para los decretos de excepción constitucional, y el término del mismo. La declaración de estado de sitio o emergencia deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados. Para que se mantenga deberá ser aprobado por la mayoría absoluta.
“Nosotros simplificamos las medidas de excepción. De cuatro pasamos a tres: uno el estado de sitio (…), segundo el estado de emergencia y tercero el estado de catástrofe. En los tres casos, proponemos un rol al poder legislativo, al Congreso. En el caso del estado de sitio y de emergencia, el presidente o presidenta es el que lo decreta en toda parte del territorio y lo envía a la Cámara de Diputados para que, con mayoría absoluta, lo apruebe”, presentó Cristián Monckeberg.
Nº 841-1 La Seguridad Pública y sus Instituciones Garantes
En el artículo transitorio se plantea la destitución de todos quienes hayan estado involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. La reformulación de la estructura y programas estará a cargo de una Comisión Investigadora con plazo de un año para el cumplimiento de sus tareas.
“Creemos que, en general, Carabineros no debería estar efectivamente en la Constitución, creemos que esto responde a una lógica que no viene a responder a un Estado democrático, sino que más bien es lo que nos deja la dictadura de establecerlo y también por las reformas, amarrar tanto a una institución como Carabineros de Chile dentro de ese espacio, cuando hemos tenido tantos casos de corrupción como el Pacogate y otros (…) Hay un problema muy grande respecto a lo que tiene que ver con las policías”, afirmó Francisca Arauna.
Al final de la sesión, se realizó un momento de reflexión sobre la jornada del pasado viernes, donde se rechazó la mayor parte del informe de la comisión. Entre las opiniones expresadas por distintos convencionales, se encontró la de la Rosa Catrileo, quien señaló: “Como colectivo de pueblos originarios estuvimos conversando después del Pleno del viernes, nosotros tenemos una disposición para llegar a acuerdos y ceder a posiciones iniciales que pudiéramos haber tenido, todo en miras de construir un sistema político para el país, porque como pueblos originarios no solamente estamos pensando en nuestros derechos particulares, sino también en el sistema en el que nos insertamos como pueblos originarios (…) Creo que el informe no está todo perdido, que hay una base respecto de la cual podemos trabajar y nosotros manifestamos esa disposición”.
Por su parte, el coordinador Ricardo Montero, dijo: “Desde la coordinación hacemos autocrítica. Es frustrante no haber podido llegar en tiempo y forma en los plazos que se requerían con un informe que tuviera la consistencia necesaria para poder avanzar en el Pleno. Entendemos que este es un sistema completo que no logró esa coherencia (…). Los tiempos son muy acotados, pero esperamos que en los próximos días podamos ir avanzando en el diálogo y propuestas concretas para tratar de lograr una propuesta de unidad que llevar al Pleno”.
Por último, la coordinación señaló que mañana traerán una propuesta para abordar cómo van a trabajar la presentación del segundo informe y el informe de reemplazo. También invitaron al diálogo y a revisar el informe presentado el viernes, para poder discutir sobre sus nudos críticos durante los próximos días.
Comisión Principios Constitucionales
La sesión n° 54 de la comisión tuvo como objetivo continuar la votación particular de las normas e indicaciones formuladas al sistematizado del bloque 2 sobre Democracia Directa y Participación Popular, y bloque 3 sobre Nacionalidad y Ciudadanía.
En la votación en particular del segundo bloque se aprobó la indicación de las convencionales Elisa Loncon (pueblo mapuche), Lidia González (pueblo yagán) y el convencional Adolfo Millabur (pueblo mapuche) para incorporar un nuevo artículo sobre la participación indígena y tribal, el cual dice: “Los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los asuntos de interés público plurinacionales, regionales y comunales susceptibles de afectarles. Sin perjuicio de mecanismos de participación especialmente normados en la Constitución y las leyes. Mismo derecho le asiste a los pueblos tribales reconocidos en la ley”.
Además, se aprobó el artículo 7 que trata sobre las acciones de voluntariado, las cuales serán reconocidas y amparadas por el Estado “como un mecanismo de participación ciudadana, popular e inclusiva en la construcción y desarrollo de la sociedad. La ley determinará derechos y garantías especiales para las personas que ejerzan estas acciones”.
Con 12 votos a favor y 4 en contra, se aprobó el artículo 8 sobre referéndum revocatorio de mandatario, el cual dice: “Todas las autoridades del Estado que hayan sido electas por votación popular pueden ser destituidas de sus funciones mediante referéndum revocatorio, el cual debe ser convocado por solicitud de un porcentaje del universo electoral de la respectiva circunscripción electoral para que se verifique, luego de “el primer año” del período en que asumió sus funciones, pero no podrá tener lugar durante el último año de su mandato. Sin perjuicio de lo anterior, dicha solicitud debe tener el respaldo de ciudadanos y ciudadanas que signifiquen a lo menos el 20 por ciento con derecho a voto, en el caso de la Presidencia de la República y de un 10 por ciento para las restantes autoridades. Solo podrá realizarse un referéndum de revocatoria por período. Una vez realizado el referendo, de acuerdo con los requisitos estipulados en este mismo artículo, la revocación del mandato de la autoridad respectiva se entenderá aprobada por alcanzar la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos y se procederá a su reemplazo, conforme las reglas de vacancia que disponga la Constitución o la ley. La ley general de participación definirá el proceso para la revocatoria de mandato de autoridad”.
En el bloque III sobre Nacionalidad y Ciudadanía, se aprobó el artículo 19 sobre Nacionalidad definiendo que son chilenas y chilenos: quienes hayan nacido en territorio nacional; hijas o hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero; quienes soliciten la nacionalidad habiendo residido en Chile por cinco años (En caso de las personas reconocidas como refugiadas el período de residencia serán dos años); y las personas que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
En este artículo se reconoce que “los pueblos y naciones indígenas determinan los criterios para otorgar su membresía. A toda persona miembro de pueblo o una nación indígena, junto con la nacionalidad chilena, se le reconoce su nacionalidad originaria que corresponde a su vínculo con el pueblo o nación al que pertenece, lo que constará en los instrumentos públicos de identificación”.
En votación estuvo el artículo 19B sobre Ciudadanía Indígena y tribal, este fue apoyado por la convencional del pueblo mapuche Elisa Loncon, quien llamó a la comisión a aprobarlo por considerarlo “esencial para poder ejercer la ciudadanía intercultural, concepto que antes no era instalado, pero que para nosotros es fundamental porque implica reconocer las identidades que representamos”. Este fue aprobado por 14 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Y el artículo establece lo siguiente:
“Son ciudadanas y ciudadanos indígenas y tribales los miembros de dichos pueblos, quienes además de los derechos reconocidos en este capítulo, gozarán de los siguientes derechos: 1. Elegir, designar o nombrar a sus autoridades propias y la posibilidad de ser electo, designado o nombrado autoridad indígena conforme a su derecho propio; 2. Elegir autoridades de elección popular que los representen en órganos estatales; 3. Ejercer cargos públicos al interior del Estado Plurinacional, y 4. Ejercer ciudadanía en su lengua y cultura”.
Comisión Forma de Estado
En su sesión n° 53, la Comisión Forma de Estado inició la votación en particular de las iniciativas del segundo bloque, correspondientes a las materias: comunas autónomas, territorios especiales y autonomías territoriales indígenas. Para ello, se votaron las indicaciones n° 001 hasta la 103 de los artículos del capítulo de Comunas Autónomas. Las indicaciones fueron aprobadas en general.
El artículo 1° “De la Comuna Autónoma”, fue modificado mediante la aprobación de la indicación N° 001. El artículo original expresa el carácter de la comuna autónoma: “Es la entidad territorial básica donde se ejerce la soberanía popular”. La indicación, en tanto, sustituye el inciso por otro más detallado: “La Comuna Autónoma es la base del Estado regional (…), gozan de autonomía para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias”.
El artículo 7° “De la creación o supresión de las Comunas Autónomas”, fue otro en ser sustituido mediante la indicación N° 011 y 013, las que determinan que dicho procedimiento será ejecutado de acuerdo al Estatuto Regional respectivo. Asimismo, se añadió un inciso que dice: “Una ley regulará la administración transitoria de las comunas que se creen”. Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad.
El artículo 22° sobre “El gobierno y la administración comunal” fue uno de los que sufrió más modificaciones. Se suprimieron el inciso 1° en su primer párrafo, el inciso 2° y la letra b) hasta la letra m), mediante las indicaciones N° 37 al 40. Por otro lado, se sustituyó la letra a) por lo siguiente: “Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán establecer sus plantas de personal y los órganos o unidades de su estructura interna”.
El artículo 36° sobre “El concejo municipal” fue modificado mediante la aprobación de las indicaciones N° 73, 75, 76, 78, 79 y 80. Entre las modificaciones a este artículo, destaca la eliminación de la función deliberativa del consejo y su composición, la que deberá considerar criterios de inclusión, entre ellos escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas “considerando su población dentro de la jurisdicción electoral respectiva”.
El artículo 37° sobre “La alcaldía”, fue otro en ser modificado mediante la aprobación de las indicaciones N° 85, 86 y 87. En ellas se define al alcalde o alcaldesa como “la máxima autoridad ejecutiva del gobierno comunal”, quien deberá integrar el Concejo Municipal y ejercer su presidencia. Así mismo designa la duración de sus funciones y su forma de elección.
Durante la tarde, la Comisión de Forma de Estado continuó con su sesión n° 54, en la que continuaron las votaciones de las indicaciones contenidas en el segundo bloque del texto sistematizado. Para ellos, se votaron las iniciativas 104 a 312.
El artículo 43° sobre “Las Competencias de la Comuna Autónoma”, fue modificado mediante la aprobación de las indicaciones N° 110 a 131, a excepción de las N° 111, 114, 115, 117, 118 y 130, las cuales fueron rechazadas. Se sumaron competencias a este órgano, destacan: la dictación de normas generales y obligatorias en materia de carácter comunal, fomentar las actividades productivas, desarrollar actividades y servicios que establezca la ley, entre otras.
En cuanto al segundo capítulo, correspondiente a Territorios Especiales, se votaron las indicaciones de 150 a 217. Una de las aprobadas fue la N° 153 la que establece: “el legislador deberá adoptar las medidas necesarias para consagrar, para los efectos del gobierno y administración del Estado” que el territorio de la República se dividirá en 18 Regiones Autónomas.
El artículo 54° sobre “Financiamiento”, fue modificado mediante la aprobación de la indicación N° 173. Se hizo un pequeño reparo en el que se reemplaza “Regiones Autónomas” por “entidades territoriales autónomas”, estableciendo lo siguiente: “Para la creación de territorios especiales, el Estado y las entidades territoriales autónomas deberá destinar recursos de sus respectivos presupuestos”.
El artículo 55° sobre “Territorios de Ultramar”, fue modificado por medio de la aprobación de la indicación N° 175. El artículo original designa como territorios de ultramar de la República de Chile, Rapa Nui y el Archipiélago de Juan Fernández, al que se agrega la Antártica Chilena. De acuerdo a lo aprobado por las y los convencionales, “el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre sus territorios de ultramar”.
Subcomisión 3 Derechos Fundamentales
La subcomisión 3 de Derechos Fundamentales, en su sesión n° 5, siguió revisando las siguientes Iniciativas Convencionales Constituyentes desde el Palacio Pereira.
Sobre educación
Iniciativa N° 623-4, expuesta por Lissette Vergara, “reconoce el derecho a la educación, establece sus objetivos y el sistema plurinacional de educación pública”.
Por una educación plurinacional, integral, democrática, pluralista y popular, la norma propone garantizar “la educación como un derecho social y deber ineludible e inexcusable del Estado”. Para que toda persona pueda recibir una educación con tales características, el Estado tendrá la “función suprema y primera responsabilidad financiera” de sostener el sistema educativo”.
El objetivo de la educación será “la democratización, la descolonización y despatriarcalización de la sociedad”. “Algo esencial para los territorios tiene que ver con la historia local, con la generación de identidad y arraigo territorial, esto es algo que generalmente no se considera en la educación y esta norma lo contempla”, dice Lissette.
El Sistema Plurinacional de Educación Pública es otra propuesta del articulado, que consagra regular la escolaridad obligatoria mediante un sistema educativo con financiamiento basal y estratégico. Se piensa en proyectos educativos tanto nacionales como territoriales, “para que no responda a la lógica neoliberal que precariza la educación, sino que se pueda garantizar una educación socio- comunitaria con carácter afectivo (…) puesto que estamos trabajando con personas y no números o mentes vacías”, según la expositora.
Sobre igualdad ante la ley
Fueron cuatro propuestas de normas presentadas, la iniciativa n° 448-4 que “exige la garantía de pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, en pro de la igualdad sustantiva”, y la iniciativa n° 610-4 sobre “derecho de igualdad, igualdad de hijos e hijas; protección a la orientación e identidad; igualdad formal”, ambas presentadas por Bessy Gallardo, proponen principalmente lo siguiente: “el Estado garantizará (…) el mejoramiento permanente de las condiciones de las personas y comunidades para ejercer sus derechos”, y “la constitución reconoce la igualdad entre hijos e hijas, independientemente del sexo, orientación sexual e identidad de género de sus progenitores”, respectivamente.
Otras iniciativas fueron, la n° 278-4 que “Consagra el derecho a la igualdad y proscribe toda forma de discriminación”, presentada por Pedro Muñoz, asegura que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Quedando prohibida toda forma de esclavitud, sea sexual, laboral o de otra índole”. Por su parte, la n° 552-4 sobre la “consagración del derecho igualdad ante la ley”, expuesta por Janis Meneses, habla del no impedimento en medidas para favorecer a grupos históricamente excluidos, y el no impedimento a que el “Estado tenga un trato exclusivo con sus instituciones públicas (…) de educación, salud y vivienda”.
Sobre derechos individuales y colectivos indígenas y tribales
Iniciativa n° 845-4 que “consagra los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas”, presentada por María Rivera, tiene como objetivo constitucionalizar “la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales”.
En palabras de María, “creemos que tiene que ser claramente estipulado en la constitución porque muchas veces los legisladores se pierden en ese sentido y cuando redactan leyes no se sujetan a las normativas actuales y presentes”, por ejemplo “el 169 de la OIT que plantea una serie de acciones concretas a realizar en relación para los pueblos originarios como la consulta previa a tomar decisiones”.
Sobre el derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales
Se presentaron tres iniciativas. La n° 114-4 que “declara el agua como un bien nacional de uso público y garantiza el acceso a ella”, la n° 169-4 que “declara a las aguas como bienes nacionales de uso público y consagra el derecho humano al agua y al saneamiento”, y la n° 793-4 que “establece el derecho humano al agua y al saneamiento”.
Sobre el derecho a la agricultura campesina y derechos fundamentales desde la perspectiva rural
Se presentaron dos iniciativas. La n° 776-4 que “consagra el derecho a la agricultura campesina y protege los territorios rurales”, y la n° 1023-4 que “consagra derechos fundamentales desde la perspectiva rural”.
Sobre protección de datos y seguridad informática
Se presentaron dos iniciativas. La n° 375-4, que “reconoce y regula diversos derechos fundamentales, en particular los civiles, políticos”, y la n° 524-4 sobre “el derecho a la privacidad y la autodeterminación informativa”. Ambas proponen que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, se podrán usar bajo su consentimiento, para asegurar la privacidad de documentos personales. La norma 524, por su parte, presentada por Felipe Harboe consagra que “los recintos privados son inviolables y la entrada, registro o allanamiento sólo se podrán realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley”.
Grupos históricamente excluidos
Iniciativa n° 287 sobre “titularidad de derechos de grupos históricamente excluidos”, presentada por Benito Baranda, propone en su único artículo que “las personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos son titulares de los derechos que esta Constitución les reconoce y los contemplados en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.
Se considera como grupo históricamente excluidos a “niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas privadas de libertad”, entendiendo que este “no es un catálogo exhaustivo ni cerrado”, dice Benito. Proponiendo además, que “junto a una cláusula general de titularidad de derechos, exista una segunda cláusula de titularidad de derechos de personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos”.
Subcomisión 4 Derechos Fundamentales
En la comisión se sometió a deliberación iniciativas sobre educación, igualdad ante la ley, derechos individuales, colectivos indígenas y tribales, derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales, derecho a la agricultura campesina y derechos fundamentales desde la perspectiva rural.
Dentro de las iniciativas, se presentan las siguientes:
- N°891, sobre derecho a la educación.
- N°175, sobre igualdad ante la ley.
- N°304, sobre igualdad ante la ley.
- N°537, sobre igualdad ante la ley.
- N°565, sobre igualdad ante la ley.
- N°676, sobre igualdad ante la ley.
- N°831, sobre igualdad ante la ley.
- N°654, sobre derechos individuales y colectivos indígenas y tribales.
- N°842, sobre derechos individuales y colectivos indígenas y tribales.
- N°8, sobre derecho humano al agua.
- N°136, sobre derecho humano al agua y otros derechos humanos ambientales.
- N°512, sobre derecho humano al agua y otros derechos humanos ambientales.
- N°954, sobre derecho a acceder a agua potable.
- N°1016, sobre derecho a la agricultura campesina.
- N°274, sobre protección de datos y seguridad informática.
- N°458, sobre protección de datos y seguridad informática.
- N°463, sobre grupos históricamente excluidos.
- N°375, sobre derecho a la espiritualidad.
Entre las iniciativas presentadas, se destacan las siguientes:
Iniciativa N°512, presentada por Bernardo Fontaine, sobre derecho humano al agua y saneamiento. “El derecho de las personas a acceder a agua potable y saneamiento es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado. Corresponderá al Estado velar para que todos los habitantes de la República tengan acceso progresivo e universal al agua y al saneamiento de forma segura, salubre, suficiente y asequible, para el uso personal y doméstico, sea que ésta se distribuya y por prestadores estatales o privados”.
Entre la deliberación de la normativa, la convencional Natalia Henríquez, preguntó sobre la posición del expositor en respecto a la consideración de bienes naturales inapropiables. El convencional Fontaine, respondió que debe haber una unidad de gestión por parte del Estado, que planifique y que regularice los derechos de agua y por otro lado, tiene que haber una certeza para que los actuales titulares del derecho al agua, las puedan usar y haya un incentivo a invertir.
Iniciativa N° 954, presentada por Manuela Arroyo, sobre derechos de las personas a acceder a agua potable. Debido a la mega sequía que afecta al 79% del territorio nacional, se establece una normativa que busca que “Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y domestico. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas”.
Entre la argumentación, la convencional Isabella Mamani, preguntó sobre cómo se ejercerá el derecho en relación a las comunidades y territorios indígenas. La expositora respondió que es importante que exista una relación por parte del Estado respecto al saneamiento de los alcantarillados y al mismo tiempo, un derecho al agua con protección a los lugares que por las comunidades son importantes debido a su carácter ancestral, en consecuencia, no hay exclusión a los derechos del agua, ya que, todo ciudadano dentro del territorio nacional debe ejercerlo.
Iniciativa N°463, presentada por la convencional Tatiana Urrutia, sobre grupos históricamente excluidos, esto se explica, debido a la falta de participación en los espacios de toma de decisiones por la ciudadanía chilena. Es por eso, que la normativa busca la participación plena. Esta debe llegar a todos los rincones y a los grupos históricamente excluidos.
En la deliberación, la convencional Rocío Cantuarias preguntó acerca de qué grupos en específico serían los grupos históricamente excluidos. La expositora respondió que la ley deberá definir a estos grupos y su forma de regularización. También explicó que se sorprendió sobre la pregunta de la definición de “grupos históricamente excluidos”, ya que, en casi todas las comisiones se ha entendido que estos grupos se refiere a los pueblos preexistentes de la región, explicando que, se aplicó esta definición para abarcar a todos los pueblos y no excluir a ninguno.
Comisión Derechos Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad
El punto en tabla de esta sesión fue escuchar la exposición de informe final del proceso de consulta indígena de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. La presentación estuvo a cargo de Cindy Quevedo (pueblo colla), Juan Pablo Ogalde (pueblo lickanantai), Haylen Chang Cutipa (pueblo quechua) y Huenulef Millao Lao (pueblo mapuche), miembros de la Secretaría.
Según datos del Informe, durante los 19 días que duró el proceso de consulta participó un total de 7549 personas, lo que refleja un 40% de participación de la que se tenía estimada (18.790). Adelantándose a las críticas por la baja participación, Quevedo realizó una comparación entre este proceso con el llevado a cabo durante el gobierno de Michelle Bachelet, diciendo que este último tuvo una participación de “un poco más del doble, pero la aplicaron en seis meses y con casi ocho veces más el presupuesto que nosotros tuvimos”. Finalizando su intervención, Quevedo recalcó que a pesar de las dificultades de tiempo y presupuestarias de la consulta, esta no podía ser catalogada como un fracaso. “Viéndolo en el contexto en el que estamos nosotros, no podemos decir que esto fue un fracaso. Al contrario, para el tiempo que tuvimos y el poco presupuesto, que tuvimos poco menos de la mitad de la gente, esto no de ninguna manera se podría considerar así”, mencionó la representante del pueblo colla de la Secretaría.
En la exposición de Juan Pablo Ogalde, miembro de la secretaría en representación del pueblo lickanantay, mencionó que a pesar de las adversidades en las que se desarrolló la consulta, “pudimos recoger la información, la opinión de los pueblos indígenas, de voces autorizadas(…) Porque sepan ustedes que esta es la primera vez en Chile que la consulta se hace por pueblo, y no por regiones. Y esa es la clave de todo. Eso es lo que cambió todo. En ese sentido los pueblos se sintieron invitados de forma personal a participar y respondieron al llamado”.
Haylen Chang Cutipa, representante del pueblo quechua en la secretaría, expuso los resultados del proceso de consulta indígena en el pueblo quechua que se extendió desde la región de Arica, por todo el norte hasta la Región Metropolitana. Los temas de mayor interés en cada encuentro del pueblo quechua fueron territorio, agua, recursos naturales, lengua, patrimonio. Y propuso 206 temas normativos en total.
Huenulef Millao Llao, miembro de la secretaría en representación del pueblo mapuche, cerro la exposición de la Secretaría diciendo que “no podemos deslegitimar un proceso, en el cual, si bien es cierto no representa la unanimidad de los pueblos, si representan anhelos que se vierten en este proceso para poder llevarlo a cabo. Y esto no es el fin de un proceso. Sino más bien el comienzo de una nueva época en la institucionalidad de Chile”.
El informe final entregado el día de hoy, sistematiza las discusiones de los pueblos indígenas a través de una metodología cuantitativa y cualitativa. En cuanto a los resultados obtenidos a través de la sistematización cuantitativa de las actas subidas a la plataforma, resaltan los siguientes:
-Respecto a qué debería estar escrito en la nueva Constitución, “las palabras más relacionadas dentro de oraciones son aquellas que hacen referencia al derecho propio, al derecho al territorio y al derecho al agua”. Además, aparecen mencionadas con frecuencia las normativas relacionadas a salud, no discriminación, educación y practicas ancestrales, lo que indicaría “ que a día de hoy considerar que estos derechos no se han cumplido de forma satisfactoria”.
-En la pregunta sobre qué se necesitaría para que lo anterior se haga realidad, el informe indica que las palabras más mencionadas sobre los requisitos para que las normativas entren a regir en la nueva Constitución están divididas en dos grupos: “Reconocimiento al territorio ancestral indígena y su cosmovisión, y Diálogo y reconocimiento por parte de las instituciones gubernamentales y en patrimonio cultural. Esto nos habla de una valoración como requisito al reconocimiento dentro de la Nueva Constitución a los territorios indígenas, y que tanto la cultura como la tierra sea reconocida formalmente por las instituciones y autoridades de gobierno”.
-Respecto a la pregunta sobre las normativas que propone, los resultados son los siguientes: “La creación de una ley indígena dentro del sistema de justicia chileno; Derechos relacionados al territorio y autonomía de los pueblos; Derechos específicos sobre la vida de las personas, como el acceso a educación pluralista; Derechos de resguardo a la cultura; Derecho a la salud que respete la cosmovisión de los pueblos y derechos sobre la vivienda; Derecho y respeto al ambiente; y Derechos sobre la dignidad de las personas”.
En cuanto a los resultados de la sistematización cualitativa, los pueblos indígenas transversalmente sienten una deuda de parte del Estado y las instituciones en las materias de reconocimiento territorial y autodeterminación. A partir de esto y consultados sobre qué se necesitaría para que el cumplimiento de estas demandas se haga realidad, los pueblos indígenas indicaron “por un lado que es necesario el reconocimiento al territorio ancestral indígena y su cosmovisión, mientras que por otro lado demandaron diálogo y reconocimiento por parte de las instituciones gubernamentales en relación a su patrimonio cultural”.
Puedes revisar el informe completo aquí: Informe Final Consolidado Final
Comisión Participación Popular
La comisión hoy tuvo por objetivo: determinar la realización de los foros deliberativos, determinar la extensión del plazo de encuentros constituyentes, y determinar qué pasos seguirán respecto a la elección de la codirectora de secretaría participación popular.
Los foros deliberativos “están definidos en el reglamento general, pero no establece ni el momento que deben realizarse ni las consecuencias del trabajo para efectos de la participación”, informó el secretario Gonzalo Delamaza, agregando que la fecha para su realización, de aceptarse, sería durante el mes de mayo.
Geoconda Navarrete menciona que “en mayo va estar funcionando en el mejor de los casos la comisión de armonización, por lo que ya se habrán escrito y aprobado las normas del texto constitucional”, y agrega que también hay que definir “la incidencia efectiva que va a tener este trabajo”, proponiendo que también puede estar orientado a “una campaña educativa hacia lo que va a ser la participación en el proceso de salida”.
Carolina Sepuúlveda, aclara que “una de las implicancias de los foros es informar sobre cómo está quedando la constitución (…) para que haya una difusión de las normas”, quedando de acuerdo con palabras anteriores que dicen que los foros no deberían incidir en el actual trabajo de las comisiones temáticas, ya que puede ser contraproducente.
Por su parte, Tomás Laibe también indica que “ya es difícil vincular el proceso de deliberación de normas constitucionales con el proceso de cabildos (…) dada la dificultad de los tiempos”, por esto “es muy difícil que un mecanismo de otra naturaleza que no hemos implementado pueda vincularse ahora al proceso deliberativo”.
“Se solicitaron 35 millones de pesos para realizarlo”, dice el secretario Gonzalo Delamaza, quien considera viable la alternativa de utilizarlo como insumo para la deliberación y participación ciudadana en el plebiscito de salida.
Tras una votación sobre el foro deliberativo, la comisión llega a la resolución de rechazar el proceso de foro deliberativo, con 1 voto a favor, 8 en contra y 5 abstenciones.
Respecto a los encuentros constituyentes, Valentina Miranda presenta sobre el tema solicitando una extensión de la actividad hasta el 11 de abril. Las dificultades que se han presentado son, “que los correos al respecto han llegado como spam” y qué “algunos municipios no tenían idea que la convención había convocado a estos encuentros”. Debido a esto, se pide “acoger la solicitud para poder dar la oportunidad a los municipios de hacer participar a la ciudadanía que lamentablemente no han tenido toda la información necesaria para poder participar”.
Felipe Mena, por su parte, no está de acuerdo con la extensión del plazo, ya que no cumple con su objetivo inicial que es que la gente pueda incidir en la deliberación de normas, ahora “lo que se está buscando es difundir y educar” sobre el proceso constituyente, dice el convencional.
El informe sistematizado de los encuentros constituyentes tendrían fecha para 10 días después de finalizar el proceso, por tanto si se extiende el plazo, este estaría listo para el 20 de abril, menciona Gonzalo Delamaza, secretario de la comisión. Agregando que “efectivamente se llegaría tarde, pero en tiempo todavía de las comisiones temáticas, y en cualquiera de los dos casos sería interesante solicitar un momento de entrega formal que refuerce el interés del informe”.
Desde coordinación se entrega la posibilidad de aplazar el proceso hasta el día domingo 3 de abril, y la comisión mediante votación llega a la resolución de aprobar esta extensión.
Finalmente, coordinación hace la solicitud de que convencionales entreguen una “terna de personas que estén disponibles para asumir el cargo de directora para este segundo periodo de la dirección de la secretaría de participación popular”. Se acuerda junto a secretaría que el listado de personas pueda entregarse hasta el día miércoles 23, para así dar a conocer a la convención sobre quienes estarían a disposición para el cargo, y desde allí poder elegir a dos personas.
Comisión Derechos Fundamentales
Al comenzar, la coordinación sometió a votación para establecer un bloque de deliberación y postergar el segundo bloque de votación para mañana. Debido a que se aprobó el cambio deliberativo, la sesión se centró solamente en la deliberación.
Entre las deliberaciones más destacadas, se encuentran los siguientes convencionales:
Rocío Cantuarias: “Invito a aprobar la indicación N°40 y 53, que establecen límites reales a los políticos y no pseudo normas que pretenden pseudo controlar al Estado”.
Damaris Abarca: “Las indicaciones N°9 y 15, en las que proponemos una redacción más acotada y precisa sobre la regulación de la clausura general de Derechos Fundamentales, creemos importante este punto, ya que establece los deberes que tiene el Estado, en cuanto a satisfacer los derechos, lo cual es la finalidad de esta comisión”.
Natalia Henríquez: “Queremos dejar constancia de manera explícita, respecto al ámbito de propiedades indígenas, como pueblo constituyente tenemos diferencias respecto a consagrar los recursos o bienes naturales, en términos de propiedad. Porque justamente una de nuestras solicitudes es que los bienes naturales sean inapropiables”.
Alfredo Moreno: “La propiedad es un derecho tan normalizado, que lo damos por hecho. Nos olvidemos que el derecho de propiedad, no solo recae en una casa, un auto o una parcela, sino que recae en cada una de las cosas que hemos adquirido legítimamente. Las cosas que una persona tiene no son la cristalización de su esfuerzo, son una extensión de sí, no se deben dañar, robar, romper, ni tampoco se les pueden quitar. Yo me pregunto cómo sería estar en un mundo, donde lo que es tuyo no se respeta y no hay una repercusión si esto no es respetado. Es por esto que he presentado una indicación sobre expropiación que busca aclarar algo muy simple; si el Estado te obliga a vender tu propiedad, cuando te pague por la venta, no te puede dejar más pobre o más rico, lo justo es que te deje igual”.
Patricio Fernández: “La norma sobre libertad de expresión, está para establecer el derecho que siempre tienen aquellos que discuten al poder o a la hegemonía cultural imperante el derecho de manifestar sus objeciones, a veces irritantes, a veces insoportables, a veces indignantes. La libertad de expresión está exactamente para dejar claro que eso no será nunca prohibido, ni corregido por la buena voluntad, ni por el buen pensamiento de aquellos que tienen el poder”.
Natividad Llanquileo: “Quiero defender la indicación N°417, es una norma de consenso. Buscamos propiciar en el mediano y largo plazo, el desarrollo legislativo y de políticas públicas que materialicen los derechos y garantías territoriales de los pueblos originarios, acorde a los estándares internacionales. Queremos hacer un llamado a aprobar esta indicación, pues propone un modelo de constitucionalización de la propiedad indígena, su protección, resguardo y reparación a través de la restitución”.
Claudia Castro: “El artículo referido a la titularidad de los Derechos Fundamentales, necesita ser reformado profundamente para alcanzar el nivel mínimo de exigencia de una sociedad democrática. En primer lugar, es necesario acabar con esta guerra jurada a las empresas y personas jurídicas que mantiene cierto sector dentro de esta comisión. Si restringimos la titularidad de los derecho fundamentales, solo aquellos derechos que la constitución consagra expresamente como lo hace el pésimo artículo que aprobaron en esta comisión, muchos derechos se vuelven una ilusión”.
Bastián Labbé: “Sobre libertad de expresión y sus indicaciones en el artículo 8. Una de las primeras indicaciones, donde se consagra el derecho de toda persona a la libertad de expresión, lo señalamos, ya que, este es un derecho a las personas y no de las grandes empresas. Nos parece relevante que el Estado sea activo en erradicar los discursos xenófobos, apología del odio racial, religioso, sexual o de género. Estas son hipótesis concretas de discursos que no son tolerables en la sociedad y que se le faculta al legislador, para establecer un sistema de responsabilidad por infracción a este artículo”.
Katherine Montealegre: “Respecto a las indicaciones que recaen en el artículo 2, estas llaman a recordar cuál es el rol de los Derechos Fundamentales, frente al Estado y que es precisamente proteger a las personas frente al poder que éste detenta, y cuando hablamos de proteger a las personas, hablamos de hacerlo sin distinción. Reiterando una vez más, que establecer tratos diferenciados entre las personas en razón de su origen, identidad o condición afecta la esencia misma de los Derechos Fundamentales, pues estos son, en su esencia, un reflejo de la dignidad de la persona, a aquello que es realmente igual en todos los seres humanos sin distinción alguna, pues nadie es más digno que otro, aunque aquí se quiera establecer lo contrario”.
La orden del día se basaba en someter a deliberación las indicaciones del informe de reemplazo, para su votación en general. Sin embargo, se cambió el método, para someter solamente a la deliberación de todas las indicaciones, contando con 6 minutos por cada constitucional. Por lo tanto, la votación en general de las indicaciones, serán mañana martes.
¿Qué pasa mañana?
09:30 hrs.
- Comisión Sistema Político
- Comisión Derechos Fundamentales
12:30 hrs.
- Sesión plenaria de cuenta pública de los avances en la elaboración de la propuesta de texto de Nueva Constitución
15:00 hrs.
- Sesión plenaria para la votación particular del segundo informe de la Comisión sobre Sistemas de Justicia
IMPORTANTE
¿Qué ocurrirá el resto de la semana?
- Miércoles 23 de marzo: Sesión plenaria. En primer lugar, se discutirá y votará el informe de segunda propuesta de la Comisión de Forma de Estado, que recae sobre las normas rechazadas en particular en el informe de reemplazo. Posteriormente, se discutirá y votará en particular el primer informe de la Comisión sobre Sistema Político.
- Jueves 24 de marzo: Trabajo en comisiones. No habrá sesión plenaria.
- Viernes 25 de marzo: Se realizará una sesión plenaria a partir de las 09:30 hrs. para discutir y votar el informe de reemplazo e informe de segunda propuesta de la Comisión sobre Medio Ambiente.
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