En la fecha límite el gobierno de Gabriel Boric presentó indicaciones para modificar algunos aspectos de la propuesta de ley de usurpaciones, como la legítima defensa privilegiada y las penas asociadas a las ocupaciones ilegales. Pero eso no es lo único que se tramitó este mes en el Congreso, acá te contamos sobre otros dos proyectos: responsabilidad civil por anticonceptivos defectuosos y Ley integral contra la violencia hacia las mujeres.
*Por Equipo La Neta
En esta nueva edición de #LaNetaLegislativa te invitamos a conocer el veto ingresado por el Ejecutivo a la ley de usurpaciones y a recorrer la agenda de género en el Congreso Nacional, como el proyecto de ley de responsabilidad civil por anticonceptivos defectuosos, cuyo debate se retomaría el próximo mes en la comisión de Salud de la Cámara.
Respecto a la ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, conversamos con la Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, para conocer su opinión respecto a la extensa tramitación de este proyecto que fue ingresado en 2017.
Pero, antes de pasar al detalle… ¿Tienes dudas sobre el proceso de formación de las leyes? ¡No te preocupes! Puedes revisar el recorrido que siguen las iniciativas hasta convertirse en leyes en nuestro boletín introductorio sobre el proceso legislativo haciendo click aquí.
¿Será ley?: Ejecutivo ingresa veto parcial a ley de usurpaciones
¡Partimos el boletín con novedades! El viernes 28 de septiembre, la Ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció el veto parcial del Gobierno a la ley de usurpaciones aprobada por el Congreso a finales de agosto.
Este veto consta de tres ejes centrales, enfocándose en la legítima defensa privilegiada, las penas asociadas a las ocupaciones ilegales y los instrumentos para la restitución de bienes. ¡Dale click! En nuestra nota podrás conocer en detalle los tres puntos que el Gobierno propone vetar.
¡Pero hey! Antes de que sigas bajando, te contamos que, previo al anuncio de este veto, 53 organizaciones sociales, entre las que encuentra Corporación Humanas, había solicitado al Presidente Gabriel Boric hacer uso de esta facultad para frenar su promulgación, pues señalaron que el proyecto criminalizaría a personas de bajos recursos y permite el uso de la violencia a través de la “legítima defensa privilegiada”.
¿Qué pasó en la Cámara?
En Comisión: Reparación por anticonceptivos defectuosos
El proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de responsabilidad civil por los daños causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos fue ingresado en marzo de 2021 a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa busca hacer más expedita la reparación a las mujeres que hayan tenido un embarazo no planificado como resultado del consumo de anticonceptivos femeninos de administración oral y que dichos defectos hayan sido objeto de una alerta por el Instituto de Salud Pública (ISP). La primera alerta de este tipo, de público conocimiento, data del 2020.
“De esta situación, se sigue que a la fecha, al menos 140 mujeres usuarias de dichas pastillas anticonceptivas denuncian haber quedado embarazadas, situación que debido a la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo por causales diversas a las establecidas en la ley de 21.030, deberán enfrentar de manera forzada”, señala el proyecto.
A raíz de este hecho, se propone incorporar un nuevo inciso al artículo 111 del Código Sanitario para establecer una presunción de causalidad cuando exista embarazo y una alerta emitida por el ISP. Es decir, coincidiendo ambas circunstancias no será necesario que la usuaria pruebe que el embarazo fue producido por el anticonceptivo defectuoso, como correspondería siguiendo las reglas generales.
En complemento a ello, el proyecto propone que el procedimiento aplicable a este tipo de casos sea el de los juicios sumarios, que tienen un tiempo de tramitación menor que el previsto siguiendo las reglas generales. Asimismo, el proyecto de ley cuenta con una norma transitoria, que establece el efecto retroactivo de esta ley para aplicarlos a los casos que dieron origen a esta moción, específicamente a aquellos registrados del año 2020 en adelante. Dado que las leyes tienen efectos desde que son dictadas, de no considerarse esta norma las reglas no serían aplicables a casos ya ocurridos.
Sin embargo, pese a encontrarse radicado en la Comisión de Salud de la Cámara desde enero de este año el proyecto no ha sido despachado por esta para que continúe su tramitación. Al respecto, la diputada y presidenta de la comisión, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), comentó a La Neta que se espera retomar el proyecto en un mes más.
¿Qué pasó en el Senado?
En comisión: Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres
En enero de 2017, el gobierno de Michelle Bachelet ingresó al Congreso el proyecto de ley integral contra la violencia hacia las mujeres, en el marco de los compromisos adquiridos por Chile con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y las recomendaciones al Estado de Chile de órganos como el Comité de Derechos Humanos.
¿Qué busca el proyecto? Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos.
¿Cómo ha sido su tramitación? Luego de dos años de ingresado el proyecto, la Cámara de Diputadas y Diputados terminó su primera tramitación legislativa, con la aprobación de este el 17 de enero de 2019. Y, en julio de ese mismo año, el Senado lo aprobó en general. Esto dio paso a la presentación de indicaciones en la Comisión de la Mujer, las cuales fueron remitidas en marzo del 2021 a la Comisión de Constitución.
En octubre del año pasado este proyecto de ley fue objeto de modificaciones por parte del Ejecutivo, como el reconocimiento de la violencia ejercida en contra de niños y niñas con el objeto de dañar a sus madres y cuidadoras (denominada violencia vicaria).
También se adicionó la creación de un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, que considera la formación de un expediente único de organización de datos personales e información sobre casos de violencia, con la finalidad de centralizar la información y hacerla accesible a los servicios que intervienen en los casos. Asimismo, se fortalecieron las medidas cautelares y se incorporó un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia.
El proyecto se encuentra aún en el Senado, y está siendo revisado por las comisiones de Constitución y de Mujer unidas, donde deben votarse las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, a las que se suman aquellas que han sido ingresadas por las senadoras y senadores en esta etapa de tramitación.
A pesar de estos avances, según datos del Observatorio de Género y Equidad, un 42% de las sesiones citadas por la comisiones unidas de Constitución y Mujer del Senado para avanzar el proyecto han sido suspendidas.
Les comparto mi carta al director. El Congreso está en deuda con las mujeres. La violencia afecta a 4 de cada 10 mujeres. Una pandemia que tiene décadas! pic.twitter.com/hp3iwX8PSo
— Teresa Valdés, NUNCA+ (@TeresaValdesE) September 9, 2023
Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio, señaló que la lenta tramitación se debe a muchas razones, entre las que se encuentra “la complejidad” del proyecto, así como la “falta de voluntad política de hacerse cargo de las consecuencias que tiene el aprobar esta ley”.
Respecto a las indicaciones que han ingresado desde el Ejecutivo, Valdés comentó que las presentadas bajo el gobierno de Sebastián Piñera «cambió mucho el lenguaje del proyecto, lo que no solo retrasó aun más su tramitación sino cambiando el sentido de algunas acciones que incluía este».
En ese sentido, valoró las indicaciones presentadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric en 2022, aunque aseveró que estas también tienen consecuencias “a nivel de cómo se aplica”, porque tiene que ver con la administración de la justicia. De acuerdo a Valdés, esto produce demoras en cuanto a las respuestas o las observaciones que ha hecho, por ejemplo, la Corte Suprema.
“El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia incorpora temas serios, relevantes, en el ámbito judicial, pero también en el ámbito de salud, también en educación. Entonces, no es, digamos, una ley de fácil despacho”, concluyó la directora del Observatorio.
En Comisión: ¡Libertad para Katty!
El miércoles 13 de septiembre, la comisión de la Mujer y Equidad de Género escuchó la exposición de representantes de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Macarena Asenjo y Priscilla González, sobre el caso de Katty Hurtado Caamaño, quien se encuentra privada de libertad desde mayo de 2018, condenada a 20 años de cárcel por defenderse de su agresor tras un inminente ataque sexual.
Macarena Asenjo comentó que la Red Chilena tomó el caso tras la solicitud del hijo de Hurtado, Alex (23), quien pide libertad para su madre. Te invitamos a conocer más del caso de excarcelación aquí. Además, Priscilla González expuso que la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los derechos vulnerados en el caso de Katty Hurtado Caamaño.
González explicó que la denuncia se agrupa en tres principales áreas: Discriminación arbitraria, vulneración al debido proceso y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. “No se dio ninguna relevancia a que la señora Hurtado fue víctima de violencia intrafamiliar durante toda su vida(…) Tampoco se pudieron acreditar o no se dio crédito a la defensa de la señora Hurtado quien había aducido legitimado defensa principalmente, porque no se atendieron las dinámicas de violencia intrafamiliar al interior de la relación”, señaló González.
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