Este consta de tres aspectos centrales, como la legítima defensa privilegiada, las penas asociadas a las ocupaciones ilegales y los instrumentos para la restitución de bienes.
*Por Martín Contreras, pasante de La Neta
El proyecto de Ley de Usurpaciones ha sido objeto de un intenso debate desde su aprobación en el Congreso. El veto presidencial anunciado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, aborda tres puntos claves del debate.
Pero antes, ¿Qué es el veto presidencial? Es una facultad que tiene el Presidente de la República para formular observaciones aditivas (si desea agregar algo), sustantivas (si desea modificar algo, o subversivo (si desea eliminar algo). Puede aprobar o modificar proyectos de ley antes de su promulgación, permitiendo su revisión en el Congreso.
Los tres puntos claves del veto ingresado por el Ejecutivo
En primer lugar, se plantea eliminar la autotutela o legítima defensa privilegiada, que permitía a las personas tomar la justicia en sus propias manos en casos de usurpación. La modificación busca aplicar las reglas generales de legítima defensa y detención ciudadana en lugar de un régimen especial que fomentaba la autotutela.
En segundo lugar, se establece una graduación de las penas para las ocupaciones ilegales. En los casos de usurpación con violencia e intimidación, la pena propuesta por el Parlamento se mantendrá como un presidio menor en su grado medio a máximo. Sin embargo, se introducirán penas más bajas para los casos de usurpación sin violencia a personas, pero con daño a la propiedad. Además, se contemplará la posibilidad de multas en casos de usurpación pacífica.
El tercer punto abordado por el veto se relaciona con los instrumentos para la restitución de bienes ocupados ilegalmente. Se propone una nueva modalidad llamada “restitución anticipada” que permitiría a los propietarios solicitar la devolución de sus bienes durante un proceso judicial en curso.
El anuncio del veto presidencial ha generado un ambiente expectante en el Congreso, aunque no se ha logrado un acuerdo prelegislativo sobre los cambios propuestos. El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, expresó la esperanza de que exista voluntad para aprobar el veto y destacó la importancia de corregir los aspectos más controvertidos de la ley, particularmente en lo que respecta a la violencia ejercida por particulares para resolver conflictos jurídicos.
El debate en el Congreso sobre el veto presidencial se espera que sea intenso y se plantea como un paso importante en la búsqueda de un marco legal que aborde las ocupaciones ilegales de manera efectiva, pero sin violar principios fundamentales del sistema jurídico.