A través de una carta, las organizaciones piden al Presidente Gabriel Boric hacer uso de esta facultad para frenar su promulgación, debido a que criminalizaría a personas de bajos recursos y permite el uso de la violencia a través de la “legítima defensa privilegiada”.
* Por Javiera Castro pasante de La Neta
A finales de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que sanciona las ocupaciones ilegales de viviendas o terrenos, el cual busca sancionar con cárcel a quienes se vean investigados por este delito, junto con permitir la “legítima defensa privilegiada” de quienes sean dueños de la propiedad.
Hoy, a un mes de su aprobación, el proyecto se encuentra en la Comisión de Seguridad Ciudadana bajo revisión de las indicaciones obtenidas. Pero, desde organizaciones sociales por los derechos humanos y defensoras de la vivienda se le ha solicitado al Presidente Gabriel Boric hacer uso su facultad de veto para frenar este proyecto.
Las 53 organizaciones firmantes sostienen, en la carta, que este proyecto es un grave retroceso en el cumplimiento de respeto y garantías de los derechos humanos, junto con comprometer una responsabilidad a nivel internacional por acuerdos firmados por el Estado de Chile.
Y enfatizan que, a pesar de “no desconocer la relevancia jurídica y social de las problemáticas que aborda el texto aprobado”, este tendría tendría consecuencias negativas, como la de “aplicar penas idénticas a la violencia o intimidación en las personas como a la fuerza trastoca principios jurídicos actuales en la legislación” y “el ejercicio de la autotutela por parte de propietarios de inmuebles ocupados”.
“El Estado de Chile tiene la obligación, a través de sus poderes colegisladores, de legislar con responsabilidad y orientado al bien común y a la protección de los derechos fundamentales. Este texto legal no cumple ninguno de dichos objetivos, siendo imprescindible el ejercicio del derecho a veto contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”, finalizan.
La mirada de las organizaciones no es lejana a la del poder ejecutivo. Durante la discusión del proyecto, la Ministra del Interior Carolina Tohá, explicó que la usurpación ya está reconocida como delito, sin embargo, requiere ser revisada y actualizada al no ser efectiva.
No obstante, recalcó la secretaria de Estado, las sanciones deben ser dirigidas al delito en sí y no a las personas. Tampoco debe permitir la autotutela, ya que como Gobierno no se autoriza una ley que dé cabida a un posible enfrentamiento entre personas. Así, y en consecuencia, se le retira la urgencia al texto, para dar paso a las modificaciones que esta requiera.
