Enfoque de género en las reglas para el uso de la fuerza y cambios en el régimen patrimonial de sociedad conyugal, son algunos de los temas discutidos en el Congreso Nacional y el detalle de estos lo encuentras aquí.
En esta nueva entrega de #LaNetaLegislativa encontrarás información sobre la tramitación de proyectos de ley que involucran los derechos humanos de las mujeres y las niñas, además hemos incorporado una novedad ? porque hemos decidido ampliar los horizontes a la agenda de seguridad, que involucra un enfoque de género y de derechos humanos.
Pero, antes de pasar al detalle… ¿Tienes dudas sobre el proceso de formación de las leyes? ¡No te preocupes! Puedes revisar el recorrido que siguen las iniciativas hasta convertirse en leyes en nuestro boletín introductorio sobre el proceso legislativo haciendo click aquí.
¿Qué pasó en la Cámara?
A finales de julio, la Cámara de Diputadas y Diputados eligió a una nueva Mesa Directiva, la cual quedó presidida por el diputado Ricardo Cifuentes (DC), quien estará en la testera con las diputadas Carmen Hertz (PC) y Daniella Cicardini (PS), como primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta, respectivamente, quienes ejercerán la jefatura de la Corporación hasta marzo de 2024.
En la foto, de izquierda a derecha, Ricardo Cifuentes (DC),
Carmen Hertz (PC) y Daniella Cicardini (PS).
En comisión: Uso de la fuerza
En abril de este año, los ministerios de Secretaría General de la Presidencia, Defensa Nacional, Interior y Justicia ingresaron un proyecto de ley para establecer “normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las fuerzas armadas”.
Esta iniciativa, tal como indica su nombre, busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, incluyendo a las Fuerzas Armadas cuando acuden a tareas de resguardo del orden público.
Su contenido recoge los actuales estándares del uso de la fuerza que rigen en Chile, para actualizarlos e incorporar las recomendaciones de distintos organismos internacionales al respecto.
Además, se establece que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberá guiar su actuación en el uso de la fuerza por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad.
¿En qué etapa se encuentra el proyecto?
Actualmente, la iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, integrada por 23 diputados y diputadas y presidida por Raúl Leiva (PS).
Desde abril hasta inicios de agosto, las comisiones unidas han sostenido ocho sesiones para discutir en general el proyecto y han recibido a diferentes expositores y organizaciones, entre ellas Corporación Humanas que expuso sobre la importancia de incorporar el enfoque de género al proyecto.
¿Por qué incorporar el enfoque de género?
La encargada de responder a esta pregunta fue la socióloga de Corporación Humanas, Mariela Infante, quien señaló que el enfoque de género “destaca la capacidad de agencia de las mujeres y la necesidad de promover su participación activa e incidente en los procesos de toma de decisión relativos al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de seguridad”.
Según Infante, la “revuelta social” de 2019 visibilizó las “violencias diferenciadas” ejercidas en contra de mujeres y disidencias, a partir de esto recomendó regular el uso legítimo de la fuerza, así como el cumplimiento de los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales”.
“En el caso de mujeres y disidencias suelen enfrentar afectaciones especiales y agravadas como agresiones verbales y discriminatorias basadas en estereotipos, insultos misóginos, golpes y agresiones físicas en zonas del cuerpo sexualizadas, tocamientos indebidos, desnudamientos forzados y otras expresiones de violencia sexual”, explicó la socióloga de Corporación Humanas.
Para Infante estas afectaciones son el resultado de la “desigualdad histórica y estructural” que afecta a las mujeres, que en octubre de 2019 se manifestó en los cuerpos de las detenidas como “medios para transmitir un mensaje estatal de represión a la disidencia política”.
“En el contexto chileno debe ser objeto de especial preocupación la vulnerabilidad de las mujeres mapuche, que hace más de un año viven en un permanente estado de excepción constitucional”, observó Infante.
Recomendaciones
Algunas de las recomendaciones de Corporación Humanas, son extender el ámbito de aplicación de la ley a “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” o personal de las fuerzas del orden. De acuerdo a Infante, con esto se establecen “obligaciones uniformes para las diferentes instituciones concernidas”.
Otra recomendación formulada por Humanas, es la de formular reglamentos y protocolos específicos para grupos en situación de vulnerabilidad, para así “considerar enfoques diferenciados del uso de la fuerza” y “mitigar los mayores riesgos de violencia institucional” percibidos por las mujeres.
La incorporación de organizaciones de la sociedad civil “con reconocida trayectoria en seguridad pública y derechos humanos” para la revisión de protocolos, también fue otra recomendación de la corporación. El fin de esto, es dar mayor transparencia al proceso, con participación efectiva y control ciudadano en la elaboración de los instrumentos normativos, y en el monitoreo de su implementación e impacto.
Finalmente, para Infante, regular el uso de la fuerza a través de un instrumento legal, “es un esfuerzo que va en la dirección correcta”. Y aseguró que la prevención, control y sanción de la violencia institucional “es uno de los principales desafíos del país en materia de seguridad pública”.
¿Qué pasó en el Senado?
En comisión: Sociedad Conyugal
Durante estos meses, la comisión de mujer y equidad de género ha estado abocada al estudio y votación de las indicaciones ingresadas al proyecto de ley que modifica el código civil y otras leyes para regular el régimen patrimonial de sociedad conyugal.
Pero, antes de contarte sobre la tramitación, un poco de contexto. Este proyecto es parte del acuerdo de solución amistosa alcanzado el 2007 entre Sonia Arce Esparza y el Estado de Chile, donde intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual consta de dos puntos principales:
- El compromiso del Estado de derogar las normas que discriminan a las mujeres en el régimen de sociedad conyugal.
- Modificar las prácticas instaladas en base a la histórica discriminación legal de las mujeres casadas en sociedad conyugal.
Es decir, ambos puntos buscan modificar la ley de sociedad conyugal y terminar con la jefatura del marido. Sin embargo, las peticionarias en el caso -Corporación Humanas y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)-, recalcan que estos compromisos han tardado 16 años en materializarse.
¿Y qué ha pasado con su tramitación?
En la sesión del miércoles 5 de junio, la comisión recibió a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, para conocer las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo al proyecto.
Al respecto, Orellana señaló que las indicaciones están centradas en el principio de actualización de un “régimen patrimonial que infringe y vulnera el principio de igualdad ante la ley”, junto con cumplir las obligaciones acordadas por el Estado ante la CIDH.
¿Cuáles son las indicaciones?
Uno de los cambios propuestos por Ejecutivo, y según Orellana de principal interés en la tramitación, es la indicación que propone establecer una administración indistinta y, en ciertos casos, conjunta de los bienes adquiridos en común entre los cónyuges, eliminando así la figura del marido como “administrador de la sociedad conyugal”.
“Esta forma de administración, busca reconocer la solidaridad que presenta este régimen patrimonial, estableciendo condiciones mínimas de igualación en la administración”, sostuvo Orellana.
Junto con esto, el Ejecutivo propuso que la administración de los bienes propios de cada cónyuge sea ejercida por el “cónyuge propietario” y no “el marido”, como se encuentra establecido en la legislación actual.
Además, Orellana sostuvo que uno de los puntos más relevantes de la propuesta del Ejecutivo se encuentra en la derogación del patrimonio reservado, por ser incompatible con el establecimiento de “un sistema de coadministración para los cónyuges, en virtud que ambos se encuentran en igualdad de condiciones respecto del haber social”.
“Es importante tener en consideración que el mantener el patrimonio reservado de la mujer, en un sistema igualitario de administración de los bienes sociales, acarreará que tal fórmula no pueda aplicarse a las personas casadas del mismo sexo”, precisó en la presentación.
Llegó la hora de decir adiós.
¡Decir adióooooos! ?
Has llegado hasta el final del boletín mensual de #LaNetaLegislativa y esperamos que hayas quedado informada/o de las principales novedades de iniciativas y leyes sobre derechos humanos de las mujeres y niñas.
Si quieres conocer el avance y estado de otras iniciativas relativas a mujer, equidad y género, así como el proceso de tramitación de una ley, puedes revisar en la sección de La Neta Legislativa de nuestro sitio web.
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