Boletín diario: ¿Qué pasó este miércoles 2 de marzo en la Convención Constitucional?

En la mañana sesionaron todas las comisiones para continuar deliberando y/o votando normas y por la tarde hubo una sesión plenaria donde se discutieron y votaron las normas que fueron devueltas a la Comisión Sistemas de Justicia. Lo que resultó aprobado formará parte de la propuesta de nueva Constitución. Revisa todos los detalles en nuestro boletín.

 

Para conocer los detalles de lo trabajado ayer por la Convención, te invitamos a revisar el boletín del pasado martes 1 de marzo: https://laneta.cl/boletin-diario-que-paso-este-martes-1-de-marzo-en-la-convencion-constitucional/ 

 

¿Qué estaba presupuestado para hoy?

 

09:30 – 13:30 hrs.

  • Comisión Sistema Político 
  • Comisión Principios Constitucionales
  • Comisión Forma de Estado
  • Comisión Derechos Fundamentales
  • Comisión Medio Ambiente
  • Comisión Sistemas de Justicia
  • Comisión Sistemas de Conocimientos 

15:00 hrs:

  • Sesión plenaria

 

¿Qué se llevó a cabo realmente?

 

Comisión Sistema Político 

 

¡Lento, pero seguro! Así avanza la comisión n°1 en la aprobación de sus normas en particular, las cuales serán integradas al informe para ser sometidas a votación en el Pleno de la Convención. Si bien se esperaba que este fuese despachado para ser deliberado el 11 de marzo, lo cierto es que ese plan podría no funcionar debido a la cantidad de indicaciones y demora en las votaciones.

Durante esta mañana lograron despachar 8 artículos en su totalidad, todos referentes al capítulo de Congreso Plurinacional. Entre lo aprobado, se encuentran los requerimientos que deberán cumplir las personas que pretenden ejercer como diputados o diputadas de la República.

Sobre este punto, se aprobó el artículo que propone reducir la edad para poder ejercer dicho cargo de 21 a 18 años. Además, se mantuvo el requisito, establecido en la actual Constitución, de “haber cursado la enseñanza media o equivalente” y ser ciudadano/a con derecho a voto.

Asimismo, se mantiene el requisito de tener residencia efectiva en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a dos años.

En el caso de los candidatos a diputados y diputadas de escaños reservados, se establece que “deberán cumplir las condiciones establecidas, dentro de la autonomía reconocida por esta Constitución, para la pertenencia al pueblo de que se trate y deberán estar inscritos en los padrones especiales establecidos por la ley para estos efectos”.

En cuanto a la reelección también se realizó un cambio. En la actual Constitución, se permite la reelección inmediata dos veces, es decir, un diputado/a puede estar en el cargo hasta por 12 años. Sin embargo, la propuesta de la comisión es que se reduzca a solo una reelección inmediata para el ejercicio del cargo, es decir, podría estar en el cargo hasta 8 años.

Por otro lado, se aprobó el párrafo que dice que las “decisiones del Congreso, incluyendo la aprobación de leyes, se tomarán por la mayoría de sus miembros presentes, a menos que esta Constitución disponga un quórum diferente”. Esto significaría que la regla general es la mayoría siempre y, excepcionalmente, algunas leyes tendrán quórum de mayoría absoluta. Esto es un guiño al término de los quórums supramayoritarios. 

Todos los detalles de lo aprobado hasta el momento, que pasa al informe de la comisión al Pleno, puedes revisarlo en este documento: https://docs.google.com/document/d/1r5H5sxOvMhtRXHBOgoxpbV81X9idSrYS76I9d5FkjBE/edit?usp=sharing

Los detalles de la votación: https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion.aspx?prmId=25&prmIdSesion=738

 

Comisión Principios Constitucionales

 

Hoy se revisaron dos propuestas convencionales constituyentes y dos propuestas populares indígenas de normas del segundo bloque temático sobre democracia directa, nacionalidad y ciudadanía. 

Iniciativa Indígena N° 89-2 que “Consagra el reconocimiento a la nacionalidad originaria de los integrantes de pueblos originarios”, de Beatriz Painiqueo del Pueblo Mapuche.

El artículo de la norma dice que “el Estado reconoce la nacionalidad originaria de los integrantes de pueblos originarios” y que “el principal criterio de los pueblos debe ser el vínculo consanguíneo”, estableciendo que “quienes logren acreditarlo no pueden ser privadas de su nacionalidad originaria o ser discriminada por su origen”.

Además, la iniciativa propone un artículo transitorio que indica un mecanismo de “investigación participativa para esclarecer las circunstancias que permitieron las violaciones de derechos humanos de niños y niñas robados a sus familias durante la dictadura militar y que fueron dados en adopciones ilegales en países extranjeros”. 

Iniciativa Indígena N° 204-2 que “Establece el “Derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y naciones indígenas”, de Teresa Olivares, Pueblo Diaguita.

La norma propone principalmente que “ante cualquier actuación, pública o privada, que pudiera tener un impacto significativo en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, limitar sus derechos de tierras, bienes, recursos o territorios, o poner en riesgo la supervivencia de los pueblos y naciones preexistentes, las autoridades deberán contar con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados”.

Esto sería válido para toda obra, proyecto o actividad, pública o privada, que: vulnere la supervivencia de los pueblos/naciones, les impida vivir de manera tradicional, requiera evaluación de impacto ambiental, representen riesgos o que interfiera en el territorio indígena, disponga y almacene materias tóxicas, explote los bienes naturales que usan y gozan los pueblos y naciones, signifique una migración de las comunidades indígenas. 

Iniciativa de Norma Convencional Constituyente N° 788-5 sobre bienes comunes naturales, de Alvin Saldaña. En los cinco artículos correspondientes al apartado expuesto en esta comisión, se propone un mecanismo para hacer efectiva la participación pública en la toma de decisiones ambientales y sobre la naturaleza.

Antes que todo, “la participación en la toma de decisiones es un principio que debe guiar el actuar de los órganos competentes del Estado para la toma de decisiones en materia ambiental y que afecten los componentes de la Naturaleza”. Tras esto, se reconocerá “el derecho de participación en la toma de decisiones públicas de carácter vinculante (…) de los habitantes del territorio, que contemple plazos razonables y suficientes para informar al público”.

Las decisiones tomadas conjuntamente entre participantes y tomadores de decisión, “se aplicará de manera general a las materias ambientales, climáticas y su gobernanza; a las autorizaciones, revisiones y actualizaciones que se desarrollen por medio de una evaluación ambiental; a la autorización de proyectos y actividades específicas; y en general a cualquier asunto de interés público, como por ejemplo el ordenamiento territorial, la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos para los componentes naturales”. 

Así mismo, “la ley regulará un referéndum directo de aprobación o rechazo respecto de proyectos que inciden sobre la vocación o destino de un territorio”. Considerando a “los pueblos y naciones preexistentes, en ejercicio de los derechos de consulta y consentimiento libre, previo e informado” sobre sus territorios y bienes naturales. 

Una vez tomada la decisión, “dicha información será informada y difundida, con sus motivos y fundamentos (…) considerando a los grupos más vulnerables y la pertinencia cultural para asegurar la máxima difusión de las decisiones”.

Iniciativa de Norma Convencional Constituyente N° 834-2 sobre “Nacionalidad y Ciudadanía”, de Alvin Saldaña. La propuesta establece en sus artículos: el derecho de nacionalidad y ciudadanía, las condiciones de quienes son “personas chilenas”, y sobre la pérdida de nacionalidad.

Serían personas chilenas quienes son “nacidas de madre o padre chileno”, quienes nacieron “en el territorio, maritorio y espacio aéreo nacional”, “las personas pertenecientes a los pueblos naciones preexistentes al Estado”, “las personas descendientes de otra chilena hasta el cuarto grado de consanguinidad”, “toda persona que haya contribuido y promovido el desarrollo social del país”.

Se propone este derecho como “inalienable que reconoce a toda persona a una persona la titularidad y el ejercicio de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales que le permitan vivir de manera digna, reconocer una identidad colectiva y ser integrante en plenitud” de la sociedad chilena.

“El Estado protegerá la nacionalidad de las personas chilenas, y ésta sólo podrá ser renunciada por acto personal y voluntario”, sin embargo esto será posible en el caso de que “la persona afectada no quede en condición de apátrida”.

Además, una disposición transitoria de la norma, propone que se establecerán mediante ley las medidas para “reconocer la nacionalidad a todas aquellas personas chilenas y sus descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (…) especialmente respecto de quienes hayan sufrido el exilio durante la dictadura y sus descendientes, como una medida que promueve los principios de justicia, igualdad, memoria, reparación y garantías de no repetición”.

 

Comisión Forma de Estado

 

 

Hoy la comisión terminó de votar en general las iniciativas constituyentes de su segundo bloque de normas relativas a las comunas, territorios especiales, autonomías y distribución territorial. Estos temas formarán parte de su próximo informe de iniciativas que resulten aprobadas, el que será posteriormente discutido y votado por el Pleno.

Entre lo aprobado durante esta jornada, se encuentra:

-Iniciativa convencional Nº489-3, que “establece y regula autonomías territoriales indígenas”, propuesta por Adolfo Millabur y otra/os. La norma expresa, entre otros, que la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas preexistentes, en virtud de su libre determinación, el derecho a establecer autonomías territoriales indígenas, donde ejercen la capacidad y facultad de autogobierno, a través de sus propias autoridades y que estas autonomías se rigen por las disposiciones de la Constitución y sus leyes, sus Estatutos Autonómicos y el sistema jurídico propio de los respectivos pueblos y naciones indígenas. Fue aprobada con 18 votos a favor y 7 en contra. 

-Iniciativa indígena Nº 52-3 que “establece la autonomía jurídica, política, administrativa y económica del territorio Rapa Nui”, propuesta por Irene Teave con el patrocinio del Consejo de Ancianos, Parlamento Rapa Nui y organización Honui. Uno de los puntos que establece la norma es que esta autonomía será regulada por una norma especial que deberá ser elaborada dentro del plazo de 2 años contados desde la entrada en vigencia de la presente Constitución. Fue aprobada con 17 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.

-Iniciativa indígena Nº 181-3 sobre el “reconocimiento y acreditación constitucional de los territorios indígenas y maritorios”, propuesta por Leticia Caro, pueblo Kawésqar, con patrocinio de 2 comunidades. Esta reconoce y garantiza el derecho de acceso y uso al mar de los pueblos preexistentes, especialmente en los pueblos indígenas, nómades e itinerantes y su derecho a protegerlo de acuerdo a sus propias tradiciones y cultura. Fue aprobada con 18 votos a favor y 7 en contra.

-Artículo 2 de la iniciativa indígena Nº 243-3 que “regula relación de los pueblos naciones preexistentes con su entorno, alcance del derecho de propiedad, concesiones y pasivos medioambientales”, presentada por Marco Coñuecar del pueblo Kawésqar con el patrocinio de una comunidad. Este artículo refiere a los derechos de propiedad territorial con pertinencia ancestral y su uso actual e indica que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Fue aprobado con 13 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.

-Artículo 1 de la iniciativa indígena Nº 243-3. Este artículo se refiere a la relación de los pueblos naciones preexistentes con su entorno y expresa que el Estado reconoce la especial interrelación ancestral que tienen los pueblos y naciones preexistentes con su entorno natural y que establecerá mecanismos eficaces para la prevención de todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenar sus tierras, territorios o recursos. Fue aprobado con 16 votos a favor y 9 en contra.  

Revisa el detalle de todas las votaciones realizadas hoy por la comisión haciendo click aquí. Una vez que reciban el documento sistematizado con las normas aprobadas del bloque 2, las y los convencionales tendrán plazo hasta el próximo martes 8 de febrero a las 23:59 hrs. para presentar indicaciones que serán votadas en particular durante la semana del 14 de marzo. 

Tras el término de la votación de este segundo bloque de normas, la coordinación y otros integrantes de la comisión realizaron un punto de prensa. “De las 52 iniciativas, aprobamos casi 20 de ellas. Se abrirá el plazo para las respectivas indicaciones y votación particular (…). Estamos muy contentos y contentas por los avances de esta comisión, vamos avanzando a pasos agigantados”, señaló el coordinador Claudio Gómez. 

«Recibimos muchas iniciativas constituyentes indígenas de comunidades que se organizaron y presentaron sus propias iniciativas. Desde el pueblo kawésqar, el pueblo quechua, el diaguita y el mapuche. Muchas iniciativas que fueron deliberadas y que han sido votadas hoy favorablemente para ser también incorporadas en la construcción que en particular se vaya a hacer por parte de la comisión en mayoría y eso nos satisface mucho, porque (…) es un gesto político importante de la participación de las comunidades indígenas que serán parte de este texto de propuesta constitucional», agregó la coordinadora Jeniffer Mella.

 

Comisión Derechos Fundamentales

 

 

En esta jornada, la comisión abordó las propuestas de reforma a su Metodología y Cronograma de Trabajo para la siguiente etapa del trabajo, que tratará los temas referentes a derechos sociales como educación, salud y vivienda, entre otros.

Durante la sesión, se recibieron comentarios y consultas respecto a la propuesta expuesta por la coordinación ayer. Posteriormente, las recomendaciones que más se repitieron fueron incorporadas en la propuesta para luego someterla a votación. Esta propuesta consiste en agrupar las iniciativas en un solo bloque temático. Asimismo, la coordinación sugirió dividir la instancia en dos subcomisiones para escuchar solo las presentaciones de las iniciativas constituyentes.

Tras esta discusión, se mantuvo la idea de mantener en tres etapas la tramitación de las normas, pero con algunas modificaciones de la propuesta respecto a la anterior. En primer lugar, se recogió que las iniciativas populares e indígenas serán presentadas al pleno de la comisión y no a las subcomisiones. En caso de iniciativas convencionales, se acogió la solicitud de que estas se presenten en tres minutos y que se de espacio de cuatro minutos para preguntas y dejar parte final de tres minutos para respuesta del autor. Esto no sucedería con iniciativas indígenas y populares, donde se mantendrían los cinco minutos de presentación.

En cuanto al trabajo de las subcomisiones, la coordinación insistió en la idea de hacer una distribución equitativa con representación política de cada uno de los colectivos y que las iniciativas que van a conocer estas subcomisiones estará determinada en cuanto al número de iniciativas que corresponde conocer y las materias que abordan. 

Respecto a las modificaciones realizadas a la etapa de votación en general, resolvieron que pueda ser en esta etapa donde se presenten las relatorías de participación popular, con el fin de que estas se puedan tomar como insumo para efecto de las intervenciones y las decisiones que tomarán las y los convencionales durante el proceso de votación en general. 

También se decidió suprimir lo referente a la realización de enmiendas amistosas, con el fin de dar espacio a que las y los convencionales formulen propuestas que podrán someterse a votación posteriormente. 

Finalmente, la propuesta metodológica fue aprobada con 18 a favor, 1 en contra y 11 abstenciones. Puedes revisar el detalle de la proposición aquí: Propuesta funcionamiento DDFF_Con observaciones-2 (1)

Ojo: Durante la sesión se dio cuenta que hubo un error de tipeo respecto al tiempo de presentación para iniciativas populares e indígenas, el que será de cinco minutos para cada una y no tres, como indica el documento. 

 

Comisión Medio Ambiente

 

En la comisión de hoy se deliberaron múltiples iniciativas convencionales que abordaron principalmente sobre estatutos constitucionales marítimos. Se presentaron diez iniciativas, las cuales fueron:

 

  1. Iniciativa 710-5, sobre declaración de Chile como un país oceánico, define el maritorio y los espacios marinos y establece su gobernanza.
  2. Iniciativa 976-5, sobre los puertos, actividad marítima portuaria y el borde costero.
  3. Iniciativa 852-5, sobre consagrar el derecho a la pesca artesanal.
  4. Iniciativa 647-5, sobre garantizar y amparar el derecho a la salud, conservación y restauración del océano, ecosistemas marinos y el litoral costero.
  5. Iniciativa 934-5, normas sobre el mar de Chile.
  6. Iniciativa 799-5, sobre estatuto del océano y territorio chileno.
  7. Iniciativa 985-5 sobre pesca artesanal y soberanía alimentaria.
  8. Iniciativa 165-5 sobre consagrar el derecho a la autonomía e intangibilidad del territorio-maritorio del pueblo Yagán de los canales australes.
  9. Iniciativa 176-5 sobre consagrar la protección del patrimonio material e inmaterial de los pueblos.
  10. Iniciativa 767-5 sobre el estatuto constitucional de los suelos.

 

Entre las iniciativas más destacadas, se encuentran las siguientes:

 

La normativa 976-5, presentada por Isabel Godoy, señala que los puertos del territorio nacional y la actividad marítima portuaria constituye un sector estratégico para la economía y desarrollo del país. El estado será dueño absoluto, perpetuo  de toda estructura portuaria. La actividad portuaria deberá garantizar para los trabajadores y trabajadoras portuarias condiciones laborales dignas y salarios proporcionales al movimiento económico que genera el sector.

Entre las deliberaciones de la norma, el convencional Jorge Abarca, destacó la iniciativa positivamente, pero al mismo tiempo, comentó que es materia de ley y no constitucional.

Otra norma destacada, fue la 647-5, presentada por la coordinadora de la comisión, Camila Zárate. La iniciativa apunta al deber del estado para garantizar la plena conservación del océano, su litoral y otros ecosistemas marinos bajo su soberanía, para esto desarrollará políticas públicas generales e locales involucrando a las comunidades de la zona, pueblos indígenas y expertos. 

Entre la argumentación, el convencional Fernando Salinas, preguntó acerca de qué hechos constituyen un ecocidio marino. La expositora respondió que un ecocidio es todo lo que atente con el océano. Por ejemplo, derrames petroleros, derrames químicos o mineras de cielo abierto.  Por otro lado la convencional Carolina Sepúlveda felicitó la norma y también preguntó acerca de la “plena conservación del océano” a qué se refiere esta frase. La expositora respondió que la conservación explica, sancionar todo aquello que dañe el ecosistema marítimo.

Por último, la norma 176-5 leída por el secretario de la comisión debido a la ausencia de los expositores. La iniciativa consagra la protección del patrimonio material e inmaterial de los pueblos, esto busca, determinar a través de un proceso democrático y participativo, los mecanismos de apropiación y recuperación de los mecanismos de apropiación y recuperación de los bienes materiales que constituyen el patrimonio identitario.

En este sentido, serán los propios pueblos quienes debían deliberar sobres sus territorios/territorios, sitios de significación espiritual, sanación, formas de organización, determinando a través de un proceso democrático y participativo, los mecanismos de apropiación y recuperación de los bienes materiales y simbólicos que constituyen su patrimonio identitario.

Finalmente, la comisión cumplió con el objetivo de la deliberación de iniciativas, sin embargo, no se alcanzaron a votar las iniciativas presentadas en esta jornada, por lo que se volverá a recalendarizar la votación.

 

Comisión Sistemas de Justicia

 

Durante la mañana la comisión continuó con la votación en particular del primer bloque temático. Teniendo por objetivo, votar las 422 indicaciones restantes. En la deliberación se lograron votar 69 indicaciones.  Principalmente se habló sobre justicia local.

Entre los artículos destacados, se encuentran los siguientes.

Se reemplazó el Artículo 25A “Tribunales de ejecución de pena” por  “Tribunales de ejecución de penas”. Esto quiere decir que “Habrá tribunales de ejecución de penas que velarán por los derechos fundamentales de las personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad, conforme a lo reconocido en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, procurando su integración e inserción social”. Se aprobó con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

Se reemplazó el epígrafe “Justicia Local” por el nuevo epígrafe “Justicia Vecinal”. Se aprobó con 18 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.

Se reemplazó el Artículo 27 “Mecanismos colaborativos de resolución de conflictos” por “Centros de justicia vecinal”. Esto significa “Los centros de justicia vecinal son órganos encargados de promover la solución de conflictos vecinales y de pequeña cuantía dentro de una comunidad determinada por ley, en base al diálogo social, la paz y la participación de las partes involucradas, debiendo priorizar su instalación en zonas rurales y lugares alejados de áreas urbanas”. Se aprobó con 14 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Se aprobó el título de “Justicia Feminista” con 14 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención.

Se reemplazó el Artículo 28 “Enfoque de género” por el siguiente “El Sistema de Justicia deberá adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, disidencias y diversidades sexo genéricas, en todas sus manifestaciones y ámbitos. El Consejo de la Justicia deberá asegurar la formación inicial y capacitación constante de la totalidad de funcionarias y funcionarios y auxiliares de la administración de justicia, con el fin de eliminar estereotipos de género y garantizar la incorporación de la perspectiva de género, el enfoque interseccional y de derechos humanos, sin discriminación en la administración de justicia”. Se aprobó con 9 votos, 8 en contra y ninguna abstención.

Se reemplazó el Artículo 28-B “De la Administración de justicia con perspectiva de género” a “perspectiva de género” esto significa “La función jurisdiccional debe ejercerse con perspectiva de género y bajo un enfoque interseccional, debiendo sus agentes garantizar la igualdad sustantiva de género y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. Este mandato es extensivo a toda persona u órgano jurisdiccional, órganos auxiliares y funcionarias y funcionarios del Sistema de Justicia, durante todo el curso del proceso y en todas las actuaciones que realicen”. Se aprobó con 10 votos a favor, 7 en contra y una abstención.

Se aprobó el Artículo 32-A, sobre “Reparación integral” esto significa “El Estado generará mecanismos adecuados y procesos restaurativos, que posibiliten la reparación y resocialización integral de las intervinientes. Los procesos restaurativos permitirán a las víctimas, cuando ellas lo consideren necesario y justo, optar por instancias alternativas a las judiciales que se adecuen a sus necesidades”. Se aprobó con 10 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención.

Se eliminó el título “Jurisdicción militar”. Se obtuvo aprobación unánime.

Se desechó el artículo 39, sobre “Tribunales militares”. Se rechazó con 5 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.

Se logró votar hasta la indicación 304, restando 334 indicaciones por votar, para que posteriormente sea sometido a votación en el pleno en particular.

 

Comisión Sistemas de Conocimientos 

 

​​Hoy en la comisión se presentaron y deliberaron algunas Iniciativas Convencionales Constituyentes del segundo bloque temático. Las exposiciones en general se presentaron por convencionales y personas naturales expertas en las materias referidas en cada norma.

Iniciativa N° 511-7 sobre “Espectro radioeléctrico”, fue expuesta por Francisco Caamaño y Gonzalo Sandoval. Este medio es “eterno y finito”, es decir, va a estar siempre presente para su uso, pero “es limitada la cantidad de servicios que pueden usar el espectro radioeléctrico para poder transmitir o recibir comunicaciones”. Actualmente, en Chile existen muchos obstáculos que imposibilitan a personas y comunidades acceder de forma equitativa y oportuna a las concesiones de este bien público. 

Debido a esto, la norma tiene como principios “la cohesión social y territorial, la diversidad cultural lingüística, y el pluralismo de los medios de comunicación”, y considera al espectro radioeléctrico como “un bien común natural, inmaterial, inalienable e imprescindible”, que cumpla con los principios de la “equidad, eficiencia, competencia y neutralidad de los servicios”.

Iniciativa N° 741-7 sobre “Órgano convergente de las telecomunicaciones”, fue presentada por Ignacio Achurra y Paula Aliste. Similar a la anterior, busca crear “un órgano encargado de velar por la distribución y uso equitativo” de medios radioeléctricos y audiovisuales. De carácter autónomo, técnico y descentralizado, promoviendo la transparencia, la libre competencia y los derechos de las audiencias, bajo los principios de “convergencia tecnológica, diversidad cultural e interculturalidad, pluralismo mediático y plurilingüismo”.

Iniciativa N° 518-7 sobre “Medios de comunicación público”, fue presentada por Bernardo De La Masa. La norma tiene como objetivo fomentar la creación de medios de comunicación públicos con financiamiento de un sistema mixto y con carácter autónomo de quienes se encuentren gobernando, “con personalidad jurídica y patrimonio propio”. Estos medios entre sus funciones deberán “crear y difundir contenido diverso y pluralista”, y “establecer altos estándares de calidad para la producción y difusión de sus contenidos”.

Iniciativa N° 742-7 sobre “Sistema de medios públicos”, fue presentada por Ignacio Achurra.

El sistema propuesto debe ser “autónomo y descentralizado (…) que responda a las necesidades informativas, educativas y culturales de los diversos grupos sociales, en particular aquellos que se encuentran subrepresentados en el espacio público”.

Sostenido por los principios de interculturalidad y pluralismo informativo, este sistema tiene como objetivo que el Estado “asuma obligaciones de prestación destinadas a garantizar la desconcentración frente a tendencias o prácticas monopólicas”, y “asegurar la pluralidad y diversidad de opiniones, como elementos fundamentales para una sociedad democrática”. Por su parte, los medios serán “empresas autónomas del Estado (…) y su composición estará orientada por criterios de mérito, idoneidad, paridad e inclusión”, además “para su funcionamiento deberá contemplar mecanismos de participación ciudadana”. 

Iniciativa N° 459-7, que “Establece institucionalidad responsable de proporcionar el acceso y la conectividad digital”, fue expuesta por Francisco Caamaño y Mauko Quiroga.

“Del acceso a internet dependen varios de nuestros derechos digitales. Y aunque nuestro país cuenta con buenas infraestructuras de telecomunicación, la distribución del acceso no es equitativa, lo cual no permite garantizar una conectividad universal y de calidad”, dice el convencional. Para que esto se materialice, indica Mauko Quiroga, la iniciativa propone una institucionalidad que “ordene y garantice el libre servicio de la conectividad universal” y un servicio público universal de conectividad que redistribuiría el acceso a internet de forma equitativa”.

Iniciativa N° 87-7 que “Crea el Consejo Nacional de Bioética”, fue expuesta por Loreto Vidal y Paulina Ramos. La norma se fundamenta en la declaración de la UNESCO (2020) que establece que “el bien común constituye el núcleo del mandato de los Comités Nacionales de Bioética para el caso de los problemas sociales”. 

Con el propósito de mejorar la atención pública de salud, la norma propone que el Consejo “tendrá entre sus funciones, asesorar a los distintos poderes del Estado en los asuntos bioéticos que se presenten como producto de los avances científicos y tecnológicos, que puedan afectar la vida humana, animal, la naturaleza, y la biodiversidad (….) y deberá también informar y promocionar los problemas bioéticos relacionados con las ciencias de la vida y aplicaciones en salud”.

Iniciativa N° 743-7 sobre “Trabajadores de las culturas, artes y patrimonio”, fue presentada por Ignacio Achurra, Daniela Guzmán y Jaime Mondría. La propuesta se sustenta en algunas problemáticas que actualmente afectan al ámbito laboral del sector, como por ejemplo, que los periodos de creación no sean remunerados, que no exista un marco regulatorio para toda labor artística, y la inestabilidad económica de quienes trabajan en el sector. Todo esto impacta negativamente en la sociedad, ya que la oferta de obras disminuye, acotando también el abanico de contenido que se entrega.

Las soluciones planteadas, indica Daniela Guzmán, son “reconocer el carácter fundamental de los trabajadores y las trabajadoras de las artes, culturas y patrimonios, que a futuro se establezca un marco regulatorio amplio para las relaciones laborales que hoy no pueden formalizarse, y un sistema que permita disminuir esta inestabilidad forzada”.

El mecanismo de acción para llevar a cabo lo anterior es, establecer constitucionalmente que las oportunidades laborales y financieras designadas para estas áreas no dependa de un gobierno de turno. Y, en este sentido, Jaime Mondría expresa que “esta actividad económica requiere de un trato especial sencillamente por no encajar en el sistema general de previsión social”.

 

Sesión plenaria Nº 62

 

 

A las 15 hrs. de hoy inició el Pleno que tenía por objeto discutir y votar las normas que fueron devuelta a la comisión de Sistemas de Justicia, siendo esta su última oportunidad para ser incluidas en la propuesta de nueva Constitución.

Tras la discusión, cuyos detalles puedes revisar haciendo click aquí, comenzaron las votaciones. En primer lugar, se votó el informe de reemplazo de la Comisión de Sistemas de Justicia, que recayó en los artículos rechazados en general por el Pleno que estaban contenidos en su primer informe. Se trata de dos artículos que fueron devueltos a la comisión íntegramente: uno sobre la inamovilidad de los jueces y otro de la ejecución de las resoluciones. Ambas normas fueron votadas en conjunto.

Puedes revisar el informe a continuación: Informe de reemplazo.pdf

¿Cómo fue el procedimiento de votación? Para aprobarse, necesitan lograr los 2/3 (103 votos favorables)

  • Si se aprueba, pasan inmediatamente a votación en particular, donde también reciben indicaciones. Si logra los 2/3, pasa a propuesta de nueva Constitución.
  • Si la norma que fue aprobada en general pasa a votación en particular y no logra los 2/3, pero sí la mayoría, vuelve a comisión. Si no cumple estos términos, termina su tramitación.
  • Si se rechaza en general, se extingue su tramitación definitivamente. 

El informe de reemplazo (artículos 4 y 8) resultó aprobado con 130 votos a favor, 20 en contra y 1 abstención. Tras la votación, este pasó a deliberación en particular con cada una de sus indicaciones, las que resultaron todas rechazadas, por lo que se mantuvieron los artículos aprobados en su texto original.

Revisa el detalle de esta primera votación en nuestro hilo de Twitter:

En segundo lugar, se sometió a votación la propuesta constitucional de la Comisión de Sistemas de Justicia, recaído en las normas de su primer informe que, habiendo obtenido mayoría, no alcanzaron el quórum de 2/3 en la votación particular en el Pleno. Son siete artículos y un título los que se votaron, junto a las indicaciones respectivas. A estas se les llama “segundas propuestas”. 

¿Cómo fue el procedimiento de votación?

  • Si logra los 2/3, pasa a ser parte de propuesta de nueva Constitución
  • Si no logra los 2/3, se extingue su tramitación.

Puedes revisar esta propuesta aquí: Segunda propuesta.pdf

Dentro de lo aprobado, se encuentra el artículo dos sobre pluralismo jurídico, un punto que causó distintas opiniones durante las deliberaciones en el Pleno. Esta norma expresa que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que coexisten en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia.

Asimismo, se aprobó el artículo 5 sobre derecho de acceso a la justicia, el que establece que la Constitución garantiza acceso a la justicia a todas las personas y colectivos y que el Estado deberá “remover los obstáculos sociales, culturales y económicos”, para asegurar el ejercicio y protección de este derecho. 

Otra norma aprobada fue el artículo 9 sobre fundamentación y lenguaje claro. Este indica que «las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. La ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales».

Revisa el detalle de esta segunda votación en nuestro hilo de Twitter:

En resumen, ambos informes de reemplazo fueron aprobados en su totalidad por el Pleno de la Convención, superando los 2/3 (4 artículos completos y dos párrafos) y sus normas pasarán a formar parte del borrador de propuesta de nueva Constitución.

Aquí puedes revisar el documento con TODAS las normas aprobadas del primer informe de la comisión Sistemas de Justicia, las cuales son parte del borrador de propuesta de nuevo texto constitucional que se presentará a la Comisión de Armonización: Primeros artículos aprobados

 

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¿Qué pasa mañana?

 

09:30 – 13:30 hrs.

  • Comisión Sistema Político 
  • Comisión Principios Constitucionales
  • Comisión Forma de Estado
  • Comisión Medio Ambiente
  • Comisión Sistemas de Justicia
  • Comisión Sistemas de Conocimientos

 

15:00 hrs:

  • Sesión plenaria

 

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