Este mes de agosto, se cumplen cinco años desde que el régimen talibán tomó el poder en Kabul, Afganistán. Desde entonces, el país asiático ha experimentado un fuerte retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas, una situación que ha generado la alerta de organismos internacionales y de la sociedad civil.
Por: Charlotte Duplantier
El 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron el poder en Kabul, tras la huida del presidente Ashraf Ghani. La toma de la capital ocurrió mientras las tropas estadounidenses completaban su retirada del país, que concluyó a fines de ese mismo mes.
Cinco años después, el pasado 15 de agosto, los talibanes celebraron en las calles de Kabul su regreso al poder, una fecha que presentaron como “la liberación del país”. Sin embargo, para muchas y muchos, y sobre todo para las mujeres, ese día no supuso en absoluto una liberación, sino el inicio de su progresiva exclusión de la vida pública. En estos cinco años, los talibanes han impuesto una estricta interpretación de la sharia, la ley islámica, mediante numerosos decretos que restringen los derechos y libertades de las mujeres, un sistema que expertos de Naciones Unidas han calificado de “apartheid de género”.
Actualmente, las mujeres enfrentan severas restricciones a su libertad de movimiento, incluida la exigencia de estar acompañadas de un hombre, un “mahram”, para determinados desplazamientos. Tampoco tienen derecho de acceder a gimnasios, parques o salones de belleza, y las niñas tienen prohibido continuar su educación secundaria, afectando a más de 2,4 millones de jovenes estudiantes. Según ONU Mujeres, debido a estas normas, la mitad de las mujeres afganas salen de casa una a dos veces al mes.
Encerradas, con las ventanas tapiadas por obligación de los talibanes y prohibidas de cantar o leer en voz alta en las calles, las mujeres han desaparecido totalmente del espacio público. Pero la violencia continúa dentro de sus casas, como lo ha revelado Zan Times. Este medio, gestionado por periodistas afganas en el exilio y residentes en el país, llevó a cabo una investigación que documentó 231 casos de feminicidios, la mayoría de los cuales se han calificado como suicidios por los talibanes.
Frente a las violencias, las posibilidades de las mujeres de presentar una denuncia son muy limitadas. Desde febrero de 2026, el nuevo Código Penal permite al marido “castigar” a su esposa siempre que no le provoque lesiones visibles. Si la violencia deja marcas , como hematomas o fracturas, el marido puede ser condenado sólo a 15 días de prisión. Para iniciar este proceso judicial, además, la mujer debe presentarse ante un juez acompañada de su tutor masculino, que incluso puede ser el propio marido.
El nuevo marco legal también eliminó las protecciones de edad mínima para el matrimonio de las niñas. Una vez alcanzada la pubertad, pueden solicitar su anulación, aunque su silencio puede ser interpretado como consentimiento. Fereshta Abbasi, investigadora para Human Rights Watch, calificó, en en el medio nacional La Tercera, esta situación como “la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo”.
Este contexto de violencia, reclusión y falta de apoyo, tiene consecuencias en el bienestar emocional de las mujeres. Según ONU Mujeres, un 70% de las afganas describe su salud mental como “mala” o “muy mala”, mientras que un 8% afirma conocer al menos a otra mujer que ha intentado suicidarse.
Cinco años después, ¿qué futuro tienen las mujeres afganas?
A cinco años del regreso de los talibanes, distintos Estados, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas de Naciones Unidas han vuelto a condenar la situación de las mujeres en Afganistán. Han pedido “reforzar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas”, junto con apoyar a la Corte Penal Internacional y el nuevo Mecanismo Independiente de Investigación sobre Afganistán.
Sin embargo, más allá de estas declaraciones, siguen faltando acciones concretas. En junio de 2026 la Unión Europea (UE) sostuvo un encuentro con talibanes. La conversación, calificada como “técnica” por la UE, se centró en el retorno de personas migrantes afganas al país. Esta contracción alimenta el sentimiento de abandono entre las mujeres afganas, como señaló la periodista Zahra Joya, en una entrevista con Agence France-Presse (AFP) “Tenemos la sensación de que el mundo nos ha abandonado”. También, denunció la falta de ayuda declarando que “las mujeres afganas luchan solas […] no disponen de ningún medio para defenderse”.
En definitiva, cinco años después del regreso de los talibanes, las mujeres afganas siguen siendo excluidas de la vida pública y privadas de derechos fundamentales. Mientras la condena internacional no se traduzca en acciones concretas y mecanismos efectivos de protección y rendición de cuentas, esta situación amenaza con prolongarse.
