Boletín constitucional: ¿Qué pasó este jueves 23 de marzo?  

¡Un día cargado! Esta jornada sesionaron tres subcomisiones, abriendo la de Función Jurisdiccional y Órganos autónomos, que entre otras cosas, recibió sugerencias respecto a las características y funciones del Ministerio Público. Por otra parte, la Subcomisión de Derechos inició el debate preliminar respecto a las normas que tratarán, mientras que la Subcomisión de Sistema Político recibió audiencias. Y aquí encuentras el resumen de la jornada.

 

*Por Equipo La Neta y los pasantes Raimundo Contreras e Ignacia Gutiérrez

 

¿Qué se tenía presupuestado para hoy?

 

09:00 a 12:00 hrs:

  • Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos


09:00 a 13:00 hrs:

  • Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

 

15:00 a 18:00 hrs:

  • Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado
  • Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

¿Qué pasó realmente?

Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos

 

¡Se repitió el plato! Porque la Presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, nuevamente llegó hasta Morandé 441 para exponer esta vez en la subcomisión de Función Jurisdiccional, profundizando lo presentado el pasado lunes en el Pleno de la Comisión Experta.


En esta exposición Costa enfatizó en mantener la autonomía del Banco, sin que esto signifique “actuar de manera aislada”, bajo el argumento que con esto se pueden “cumplir los objetivos y el rol de la autoridad monetaria del Banco” y “contar con la capacidad y la flexibilidad necesaria para generar sus propios balances”.


Respecto a las limitaciones explícitas que demarcan el ámbito de acción del Banco Central, su Presidenta, catalogó como “una anomalía internacional” el hecho que el Banco pueda otorgar créditos al Estado en caso de guerra exterior o peligro de ella. 

 

“Bajo el actual escenario en que Chile ha recuperado el pleno acceso a las fuentes de financiamiento internacional, no se divisa razón alguna para mantener esta excepción, la que, además, nunca se ha ocupado”, expresó.


Respecto a la gobernanza eficiente en relación al Consejo del Banco, Costa se mostró a favor de no hacer cambios en cuanto al número de integrantes, al actual mecanismo de designación y duración de estos. “Esto implica estar desvinculados del ciclo político electoral, además evita influencias de carácter político o de grupos de interés”, señaló.

 

También sugirió mantener la potestad del Presidente de la República para la designación de la presidencia del Banco Central. Con esto rechazó la opción de traspasar esta potestad al Consejo, debido a que “puede tensionar innecesariamente la relación al interior del Banco” y “fomentar la formación de bloques internos que resten estabilidad y cohesión a la acción del Consejo”.

 

Presidenta del Banco Central, Rossana Costa, exponiendo en la subcomisión de Función Jurisdiccional. Foto de Twitter @procesoconsti23

 

En cuanto al régimen especial de remoción sugirió no aplicar los mecanismos de acusación constitucional al Banco Central, “ya que la posibilidad de someterlos a juicios políticos, restringen su autonomía para la toma de decisiones”, concluyó.

 

Costa finalizó la exposición destacando nuevamente la autonomía para el órgano: “un Banco Central sin una autonomía efectiva, que preserve su carácter técnico, puede abrir las puertas a la adopción de decisiones de otra índole y que se alejan de sus objetivos que esta clase de instituciones cumple, para evitar inflaciones altas y persistentes que terminen perjudicando a las personas más vulnerables”. 

 

Ahora: Ministerio Público. Este tema, que quedó pendiente en la sesión pasada, fue retomado por la dupla Katherine Martorell (RN) y Paz Anastasiadis (DC), la cual nuevamente expresó encontrar “muchos puntos en común” con un largo listado de modificaciones al Ministerio Público.

 

Con respecto a la estructura del órgano, Martorell enfatizó en” fortalecer el rol jerárquico del Fiscal Nacional, el cual dirija su trabajo a través de las fiscalías regionales”. Sin embargo, la dupla aún no tiene acuerdo con la edad del cese de las funciones de estos fiscales. Aunque la comisionada de RN deslizó inclinarse por “por eliminar el requisito”, mientras que Anastasiadis propuso “bajar la edad de 75 años”.

 

Para el nombramiento del Fiscal Nacional se propuso que sea el Sistema de Alta Dirección Pública el encargado de elaborar la quina que evaluará la Corte Suprema. Este último órgano deberá enviar una quina al Presidente de la República, para proponer un nombre al Senado. Y en el caso de no haber acuerdo: “se vuelve a realizar una quina con los 14 restantes”.

 

Respecto a los requisitos para ser Fiscal Nacional, proponen mantener el total de años con título de abogado (quince), además de “tener ciudadanía con derecho a sufragio y contar con las competencias para el cargo”, añadiendo que este “no podrá ser designado para el periodo siguiente”.

 

Y en el caso del nombramiento de los fiscales regionales, la dupla sugirió que nuevamente el Sistema de Alta Dirección Pública esté encargado de la elaboración de la terna para que Fiscal Nacional realice la designación.  

 

Junto con esto, propusieron aumentar los años de ejercicio de los fiscales regionales “pasando de cinco a diez como abogado”. E incorporar una cláusula que no permita que estos puedan volver a ejercer en el mismo cargo, aunque “sin perjuicio de que pueda trabajar en el Ministerio Público con el fin de que “no se pierda la experiencia del cargo”.

 

Sobre la creación de Fiscalías Supraterritoriales, Martorell propone que la facultad recaiga en el Fiscal Nacional con consulta al Consejo Asesor y a Asuntos Internos,  donde el fiscal será designado de la misma forma que el regional, con una duración de 6 años, el cual una vez terminado su cargo no podrá ejercer funciones al interior del Ministerio Público.

 

Al finalizar, Martorell expresó tener aún pendiente cómo estará compuesto  y qué atribuciones tendría este Consejo Asesor. Además se refirió a la posibilidad de crear una Defensoría de las Víctimas.

Subcomisión de Derechos


Esta mañana, las y los integrantes de la subcomisión de Derechos expusieron las posturas que estarán dentro de las propuestas de normas constitucionales, que deben ingresar hasta el 30 de marzo.

 

Y el tema que concentró mayor atención fue el del Estado social y democrático de derechos, dispuesto dentro de las 12 bases institucionales y fundamentales de la reforma constitucional, que habilita este nuevo proceso constitucional. 

 

Base institucional número cinco que refiere al Estado social y democrático de derecho contenido  en la reforma constitucional.

 

Respecto a esta base, el comisionado Flavio Quezada (PS) señaló que dentro de esta se encuentra un “triple compromiso” ya que se habla de un “Estado demócratico”, “Estado de derecho” y “un Estado social”. Sobre los dos primeros afirmó que estos ya están reconocidos, por lo que el desafío está en el “tránsito hacia el Estado social”.

 

Para Quezada el Estado Social debe tener “consagrados y garantizados” los derechos sociales, tales como salud, educación, seguridad social, y los derechos laborales, entre los que figura “la libertad sindical y trabajo decente”. Junto con esto, señaló que se deben incorporar nuevos derechos, como el derecho a la vivienda.

 

Además, este Estado debe “robustecer lo que ya hay” respecto al catálogo de derechos contenido en la actual Constitución, precisando que esto lo considera como “excesivamente mínimo”.

 

¿Qué dice la oposición?

 

Por otra parte la comisionada Bettina Horst (UDI), indicó que la implementación de un Estado social, democrático y de derecho en la medida de que haya un “buen Estado” y que se necesita “con o sin el apellido social”.

 

En su intervención, Horst también precisó que “para que haya un buen Estado que sea capaz de responder a los desafíos, va a depender también de lo que se defina en otras subcomisiones y de la estructura general del texto”.

 

Finalmente, la comisionada enfatizó que el fin último del modelo social y demócratico de derecho, es el ciudadano “más allá de las discusiones abstractas o el desarrollo de una determinada ideología”.

 

En una línea similar, el comisionado Teodoro Ribera (RN), señaló que se debe contar con una sociedad “con cierto nivel de desarrollo que puedan satisfacer necesidades”, para que se pueda instaurar a un Estado social y democrático de derecho.

 

“Nosotros concebimos el Estado social como una etapa de desarrollo orientada a fortalecer la democracia y a fortalecer la libertad de los individuos al interior del sistema democrático”, declaró Ribera.

 

A lo anterior, el comisionado agregó que desde su mirada  el desarrollo e implementación del Estado social no debería conllevar una limitación o cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales de los individuos”. 

 

Subcomisión de Derechos. Foto de Twitter @procesoconsti23

 

PM: Tres invitados en la subcomisión de Derechos


En jornada PM, la subcomisión de Derechos volvió a sesionar. Esta vez, para escuchar la exposición de los académicos Rodrigo Vergara, Rodrigo Poyanco y Dante Contreras sobre cómo construir una propuesta de catálogo de derechos que se debe contemplar en el proyecto; cómo dichos derechos se enmarcan en lo dispuesto en el artículo 154, con especial énfasis en el Estado social democrático de Derecho; y el desarrollo que deben tener estos en el anteproyecto constitucional. 

 

El investigador y director de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, Rodrigo Vergara, se centró en su exposición en los derechos sociales dentro de la conformación de un Estado Social y Democrático de Derechos.

 

A su vez, señaló que la regulación de los derechos difiere en los países. Ya que algunos los incluyen ampliamente y con tutelaje en la Constitución, como en países de América Latina. En cambio, otros países contemplan una menor cantidad de derechos y cuya tutela se remite a leyes. 

 

Sobre las condiciones para tener un Estado social, Vergara señaló que se requiere un Estado eficiente que proteja derechos sociales, con una institucionalidad muy sólida que permita el avance en una mayor homogeneización de las prestaciones, tanto públicas como privadas. Y agregó que se debe contemplar un pacto fiscal que permita una recaudación estatal suficiente para financiar los derechos. 

 

Por último, enfatizó que un catálogo de derechos enmarcado en un Estado Social debe resguardar las libertades individuales, como la libertad de padres de elegir proyectos educativos para sus hijos. 

 

La segunda exposición de la tarde correspondió al abogado y académico Rodrigo Poyanco, quien ha ejercido en materias de derecho administrativo y constitucional, en la Contraloría General de la República de Chile, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior del mismo país. 

 

El académico centró su exposición en las alertas que presenta la consagración de un Estado Social de Derecho, como también la “superioridad de una Constitución que funcione como límite al poder”. En primera instancia señaló que el Estado Social con el Estado de Derecho funcionan como términos paralelos. 

 

Desde esta línea, se distinguen dos tipos de Constituciones según su criterio. Por una parte, aquellas que funcionan como límite al poder donde el bienestar material de la población es infraconstitucional. Y por otra, la Constitución como proyecto político y social, que pone énfasis en el hecho de que se consagran los grandes objetivos sociales, destacando la creencia de que el Estado debe ser el gran responsable del bienestar social. 

 

Poyanco recalcó que la calidad del estado social está sujeta a factores extrajurídicos, que no dependen de una constitución como lo son la cultura y la historia. Y complementó que así, existen constituciones sin derechos sociales que producen un estado social porque dependen de estos factores extrajurídicos alineados. 

 

Sobre este mismo tema, el académico destacó la importancia del principio de subsidiariedad que a su juicio “radica en la posibilidad de demostrar que los entes privados atienden mejor que los entes públicos”. Y además precisó que en América Latina el Estado Social  beneficia a los más ricos. 

 

A su vez, Poyanco aseguró que si se consagra un Estado Social de Derecho y se adopta la visión de que “el Estado está obligado a avanzar con tanta velocidad como pueda según los recursos disponibles y la imposibilidad de retrotraer el otorgamiento de derechos, peligra la responsabilidad fiscal”. 

 

Por último, declaró que unir la palabra democrático a lo social “hace desaparecer los límites constitucionales poniendo en peligro la alternancia democrática y la independencia económica”. 

 

La última exposición de la jornada estuvo a cargo del subdirector e Investigador COES, Dante Contreras, que trató sobre la variable económica y su relación con la desigualdad en Chile, marcando una diferencia con la exposición anterior.


Al inicio de su presentación expuso que la pobreza en el país tiene un carácter multidimensional y que durante los últimos años ha aumentado en un 10%. A raíz de estos datos, Contreras, afirmó que la elevada desigualdad estructural dificulta la implementación de políticas sociales y su efectividad.

 

El investigador concluyó que con este nivel de desigualdad actual no es posible sostener una sociedad, poniendo de ejemplo el sistema educacional. Según Contreras,  este sistema no solo genera brechas entre lo público y privado y niveles de alfabetización, sino que, además, devela un atraso considerable en temas de modernización de la educación. 

 

Y finalizó afirmando que la elite chilena ha retrasado los avances en materia de derechos sociales lo que aumenta la desconfianza y la inestabilidad sociopolítica.

 

Subcomisión de Sistema Político

 

En la sesión de hoy, las y los integrantes de la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado escucharon las exposiciones de los académicos Eduardo Alemán y Arturo Fontaine, el exministro de la Segpres, Genaro Arriagada; el constitucionalista Josep María Castellá; y el excanciller Ignacio Walker.

 

Aquí te contamos en qué consistieron algunas de las audiencias recibidas. 

 

Los invitados comentaron aspectos a tener en consideración en relación a los temas que aborda la subcomisión. La primera persona en exponer fue el académico Eduardo Alemán, quien se especializa en el análisis comparativo de instituciones y en política de América Latina, y en esta oportunidad se refirió al veto presidencial y las urgencias. 

 

El uso de las urgencias hoy en día se ha desvirtuado de su objetivo original, que es la priorización de proyectos específicos para llegar a una pronta solución de parte del Congreso. Los plazos no se cumplen, porque en muchos casos es imposible cumplirlos, a no ser que el Congreso renuncie a su rol de examinar, deliberar y modificar los proyectos de ley”, expuso Alemán.

 

El académico Eduardo Alemán presentando en la subcomisión de Sistema Político. Foto de Twitter @procesoconsti23

 

El Ejecutivo tampoco espera que se cumplan estos plazos y, frecuentemente, utiliza las urgencias para resaltar ante la opinión pública sus prioridades programáticas. Todos los presidentes lo han hecho. Esto debilita la efectividad de este instrumento constitucional cuando el Ejecutivo realmente necesita una pronta resolución de un proyecto específico”, agregó. 

 

Para hacer frente a este problema, el académico propuso una alternativa de solución que consiste en una combinación de dos normas, una que limite el número de urgencias que se pueden establecer simultáneamente y otra que establece consecuencias concretas en caso del incumplimiento del plazo de las urgencias, que se traduce en la aprobación automática de la propuesta declarada urgente si la Cámara no la ha desechado expresamente en el plazo establecido ni se ha aprobado un proyecto sustitutivo.

 

También expuso el excanciller y exparlamentario Ignacio Walker, quien se refirió al sistema político, defendiendo el sistema parlamentario, e invitó a distinguir entre un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno. “Ese es el bottom line de este cuento para mí. Un Jefe de Estado que es el Presidente de la República y un Jefe de Gobierno que es el Primer Ministro”, planteó.

 

“Un presidente como Jefe de Estado, encargado de las relaciones exteriores, de la política de defensa, de los grandes temas de la administración del Estado, de algunos nombramientos importantes en el Estado y un Jefe de Gobierno, un Primer Ministro, a cargo del tema económico y social”, explicó. 

 

Además, destacó la importancia de modificar algunos aspectos del sistema electoral. En este sentido, propuso que la Constitución considere tres cosas: un umbral que impida que aquellos partidos con menos de un 5% de los votos tenga representación parlamentaria; que exista un doble voto para los electores que le permita votar por un candidato/a en distritos uninominales y otro por un partido para corregir por proporcionalidad; y fin de los pactos electorales.

 

“Una de las grandes ventajas del sistema parlamentario es que no hay pactos electorales ex-ante. Las alianzas se construyen después de la elección, no antes. Los partidos se miden como partidos”, añadió. 

 

Otro de los expositores recibidos fue el académico Arturo Fontaine, quien criticó el sistema parlamentario. “Bajo el parlamentarismo no hay bloqueos legislativos entre Gobierno y Parlamento, porque el Gobierno emana del Parlamento, pero hay bloqueos previos. Los parlamentarios acuerdan quién será el Primer Ministro y eso puede tardar meses y meses y el bloqueo se desplaza no ex-post, sino ex-ante”, comentó.

 

“¿Qué sucedería en Chile si los parlamentarios se pasaran tres meses discutiendo entre ellos quién nos va a gobernar y mientras tanto no se pasa ninguna ley en medio de las urgencias socioeconómicas que nos apremian? Bajo el parlamentarismo no acaban los gobiernos de minoría, de hecho ocurren en el 37% de los casos en el parlamentarismo europeo”, indicó.

 

En su lugar, planteó solucionar los problemas del régimen político presidencial actual, por ejemplo, la proliferación de los partidos políticos, lo que dificulta la gobernabilidad. “Con más de 20 partidos en el Parlamento, como ahora, no es posible gobernar bien. Ningún sistema político lo resiste (…). Con tantos negociadores se tiende a demorar la aprobación de los proyectos o ser aprobados de manera desfigurada ”, expuso.

 

Para hacer frente a esta dificultad, sugirió algunos dispositivos como la prohibición de los pactos electorales, disminuir el número máximo de representantes por distrito y simultaneidad en la elección de parlamentarios y la segunda vuelta presidencial

 

Subcomisión de Sistema Político. Foto de Twitter @procesoconsti23

 

Si te interesa conocer el detalle de todas las audiencias, te invitamos a revisarlas AQUÍ.

 

¿Cuál es el itinerario para mañana?

 

Mañana no sesiona ninguna subcomisión, pero las y los comisionados continúan trabajando con sus colectividades para acordar propuestas de iniciativas de normas constitucionales. Cada una requiere 5 firmas como mínimo y 10 máximo. El plazo límite para presentarlas es el 30 de marzo.