La entidad encargada de gestionar los dineros reasignados será el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH), con quienes existe un convenio. Esta reasignación producto de la operatividad de la Convención Constitucional permitirá implementar con mayor seguridad diversos mecanismos de participación y transparencia.
Si bien la decisión no fue unánime, la Mesa Directiva envió un oficio el jueves pasado para pedir la reasignación de 800 millones a la Segpres. Estos fondos, en palabras del vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, se ahorraron gracias “a la gestión eficiente” y “muy austera” del presupuesto.
Mediante un video difundido por su cuenta de Twitter, Jaime Bassa anunció la decisión de la Mesa Directiva de reasignar los recursos y dejarlos a cargo del Consorcio de Universidades Estatales de Chile. “Estamos muy contentos de compartir la noticia y de fortalecer el proceso de participación ciudadana con este ahorro tan significativo que ha logrado la Convención”, señaló el vicepresidente.
Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con dicha decisión. El único voto en contra fue el del vicepresidente Rodrigo Álvarez (UDI), quien argumentó que dicha decisión, a días de terminar el año, no es una buena política pública. “A esta fecha del año lo correcto, como en toda institución pública, habría sido que los recursos vuelvan al Tesoro Público y si son necesarios para el próximo año se vuelvan a destinar”, fueron parte de sus declaraciones.
Quien tampoco compartió la alegría de la noticia fue el Ministro de Secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, quien declaró para el medio La Tercera que “no nos parece que si se nos pidieron recursos, se nos dijo que los estábamos entregando tarde (…) una vez entregados estos recursos veamos que la inversión de los mismos se ha demorado. El presupuesto no está siendo ejecutado, a nuestro juicio, con la celeridad que hubiéramos esperado”.
Pese a las críticas, la decisión sobre reasignar los recursos se respetará, siguiendo las instrucciones que dicten desde la Mesa Directiva de la Convención. Pero, ¿a dónde se destinarán esos ahorros?
Principalmente, estos serán invertidos en mecanismos para asegurar la participación y transparencia. Quizás lo más relevante es el respiro que estos fondos dan a los y las convencionales de pueblos originarios, dado que parte importante de los recursos se destinarán para realizar de manera efectiva la Consulta Indígena.
Asimismo, se destinarán montos para gestionar las plataformas digitales y presenciales que promueven la participación, tales como los materiales de promoción educativa a través de videos y la implementación de los sistemas de entrega de información y atención ciudadana en los territorios.
Algo recurrente que señalan los y las convencionales es que si en algo hay que invertir es en democracia y todo lo que ello implique. En ese sentido, otra parte de estos recursos será distribuido a las actividades presenciales a lo largo del país, por ejemplo, la realización de cabildos, salidas territoriales y audiencias que requieran mayores gestiones; como también en gestionar apoyo a iniciativas ciudadanas.
“La Convención avanza con todos y todas”, finalizó el video del anuncio el vicepresidente Bassa.
En un esfuerzo importante de gestión eficiente y austeridad, la Convención ahorró más de $900 millones en 2021, los que destinaremos a participación ciudadana y consulta indígena. La Convención avanza con todos y todas. pic.twitter.com/Qv6VGrpXM4
— Jaime Bassa (@Jaime_Bassa) December 16, 2021
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