El primer estudio nacional sobre violencia y riesgos psicosociales en el periodismo chileno expone las condiciones que afectan a quienes ejercen la profesión y advierte sobre sus consecuencias para la salud, la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por: Jane Vignancour, practicante de La Neta
Las vulneraciones contra periodistas no ocurren únicamente en terreno. También pueden originarse en sus propios espacios de trabajo. Así lo demuestra el Primer Estudio Nacional de Evaluación de Violencia y Riesgos Psicosociales en el Periodismo Chileno, presentado el 15 de octubre en Santiago. Elaborado por Diversity Development Consulting y el Colegio de Periodistas, bajo la dirección de Carla Rojas Neculhual, el estudio se basa en una encuesta aplicada a 258 periodistas, complementada con entrevistas y grupos de discusión en los que participaron otros 41 profesionales.
Entre los resultados, un 66 % de las personas encuestadas declara haber sido excluida de reuniones o espacios de toma de decisiones, mientras que un 61 % señala haber enfrentado obstáculos para acceder a la información necesaria para realizar su trabajo. El informe también identifica prácticas menos visibles, como ignorar deliberadamente a un colega o privarlo de determinadas funciones. Un 30 % de las personas encuestadas afirma haber recibido tareas que excedían sus competencias con el propósito de desacreditarlas. Estas conductas afectan especialmente a quienes realizan prácticas profesionales y a periodistas recién titulados, que suelen contar con menos herramientas para oponerse a ellas.
A estas tensiones se suma una importante sobrecarga laboral. Cerca del 60 % de las personas encuestadas señala recibir tareas de manera constante y un 63 % afirma tener que cumplir plazos imposibles de respetar. Las entrevistas describen equipos reducidos en los que un mismo periodista puede tener que cubrir un tema, redactar la nota, realizar la edición y gestionar las redes sociales. La presión por publicar antes que otros medios también impone ritmos de trabajo que pueden superar las doce horas diarias, a veces en desmedro del tiempo dedicado al análisis. Las mujeres se ven más afectadas por esta acumulación de tareas: un 66 % declara recibirlas de manera ininterrumpida, frente al 58 % de los hombres.
El informe muestra que estas desigualdades no se limitan a la distribución del trabajo. Las mujeres siguen siendo asignadas con mayor frecuencia a las secciones de cultura, tendencias o temas considerados de menor prestigio, mientras que la política, la economía y el periodismo de investigación continúan estando mayoritariamente en manos de hombres. Los cargos de decisión editorial también siguen siendo predominantemente masculinos. A esto se suman conductas sexistas que, en ocasiones, están normalizadas: un 21 % de las personas encuestadas afirma haber presenciado situaciones de acoso sexual. Las periodistas también están más expuestas a agresiones por parte del público. En los medios de comunicación, un 61 % de ellas reporta haber recibido agresiones verbales de personas externas, frente al 42 % de los hombres. Los testimonios recogidos también dan cuenta de amenazas en línea, campañas de desprestigio y difusión de datos personales, como direcciones o números de teléfono.
Estas violencias tienen consecuencias que van más allá del ámbito laboral. El informe describe situaciones de agotamiento, trastornos del sueño, ansiedad y, en algunos casos, depresión. Algunas periodistas explican que modifican su comportamiento para evitar comentarios sexistas, se ríen de bromas que las incomodan o renuncian a cubrir determinados temas por considerarlos demasiado riesgosos. La autocensura se convierte así en una forma de protección, pero también puede limitar los temas que se abordan y la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo.
“Esto no solo compromete la seguridad y la salud laboral de quienes ejercen el periodismo, sino también la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad de la democracia”, señaló Carla Rojas Neculhual, directora del estudio.
El informe también aborda las presiones ejercidas por las instituciones. A partir de datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación, recuerda que entre 2022 y 2025 se registraron 125 agresiones contra periodistas por parte de agentes del Estado, de las cuales 46 involucraron a autoridades públicas y 45 a Carabineros. Las entrevistas también dan cuenta de amenazas y acciones judiciales contra periodistas que investigan casos de corrupción o a las fuerzas del orden. En algunos casos, el temor a enfrentar acciones legales puede llevarlos a desistir de abordar determinados temas.
Frente a estas situaciones, los mecanismos de denuncia no siempre generan confianza entre las personas afectadas. Un 37 % de los periodistas encuestados desconfía de la rapidez con que se tramitan las denuncias y un 35 % pone en duda su confidencialidad. Los testimonios mencionan investigaciones internas que no llegan a resultados, jefaturas que protegen a sus responsables y el temor a perder el trabajo después de denunciar estos hechos.
“El desafío es avanzar más allá del cumplimiento formal de protocolos y garantizar una prevención efectiva, con mecanismos de denuncia confiables, condiciones laborales dignas, liderazgos responsables y medidas de protección frente a la violencia institucional, laboral y de género”, señaló Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.
