A través de una carta pública, organizaciones feministas y de derechos humanos solicitaron una investigación exhaustiva de la denuncia de violación que involucra a funcionarios de la Armada de Chile, junto con medidas de protección integral para la denunciante y una respuesta estatal con perspectiva de género e interculturalidad.
La denuncia de violencia sexual contra una joven del pueblo Rapa Nui, por hechos que habrían ocurrido al interior de un recinto de la Armada de Chile, ha motivado un pronunciamiento colectivo de organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos.
En una carta abierta fechada el 9 de octubre de 2026, las organizaciones y personas firmantes hacen un llamado a las instituciones del Estado a garantizar una investigación rigurosa, evitar la revictimización y asegurar la protección de la denunciante.
Por su relevancia para el debate público y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, La Neta reproduce a continuación el contenido de esta carta
Carta abierta a los Tribunales de Justicia, Ministerio Público y a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género: Por justicia, verdad y protección integral en el caso de violación en Rapa Nui
Santiago, 9 de octubre de 2026
Señoras y señores magistrados, fiscales y autoridades judiciales:
Señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género:
Las organizaciones y personas que suscribimos, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la denuncia de presunta violación contra una joven perteneciente al pueblo Rapa Nui, por hechos que habrían ocurrido al interior de un recinto de la Armada de Chile en la isla de Rapa Nui, y por los cuales dos sargentos activos de la institución se encuentran actualmente en prisión preventiva.
La gravedad de los hechos denunciados exige una respuesta diligente, transparente y coordinada de las instituciones del Estado, que garantice el acceso a la justicia, la protección integral de la denunciante y una investigación exhaustiva, respetando plenamente las garantías del debido proceso.
De acuerdo a la información conocida públicamente, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 3 de octubre de 2026, al interior de un recinto militar. La denuncia fue realizada esa misma madrugada, y hasta ahora, dos funcionarios de la Armada han sido formalizados como autores del delito consumado de violación y se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, se ha informado que continúan realizándose diligencias destinadas a esclarecer la eventual participación de otras personas.
Ante estos antecedentes, consideramos indispensable que cada institución del Estado actúe dentro de sus competencias y asuma plenamente sus responsabilidades. La violencia sexual contra las mujeres exige respuestas estatales oportunas, coordinadas y libres de cualquier forma de discriminación.
Al Ministerio Público y Tribunales de Justicia, en particular, resulta fundamental:
- Agotar todas las líneas investigativas respecto de la eventual participación de otras personas, sin excepciones ni privilegios derivados de su pertenencia institucional.
- Garantizar que ninguna dinámica corporativa interfiera en el esclarecimiento de los hechos.
- Adoptar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización y resguardar la seguridad, dignidad, intimidad y privacidad de la denunciante.
- Incorporar perspectiva de género e interseccional en las actuaciones y decisiones que correspondan, considerando especialmente su condición de mujer joven perteneciente al pueblo Rapa Nui.
- Garantizar un proceso oportuno, transparente y respetuoso del debido proceso y de los derechos de la víctima.
La circunstancia de que los hechos denunciados hayan ocurrido al interior de un recinto militar y que involucren a funcionarios de una institución del Estado exige, además, extremar las garantías de independencia y transparencia. Ninguna pertenencia institucional puede transformarse en un obstáculo para conocer la verdad y determinar las responsabilidades que correspondan.
Por su parte, El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tiene un mandato fundamental en la promoción de los derechos de las mujeres y en la articulación de la respuesta estatal frente a la violencia de género.
Por ello, solicitamos:
- Garantizar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, acceso oportuno a acompañamiento jurídico y psicosocial, respetando siempre la voluntad, autonomía y privacidad de la denunciante.
- Coordinar las acciones necesarias con los organismos públicos competentes para asegurar una respuesta estatal integral.
- Incorporar un enfoque de género, intercultural e interseccional en la respuesta institucional.
- Adoptar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización y cualquier exposición indebida de la denunciante.
- Informar públicamente, dentro de los límites que exige la protección de la víctima y la investigación en curso, las medidas institucionales adoptadas frente a este caso.
Una respuesta estatal con perspectiva de género e intercultural
Este caso ocurre en un territorio con una historia, identidad y condiciones particulares. Por ello, la respuesta estatal debe reconocer y respetar los derechos del pueblo Rapa Nui y considerar las dimensiones de género, territoriales, culturales e institucionales que concurren en este caso.
La pertenencia de la denunciante al pueblo Rapa Nui no puede ser utilizada para estereotiparla ni invisibilizarla. Por el contrario, obliga al Estado a garantizar una respuesta culturalmente pertinente, respetuosa de su autonomía y libre de discriminación.
Del mismo modo, el hecho de que la denuncia involucre a funcionarios de las Fuerzas Armadas exige especial atención. Las instituciones estatales tienen una responsabilidad reforzada de prevenir, investigar y responder adecuadamente frente a hechos de violencia contra las mujeres que puedan involucrar a sus integrantes.
Quienes suscribimos esta carta estaremos vigilantes al desarrollo de la investigación y a la respuesta de las instituciones competentes.
Esperamos una investigación rigurosa que permita esclarecer completamente los hechos; un proceso judicial con perspectiva de género, intercultural e interseccional; protección y acompañamiento integral para la denunciante; y una respuesta pública del Estado acorde con la gravedad de la violencia denunciada.
La justicia no es solo un procedimiento: es una garantía de derechos y dignidad. Una vida libre de violencia debe ser una realidad para todas las mujeres, en todos los territorios.
Por verdad, justicia y una vida libre de violencia.
Esta carta cuenta con el respaldo de organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos, así como de personas que se han sumado a la exigencia de verdad, justicia y protección integral para la denunciante.
Consulta el listado completo de organizaciones y personas firmantes en el documento adjunto.
