Si bien se registra una leve baja en la objeción de conciencia respecto al 2023, desde la organización señalan que este fenómeno se ha mantenido estable en el tiempo.
Este martes, Corporación Humanas presentó su informe anual 2024 de monitoreo a la implementación de la ley IVE en tres causales. En el documento, se revela que una vez más la objeción de conciencia en el sistema de salud pública tiene sus niveles más altos en la causal violación.
En esta causal, las y los obstetras tienen un 41,6% de objeción. Las y los anestesistas tienen un 17,6%, los profesionales no médicos 9,7% y técnicos paramédicos tienen 11,1%. En las causales de inviabilidad fetal y riesgo de vida para la madre, la objeción de conciencia se reduce significativamente.
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Si bien se registra una leve baja en la objeción de conciencia respecto al año pasado, desde la organización señalan que existe un patrón estructural en este fenómeno. “Cada año, más del 40% de las y los obstetras se han declarado objetores frente a esta causal (violación)”, indica el texto.
Lugares críticos en objeción de conciencia
A nivel nacional, casi la mitad de los hospitales (32) tiene entre uno y dos tercios de obstetras objetores en la causal violación. Además, 14 establecimientos tienen más de dos tercios de obstetras objetores en la misma causal.
En el informe destacan que hay algunas regiones donde el acceso a esta prestación de salud se ve más afectado debido a la objeción de conciencia. Un ejemplo es la Región del Maule, donde los hospitales de Cauquenes y de Constitución tienen un 100% de los y las obstetras no disponibles para realizar un aborto en la causal de violación.
Particularmente en el de Cauquenes, los dos obstetras contratados son objetores en las tres causales.
Así, las regiones que tienen mayor cantidad de obstetras objetores de conciencia en la causal violación son O’Higgins (68,9%), el Maule (60%) y Los Lagos (58,1%), evidenciando inequidad territorial para acceder a la ley IVE.
Recomendaciones para la implementación de la ley IVE
El informe de Corporación Humanas concluye que “la objeción de conciencia en el sistema público de salud sigue operando como una barrera estructural de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente en la causal violación”.
Entregan, además, recomendaciones para garantizar el acceso equitativo a este derecho, garantizando la autonomía, dignidad, equidad territorial y no discriminación. Entre ellas, se pide asegurar el acceso a la información y conocer los derechos y fortalecer la formación del personal de salud y la fiscalización de la ley.
Proponen revisar y limitar el uso de la objeción de conciencia –algo que ya está en curso con las modificaciones al reglamento propuestas por el Ejecutivo– y asegurar la atención en todo el país.
La directora ejecutiva de Corporación Humanas, señaló a Informe Especial que, “en la medida en que no se tomen acciones concretas para hacernos cargo de los obstáculos que venimos viendo desde la implementación de la ley, lo más probable es que no cambie la tendencia».
