*Por Julieta Suárez-Cao y Javiera Arce-Riffo
Existen desigualdades que han sido difíciles de combatir apostando sólo a cambios culturales, más aún cuando los partidos políticos reproducen las mismas lógicas discriminatorias de toda la sociedad. No existe evidencia científica de que la sobrerrepresentación de los hombres en política sea un efecto de oferta -lo que supone que las mujeres no tienen interés en hacer carrera en este ámbito-, o de demanda -lo que implicaría que el electorado vota preferentemente por hombres-. Salvo que creamos que la capacidad para la política es un atributo que se concentra desproporcionadamente en los hombres y no en las mujeres, la sobre-representación de los hombres indica que son ellos quienes llegan a sus puestos por su género y no por sus méritos.
Los datos dan cuenta de que los partidos políticos no nominan mujeres o, cuando están obligados a nominarlas, no lo hacen en las mismas condiciones de competitividad que con los hombres. Cambiar esta realidad es el aporte de la integración paritaria.
Los hechos han demostrado que la paridad sólo en las candidaturas no es suficiente. Con la única obligación de nominar paritariamente, los partidos tienden a no asegurar la competitividad de las candidatas. Esto ocurrió en 2017, donde con un 40% de candidatas solo el 22,7% de la Cámara y del Senado resultó ocupado por mujeres. En esa elección, los hombres recibieron el doble de aportes financieros que las candidatas.
Cuando en las elecciones para la Convención Constitucional de 2021 se aplicó la paridad de entrada y la de salida y se cerraron las brechas de financiamiento a cargo de los partidos políticos entre hombres y mujeres, las candidaturas de mujeres resultaron igualmente competitivas a las de los hombres, lo que se reflejó en la alta elegibilidad de las mismas.
Sin embargo, la propuesta de integración paritaria se ha intentado descalificar señalando que normar en torno a ello implica “meter la mano en la urna”. No obstante, nuestro sistema electoral actual de lista abierta, en el que la ciudadanía vota por candidatura individual, pero los escaños se asignan por lista, constituye un diseño que, siguiendo la lógica de quienes critican la integración paritaria, ya “mete la mano en la urna”.
En 2017, en 26 de los 28 distritos del país ingresaron al parlamento personas que recibieron menos votos que otras que quedaron afuera. Si tanto preocupa no meter “la mano en la urna”, no se propondría un umbral electoral donde los partidos que no pasan el porcentaje establecido no acceden al reparto de bancas, pero sus votos igual se contabilizan para sumar escaños a sus pactos. Ello hace suponer que el argumento empleado sólo es mañosamente utilizado para denostar la integración paritaria, develando el rechazo a la incorporación de las mujeres a los espacios de toma de decisiones públicas y no responde a una preocupación sincera por “respetar la voluntad de la ciudadanía”.
*Julieta Suárez-Cao y Javiera Arce-Riffo son integrantes de la Red de Politólogas
