Exconsejeros de Republicanos y Chile Vamos, que apoyaron la eliminación del pago de impuesto territorial, podrían ser favorecidos en el caso de ser aprobada la propuesta de nueva Constitución.
*Por Catalina Gutiérrez y Constanza Valle
Las contribuciones son un impuesto patrimonial que deben pagar anualmente los propietarios de viviendas, habitaciones o terrenos agrícolas, recaudado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República, para ser destinado a los fondos municipales y que permite la implementación de servicios como electrificación, salud y educación.
La propuesta de nueva Constitución, que se plebiscitará este domingo, incluye la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda, norma que estuvo lejos de generar consensos al interior del órgano constitucional.
Artículo 16.29 de la propuesta de nueva Constitución
En su primer paso por el Pleno del Consejo Constitucional, representantes del Partido Republicano, impulsores de esta iniciativa, aseguraron que la exención iba en beneficio de la clase media. “Más de 500 mil familias, que no son millonarias, tienen que desembolsar cada tres meses este impuesto injusto que cobra el Estado”, señaló el consejero Antonio Barchiesi.
Sin embargo, según información del SII, de su última actualización de revalúo de bienes fiscales, sólo un 22,7% tiene la obligación de pagar este impuesto territorial, lo que se traduce a 1,3 millones de propiedades. De acuerdo a cifras de la Tesorería General de la República a septiembre del presente año, cinco son las comunas que recaudan dos tercios del fondo: Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura y Providencia. Este minoritario porcentaje se contrapone al 77,3% que no paga contribuciones, lo que sería cerca de 4,3 millones de propiedades habitacionales.
Estas cifras fueron recogidas por representantes del progresismo que se pronunciaron en contra de esta incorporación, argumentando que la norma iba en pos de los sectores privilegiados y en desmedro del financiamiento de los municipios de Chile, particularmente de los más pobres.
Estas observaciones que no fueron acogidas por Republicanos y Chile Vamos, quienes haciendo uso de su mayoría, ingresaron la exención a la propuesta constitucional, junto a una transitoria que establece su progresividad a partir del año 2026, con el objetivo de “no afectar el fondo común municipal”, en palabras del consejero republicano Luis Silva.
Disposición Transitoria Decimocuarta de la propuesta de nueva Constitución
Los primeros beneficiados
La Neta investigó a los exconsejeros de derecha que aprobaron la norma, encontrando que algunos de estos podrían verse beneficiados por la exención del pago de contribuciones a su vivienda principal, según información declarada en InfoProbidad.
Tal es el caso del exconsejero republicano Jorge Ossandón, principal promotor de la norma dentro del Consejo, quien registró como primera vivienda un bien inmueble que supera el avalúo fiscal de $280 millones y que por el cual, según datos revisados, realiza un pago de contribuciones de más de $2 millones. Monto que quedaría eximido de pagarse en el caso de aprobarse la propuesta de nueva Constitución.
Exconsejero Jorge Ossandón
Foto Proceso Constitucional
Otros republicanos que se verían beneficiados por la norma son María de los Ángeles López y Sebastián Figueroa, quienes declararon bienes inmuebles como vivienda principal sujetas al pago de contribuciones al tener un avalúo fiscal de más de 30 millones de pesos.
Dentro de los posibles beneficiarios también se encuentran exconsejeras de Chile Vamos, que aprobaron la norma, como Gloria Hutt (Evópoli), Pilar Cuevas (RN) y Carlos Recondo (UDI).
De izquierda a derecha: Hutt, Cuevas y Recondo
Foto Proceso Constitucional
Aunque Hutt declaró 10 bienes inmuebles, sólo uno quedaría exento del pago de contribuciones y que está registrado como su domicilio. Se trata de una vivienda ubicada en la comuna de Providencia con un avalúo fiscal de más de $260 millones. La Neta pudo revisar que la presidenta de Evópoli realizó un pago de contribuciones de más de $2 millones de pesos, monto que quedaría eximido de pagarse en el caso de aprobarse la propuesta de nueva Constitución.
Por su parte, Cuevas, exconsejera por la Región de Aysén, podría dejar de pagar las contribuciones de dos de los nueve bienes inmuebles declarados. Se trata de un departamento y bodega, ubicados en la comuna de Las Condes, que según información revisada, presentan un pago de contribuciones de casi $900.000.
Por último, se encuentra el gremialista Carlos Recondo, quien registró un bien inmueble ubicado en la comuna de Puerto Varas avaluado en $200 millones y que, en el caso de aprobarse la propuesta, estaría exento del pago de contribuciones.
¿Qué dicen los representantes comunales?
Desde el mundo de las municipalidades la norma ha tenido diferentes recibimientos. La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) ha apoyado esta exención, mientras que la Asociación Chilena de Municipalidades (Amch) sostiene que la norma tendría un impacto irreparable en el desfinanciamiento del sistema municipal.
La Neta contactó a dos integrantes de cada asociación: el alcalde de Linares, Mario Meza (RN), de la Amuch y el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (IND), de la Amch, para conocer sus impresiones respecto al fin del pago de contribuciones. Sin embargo, al cierre de esta edición, sólo obtuvimos la respuesta de Tamayo.
El edil de Cerro Navia calificó la medida como “una aberración” que “lo único que va a hacer es perjudicar a las comunas pobres de este país”, puesto que dificultará implementar medidas de seguridad, como instalaciones de cámaras y el programa del plan cuadrante municipal.
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La opinión de concejales
Desde Ñuñoa, el concejal Julio Martínez (UDI) valoró la norma para la clase media “que logra comprar una vivienda, departamento, casa, lo que sea, a veces con crédito, con mucho esfuerzo”. Sin embargo, reconoce que la exención de este pago es “una entrada menos de plata” para la comuna.
“Por supuesto que sí, sí pierden, pierden, pero ahí también está el ingenio de que la comuna tiene que ofrecer cosas para que, si yo pago 100 por contribuciones, bueno, esos 100 se los puedo entregar a mi comuna, a la municipalidad, con otras ofertas sociales que me haga la comuna. Creo que ahí está el ingenio de los alcaldes”, concluyó Martínez.
Al contrario, para la concejala de Lo Espejo, Javiera López (RD), la medida va a afectar a los municipios más pobres en Chile. “El problema es que al debilitar este fondo, que es clave para la prestación de ayudas sociales y acciones que buscan mejorar la calidad de vida de los diferentes habitantes de nuestra comuna, finalmente lo que se genera es mayor incertidumbre para nosotros como vecinos y vecinas”, comentó.
De izquierda a derecha: Concejal Julio Martínez y la concelaja Javiera López
De acuerdo a López, esta incertidumbre se traduce en que actualmente “no hay un proyecto de ley, ni una propuesta económica seria” respecto de cómo se va a reemplazar el dinero que va a faltar para la ejecución, “por ejemplo, de la reparación de los servicios de luminaria, los talleres artísticos, culturales y deportivos”.
“Además genera una sensación de mayor inseguridad en nuestros barrios, porque no nos vamos a poder hacer cargo de mantener y sostener en el tiempo los elementos preventivos tales como las luminarias y otro tema, como el cuidado de las áreas verdes que ayudan también a poder prevenir una serie de delitos en las salidas del metrotren, en los espacios públicos como paradero, en las salidas de las escuelas, entre otras cosas”, sentenció la concejala RD.
