La revancha: Comisión de Medio Ambiente se enfrentó al Pleno y logró ingresar 16 normas al borrador de nueva Constitución 

La última sesión plenaria de esta semana se realizó este sábado con el informe de reemplazo de la comisión de Medio Ambiente. Tras la deliberación y votación, el 47% de los artículos contenidos en el documento lograron superar los ⅔. 

 

Sábado 7 de mayo 2022

 

“¡Traidores, traidores!”. Ese era uno de los gritos que se escuchaban en el hemiciclo del ex Congreso el pasado 21 de abril, ante el rechazo en general del informe emanado por la comisión de Medio Ambiente. El malestar de los eco-constituyentes se hizo notar, tanto así que en el punto de prensa de la coordinación se leyeron los nombres de integrantes, en su mayoría del Colectivo Socialista, por rechazar la propuesta normativa sobre tres grandes temáticas: bienes naturales comunes, modelo económico, y derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 

Pese a las tensiones que generó esta situación, los y las convencionales de todos los colores políticos siguieron trabajando en la comisión para presentar una nueva propuesta. Hoy ese trabajo se materializó en el informe de reemplazo que contiene 34 artículos los cuales refieren al Estatuto Constitucional de las aguas; Soberanía Alimentaria; Estatuto Constitucional de los minerales; y Sistema económico y política fiscal.  

 

La sesión plenaria comenzó con la presentación del informe por parte de la coordinación, liderada por Camila Zárate (Pueblo Constituyente) y Juan José Martin (Independientes No Neutrales). El representante del distrito 12 comenzó la exposición refiriéndose a los primeros artículos del documento, donde se abordan los temas en materia de agua. 

 

«En el artículo 1 se establece un deber de protección general de las aguas y el ciclo hidrológico, reconociendo la importancia que tiene para el ejercicio de los Derechos Humanos y de la naturaleza. Además, se da prevalencia al ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento», explicó Martin. 

Graderías del hemiciclo junto a defensores del derecho al agua, entre ellos, el Gobernador Rodrigo Mundaca

 

El artículo 2 también habla sobre el agua. En este se consagra que “el Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”. 

 

Por su parte, la representante del distrito 7 explicó el artículo 21, sobre energía. «Hasta ahora no tenemos ningún artículo de energía aprobado y este tiene dos dimensiones: el derecho humano a un mínimo vital de energía asequible y segura y (…) se reconoce constitucionalmente que es deber del Estado garantizar su acceso equitativo», señaló. 

 

Sobre el sistema económico y política fiscal, Zárate manifestó que «hasta ahora tenemos aprobadas normas respecto del ingreso fiscal que han sido entregadas por Comisión Forma de Estado, pero no tenemos nada respecto al gasto para poder orientar el gasto público en las necesidades sociales». 

 

En ese sentido, el artículo 38 sobre gasto público expresa que “el gasto público se orientará a asegurar la satisfacción de los derechos consagrados en esta Constitución y al correcto funcionamiento de los organismos públicos que la Constitución y las leyes establecen”. 

 

Conoce algunas de las intervenciones realizadas por convencionales aquí:

 

Uno de los temas que más ha generado tensiones se manifiesta en los artículos sobre minería. En el 22 refiere al dominio de las minas y sustancias minerales, en este se establece que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional”. 

 

Además, el artículo agrega que “la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”. 

 

En este sentido, el artículo 27 B, realizado en acuerdo con el Colectivo Socialista, propone que “los organismos públicos competentes y empresas del Estado, creadas por ley, podrán explorar y explotar las sustancias establecidas en el artículo 22”. Esta norma aclara que son sustancias estratégicas el litio, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos y, en su estado natural, “deberán ser objeto de exploración y explotación por parte de los organismos y empresas del Estado. En el caso de asociarse con empresas privadas, mantendrá siempre su participación de al menos un tercio”. 

 

«Proponemos un régimen responsable, equilibrado, de cara al futuro, con un rol fuerte de parte del Estado, pero que mantenga la convivencia entre la actividad minera y la protección del medioambiente y los ecosistemas», manifestó el convencional Claudio Gómez durante la discusión.

 

Desde otra perspectiva, la representante del distrito 3, Cristina Dorador, manifestó una preocupación. «Estamos frente a un dilema ético. Explotar el litio, sea el Estado o los privados, es destruir los salares de Chile y la vida, tengamos eso claro. Las decisiones tienen costos, en este caso, el precio es la pérdida de biodiversidad», señaló.

 

Por su parte, el artículo 24 protege ciertas zonas de estas actividades extractivistas. En este se consagra que “quedarán excluidas de toda actividad minera las áreas protegidas, los glaciares, las zonas de origen de cuencas hidrográficas, sin perjuicio de las demás exclusiones que establezca la ley”. 

***

A medida que se acercaba el momento de la votación, las butacas en las graderías en el hemiciclo del ex Congreso comenzaron a ocuparse. Dirigentes, medios y defensores de causas medioambientales se ubicaron expectantes por el resultado. El primer desafío era lograr los 103 votos necesarios para que el informe se aprobara en general y, de esta forma, pasar a votación en particular. 

Periodistas Paul Follert (CNN), Valentina Matus (Contexto Factual) y Rodrigo Córdova (Votamos Tod@s) 

 

Asesores y defensores medioambientales en las graderías del hemiciclo

 

 

Los aplausos y gritos de felicidad no dejaron escuchar al secretario John Smok, sin embargo, las pantallas en el hemiciclo anunciaron el resultado. Con 114 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones se aprobó en general el informe de reemplazo de la comisión de Medio Ambiente. 

 

 

Tras la aprobación, se dio paso a la votación en particular. En esta instancia, los artículos que lograsen superar los 103 votos favorables pasan a borrador de nueva Constitución. Si no se logra ese quórum, pero sí la cuarta parte de los votos a favor, entonces el artículo o párrafo (en caso de solicitud de votación separada) vuelve a comisión. De no cumplir ninguno de estos requisitos, entonces queda totalmente excluido del debate constitucional. 

 

En cada votación, la tensión era evidente. Sin embargo, fue notoria la falta de convencionales votando de manera presencial. Al lado donde comúnmente se encuentra la bancada del Frente Amplio, Chile Digno y Colectivo Socialista, sólo este último llenó sus butacas. Al otro extremo, los asientos vacíos dieron cuenta de la escasa participación presencial de la derecha. Mientras que al centro la ausencia de los escaños reservados se hizo notar. 

 

Desde las tribunas: zona de las bancadas de izquierda en el Hemiciclo. 

 

Superando el quórum de los ⅔, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó, en su totalidad, la propuesta consagrada en el artículo 1 en donde se establece el deber del Estado en cuanto a la protección de las aguas y que se prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. 

 

Con 103 votos ingresó, entre aplausos, el artículo 2. Este dice: “El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”. 

 

Las abstenciones del Frente Amplio llamaron la atención en esta pasada y, como se anticipaba, fueron los conglomerados conservadores quienes marcaron el botón rojo. 

 

Artículo 2 sobre uso del agua

 

El artículo 3 y 4 fueron igualmente aprobados y celebrados en el hemiciclo. El primero, establece que “el Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado, a través del manejo integrado de cuencas, y siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión”. Mientras que el segundo expresa el reconocimiento “a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas”. Este artículo 4 fue ingresado con 103 votos favorables. 

 

 

 

Con 81 votos a favor, y 142 convencionales emitiendo su voto, vuelve a comisión para una segunda propuesta el artículo 9 en el cual se establecía que “el mar territorial, las playas y los ecosistemas oceánicos y costeros, son bienes comunes naturales inapropiables”. 

 

Votación artículo 9

 

El botón rojo primó en las siguientes votaciones. A comisión volvió el artículo 11 sobre glaciares y criósfera y el 12 sobre Territorio Chileno Antártico. Y, pese a la desilusión por estas votaciones, el ambiente retomó su festividad con la aprobación de un nuevo artículo que define los bienes comunes naturales como elementos o componentes de la Naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia. 

 

Los aplausos y abrazos volvieron ante la aprobación del artículo 14, de las Áreas Protegidas. “El verde, el verde. Este es parte del acuerdo”, eran las instrucciones que se escuchaban hasta las graderías. 

Celebración por la aprobación del artículo 14 sobre Áreas Protegidas

 

Este artículo expresa que “el Estado, a través de un sistema nacional de áreas protegidas, único, integral y de carácter técnico deberá garantizar la preservación, restauración y la conservación de espacios naturales”. 

 

Hace algunos días, con la votación del informe de Forma de Estado, el artículo que buscaba consagrar la soberanía alimentaria fue rechazado y excluido del debate constitucional, generando que las personas en las graderías manifestaron su malestar ante la situación.

 

Sin embargo, en este informe el artículo 17 propuesto por la comisión de Medio Ambiente busca el mismo objetivo: establecer el deber del Estado respecto a la soberanía y seguridad alimentaria. Con 109 votos a favor, 20 en contra y 17 abstenciones ingresó a borrador de nueva Constitución esta norma que, en su escrito, también consagra que se promoverá “la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables”.

 

 

¿Qué pasó con la minería? Con votos transversales, aplausos y felicitaciones – entre risas – al convencional Ossandón, se aprobó el primer párrafo del artículo 22 sobre el dominio de las minas: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas”. 

Votación primer párrafo del artículo 22 sobre el dominio de las minas

 

Con 111 votos también ingresó a borrador de nueva Constitución el segundo párrafo que se proponía en el artículo: “La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”. 

 

Uno de los artículos más controversiales de la jornada era el 27 donde, en su primer párrafo, establecía que: “El Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras. En el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado”. 

 

Pese a su rechazo, con los 66 votos favorables que logró, este artículo vuelve a la comisión de Medio Ambiente para que se realice una nueva propuesta. 

 

Votación artículo 27 

 

No corrió la misma suerte el artículo 27B. Dado que logró menos de la cuarta parte de votos favorables, la norma que proponía que “los organismos públicos competentes y empresas del Estado, creadas por ley, podrán explorar y explotar las sustancias establecidas en el artículo 22”, quedó excluida del debate constitucional.

 

¿Y sobre el Sistema Económico? Se aprobó en su totalidad el artículo 32. En este se consagra que «el Estado participa en la economía para cumplir con los objetivos establecidos en esta Constitución». También, señala que será rol del Estado fomentar «la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular».

 

Además, se aprobó el artículo 34, consagrando en el borrador de nueva Constitución que «el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica», siendo «aplicables las normas de derecho público sobre probidad y rendición de cuentas». 

 

Y con solo tres rechazos y cuatro abstenciones, el artículo 43 se integra a la propuesta constitucional: «El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados». 

Votación artículo 43

 

Finalmente, fueron 16 los artículos que ingresan a borrador de nueva Constitución. Tras esta votación la propuesta constitucional suma 434 artículos, de los cuales 29 han sido emanados de la comisión de Medio Ambiente.

 

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Conoce el detalle de la votación de hoy aquí:

 

 

 

 

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