La imagen puede ser falsa, pero el daño es real: los desafíos de Chile frente a la violencia sexual digital

La difusión no consentida de imágenes íntimas y la creación de contenidos sexuales mediante inteligencia artificial están ampliando las formas de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. En un conversatorio realizado en Santiago, especialistas advirtieron sobre los vacíos de la legislación chilena, las dificultades para investigar estas agresiones y la necesidad de avanzar en mecanismos efectivos de prevención y reparación. Durante el encuentro, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, anunció que el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre esta materia el próximo 25 de noviembre.

Por: Fabiola Gutierrez González, directora de La Neta.

Una fotografía compartida en redes sociales puede convertirse, en cuestión de segundos, en una imagen sexual que nunca existió. No es necesario acceder a fotografías íntimas ni contar con conocimientos avanzados de programación. Las herramientas de inteligencia artificial permiten crear contenidos falsos que pueden circular masivamente, reproducirse y permanecer durante años en internet.

Pero aunque las imágenes sean falsas, sus consecuencias son reales. El daño psicológico, la exposición pública, las afectaciones a la vida personal y laboral, e incluso el abandono de espacios de participación forman parte de una violencia que afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes.

Esta fue una de las principales reflexiones del conversatorio “Violencia sexual en entornos digitales: difusión no consentida de imágenes íntimas y los desafíos del uso de IA”, realizado este jueves 19 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y organizado conjuntamente por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio Público, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la casa de estudios.

El encuentro reunió a especialistas del ámbito jurídico, académico e institucional para abordar un fenómeno que no es nuevo, pero que ha adquirido dimensiones distintas con el desarrollo de las tecnologías digitales.

La discusión estuvo marcada, además, por el anuncio de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín Morales, quien adelantó que el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre esta materia.

El anuncio se produce en un escenario donde especialistas coinciden en la necesidad de actualizar las herramientas legales, fortalecer las capacidades de investigación y establecer mecanismos efectivos de protección para las víctimas.

Una violencia que cambia de forma, pero no de destinatarias

“La imagen puede ser falsa, pero el daño es real”. Con esta afirmación, Valentina Salas, jefa de Gobernanza y Territorio del PNUD en Chile, sintetizó uno de los principales desafíos que plantea la inteligencia artificial frente a la violencia sexual digital.

Durante su presentación, explicó que las tecnologías no han creado la violencia contra las mujeres, pero sí han transformado sus mecanismos de producción, difusión y permanencia.

El anonimato de quienes agreden, la rapidez con que circulan los contenidos y las dificultades para eliminarlos hacen que una misma agresión pueda reproducirse indefinidamente.

A diferencia de otras formas de vulneración de la intimidad, actualmente ni siquiera es necesario obtener una fotografía sexual real. Una imagen publicada voluntariamente en redes sociales puede ser manipulada mediante inteligencia artificial para fabricar una escena sexual que nunca ocurrió.

Según los antecedentes internacionales expuestos por Salas, el 98% de cerca de 100 mil deepfakes analizados en un estudio de 2023 correspondía a contenido pornográfico y, dentro de ese universo, el 99% tenía como objetivo a mujeres.

Esta transformación también obliga a ampliar la comprensión de los daños. No se trata únicamente de una vulneración de la privacidad, sino también de una agresión contra la dignidad, la autonomía sexual y el derecho de las mujeres a desenvolverse libremente en los espacios digitales.

Salas advirtió que las consecuencias pueden manifestarse en distintos niveles. Desde ansiedad, vergüenza y aislamiento hasta afectaciones laborales, escolares y sociales.

Sin embargo, uno de los efectos más preocupantes es colectivo. Cuando estas agresiones se dirigen contra periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos o mujeres que participan en política, pueden convertirse en mecanismos de silenciamiento.

“Lo que sucede es un efecto silenciador”, explicó la representante del PNUD, al abordar cómo estas formas de violencia buscan que las mujeres abandonen los espacios de opinión, liderazgo y representación.

En ese sentido, la violencia sexual digital no solo vulnera derechos individuales, también restringe la participación de las mujeres y afecta la calidad de la democracia.

Los vacíos de una legislación que no avanza al ritmo de la tecnología

Uno de los puntos de mayor preocupación durante el conversatorio fue la distancia entre las nuevas formas de violencia sexual digital y las herramientas disponibles para investigarlas y sancionarlas.

Mauricio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual del Ministerio Público, presentó antecedentes que permiten dimensionar la evolución del fenómeno.

Según las cifras expuestas, entre 2017 y 2025 los ingresos al sistema de justicia penal por delitos sexuales aumentaron un 118%, mientras que aquellos vinculados a violencia sexual digital mediante registros audiovisuales registraron un incremento del 330%.

Las cifras dan cuenta de un fenómeno que ha adquirido mayor presencia en el sistema judicial, aunque también plantean interrogantes sobre las capacidades institucionales para responder.

Actualmente, la legislación chilena contempla sanciones para determinadas conductas relacionadas con la captación, exhibición y difusión no consentida de imágenes íntimas. Sin embargo, presenta dificultades cuando se trata de contenidos manipulados o completamente creados mediante inteligencia artificial, especialmente si las víctimas son personas adultas.

Sovino explicó que las figuras penales existentes fueron concebidas para situaciones distintas a las que hoy presentan las tecnologías digitales, lo que obliga a buscar interpretaciones jurídicas que no siempre permiten abordar adecuadamente estas conductas.

A estos vacíos se suman problemas investigativos concretos: contenidos que desaparecen rápidamente, circulación en grupos cerrados de mensajería, anonimato de los agresores y plataformas que operan desde otros países.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en establecer nuevas sanciones, sino también en garantizar que las instituciones cuenten con herramientas efectivas para investigar los hechos y proteger a quienes denuncian.

Cuando las víctimas son niñas y adolescentes

La dimensión de esta violencia en los espacios educativos ocupó un lugar relevante en la discusión.

María Elena Santibáñez, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abordó las diferencias entre la protección penal de personas adultas y la de niñas, niños y adolescentes, a partir de su experiencia en el ámbito judicial.

Para ilustrar la gravedad de estas agresiones, relató el caso de una adolescente cuya imagen sexual fue difundida a través de Telegram. La exposición provocó un profundo daño psicológico y evidenció las dificultades que pueden enfrentar las víctimas al intentar acceder a la justicia.

Su intervención permitió cuestionar una percepción todavía extendida: considerar la difusión de imágenes íntimas como una conducta menos grave que otras manifestaciones de violencia sexual.

La afectación, explicó, no termina cuando una imagen deja de circular. La incertidumbre sobre quién pudo verla, dónde puede reaparecer o quién podría volver a compartirla genera una sensación permanente de exposición y amenaza.

Santibáñez también advirtió sobre la utilización de inteligencia artificial en establecimientos educacionales para manipular fotografías de compañeras y producir imágenes sexualizadas.

Estos casos plantean desafíos que no pueden abordarse exclusivamente desde el derecho penal. También requieren educación, prevención, acompañamiento psicológico y una comprensión más profunda del impacto de la violencia sexual en la vida de niñas y adolescentes.

La académica expresó, además, su preocupación por las iniciativas legislativas destinadas a endurecer las sanciones frente a denuncias falsas, advirtiendo que podrían generar nuevos obstáculos para quienes denuncian delitos sexuales, particularmente cuando existen dificultades para reunir pruebas.

Corea del Sur: poner la reparación de las víctimas en el centro

La experiencia internacional también ofreció elementos para pensar posibles respuestas institucionales en Chile.

Lu-Yen Chea, jefe del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, presentó el caso de Corea del Sur, país que ha desarrollado un sistema especializado de respuesta frente a la violencia sexual digital después de enfrentar episodios de gran connotación pública relacionados con la circulación de imágenes íntimas y contenidos sexuales creados mediante inteligencia artificial.

Su experiencia demuestra que la sanción penal, aunque necesaria, resulta insuficiente cuando las imágenes continúan circulando.

Uno de los aspectos centrales del modelo coreano es la existencia de mecanismos especializados para recibir denuncias, localizar contenidos, solicitar su eliminación y realizar seguimiento para evitar que vuelvan a difundirse.

El sistema también incorpora acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y coordinación entre instituciones públicas, policías y plataformas tecnológicas.

Una de las experiencias expuestas fue la del Gobierno Metropolitano de Seúl, que ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para identificar material de violencia sexual digital y acelerar las solicitudes de eliminación.

Según explicó Chea, esta tecnología permitió reducir de una a dos horas a aproximadamente tres minutos el tiempo de detección de contenidos, mientras que la automatización de solicitudes de retiro disminuyó procesos que podían tardar tres horas a cerca de seis minutos.

La experiencia plantea una reflexión relevante: las mismas tecnologías que facilitan nuevas formas de violencia también pueden utilizarse para prevenirlas y fortalecer la protección de las víctimas.

Pero, sobre todo, deja una enseñanza. La reparación no puede depender exclusivamente de una eventual condena judicial. Mientras las imágenes continúen disponibles, la vulneración de derechos también puede continuar.

Una responsabilidad que no puede recaer en las víctimas

A lo largo del conversatorio se reiteró la necesidad de construir respuestas integrales que involucren al Estado, las instituciones de justicia, los establecimientos educacionales, las empresas tecnológicas y la sociedad civil.

Desde el PNUD se enfatizó que la responsabilidad no puede limitarse a quienes producen o difunden los contenidos. Las plataformas donde circulan estas agresiones también deben formar parte de las estrategias de prevención y respuesta.

Esto supone avanzar en mecanismos de denuncia accesibles, procedimientos oportunos para retirar contenidos, acompañamiento especializado y generación de información que permita comprender mejor la magnitud del fenómeno.

También exige superar la idea de que las mujeres deben restringir su presencia digital para evitar ser agredidas.

La posibilidad de participar en redes sociales, expresar opiniones, compartir fotografías o ejercer liderazgos no debería convertirse en un riesgo para la dignidad y la autonomía de las mujeres.

En vísperas de un nuevo 25 de noviembre, el debate adquiere especial relevancia. El anuncio de una nueva iniciativa legislativa abre una oportunidad para discutir no solo qué conductas deben sancionarse, sino también cómo garantizar protección efectiva, reparación y acceso a la justicia.

Porque frente a una violencia que puede reproducirse con un clic y permanecer durante años en el espacio digital, la respuesta no puede limitarse a recomendar precaución a las potenciales víctimas.

El desafío es construir entornos digitales donde las mujeres y las niñas puedan ejercer sus derechos sin que la tecnología se convierta en una herramienta para vulnerarlos o silenciarlas.