*Por Lisette Vergara (constituyente distrito 6)
Un domingo 6 de octubre se hacía efectivo el alza de $30 al Transantiago, sumándose a la acumulación de descontento que las instituciones, incapaces de resolver sólo administraron. Sin embargo, dos años después, se discutía el reglamento de participación en la Convención Constitucional, siendo uno de los ejes centrales del proceso, ya que no sólo significaba jugarse la legitimidad del proceso, sino que más importante aún, mostrar que pese a los inicios cuestionables de esta salida institucional, pueda ser realmente la opción para generar las transformaciones sociales.
El Estallido Social trajo consigo no solo gente a las calles sino a las plazas, a los barrios, a asambleas y cabildos autoconvocados; no solo querían ser escuchados; querían, queríamos y queremos ser parte de las transformaciones, ser parte, porque somos nosotros quienes vivimos las problemáticas estructurales de un sistema económico que mercantiliza todos los aspectos de nuestras vidas y un sistema político que sólo se dedico a resguardar el modelo.
Hoy, a dos años del Estallido Social, como Convención Constitucional debemos renovar nuestro compromiso con la apertura del proceso, o al menos esta es mi convicción, que no sean solo 155 soberanas y soberanos quienes definan el Chile del mañana, sino todas y todos quienes habitamos este territorio, sin temor a la apertura y las transformaciones estructurales, sin temor a la esperanza y la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros.
Es momento de aventurarse e ir por cambios sustanciales, no son tiempos de la medida de lo posible. Y es por esto que la participación es tan importante, porque cumple un rol correctivo de la corrupción, cooptación y nos permite construir entre todas y todos este nuevo Chile. No obstante, el pleno de la Convención ha decidido limitarla, con argumentos sobre el tiempo institucional, causar “desorden” o porque los convencionales somos los representantes y debemos decidir solo entre nosotras y nosotros, las bases de nuestro país. Es por esto que la participación quedó solo como “incidente”, pese a que hubo indicaciones que buscaron profundizarla y dotarla de un carácter vinculante. Una de estas propuestas fue redactada por mí y apoyada por sólo 34 constituyentes en las votaciones del plenario. No le temo a la participación, le temo al silencio, no quiero más silencio, vivimos mucho más de 30 años de silencio donde hablar de política en almuerzos familiares, en el trabajo, en las aulas… era un pecado. Pecado sería querer silenciar esas voces, disidentes, diferentes, mayoritarias. Apuesto por una Convención amplia, diferente, mayoritaria y no hablo de los ⅔, sino del pueblo, aquel que no quiere ser más excluido.
Por ello, pese a las restricciones con que la participación se dará durante el proceso constituyente, confío y continuaré trabajando para que cumpla el rol clave que tiene la deliberación popular, y con esto la educación popular constituyente, porque pese a que se rechazaron indicaciones que buscaban que propuestas levantadas por la población con 100.000 firmas de apoyo fueran directa al Pleno de la Convención Constitucional o que con 3.700.000 firmas de apoyo fuera directo a la redacción de la nueva Constitución (siempre y cuando la propuesta cumpliera con la protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza), así como se rechazaron las publicaciones de los borradores de normas constitucionales, que tenían como finalidad recibir los comentarios de la población. Pese a esto, está el plebiscito dirimente y las iniciativas popular constituyente con 15.000 firmas de patrocinios. Pese a mi postura crítica al “único mecanismo vinculante de participación popular”, que no contempla la deliberación soberana, ni la propuesta de temas a plebiscitar, es importante el precedente que se abre hacia un Chile que poco a poco se abre paso a la participación, pese a lo escaso de los mecanismos definidos por la Convención Constitucional, de la cual formo parte. Pero esto no acaba aquí, al contrario, recién comienza; la participación no debe ser exclusiva del proceso constituyente, sino el puntapié inicial para que ésta sea un derecho garantizado en la nueva Constitución. Es cierto que dentro de la Convención Constitucional la discusión suele tomar un carácter jurídico, dejando fuera lo político, y por tanto olvidando que lo que realmente está en juego es el funcionamiento de la política, como una ventana para lograr la distribución de poder y riqueza.
La legitimidad del proceso no se relaciona solamente en lo eficiente que podamos ser con los tiempos y en lo eficaces que seamos en redactar una nueva Constitución, sino también en ser coherentes y mostrar una nueva forma de hacer política, distinta a las cúpulas, la arrogancia y con miras al futuro, donde lo que nos estamos jugando hoy en día tras un nuevo aniversario del 18 de octubre, son las transformaciones estructurales para resolver en las bases, los conflictos sociales que arrastra nuestra sociedad por décadas y estas transformaciones deben ser con participación, ahora, durante y después del proceso constitucional.
