Conversamos con la socióloga experta en seguridad ciudadana, Alejandra Mohor, sobre cómo abordar los problemas de violencia y seguridad de forma efectiva
En la última semana el debate de seguridad ha vuelto a tomar la agenda luego de 17 asesinatos en la Región Metropolitana durante el fin de semana largo. A partir de ello, el gobierno anunció ayer medidas para enfrentar esta situación.
La socióloga experta en seguridad e investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, conversó con La Neta respecto a las medidas propuestas para enfrentar la crisis, cómo abordar la criminalidad y las razones por las que se ha llegado a esta situación.
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Militares no tienen formación en seguridad pública
Algunos representantes políticos, especialmente de la oposición, han exigido que se declare el Estado de Sitio en la Región Metropolitana. Recordemos que este estado de excepción constitucional se decreta frente a una grave alteración del orden público.
Así, permite restringir el derecho de reunión o la libertad de locomoción y, uno de sus puntos más relevantes, es que posibilita que dotación de las Fuerzas Armadas se despliegue en las calles para cumplir funciones de orden público.
Alejandra Mohor señala que toda la evidencia comparada concluye que militarizar no es una solución sostenible a los problemas de seguridad. Y además, “va en detrimento de las propias instituciones policiales, porque tienes que empezar a capacitar a los militares en tareas que son policiales y para las que no tienen formación, tienes que entregarles equipamiento y generar regulaciones”, cuando esos recursos se podrían utilizar en mejorar el trabajo de las policías.
Señala que en Chile la cifra de homicidios nunca había sido un problema de mayor discusión, pero que la cifra se elevó durante el año 2020, aun cuando por la pandemia hubo toque de queda, militares en las calles y restricción de transporte. Estas son condiciones similares a lo que se solicita ahora con el Estado de Sitio en la Región Metropolitana.
Según datos del Informe Estadístico de Homicidios en Chile (2016-2020), realizado por el Ministerio Público, la tasa aumentó de 4,8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2019, a 5,7 en 2020. Esto se traduce a que fueron 924 víctimas en 2019 y en 2020 por primera vez se pasaron las 1000 víctimas, con 1115.
“Si tú copas de militares las calles de la noche a la mañana, probablemente no va a haber ningún homicidio, al menos en la calle. ¿Pero puedes tener lleno de militares todas las calles todos los días? ¿durante cuánto tiempo? (…) No podemos decir que con militares habrá menos homicidios, porque ellos tampoco están preparados para prevenir esas cosas”, explica Alejandra Mohor.
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Uso político del miedo que siente la ciudadanía
Para la socióloga y experta en seguridad, hay distintas formas de hacerle frente a una crisis de seguridad. En primer lugar, es necesario que las políticas públicas estén basadas en evidencia y que luego sean evaluadas y readecuadas, para utilizar los recursos de una manera más eficiente y eficaz.
“Cuando se empieza a decir que se les dará más recursos a las policías hay que preguntarse cuántos recursos, en qué se van a usar, cómo se van a usar, quién va a estar a cargo, qué harán diferente, cuál es el objetivo”, cuestiona. Agrega que es necesario hacer seguimiento de las políticas que se han establecido en contra del narcotráfico, ver cuáles son los avances, qué decisiones ha tomado o no el Estado.
Pero ese proceso reflexivo se ve truncado por un uso político del miedo que siente la ciudadanía. “¿Cuántas de las decisiones que se toman en materia de seguridad tienen base en evidencia de verdad? Súper poca (…) Aquí lo que pasa es que cambia el Gobierno, cambian los intereses, llegan las épocas de campaña y nos ponemos a ofrecer cosas sin que haya un proceso reflexivo serio”, señala.
“Que el recurso sea más control, más sanción, es decir, más policía, menos libertades, más vigilancia, no es nuevo ni en nuestro país ni en el mundo (…) Y lo que ya sabemos es que estas medidas no funcionan para reducir la violencia ni el delito”, concluye la socióloga Alejandra Mohor.
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Estrategias diferenciadas y uso inteligente de las policías
Uno de los puntos importantes para prevenir los homicidios tiene que ver con diferenciar los motivos de cada uno. “Es muy distinto un homicidio de ajuste de cuentas, a uno de violencia dentro del hogar, a otro en que te apuñalo para robarte. Entonces cuando dices que quieres prevenir homicidios tienes que, primero, definir cuáles quieres prevenir”, dice Alejandra Mohor.
“Es muy distinto trabajar para reducir homicidios asociados a organizaciones criminales, a cómo tienes que hacerlo con los vinculados a violencia interpersonal”, señala. En cuanto a las policías, Mohor señala que debiese haber un cambio en la forma en que funcionan.
“Carabineros debiera dejar la investigación criminal especializada y que quede radicada exclusivamente en la policía de investigaciones. Que realicen primeras diligencias o que investiguen delitos de menor cuantía. Pero los delitos de mayor gravosidad deberían estar radicados en la PDI”, dice. Argumenta que actualmente al dividir los recursos de investigación entre Carabineros y PDI no se usan de manera efici
ente, incluso con investigaciones paralelas y en las que no se comparte información.
A su modo de ver, Carabineros debería centrar sus esfuerzos en la prevención con un despliegue territorial. “La legitimidad de la policía en el territorio es fundamental y está absolutamente subvalorada (…) ¿Confía la gente en la policía para colaborar con una investigación policial? ¿Para entregar información útil, para denunciar?”, se pregunta.
En este punto, señala que la falta de legitimidad de las policías se debe al uso excesivo de la fuerza, a los casos de corrupción y el trato discriminatorio que tienen contra ciertos grupos de la población.
“La forma en que despliega la fuerza policial en territorios pobres no es igual a como lo despliega en territorios ricos, ni en magnitud ni en calidad”, indica. Y eso permitiría que las cosas se resuelvan a través de la violencia de organizaciones criminales que disputan el territorio.
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Los recursos en prevención no se usan en prevención
Uno de los grandes errores a la hora de abordar la violencia, la delincuencia y el crimen organizado es que no se invierte en prevención. La experta en seguridad Alejandra Mohor señala dos puntos al respecto.
“Cuando estábamos saliendo de la pandemia se vieron altas cifras de deserción y violencia escolar. Cuando vimos eso dijimos aquí tenemos un problema que se va a transformar en un mega problema mañana, porque tenemos todos estos estudiantes que vienen con niveles de violencia alto, con un problemas de salud mental, que se desescolarizan, que tienen hogares precarizados y más precarizados después de la pandemia. Esto es pura mano de obra barata para las organizaciones criminales”, explica Mohor.
Y allí no hubo una política pública contundente, con la rapidez y recursos con los que se responde a la “crisis de seguridad”, para apoyar a esos estudiantes y a sus familias. La socióloga advierte que en materia de prevención del delito los mayores recursos están en instalar cámaras de vigilancia.
“La evidencia de la que disponemos en más de 30 años en todo el mundo nos dice que las cámaras de videovigilancia no sirven para reducir los homicidios. Claro, la cámara te puede servir después para investigar el homicidio, pero no lo previene (…) Pero así se ha vendido la prevención del delito, contrario a todo lo que sabemos”.
El problema, señala Alejandra Mohor, no es que se compren cámaras, sino que usen el presupuesto de prevención. “Si quieren tenerlas para controlar, que lo digan y usen recursos de la Agencia Nacional de Inteligencia; si la quieren para investigar, que lo digan y se usen recursos del Ministerio Público. Pero no le quiten recursos de los pocos que tiene a la prevención del delito para hacer algo que no previene delitos”, sentencia.
¿Y qué se podría hacer con recursos de prevención? “Hacer mediación comunitaria, resolución pacífica de conflictos, reinserción educativa, abordaje de factores de riesgo a nivel comunitario, recuperación de espacios públicos (…) iniciativas que sabemos que tienen evidencia de resultados e impactos ”, concluye Alejandra Mohor.
