La decisión de la Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos deja sin responsabilidad penal a 52 investigados por las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante la década de 1990. La medida ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que advierten un grave retroceso en el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Por: Renata Paredes Saldaña
La resolución, fechada el 22 de octubre, ordenó el archivamiento definitivo de la investigación penal por la esterilización forzada de 4.172 mujeres y la muerte de otras cinco víctimas por lesiones graves, durante el gobierno de Alberto Fujimori. La Fiscalía fundamentó su decisión en la Ley 32107, promulgada en 2024 durante la administración de Dina Boluarte, que establece la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
A mediados de la década de 1990, el gobierno de Fujimori implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que promovía la esterilización como método anticonceptivo con el objetivo de reducir la natalidad y, según el discurso oficial, combatir la pobreza. En los años siguientes, más de 200.000 mujeres se sometieron a este tipo de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, la política afectó principalmente a mujeres indígenas, campesinas y de escasos recursos, muchas de las cuales fueron sometidas a procedimientos sin contar con información suficiente ni otorgar su consentimiento libre e informado.
Con el tiempo, comenzaron a conocerse denuncias de presiones, engaños, amenazas y procedimientos realizados en condiciones médicas inadecuadas. En algunas localidades, mujeres eran trasladadas a centros de salud para ser esterilizadas bajo coacción, mientras que otras recibían advertencias sobre supuestas sanciones por tener familias numerosas. Uno de los casos emblemáticos fue el de Mamerita Mestanza, de 33 años, quien fue presionada para someterse a una esterilización pese a no quererla. Ocho días después de la intervención, falleció debido a complicaciones postoperatorias, dejando a sus siete hijos sin madre.
La decisión fiscal ha generado controversia debido a que el propio fiscal a cargo de la investigación, Jesús Víctor Dávila Rojas, reconoció que las esterilizaciones coercitivas reúnen los elementos constitutivos de un crimen de lesa humanidad, al responder a un ataque sistemático y generalizado contra la población civil en el marco de una política estatal. Sin embargo, concluyó que la legislación vigente obliga a declarar extinguida la acción penal. Entre las personas beneficiadas por el archivamiento se encuentran los exministros de Salud Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, además del actual senador Alejandro Aguinaga.
La aplicación de esta normativa ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y se contrapone a un pronunciamiento de la Corte Suprema peruana, que en marzo determinó que la Ley 32107 no debía aplicarse por contravenir las obligaciones internacionales del Estado. No obstante, el Tribunal Constitucional respaldó la prevalencia del marco legal nacional, profundizando las diferencias jurídicas en torno a la prescripción de estos crímenes.
Para las sobrevivientes y sus representantes, la resolución representa un nuevo golpe tras casi tres décadas de búsqueda de justicia. Margarita Rojas, una de las víctimas, fue esterilizada en 1996, cuando tenía 18 años, bajo presiones y engaños en Cusco. En declaraciones a BBC News Mundo, calificó la decisión como un «jarro de agua fría». En tanto, el abogado de las víctimas, Sigfredo Florián, confirmó que presentarán un recurso de apelación ante la Fiscalía Superior de Derechos Humanos.
Desde Amnistía Internacional, su directora para las Américas, Ana Piquer, y la directora del organismo en Perú, Jennie Dador Tozzini, exigieron la derogación inmediata de la Ley 32107. La organización advirtió que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar vulneró los derechos de más de 300.000 personas, principalmente mujeres indígenas y campesinas en situación de pobreza, y recordó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
Por su parte, Alejandro Aguinaga defendió el archivamiento y sostuvo que la decisión responde a la inexistencia de delitos, mientras que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, insistió en que las intervenciones formaron parte de un programa de salud reproductiva orientado a ofrecer opciones a las mujeres. El caso también se relaciona con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Celia Ramos Durand, quien falleció en 1997 tras ser sometida a una esterilización. Frente al cierre de la investigación, las asociaciones de víctimas anunciaron que acudirán nuevamente a instancias internacionales para exigir verdad, justicia y reparación.
Por su parte, Alejandro Aguinaga defendió el archivamiento y sostuvo que la decisión responde a la inexistencia de delitos, mientras que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, insistió en que las intervenciones formaron parte de un programa de salud reproductiva orientado a ofrecer opciones a las mujeres. El caso también se relaciona con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Celia Ramos Durand, quien falleció en 1997 tras ser sometida a una esterilización. Frente al cierre de la investigación, las asociaciones de víctimas anunciaron que acudirán nuevamente a instancias internacionales para exigir verdad, justicia y reparación.
