En estado de catástrofe se encuentran Ñuble y Biobío debido a los múltiples incendios forestales activos en la última semana Esto ha vuelto a reactivar la discusión sobre la necesidad de una ley de incendios.
* Por Sasha Ortega.
Chile enfrenta una de sus peores emergencias por incendios forestales en décadas, con una gran cantidad de hectáreas consumidas por las llamas, comunidades completas devastadas y múltiples víctimas fatales en las regiones de Ñuble y Biobío.
Este escenario intensifica el debate público en torno a la aprobación de una nueva Ley de Incendios Forestales y Rurales. Este proyecto, según expertos, podría transformar la forma en la que el país previene y combate este tipo de desastres, para ser capaces de evitar estas pérdidas y los daños sociales.
Es fundamental avanzar en una ley de prevención y mitigación de incendios y, como expresaron desde la Agrupación de Ingenieros/as Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), que se proteja el suelo “ante intereses económicos externos al territorio”, para poder avanzar sin obstáculos a un programa de protección que no sólo se centre en combatir estos fenómenos naturales, sino que se base con mayor fuerza en la prevención.
En los últimos días, distintos focos activos en las regiones de Biobío y Ñuble han provocado un desastre de gran magnitud. Vecinos y vecinas describen zonas que fueron arrasadas y viviendas destruidas por la ferocidad del fuego.
El último balance del Servicio nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) muestra que los incendios forestales suman 20 personas fallecidas, más de 30 mil hectáreas consumidas, 75 heridos/as y más de mil damnificados.
Las autoridades locales y nacionales trabajan en evacuaciones, en brindar atención a todos los damnificados y en el control de estos incendios, mientras se siguen haciendo llamados de apoyo y solidaridad a toda la ciudadanía.
*Revisa aquí algunos puntos de acopio en Santiago y Concepción.
¿Qué propone la ley de incendios?
El proyecto de ley es un marco legal moderno, actualmente en su segundo trámite constitucional en el Senado, que aborda de manera integral los incendios forestales y rurales. Sus principales objetivos son:
- Fortalecer la prevención mediante la planificación territorial y gestión de riesgo.
- Establecer responsabilidades compartidas entre el Estado, las municipalidades, empresas privadas y comunidades locales.
- Incorporar criterios técnicos para crear zonas de interfaz y amortiguación que reduzcan la vulnerabilidad de áreas urbanas cerca de bosques y vegetación.
Esta normativa busca mejorar la capacidad de combate ante estas catástrofes y fomentar la cultura de prevención sustentada en la corresponsabilidad ciudadana.
El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca Rojas, señaló que: “La aprobación de esta ley significará un avance sustantivo en la protección de nuestro patrimonio natural, en la seguridad de las comunidades y en la adaptación del país a los efectos del cambio climático”.
¿Cómo afectan estas catástrofes a las mujeres?
Las catástrofes, como los incendios forestales que se encuentran activos en el país, no son neutras y profundizan desigualdades sociales y de género ya existentes.
Los roles de género históricamente asignados sitúan a las mujeres como responsables de los cuidados de niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Esto limita su capacidad de evacuar con rapidez y las expone a mayores riesgos, especialmente cuando habitan zonas precarias o enfrentan embarazos y pospartos que reducen significativamente su movilidad. (IWPR)
A ello se suma que, durante y después de las emergencias, se han registrado aumentos en violencia doméstica y sexual, junto con condiciones de inseguridad en espacios de albergue y refugio, que muchas mujeres evitan por temor.
Las emergencias como los incendios forestales evidencian que los impactos no se distribuyen de manera homogénea. Mientras las mujeres enfrentan mayores riesgos y cargas durante estos contextos, también cumplen un rol central en la organización de los cuidados y las redes comunitarias. Reconocer esta realidad es clave para avanzar hacia políticas públicas de gestión del riesgo y recuperación que no reproduzcan desigualdades, sino que contribuyan efectivamente a reducirlas.
