Defensoría de la Niñez: Llaman a corregir propuesta en última etapa del proceso constitucional

La última etapa del proceso constitucional se abre como una ventana para el organismo y otras agrupaciones de la sociedad civil, quienes abogan por una corrección de la propuesta constitucional respecto a derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

*Por Equipo La Neta

 

A menos de un mes desde su última alerta con respecto al trabajo del Consejo Constitucional en relación a los derechos de la niñez y adolescencia, el órgano convocó a diferentes agrupaciones y organismos de la sociedad civil, con el fin de coordinar acciones ante las enmiendas aprobadas que consideran como un “grave retroceso”.

 

Hasta la reunión realizada ayer, acudieron representantes de las agrupaciones Bloque por la Infancia, Pacto Niñez y la Red de Universidades por la Infancia (RUPI), y de los organismos Worldvision, Niñas Valientes y Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

 

Entrando de lleno a la última etapa del proceso constitucional, es que la institución y los organismos presentes en la convocatoria, realizaron un llamado urgente a corregir  la propuesta de nueva Constitución. Esto, con el fin de que reconozca y proteja efectivamente los derechos de niños, niñas y adolescentes, respetando lo avanzado en estos años en la legislación nacional (Ley de Garantías) y tratados internacionales ratificados por Chile.

 

Por su parte, la Defensora de la Niñez, Giannina Mondino lamentó el escenario actual. “A pesar de las recomendaciones que hemos entregado, el proceso actual presenta brechas graves, como la falta de reconocimiento explícito de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”, observó.

 

A su vez, Mondino se refirió a un artículo aprobado que “define de forma incorrecta el principio de interés superior del niño, asumiendo que su determinación es prioritariamente desde la familia”. Según explicó, esto es contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece que “este principio debe ser considerado por todas las instituciones públicas o privadas a la hora de adoptar decisiones que afectan o involucran a niños, niñas y adolescentes, respetando también su derecho a ser escuchados”.