Un estudio de Corporación Miles señala que la mayor cantidad de denuncias son presentadas por el personal de salud, perpetuando así la criminalización del aborto incluso desde centros de salud.
Corporación Miles presentó una investigación sobre la criminalización del aborto en Chile, abarcando la década 2012-2022. El informe arrojó que en el periodo 444 personas fueron investigadas, incluyendo un 10% de casos en los que la investigación no debió iniciar porque las personas habían tenido un aborto espontáneo acreditado.
Además, un 38,7% de los casos, 172 personas, fueron sobreseídas (se suspendió el proceso judicial). Para Corporación Miles esto implica que casi la mitad de los casos ni siquiera deberían haber requerido de recursos del Estado para investigarlos.
El 87,2% de las personas investigadas (387) son de sexo femenino, incluyendo una niña de 13 años que era inimputable por su edad y además tuvo un aborto dentro de la Ley IVE.
Si bien solo el 11% de las personas llegó a una condena, y en su mayoría con penas sustitutivas, el pasar por un proceso penal “tiene grave impacto en la vida de las personas”, señaló Javiera Canales, directora de Corporación Miles.
Violación del secreto profesional y denuncias de aborto
De los procedimientos judiciales, solo de 181 se conoce quién hizo la denuncia. Los principales denunciantes son parte del personal de salud (87 denuncias), violando el secreto profesional.
Javiera Canales explicó que en los casos de quienes se desconoce la denuncia, 114 se trata de mujeres o personas gestantes que recibieron atención de salud post aborto.
“Esto hace presumible que la denuncia también se inicia desde el establecimiento de salud”, señaló. Agregó entonces que las personas que acuden a centros de salud por un aborto o emergencia obstétrica, corren el riesgo de transitar por un proceso investigativo o penal.
Criminalización del aborto en Chile
El panel de presentación del estudio contó con la participación de la académica Francisca Werth, la senadora Claudia Pascual y la abogada de la Defensoría Penal Pública, Claudia Castelletti.
Las tres panelistas concordaron en que en Chile se sigue criminalizando el aborto, aunque se crea lo contrario. “La sociedad no tiene tan claro que el aborto fuera de las tres causales sigue siendo un delito”, señaló Francisca Werth.
En la misma línea, la abogada Claudia Castelletti señaló que al olvidar que sigue siendo un delito, cualquiera podría ser investigada, no es algo ajeno a la sociedad. “Una “delincuente” podría ser cualquiera de las que estamos sentadas aquí conversando”, afirmó.
Por lo anterior, señalaron que es necesario avanzar hacia la despenalización total del aborto, para que no se siga persiguiendo judicial o penalmente a las mujeres.
La senadora Claudia Pascual agregó que si bien es necesario, “despenalizar no termina con la desigualdad, garantizar el acceso al aborto es importante también”.
